Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, Sala I · Causa 115778
La Sala I del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, integrada por los señores jueces doctores Ricardo Maidana y Daniel Carral (art. 451 del Código Procesal Penal), con la presidencia del primero de los nombrados, de conformidad con lo establecido en la Ac. 3975/2020 de la SCBA, procede al dictado de sentencia en el marco de la Causa N° 115778 caratulada “SCHWANER LUCAS JAVIER S/ RECURSO DE CASACION”, conforme al siguiente orden de votación: CARRAL - MAIDANA.
El Tribunal de Jurados se pronunció, con fecha 9 de diciembre de 2021, dictando veredicto de culpabilidad por unanimidad de sus doce miembros, respecto del acusado Lucas Javier Schwaner por el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego y por haberse cometido en ocasión de un espectáculo deportivo. Celebrada la audiencia de cesura de juicio el Dr. Eugenio Casas, juez integrante del Tribunal en lo Criminal nro. 2 del Bahía Blanca, lo condenó a la pena de veinte (20) años de prisión, accesorias legales y costas, por resultar autor responsable del delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego y por haberse cometido en ocasión de un espectáculo deportivo (arts. 41 bis, 45 y 79, Cód. Penal, 1 y 2 de la ley 23.184).
El defensor particular, Dr. Maximiliano de Mira, interpuso recurso de casación, impugnando tanto el veredicto de culpabilidad como la sentencia.
Como primer motivo de agravio, planteó que el veredicto de culpabilidad se apartó manifiestamente de la prueba producida en el debate.
En lo esencial, alega que no se probó que su asistido haya disparado el arma de fuego que mató a la víctima, pues existieron otros sujetos que dispararon en idénticas circunstancias de tiempo y lugar.
Que la prueba practicada permitió establecer que Denis Alaiz, Antonio Ruiz y Gastón Ortega habrían efectuado disparos, al igual que otras personas que no fueron identificadas pero se las ve en las imágenes, y que los testigos Cristian Masson y Dario Rodriguez coincidieron en señalar que Denis Alaiz habría reconocido la autoría del hecho frente a ellos, minutos después de su comisión.
Agrega que no se secuestró ningún elemento en poder de Schwaner que lo vincule con el delito y que el arma con la que se disparó a Manuel Castillo no fue hallada.
En definitiva, alega que la evidencia disponible dio cuenta de un escenario tumultuario, con varios tiradores, por lo que no era posible identificar a su asistido -mas allá de toda duda razonable- como el autor del disparo que mató a la víctima y, por ello, el veredicto de culpabilidad resultó manifiestamente contrario a la prueba producida en el juicio.
Sin perjuicio de lo anterior, afirma que el magistrado que dirigió el debate impidió a esa defensa la incorporación como prueba material y exhibición al jurado de la camiseta que su asistido tenía puesta el día que mataron a la víctima y que permitía refutar que Schwaner la quemó luego del hecho, de acuerdo con el relato de la testigo de la fiscalía Sofía Martinez.
Estima que la justificación que dio el magistrado, al señalar que esa evidencia no constituía un “hecho nuevo” en los términos del art. 363 del CPP, no era razón suficiente para impedir su ingreso y posibilitar a la defensa refutar la prueba de cargo, especialmente frente a las “enormes contradicciones” en las que incurrió Sofía Martinez. Insiste en que era necesario que el Jurado contara con elementos para examinar la fiabilidad de la testigo y que, en definitiva, el magistrado impidió a esa parte demostrar “la falsedad de los dichos de una testigo que, al decir del propio Fiscal, resultaba clave para determinar la autoría del acusado”, privilegiando una justificación formal por sobre el ejercicio de defensa del acusado, demostrando al mismo tiempo su falta de imparcialidad.
