Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, Sala II · Causa 115801
En la ciudad de La Plata, sede del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, se reúnen en Acuerdo Ordinario los Jueces integrantes de la Sala Segunda, doctor Fernando Luís María Mancini y doctora María Florencia Budiño, para resolver la presente causa 115.801 , caratulada “CARDOZO NELSON RAFAEL S/ RECURSO DE CASACIÓN”. Practicado el sorteo de ley, resultó que en la votación debe observarse el orden MANCINI – BUDIÑO .
El tribunal de jurados, en el marco de la causa Nº 5798 del registro del Tribunal en lo Criminal nro. 3 de Mercedes, se pronunció, con fecha 26 de noviembre de 2021, dictando veredicto de culpabilidad respecto del imputado Nelson Rafael Cardozo, por mayoría de diez votos, en orden al delito de abuso sexual agravado por cometerse con acceso carnal, por ser el autor el encargado de la guarda, aprovechando la situación de convivencia preexistente contra una menor de dieciocho años de edad reiterados bajo la modalidad de delito continuado; y abuso sexual gravemente ultrajante para la víctima por las circunstancias de su realización y por la duración en el tiempo, por ser el autor el encargado de la guarda, aprovechando la situación de convivencia preexistente contra una menor de dieciocho años de edad; mientras que, por mayoría de once votos, emitió también veredicto de culpabilidad respecto del delito de corrupción de menores agravada por ser la víctima menor de trece años de edad, por haber sido cometido con amenazas y violencia, y por ser el encargado de la guarda. En dicho acto, el jurado encontró no culpable a la encausada Yeni Elizabeth Miers.
Tras todo ello, y luego de celebrarse el 1º de diciembre de 2021 la correspondiente audiencia de cesura, la Jueza Claudia Liliana Esquivel, integrante del órgano jurisdiccional señalado en el párrafo anterior, condenó, con fecha 9 de diciembre del mismo año, a Nelson Rafael Cardozo a la pena de 30 años de prisión, accesorias legales y costas del proceso, por resultar autor penalmente responsable de los delitos de abuso sexual agravado por ser con acceso carnal agravado por ser el autor encargado de la guarda, aprovechando la situación de convivencia preexistente con la víctima menor de dieciocho años -reiterados en la modalidad de delito continuado- y de abuso sexual gravemente ultrajante por las circunstancias de su realización y duración en el tiempo -reiterados bajo la modalidad de delito continuado-, en concurso ideal con promoción a la corrupción de menores agravado por la violencia y amenaza y por ser el autor encargado de la guarda.
Como consecuencia de ello, los Sres. Defensores Oficiales, Dr. Pedro Luis Zoni y Dr. Mariano Luis Bertelotti, interpusieron recurso de casación en favor del imputado Cardozo.
Efectuadas las vistas correspondientes, y hallándose la causa en estado de dictar sentencia, este Tribunal decidió plantear y votar la siguiente:
C U E S T IÓ N
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la cuestión planteada, el doctor Mancini dijo:
I.1. Plantearon los impugnantes, en primer término, la inobservancia " de las reglas referidas a la constitución y recusación del jurado ", citando concretamente el art. 448 bis, inc. "a", del CPPBA.
De esa forma, explicaron que el proceso de selección del jurado, había comenzado con treinta candidatos, número inferior al de cuarenta y ocho exigido por el art. 338 ter inc. 5° del CPPBA. Que la fiscalía propuso comenzar con la preselección y que, en el supuesto de que no se alcanzara el número legalmente exigido, se reprogramara el debate; siendo que la defensa reclamó también su aplazamiento, no obstante lo cual la jueza interviniente decidió continuar adelante, pese a que no había la cantidad mínima de candidatos. Que, en dicho contexto, sólo se alcanzó el número de trece personas seleccionadas y que fue entonces que la magistrada, pese a la protesta de ambas partes (fiscalía y defensa), resolvió convocar para el día siguiente una nueva audiencia con potenciales candidatos a jurado, para completar el número que faltaba.
Continuaron su relato narrando que, al desarrollarse la segunda audiencia de selección del jurado, la jueza impidió a las partes formular recusaciones sin causa, porque ya habían utilizado esas seis recusaciones el día anterior. Que, frente a ello, la defensa interpuso recurso de reposición, invocando el art. 338 quater, inc. 7° del CPPPBA, el que fue rechazado, lo que motivó la protesta de recurrir en casación.
Ante tal panorama, los impugnantes postularon en su recurso de casación la vulneración de los principios de legalidad, imparcialidad, defensa en juicio y sistema acusatorio.
