Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, Sala II · Causa 109357
En la ciudad de La Plata, sede del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, se reúnen en Acuerdo Ordinario los Jueces integrantes de la Sala Segunda, doctor Fernando Luis María Mancini y doctora María Florencia Budiño, para resolver en la presente causa 109.357 , caratulada “D., F. J. S/ RECURSO DE CASACIÓN” . Practicado el sorteo de ley, resultó que en la votación debe observarse el orden MANCINI-BUDIÑO.
El Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil nro. 1 del Departamento Judicial San Nicolás, por medio de un juicio abreviado, condenó con fecha 28 de diciembre de 2020 a F. J. D. en orden a los delitos de robo, robo en grado de tentativa y robo agravado por el uso de armas en grado de tentativa, todos en concurso real; homicidio en grado de tentativa y robo agravado por las lesiones padecidas por la víctima, ellos en concurso ideal; robo agravado por el uso de arma de fuego cuya ofensividad no pudo acreditarse, reiterado –cuatro hechos en concurso real-, abuso de armas y robo agravado por el uso de arma de fuego y homicidio, todos en concurso real entre sí, a la pena de seis años y seis meses de prisión, accesorias legales y costas del proceso, manteniendo su actual situación de detención.
Contra dicha sentencia la Defensora Oficial, doctora María Victoria Filas, interpuso recurso de casación. Encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, el Tribunal decidió plantear y votar las siguientes
Primera: ¿Es admisible el recurso interpuesto?.
Segunda: ¿Es procedente?.
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el doctor Mancini , dijo
El recurso satisface los requisitos regulados, en lo pertinente, por los artículos 451 y concordantes del C.P.P, a la vez que la impugnante se encuentra legitimada para recurrir, y enmarcándose la sentencia objeto del recurso dentro de las resoluciones que el Código de rito establece como susceptibles de ser impugnadas por esta vía, debe entonces admitirse el presente recurso de casación (arts. 61 de la ley 13.634 y 421, 448 inc. 1º, 450, 451, 454 inc. 1º, 464 inc. 2º y concordantes del C.P.P.).
Así lo voto.
A la misma cuestión planteada, la doctora Budiño, dijo:
Adhiero al voto de mi colega preopinante en igual sentido y por los mismos fundamentos.
Así lo voto.
A la segunda planteada , el doctor Mancini , dijo:
I. Que la recurrente vino en casación denunciando la inobservancia y errónea aplicación de la ley sustantiva y de la ley procesal, de los preceptos legales contenidos en la ley 22.278 especialmente incisos 1ro y 3ro del artículo 4, artículo 8vo; ss y cc; la ley 13.634, arts. 18 y 75, inciso 22, de la Constitución Nacional en relación al artículo 37, 40 incisos 1; 2 b); 3, 4 de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, 8 de la CADH. Asimismo objetó que la decisión impugnada se apartara infundadamente de la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sentada en "Maldonado","Spindola", "Castillo Mercedes", "Ramírez, Fernando" y "Romano, Hugo Enrique".
Explicó que existe una flagrante afectación de las garantía de debido proceso, defensa en juicio, violación a la garantía de juicio previo en relación a la imposición de pena en atención a la omisión de cesura de juicio - ineludible en el sistema de responsabilidad Penal Juvenil-; la sentencia ha cercenado el acceso a la jurisdicción y el derecho al recurso (en cuanto a la posibilidad de revisar el auto de responsabilidad previo a la imposición de pena); ha conculcado el principio de preclusión procesal; especialmente también, el derecho de ser oído, la garantía de igualdad ante la ley frente a los jóvenes a quienes se les ha garantizado el debido proceso difiriendo la eventual pena y contando con la posibilidad de ser absueltos por falta de necesidad de la misma; la presunción de inocencia.
Aseguró la impugnante que la sentencia en crisis es nula por cuanto el Tribunal se aparta de su deber de fundamentación por imperio de la racionalidad republicana.
Tras recordar los alcances de la doctrina de la arbitrariedad de sentencias delineada por la Corte Federal, aseguró que en el caso se ha visto cercenada toda posibilidad de debate respecto de la necesidad de pena, monto y modalidad, de la verificación de tratamiento, cumplimiento del mismo, posibilidad de incorporar y valorar informes luego del auto de responsabilidad, como así también alegar de los agregados, y conocer y alegar de los incorporados; todo ello de conformidad a los artículos arts. 4, 8 y cc de la ley 22.278; causando a mi pupilo gravamen irreparable, en tanto, concretamente, se omitió la cesura entre aquello que debió quedar comprendido en el juicio de responsabilidad y el de la eventual necesidad de pena una vez cumplidos los requisitos de la ley 22.278.