En ese sentido, informa que el juez adoptó, en el mismo debate, un criterio diametralmente opuesto al resolver una petición similar de la acusación, toda vez que al comparecer el testigo Denis Alaiz, el fiscal requirió se le permitiera al Jurado “escuchar los audios que le habría enviado otro de los testigos (ORTEGA Gastón)”, petición a la que el magistrado accedió, cuando esa prueba no había sido ofrecida oportunamente, se desconocía su origen y mediaba oposición de la defensa. Estima que al permitir aquella reproducción, se contaminó la opinión del Jurado con prueba ilegítima y se configuró un desequilibrio entre las partes, con afectación al derecho de defensa en juicio del acusado, en la medida en que ese derecho “que no sólo abarca la posibilidad de ser oído, sino además la de producir pruebas y controlar las que puedan producirse”.
En subsidio, señala que en la audiencia de cesura la fiscalía solicitó se impusiera a Schwaner la pena de treinta años de prisión, al concursar en forma real (art. 55, Cód. Pen
al) las agravantes previstas en el art. 41 bis del Cód. Penal y la de los arts. 1 y 2 de la ley 23.184, en relación al delito de homicidio simple.
Explica que se trata de un mismo hecho que abarca diferentes figuras legales y, en consecuencia, correspondía la aplicación del art. 54 del Código Penal.
No obstante, afirma que el magistrado aceptó aquella “forma concursal, conforme el art. 55 del Código Penal, condenando al imputado a la pena de 20 años de prisión”, sin motivar debidamente esa decisión.
Por otro lado, considera que la pena impuesta al acusado es desproporcionada y arbitraria (teniendo en cuenta que el juez había valorado previamente distintos atenuantes), además de violatoria de los principios constitucionales de reinserción social y humanidad.
Finalmente, cuestiona la decisión del magistrado al resolver sobre las atenuantes y agravantes discutidas por las partes (arts. 40 y 41, Cód. Penal).
En función de las argumentaciones expuestas, solicita “la nulidad de la sentencia y se ordene llevar a cabo un nuevo debate” con respeto de las garantías constitucionales del acusado y, subsidiariamente, “se ajuste la pena a las circunstancias atenuantes mencionadas por la Defensa, y conforme el art. 40 y 41 del Código Penal”.
Practicado que fuera el sorteo de rigor, y notificadas las partes, el recurso radicó en la Sala.
La defensa desistió de la audiencia de informes y la Fiscal ante esta instancia, Dra. Daniela Bersi, postuló el rechazo del recurso interpuesto, por los argumentos desarrollados en el dictamen presentado.
Así, el Tribunal se encuentra en condiciones de resolver, decidiendo plantear y votar las siguientes
Primera: ¿Es procedente el recurso de casación interpuesto?
Segunda: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión el señor juez doctor Carral dijo:
1. En lo que importa destacar, la fiscalía acusó a Lucas Schwaner de realizar “múltiples disparos de arma de fuego contra un grupo de personas identificadas con el Club Olimpo” de Bahía Blanca, “con la clara y manifiesta intención de causar[les] la muerte (…) o debiéndose al menos, representar dicho resultado atento la cantidad de personas que se encontraban en el lugar hacia donde fueron dirigidos la multiplicidad de disparos realizados, causando la muerte de Sergio Emanuel Castillo”. Señaló que el hecho ocurrió el día 9 de febrero de 2020, entre las 20:00 y las 20:30 horas, en las inmediaciones del Club Villa Mitre, donde se disputaba un partido de fútbol entre ese club y el Olimpo de Bahía Blanca.
Luego de la deliberación del Jurado, sus miembros encontraron “al acusado Lucas Javier Schwaner CULPABLE como autor del delito de Homicidio agravado por el uso de arma de fuego y por haberse cometido en ocasión de un espectáculo deportivo, por mayoría de 12 votos” (conforme acta del debate).
2. Como vimos, la defensa reclama la nulidad del veredicto del Jurado, por apartamiento manifiesto de la prueba producida en el debate oral (art. 448 bis d), CPP).