Sobre ese piso de marcha, indicaron que la defensa en juicio se encontró lastimada por cuanto la magistrada impidió, en la primera audiencia, que la defensa interrogara a los potenciales jurados acerca de " si entendían que, en general, en los casos de abuso sexual debía tener mayor credibilidad el testimonio de las víctimas ". También, que, en la segunda audiencia realizada al día siguiente, la jueza impidió que la defensa preguntara a los candidatos a jurado si ellos o alguien cercano a ellos había sido víctima de abuso sexual -interrogante que no había objetado el día anterior-.
Adujeron que el art. 338 ter, inc. 5°, CPPBA se vio inobservado porque al momento de comenzar la primera audiencia sólo había treinta candidatos, y se resolvió en contra de su petición de que se reprogramara el debate, pretensión que lejos de ser " caprichosa ", propendía a cumplir con la manda legal, la cual " tiene un claro sentido protector de la garantía de la imparcialidad y de la representación plural de la sociedad ".
Agregaron que la jueza, al tiempo de efectuar la audiencia del día 24 de noviembre, tampoco dejó recusar sin causa a la defensa " bajo el argumento que, si lo aceptaba, iba a tener que suspender el juicio porque no iban a alcanzar los jurados ", lo cual a entender de los impugnantes es inaceptable ya que " un precepto legal no puede ser desatendido bajo el pretexto de que, si se cumple, el juicio deberá ser suspendido. Nuestra pretensión no era suspender el juicio, sino llevarlo a cabo en legal forma, como corresponde en un Estado de Derecho ".
De ese modo, explicaron que, si para convocar a una segunda audiencia de selección, la magistrada acudió al art. 338 quater, inc. 7°, que habla de “repetir” el procedimiento de selección, entonces lo lógico es que también se entendiera que volvía a existir la posibilidad de recusar sin causa, lo cual no se permitió bajo el pretexto de que la defensa ya había formulado las recusaciones sin causa el día anterior, en la primera audiencia.
Frente a ese cuadro de situación, los quejosos argumentaron que en el segundo proceso de selección, las partes debieron contar con la facultad de recusar sin causa nuevamente. Agregaron que, en ese mecanismo, se comprometió el principio de legalidad del art. 18 de la CN, por no haberse respetado el número legal de candidatos, ni haber permitido formular recusaciones sin causa.
También se agraviaron por cuanto la jueza recusó sin causa a una de las candidatas, cuando " la recusación es un instituto que, desde siempre en el Derecho, ha sido previsto para ser utilizado por las partes y no por el tribunal" , siendo además que el art. 338 quater, inc. 4° del CPPBA estipula que son las partes quienes están facultadas a hacerlo. Indicó que la arbitrariedad radicó en que, en el proceso de selección, se impidió a las partes recusar sin causa, pero esa facultad sí la tuvo la magistrada interviniente.
Desde otroángulo, reputaron violado " el principio de imparcialidad ", porque, al impedirse las recusaciones sin causa, dijeron, " se afectó la finalidad de la norma de intentar colocar frente al caso al tribunal lo más imparcial posible ". Indicaron que el veredicto de culpabilidad se obtuvo por una mayoría de diez votos, razón por la cual, con un voto menos, hubiera habido jurado estancado y con dos, un veredicto de no culpabilidad. A partir de allí, razonaron que el número de cinco integrantes que no pudieron pasar por el referido tamiz (por haber surgido de la segunda audiencia de selección) " cobra una mayor relevancia, pues resulta evidente su incidencia en el resultado final ".
En ese carril argumental, añadieron que también se vio comprometido el principio acusatorio, pues la fiscalía y la defensa " estaban de acuerdo sobre el punto, por lo cual la decisión de la Sra. jueza por encima del techo puesto por la petición fiscal, implicaba el abandono del rol del tercero imparcial, al ir en exceso de la petición de la parte que representa al Estado en el ejercicio de la acción, máxime en un proceso de naturaleza claramente adversarial como lo es el juicio por jurados ".
También sostuvieron que se vio comprometida la garantía de la inviolabilidad de la defensa en juicio, ya que, se impidieron las recusaciones sin causa a la par que la formulación de preguntas " cruciales " a los potenciales jurados.
Por todo ello, concluyeron el desarrollo de este agravio impulsando la nulidad del proceso de selección del jurado, y, por ende, la invalidez del debate y la condena posterior. Así las cosas, peticionaron –en definitiva- la absolución de Cardozo por los motivos anteriormente expuestos.
I.2. Como segundo motivo de agravio, plantearon los recurrentes una vulneración a la defensa en juicio acaecida a partir de las siguientes circunstancias:
a) de la decisión de la jueza de disponer, frente al pedido fiscal y pese a la oposición de la defensa, el apartamiento de los imputados Nelson Cardozo y Yeni Miers de la sala de audiencias mientras declaraba la víctima M.M.