Destacó que, aún si pudiera este obstáculo de ausencia de cesura ser salvable, la insuficiencia en la fundamentación de la necesidad de pena surge palmaria, no existiendo la mínima explicitación del razonamiento lógico seguido para ello. Subrayó que la sentencia, en lo que hace al requisito establecido en el art. 4to., inc. 3, de la ley 22.278, afirmó que en autos existen informes suficientes que permiten conocer acabadamente las circunstancias del imputado y que detallan las actividades desarrolladas en cumplimiento de la medida cautelar oportunamente impuesta -sin entrar a considerar si esta medida cautelar equivale a "tratamiento" en los términos de la ley de fondo.
Objetó la aseveración del a quo en cuanto en cuanto afirma como "patentemente innecesario" someter al joven a un período de prueba -todo ello, sin participación de las partes y sin previa posibilidad de debate y prueba respecto de la necesidad de pena, ni oír al joven en relación a la eventual necesidad de pena, ni imponer al mismo qué pruebas o informes iban a ser tenidos en cuenta.
Cuestionó la observación que hizo el juzgador sobre una problemática que pudo surgir en un instituto, la cual, que en todo caso, amerita una seria investigación, más aún cuando del propio informe surge la existencia ante la fiscalía de un expediente contra otro joven alojado en el instituto, aclarando el informe que F. no habría sido el protagonista del conflicto, pese a lo cual se le atribuyen conductas y participación sin darle una mínima posibilidad de defensa.
Con ello, afirmó, no sólo se inobservó la presunción de inocencia, sino que se desatendió la restante trayectoria institucional del joven y el proyecto de vida volcado a lo largo de la causa propuesto por el propio Director del Centro de Contención de Junín, quien formuló una petición de salidas laborales a favor del joven días antes de la audiencia de juicio abreviado.
Afirmó la defensa que el juicio de necesidad de pena fue arbitrario, inoportuno y violatorio de las garantías de juicio previo, defensa en juicio, debido proceso y preclusión procesal, sin que además exista una mínima consideración de la existencia de tratamiento en su totalidad, ni del tiempo transcurrido por D. en los institutos en donde se lo alojó.
Adunó que no han sido valorados los informes en su integralidad, ni los padecimientos del acusado en relación al alejamiento de sus vínculos familiares, de su hermano enfermo y posteriormente fallecido, el dolor que todo ello aparejó en su familia, la enorme aflicción en su progenitora que durante períodos no podía ocuparse íntegramente de los problemas que presentaba el acusado, el año transcurrido en el instituto durante la crisis sanitaria actual, la imposibilidad de tener visitas y salidas debido al aislamiento obligatorio; la permanencia en institutos abiertos sin jamás intentar sustraerse de la acción de la justicia, sin haber tenido un intento de fuga, la conducta procesal observada; la elaboración de un proyecto de vida orientado a la familia que formó; haberse mantenido paciente a la espera de poder tener contacto con hijo recién nacido al quien no podía conocer en razón de la pandemia y el cumplimiento de la medida; circunstancias que no pudieron ser referidas por no haber tenido la posibilidad de ser oído, ni en la audiencia de juicio abreviado, ni posterior por no haber sido cesurada la causa.
Puso de relieve la impugnante que en caso de considerar el a quo que no correspondía ya tratamiento o medidas de integración social, debió requerir los informes del art. 8 que suplirían el tratamiento, que debían ser actuales, y no sustituibles por los agregados a la causa, aunque estos últimos integraran la valoración a fin de evaluar la evolución del joven.
Recordó, con cita de precedentes de la Corte Federal que la imposición de la pena a menores en conflicto con la ley penal reclama un cuidadoso estudio, siendo aquella último recurso, y procediendo por el menor tiempo posible, debiendo tener en cuenta los efectos que puede provocar en el mismo el encierro efectivo (CIDN 37.b y 40.1; Reglas 13.1 17 1 y 19 Reglas de Tokio 3.2 y 6.1 art. 4 ley 22.278 y art. 58 ley 13.634). Agregó, que la resolución en crisis es contraria al interés superior del niño y al principio pro homine,
Solicitó, en consecuencia, que esta Casación lugar al recurso interpuesto, se declare la nulidad del fallo en cuanto fuere materia de recuso y se mande a dictar un pronunciamiento conforme a derecho, haciendo reserva cuestión federal.
II. Se hará lugar al recurso conforme los fundamentos que siguen. Liminarmente cabe destacar no ha sido objeto de recurso la determinación de la responsabilidad penal de Díaz por los hechos imputados ni al panorama mensurador de la sanción delineado en el fallo, circunscribiéndose la queja a la decisión sobre la necesidad de imposición de pena.
Desde luego que el trámite de cesura no constituya un tránsito ineludible de cara a discernir la respuesta que debe darse a aquel interrogante, por lo que su ausencia no puede acarrear –por ese único motivo- invalidez alguna, en tanto es claro que el intermedio que ella entraña no constituye una meta en sí misma sino la oportunidad de acopiar más o mejores elementos de juicio a fin de construir dicha respuesta jurisdiccional, la cual, de cualquier manera, puede válidamente darse cuando ya medien en el proceso los recursos necesarios para ello.