Cabe recordar que de acuerdo con nuestra legislación procesal, la defensa puede recurrir bajo el argumento de que el veredicto de culpabilidad no superó el estándar probatorio de duda razonable, es decir, cuando estima que el veredicto no resulta compatible con el peso convictivo de la evidencia disponible, y dentro del amplio margen de agravios que se abren para el recurrente bajo el test de la duda razonable, el inc. d) del art. 448 prevé la situación particular donde la defensa cuestiona de manera directa los hechos probados por el Jurado.
Aquí el centro del recurso no será el posible error en las instrucciones al Jurado, sino su apartamiento manifiesto de la prueba de refutación que se practicó en el juicio o de la insuficiente evidencia para condenar, pues ello convierte en arbitraria o irrazonable la decisión sobre los hechos. En definitiva, se trata de demostrar que el veredicto es contrario a la prueba.
Ahora bien, la revisión de la decisión del Jurado bajo este especial supuesto de procedencia (art. 448 bis d), CPP), exige de la defensa explicar que el veredicto carece de una base razonable si se lo confronta o coteja con determinada o determinadas pruebas que se practicaron en el juicio oral y ese razonamiento probatorio tiene que exponerse con precisión en el escrito y en la audiencia del recurso.
En otras palabras, la interposición del recurso de casación contra el veredicto inmotivado del Jurado exige indicar exactamente la porción de la evidencia practicada en el debate que demuestra que la decisión es irrazonable (valiéndose del registro del juicio o de las instrucciones), y exponer claramente el proceso lógico que lleva a esa conclusión, pues solo de ese modo -desde lo metodológico- será posible, en el marco de la revisión, confirmar la veracidad de las afirmaciones que hace el recurrente, al cotejarlas con lo que dijo un testigo, un perito o con la prueba material exhibida y/o reproducida en la audiencia (cfr. Harfuch, Andrés; El juicio por jurados en la provincia de Buenos Aires, Ed. Ad-Hoc, Prov. Buenos Aires, 2013, pág. 345).
En efecto, importa destacar que la tarea revisora de este tribunal no pasa por la realización de un nuevo juicio, sino controlar la corrección del razonamiento inferencial que avala la decisión del Jurado y para ello es necesario que la defensa explicite cuál es la evidencia de la que se apartaron sus miembros en forma manifiesta y la conclusión que era razonable inferir de ella, en la medida que demuestre que la decisión fue arbitraria o irrazonable. Ello, en definitiva, permite articular la base objetiva sobre la cual debe decidir este Tribunal.
3. Establecido lo anterior, observo cierto déficit en la técnica recursiva de la defensa pues describe muy vagamente los presupuestos fácticos que sustentarían su argumentación, situación que no pudo ser superada en el marco de la audiencia del recurso, ante el desistimiento de la parte.
En efecto, la defensa plantea su propia hipótesis alternativa sobre los hechos que apoya en el examen de prueba testifical practicada en el juicio oral.
En lo esencial, alega que no se probó que su asistido haya disparado el arma de fuego que mató a la víctima, pues “existieron por lo menos tres personas –que circulaban en el vehículo Fiat UNO blanco- que efectuaron disparos en idénticas circunstancias de tiempo y lugar, además de las personas pertenecientes a la caravana del Club Olimpo, que también portaban armas y disparaban”, conforme el relato que hicieron “los testigos” y especialmente el comisario Cemino.
Expone que según lo entendió su contraparte, el caso de la fiscalía se habría probado mediante las testificales de los policías y las filmaciones que se aportaron al juicio (donde, explica el defensor, se ven varias personas con armas de fuego), más un audio que se le adjudicó al acusado Schwaner y el testimonio de Sofía Martinez, quien declaró sobre circunstancias posteriores al hecho.