Al respecto, criticaron que se le impidiera a Cardozo " ejercer cabalmente su defensa mate rial" por cuanto los abogados sólo conocen los hechos de boca de sus asistidos, por lo que si ellos no se encuentran presentes, no pueden, por ejemplo, advertirlos de extremos que se desprendan de las declaraciones de cargo, habilitándolos a efectuar contrainterrogatorios con fuente en tales indicaciones. Al apartarse al imputado de la sala, dijeron, tal posibilidad de control de la prueba (esencial de la defensa en juicio), se reduce notoriamente, y no se subsana con que el encausado sea alojado en una sala contigua, " pues continúa presente la imposibilidad de contacto con su defensa técnica " a los fines señalados.
b) Porque, al declarar el imputado Cardozo, se le impidió que contara con apuntes, lo que los recurrentes entendieron como una " nueva conculcación a la defensa " que no encuentra aval legal.
c) por haber prohibido a Cardozo cuestionar la investigación, bajo el amparo de no poder hacerse mención en el debate a prueba que no hubiera sido formalmente incorporada al juicio, basándose en el art. 342 bis, inc. 7º del CPPPBA.
Al respecto, los impugnantes entendieron que ello implicó un cercenamiento a la defensa material de Cardozo al no poder " defenderse libremente " pues " si el imputado, como parte de su declaración, intenta atacar la legitimidad y transparencia de la investigación en su contra, ello no puede ser restringido ". Además, señalaron que la previsión legal en la que se basó la jueza (prohibición de que el jurado conozca las constancias de la investigación) " tiene claramente otra finalidad, cual es la de garantizar plenamente la inmediación, impidiendo que ingrese prueba que no se produjo en el debate, y el contradictorio, al posibilitar a la defensa el control de la prueba" . Pero contra argumentaron que " en modo alguno esa normativa puede ser empleada para limitar al imputado a la hora de prestar declaración, no solo por afectar la defensa en juicio, sino también por aplicación del principio nemo tenetur (art. 18, CN), pues se constriñe indebidamente al imputado al momento de declarar, cuando sus dichos deben ser vertidos con amplitud y libertad" .
d) finalmente sostuvieron que "...[l]a última vulneración a la defensa en juicio del imputado a la que haremos mención radica en la prohibición que la Sra. jueza le impuso a Cardozo de controvertir lo que había dicho la presunta víctima [M.M.] respecto de que no había tenido relaciones sexuales con nadie más (cf. DVD nº 2, fechado el 25/11/21, desde la hora 15:27:32 a la 15:231:47). La Sra. jueza se basó para ello en que no correspondía hacer referencia alguna a la vida sexual de la presunta víctima, máxime tratándose de una menor de edad al momento de los hechos, pues ello implicaba violar el interés superior del niño, protegido por la Convención de los Derechos del Niño, y porque correspondía fallar con perspectiva de género ". Al respecto, retomaron la idea de que la declaración del imputado debe ser vertida con libertad, y de modo amplio, precisando que si Cardozo, como parte de su defensa, cuestionaba ese tramo de la declaración de la presunta víctima, tal extremo podía, si así se consideraba pertinente, ser controvertido por la acusación, pero en modo alguno podía prohibírsele que el imputado se refiriera a ello. Añadieron que " la pretensa afectación a los derechos de la presunta víctima no pueden convertirse en un argumento para restringir el derecho a ser oído que, como ingrediente esencial del derecho de defensa en juicio, Cardozo fue impedido de ejercer." Expresaron también que había sido la propia víctima la que había puesto el tema en consideración al declarar, cuando aseveró que nunca había tenido relaciones sexuales con nadie más que con el imputado.
Por todo ello, concluyeron el desarrollo de este motivo de agravio argumentando que los " vicios" expuestos implicaron una violación a la defensa en juicio que " deben conllevar necesariamente la nulidad del debate" con la absolución del imputado (por aplicación del principio ne bis in idem ).
I.3. Como un motivo de agravio distinto a los anteriores sostuvieron que el veredicto de culpabilidad se apartó manifiestamente de la prueba producida en el debate, invocando el supuesto contemplado en el art. 448 bis, inc. d del CPPBA.
De ese modo, entendieron que el jurado valoró arbitraria y parcialmente las pruebas producidas a lo largo del debate para concluir que los hechos existieron, fundamentalmente asumiendo "la veracidad de los dichos de la presunta víctima", la cual pusieron en crisis por su confrontación con el " resto de la prueba recreada en el debate ", lo cual debió haber determinado, en su parecer, un pronunciamiento absolutorio por aplicación del principio in dubio pro reo (art. 1º del CPPBA).