Sin embargo, con cesura o sin ella, es claro que el diseño punitivo que nos ocupa presenta algunas particularidades que no pueden ser soslayadas, surgiendo del artículo 4º de la ley 22.278 que “La imposición de pena respecto del menor a que se refiere el artículo segundo estará supeditada a los siguientes requisitos: 1º - Que previamente haya sido declarada su responsabilidad penal y la civil si correspondiere, conforme a las normas procesales. 2º - Que haya cumplido dieciocho (18) años de edad. 3º - Que haya sido sometido a un período de tratamiento tutelar no inferior a un (1) año, prorrogable en caso necesario hasta la mayoría de edad. Una vez cumplidos estos requisitos, si las modalidades del hecho, los antecedentes del menor, el resultado del tratamiento tutelar y la impresión directa recogida por el juez hicieren necesario aplicarle una sanción, así lo resolverá, pudiendo reducirla en la forma prevista para la tentativa. Contrariamente, si fuese innecesario aplicarle sanción, lo absolverá, en cuyo caso podrá prescindir del requisito del inciso segundo”. Dicha norma es clara en cuanto establece que para imponer pena dichos requisitos deben cumplirse conjuntamente como condición inexorable.
En el caso, no se cumplió con el requisito del tratamiento tutelar mínimo exigido por la ley. Los fundamentos del fallo -dictado el 20 de diciembre de 2020- permiten tener por incumplidos el requisito con relación a la intervención tutelar, pues las referencias a las contigencias durante la intervención estatal respecto del joven, remiten a su tránsito por ante el Centro de Contención de Junín, en el que fue alojado desde el 16/4/20, y del que fuera luego trasladado, siendo claro que desde aquella fecha no había corrido el año que exige la ley 22.278, no existiendo otros antecedentes concretos en el resolutorio que permitieran dar por cumplida dicha exigencia.
De tal modo si bien se ha determinado la responsabilidad penal, al momento de la sentencia D. no había sido sometido al tratamiento tutelar por el término de ley. En tal contexto y conforme lo resolviera oportunamente en obrados de similar temática (causa 94.353 sentencia del 21 de mayo de 2019), considero que el Tribunal desaplicó la ley 22.278 sin dar suficiente razón para ello.
En tal sentido la Constitución de la Nación (art. 18) exige el juicio previo como condición para la imposición de una pena, entendiéndose por tal un proceso regular y legal. Como vimos el régimen penal de la minoridad (ley 22.278) regula en el art. 4 las condiciones bajo las cuales es posible imponer un castigo a un joven acusado de cometer un delito, y expresamente supedita el debate en torno a la imposición de una pena a la observancia de tres requisitos citados, como vimos, que previamente se hubiera declarado su responsabilidad penal, una vez cumplido 18 años de edad y luego de haber sido sometido a un período de tratamiento tutelar no inferior a un año. Cumplidos tales requisitos, la sanción se aplicará sólo en los casos en que resulte necesaria, pudiendo ser reducida en la forma prevista para la tentativa.
De acuerdo a ello, entiendo que el resultado pronunciado por el sentenciante sobre el extremo discutido (aplicación de las previsiones del art. 4, ley 22.278) transgrede la expresa letra de la normativa bajo estudio, la cual no ha sido en el caso apartada por tacha de inconstitucionalidad, resultando de aplicación obligatoria. En otras palabras, no puede sustituirse al legislador interpretando la norma de manera tal que importe su inaplicación, sin previa declaración concreta de inconstitucionalidad.
Por otro lado, no cabe ninguna duda que la condición de sujeto de derecho del joven determina –de alguna manera- su responsabilidad concreta en el plano jurídico penal. De ello deriva en la actualidad el abandono de modelos que esgrimen nociones de peligrosidad referidas a la condición personal del mismo, habilitando la intervención estatal sólo por la conducta delictiva concreta del joven.
En este escenario la labor de los magistrados en la interpretación del artículo necesariamente lleva a tomar el principio de culpabilidad como límite a la fijación de la sanción penal, diseño que no impone por sí mismo la exclusión de las pautas legales del art. 4 de la ley 22.278 en la mecánica del vigente sistema de responsabilidad penal juvenil. Al permitir el citado artículo tanto la reducción de la pena privativa de la libertad de acuerdo a la escala prevista para la tentativa del delito como la absolución del joven, claramente se evidencia la aplicación de sanciones más leves, siempre a partir de la implementación de los esquemas de especialidad de la justicia de menores.