No obstante, afirma que de lo declarado por el imputado Lucas Schwaner y por los testigos Cristian Masson, Darío Rodriguez y Gastón Ortega (más la prueba pericial que constató la existencia de impactos de distintos calibres -22 y 38- en los automóviles cercanos al escenario del hecho), surgió que tanto Denis Alaiz, Antonio Ruiz y hasta el propio testigo Gastón Ortega habrían efectuado disparos, al igual que otras personas que no fueron identificadas pero se las ve en las imágenes.
Agrega que tanto Cristian Masson como Dario Rodriguez coincidieron en señalar que Denis Alaiz habría reconocido la autoría del hecho frente a ellos, minutos después de su comisión.
Expone que no se secuestró ningún elemento en poder de Schwaner que lo vincule con el delito y que el arma con la que se disparó a Manuel Castillo no fue hallada. Que “todos los testigos” que declararon en el juicio “si bien lo ubican [a Schwaner] en el lugar, no ha podido determinarse que efectuara el disparo que culminara con la vida de Emanuel Castillo” (sic). Que no existió reconocimiento personal ni fotográfico de Schwaner.
4. Por otro lado, denuncia que el juez mediante una argumentación puramente formal le impidió a la defensa incorporar y exhibir al Jurado la camiseta que su asistido tenía puesta el día que mataron a la víctima y que permitía refutar que Schwaner la quemó luego del hecho, conforme lo sostuvo la fiscalía a partir del relato de la testigo Sofía Martinez y, con un criterio diametralmente opuesto, permitió a la acusación reproducir un audio durante el testimonio de Denis Alaiz, pues esa evidencia no había sido ofrecida oportunamente, se desconocía su origen y mediaba oposición de la defensa.
En su opinión, la exhibición de la camiseta hubiera permitido desacreditar el testimonio de Sofía Martinez, especialmente frente a las “enormes contradicciones” en las que incurrió aquella testigo.
5. A fin de asegurar el correcto abordaje de los agravios formulados por la defensa, conviene repasar las hipótesis que se enfrentaron en el juicio oral y especialmente los alegatos finales que hicieron las partes, en tanto demuestran que los aspectos centrales de la prueba que señala el recurrente fueron especialmente discutidos frente al Jurado.
En similar sentido, la confrontación de los alegatos permitirá constatar si hubo omisiones probatorias relevantes en la exposición del caso que hizo el recurrente, en la medida que -en lo central- alega la inexistencia de prueba que permita identificar a su asistido, más allá de toda duda razonable, como el autor del disparo que mató a la víctima.
Ciertamente lo que dicen los litigantes (sea fiscal o defensor) en sus alegatos no es evidencia. La información que el Jurado valora para decidir sobre los hechos controvertidos debe emanar de la fuente de información (testifical, informativa, etc).
No obstante, el alegato final tiene una finalidad específica y concreta, pues refleja las argumentaciones y conclusiones que hacen las partes sobre la prueba que efectivamente se practicó en el debate (por oposición a las promesas probatorias que hicieron al inicio del juicio) y sugieren al Jurado -previo a su deliberación- cómo cada evidencia o tramo de información se conjuga en forma coherente con su respectiva hipótesis del caso o refuta la contraria. En definitiva, las partes orientan la construcción de las conclusiones que pueden hacer los jurados sobre la prueba, para estar en condiciones de justificar su decisión sobre los hechos, lo que se complementa con el tamiz de las instrucciones de valoración probatoria a la que también contribuyen las partes.
Como ya señalé, la interposición del recurso presenta ciertos déficits que exigen, en el caso concreto, identificar con mayor precisión y claridad cuáles fueron los puntos centrales del litigio (no solo desde la visión del recurrente sino los que surgieron genuinamente de la contradicción del debate) y también establecer cuáles fueron los tramos de la evidencia no controvertidos, pues ello reflejará más fielmente el conjunto de elementos de prueba sobre los que decidió el Jurado y facilitará la tarea revisora de confrontación o cotejo, cuando corresponda, de las afirmaciones del recurrente con el registro del juicio.