En ese carril argumental, explicaron que existieron "múltiples contradicciones " por parte de " los testigos de cargo" , precisando que "el único testimonio que, en concreto, sustenta la hipótesis fiscal ", fue el de la víctima M.M., quien incurrió en contradicciones referidas al domicilio donde ocurrieron los hechos, por ejemplo, cotejando su versión con las aportadas por el inculpado Cardozo, Yeni Miers -absuelta por veredicto del jurado-, por la niñera Paula Tolay y por la testigo Paola Cardozo. También apuntaron otras incongruencias referidas a si su madre la mandaba sola o no con Cardozo a un terreno en Moreno; y a la circunstancia de si la víctima había o no mantenido relaciones sexuales de manera previa con otras personas.
Por otra parte, aludieron que la denuncia contra Cardozo se originó a partir de una " relación familiar conflictiva ", entre la adolescente, su madre y Cardozo, agravada por la postura de la abuela de la víctima (a quien también atribuyeron encono con el acusado), situación que narraron en recurso ampliamente.
En igual dirección encaminaron sus esfuerzos argumentales para restar entidad acreditante al informe psicológico de de la Perito Norma Matilde Finocchipues aunque hubiera detectado características compatibles con abuso sexual infantil intrafamiliar, su informe giró alrededor " de una única y exclusiva prueba que es la declaración de la menor, razón por la cual seguimos siempre estando en una situación de testimonio único, es decir de dichos de la presunta víctima contra los dichos del imputado" .
Respecto del testimonio de la Licenciada en Psicología María Cristina Becce, quien analizó a Cardozo, restaron entidad convictiva a su declaración pues sólo se habría entrevistado con el nombrado en una ocasión y durante no más de quince minutos. Por ello desmerecieron las conclusiones alcanzadas por la citada profesional.
También cuestionaron el informe de fs. 94 de la IPP, argumentando que las premisas de dicha pieza procesal resultaron contradictorias con su conclusión.
Como consecuencia de todo lo expuesto, entendieron que " se encuentran reunidas las condiciones para concluir que la condena impuesta en autos se deriva de un veredicto de culpabilidad que se aparta manifiestamente de la prueba producida en el debate, en los términos del art. 448 bis, inc. d, CPPBA, razón por la cual solicitamos a los Sres. Jueces del Excmo. Tribunal de Casación que la revoquen y absuelvan a nuestro asistido Nelson Rafael Cardozo en orden al hecho por el que ha sido acusado " (sic).
I.4. Finalmente, se quejaron subsidiariamente de la pena impuesta, la cual etiquetaron de "ilegal", sustentando su reclamo en que la misma consistió en la imposición de treinta años de prisión, pero que el encuadre jurídico asignado por el jurado tiene un máximo de veinte años.
En tal sentido, indicaron que, tanto de las instrucciones finales, como así también del veredicto de culpabilidad, "se advierte con claridad que hubo una única conducta de abuso sexual, en la modalidad de delito continuado, con las agravantes allí especificadas, en concurso ideal con el delito de corrupción de menores " y que, no obstante ello la jueza, "para poder llegar a la pena de treinta (30) años de prisión, califica el hecho como abuso sexual gravemente ultrajante agravado en concurso real con abuso sexual con acceso carnal agravado, con el argumento de que eran conductas independientes".
Argumentaron que se trató de un delito continuado de abuso sexual agravado por acceso carnal y por configurar un sometimiento gravemente ultrajante, siendo que en las instrucciones al jurado nunca se habló de un concurso real, ni se mencionó el art. 55 del CP. Por todo ello, sostuvieron que la pena impuesta a Cardozo resulta ilegal, al exceder en diez años "el máximo de la escala penal prevista para el delito por el cual se dictó veredicto de culpabilidad ", razón por la cual, en subsidio, requirieron la reducción de la sanción aplicada al mínimo de la escala penal correspondiente.
Luego de ello, atacaron el monto de pena argumentando que la agravante referida al estado de indefensión de la víctima -teniendo en cuenta la temprana edad de 8 años- se apoyó en una contingencia que ya había sido tenida en cuenta por la ley a los efectos de la calificación legal, motivo por el cual volver a evaluarlo implica una doble valoración prohibida.
En cuanto a la severizante vinculada con la condición de policía de Cardozo, postularon que debe ser descartada, habida cuenta que en ningún momento del juicio se mencionó que Cardozo empleara su arma ni que hiciera valer su condició
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.