El punto de partida radica en resolver los inconvenientes de conjugar un proceso penal cada vez más similar al de los adultos con los fines que la CDN y las normas internacionales de derechos humanos atribuyen al sistema penal juvenil.
En efecto la Corte Suprema de Justicia de la Nación estableció: “Que la 'necesidad de la pena’ a que hace referencia el régimen de la ley 22.278 en modo alguno puede ser equiparada a 'gravedad del hecho’ o a 'peligrosidad’ como parece entenderlo el a quo . Antes bien, la razón por la que el legislador concede al juez una facultad tan amplia al momento de sentenciar a quien cometió un hecho cuando aún era menor de dieciocho años se relaciona con el mandato de asegurar que estas penas, preponderantemente atiendan a fines de resocialización, o para decirlo con las palabras de la Convención sobre los Derechos del Niño, a 'la importancia de promover la reintegración del niño y de que éste asuma una función constructiva en la sociedad’ (art. 40 inc. 1°)” (“Maldonado, Daniel E. y otro”, consid. 22, CSJN-Fallos, 328:4343- (del voto de los jueces Lorenzetti, Highton de Nolasco, Fayt, Petracchi, Maqueda y Zaffaroni)”.
Va de suyo que la determinación de la pena del joven en conflicto con la ley penal debe llevarse a cabo ponderando los lineamientos de la CDN, sin quedar sometida exclusivamente a las normas rigen el régimen penal de menores. La convivencia de la ley 22.278 con el nuevo régimen penal juvenil exige de los magistrados la imperiosa necesidad de conglobar dicha normativa con los estándares internacionales vigentes, sin relegar las modalidades que favorezcan al joven en el proceso de determinación de la sanción, la que incluso puede ser dejada de lado. En otras palabras la labor debe alejarse del enfoque tutelar tradicional que dogmáticamente empleaba la norma. La conducta asumida por el joven con posterioridad al hecho cometido, siendo provisto de herramientas y medios que permitan “lograr la autodeterminación del sujeto, a través de mecanismos internos que le permitan discernir y diferenciar aquello que resulta bueno y/o perjudicial para sí mismo y/o un tercero” bien puede concretarse en este espacio (tratamiento tutelar) y así contemplar la necesidad o no de aplicar la pena. En materia de responsabilidad de los jóvenes en conflicto con la ley penal la labor judicial no debe ceñirse a respuestas clásicas, por el contrario la respuesta punitiva juvenil debe diversificarse. De allí que válidamente a través de la aplicación del tratamiento tutelar bien puede, de llegarse a la necesidad de aplicar una sanción, realizarse otra gradación en el marco de la pena, incluso en el marco de la privación de la libertad.
Y es aquí donde la tarea de los magistrados vuelve a destacarse, siempre respetuosa al límite impuesto por los principios de culpabilidad por el hecho cometido y racionalidad, para evitar la intromisión del Estado a través de medidas de “carácter tutelar” (arts. 40 y 41, CP). Es decir, el proceso de dosificación de la sanción se despliega siempre en miras del fin resocializador que se reconoce a la pena impuesta a jóvenes menores de edad por el hecho cometido, el que válidamente se ajusta a las pautas legales establecidas en el art. 4 de la ley 22.278. La imposición de pena importa el efecto conclusivo que el tratamiento arroja, por lo que su diferimiento permite el objetivo específico del Derecho Penal Juvenil que no es otro que el diseño de medidas orientadas a lograr la reinserción social del joven, puesto que en ese espacio se contempla la adopción de las medidas judiciales de integración social a fin de alcanzar el objetivo previsto por la normativa citada.
En ese orden de ideas, el artículo 4° de la ley 22.278 complementa las garantías y los objetivos señalados por la CIDN toda vez que exige de una sentencia de responsabilidad, una edad específica que contempla la condición madurativa del menor, y un tratamiento en aras de promover la reintegración del niño y de que este asuma una función constructiva en la sociedad (art. 40 de la CIDN). A partir de lo expuesto se advierte que en el caso la decisión del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil no exhibe argumentos que permitan desaplicar el art. 4 de la ley 22.278 y excluir el sometimiento del joven al tratamiento tutelar mínimo a fin de determinar la sanción del mismo, particularidades que revelan arbitrariedad en este punto del fallo, siendo que tampoco se trata este proceso de aquellos que comienzan o se reanudan después que el imputado menor hubiera alcanzado la edad de dieciocho años, lo cual impide flexibilizar aquella exigencia en los términos del art. 8 de la ley.
Por todo lo expuesto propicio al acuerdo casar parcialmente el fallo recurrido, dejar sin efecto la imposición de la pena y disponer el reenvío de las presentes actuaciones a la instancia de origen para el dictado del pronunciamiento que oportunamente corresponda en función del extremo invalidado, sin que ello conlleve a la redefinición de medidas o la adopción de otras que, en el marco del tratamiento tutelar, puedan implicar un desme
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