6. El acceso a ese registro permite corroborar que la defensa sostuvo en el juicio oral una hipótesis alternativa a la de la acusación, pues además de negar la autoría de Schwaner en el homicidio, dijo que el autor podía ser Denis Alaiz o Antonio Ruiz, pues ambos portaron armas y dispararon hacia donde estaba la víctima, el día del hecho. Afirmó que Schwaner no portó armas de fuego ni disparó, e insistió en que la investigación del caso se orientó arbitrariamente hacia su asistido, sin reparar en la multiplicidad de desmanes que se constataron el día del hecho en las inmediaciones del estadio.
No obstante, hubo datos fácticos que no fueron controvertidos por la defensa. En lo que importa destacar: (i) que la persona que disparó en contra de la víctima se bajó del Fiat blanco perteneciente a Pavarin; (ii) que Lucas Schwaner iba a bordo de ese automóvil.
Por su parte, la fiscalía no negó que el día de los hechos se constataron distintas roturas en la vía pública, sustracciones e incluso diversos abusos de armas de fuego por parte de sujetos que eran ajenos a la causa. Sin embargo, explicó al Jurado que la fiscalía a su cargo se especializaba en investigaciones de homicidios y que el único hecho que se juzgaba en ese juicio era el homicidio de Castillo, al margen de las investigaciones pendientes en relación con otros los delitos que se cometieron el mismo día.
7. En lo que importa destacar, luego de la práctica de la prueba, la fiscalía alegó que fueron cuatro los testigos que en el juicio declararon que Schwaner disparó a la víctima. Dos de ellos hinchas de Olimpo, Juan Aranenda y Diego Modarelli, quienes vieron a la persona que se bajó del auto y disparó, reconociéndola luego a partir de las fotos que se publicaron en distintos medios periodísticos. Que también los hinchas de Villa Mitre, Denis Alaiz y Gastón Ortega declararon que el acusado fue el que disparó.
7.1. Constato que la defensa, al alegar en la discusión final del debate, no controvirtió la fiabilidad de los testigos Araneda y Modarelli, ni tampoco hizo referencia a la información que incorporaron en el juicio oral sobre la identificación de Schwaner disparando hacia donde estaba la víctima. Solo señaló que Modarelli dijo que fueron muchos los disparos que escuchó.
En el recurso, la defensa no mencionó a Araneda ni a Modarelli y si bien ello podría comprenderse desde la estrategia del litigante, resulta una primera aproximación a la prueba de cargo con la que contó la fiscalía y refleja una omisión probatoria por parte del recurrente que se debe tener presente en el avance de esta revisión.
7.2. Sobre el testigo Denis Alaiz, la defensa señaló que declaró por primera vez en el juicio oral, donde lógicamente no iba a realizar ninguna manifestación autoincriminatoria. Reiteró que “los testigos” vieron a Toni Ruiz armado y disparando, y también vieron a Alaiz disparar, pero no individualizó las fuentes concretas de su información, solo señaló que así lo declaró Gastón Ortega, aunque más adelante admitió que ese testigo había mutado sus declaraciones a lo largo del tiempo (conforme lo había explicado la fiscalía al cuestionar la declaración que hizo en la investigación).
7.3. En efecto, en lo que importa mencionar, el fiscal explicó en su alegato las razones por las cuáles la versión que quiso introducir el testigo Ortega durante la investigación preliminar quedó desacreditada, pues los disparos que en ese entonces atribuyó a Alaiz, según la ubicación y trayectoria que el testigo señaló, eran incompatibles los disparos que mataron a Castillo. No obstante, el fiscal observó al Jurado que confrontado con su declaración previa, Ortega admitió en el juicio oral que el que disparó fue Schwaner y que había declarado con anterioridad amenazado por la familia del acusado.
8. El fiscal alegó sobre la fiabilidad de Sofía Martinez. Recordó que al presentarse como testigo tuvo que alejarse de su grupo de pertenencia, que compartía
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