Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, Sala I · Causa 118464
La Sala I del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, integrada por los señores jueces doctores Ricardo Maidana y Daniel Carral (art. 451 del Código Procesal Penal), con la presidencia del primero de los nombrados, de conformidad con lo establecido en la Ac. 3975/2020 de la SCBA, procede al dictado de sentencia en el marco de la Causa N° 118464 caratulada “ROMERO LUGO ABEL ALEJANDRO S/ RECURSO DE CASACION”, conforme al siguiente orden de votación: CARRAL - MAIDANA.
Llegan estas actuaciones para conocimiento del Tribunal a raíz del recurso de casación interpuesto por la Defensora Oficial contra la sentencia dictada el 9 de mayo de 2022 por el Tribunal en lo Criminal nro. 2 de Lomas de Zamora, a través de la cual se condenó a Abel Alejandro Romero Lugo a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas del proceso, por resultar autor responsable del delito de homicidio calificado por el vínculo y por haber sido perpetrado por un hombre contra una mujer mediando violencia de género en concurso real con homicidio calificado por alevosía (arts. 45, 55, 80 incs. 1, 2 y 11, Cód. Penal).
En primer término, alega que el acusado fue interrogado por personal policial cuando ya se encontraba aprehendido en la comisaría, esposado, y que los cuerpos de las dos víctimas se encontraron a partir de los dichos extrajudiciales que se obtuvieron de Romero en forma ilegítima. Solicita “la exclusión de la prueba obtenida en base a los dichos de Romero en el interrogatorio del policía Quintana. O sea, se excluya de la valoración el hallazgo de los cuerpos”. Cita jurisprudencia de la CSJN que entiende aplicable al caso.
Por otro lado, controvierte la significación jurídica de los hechos establecida por el tribunal. Con relación al homicidio de Cristina Iglesias, considera que no eran aplicables las agravantes de los incisos 1 y 11 del art. 80 del Código Penal. La primera, porque no se probó que existiera una relación de pareja entre víctima e imputado en los términos que exige la norma. La segunda, al coincidir con la fiscal del juicio en que no le fue intimada oportunamente al acusado. Invocó “la prohibición de sorprender al imputado con un extremo no descripto en el intimación”.
Respecto del homicidio de la niña Ada Iglesias consideró que no era aplicable la alevosía, en tanto no se pudo recrear cómo se cometió el homicidio y, en consecuencia, si el acusado actuó sin riesgo y sobre seguro.
Finalmente, cuestiona la decisión del tribunal que rechazó el planteo de inconstitucionalidad de la pena perpetua de prisión.
Hizo reserva del caso federal. Practicado que fuera el sorteo de rigor, y notificadas las partes, el recurso radicó en la Sala.
El Defensor ante esta Sede, Dr. José María Hernández, mantuvo el recurso de casación interpuesto, remitiéndose a los argumentos de la recurrente.
A su turno, la Fiscal ante esta Sala, Dra. Daniela Bersi, postuló el rechazo del recurso, por los argumentos desarrollados en el dictamen presentado.
Así, el Tribunal se encuentra en condiciones de resolver, decidiendo plantear y votar las siguientes
Primera: ¿Es procedente el recurso de casación interpuesto?
Segunda: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión el señor juez doctor Carral dijo:
1. El Tribunal de la instancia anterior, luego de la sustanciación del debate, tuvo por probado que “entre el día 25 de marzo a las 18.00 horas y la madrugada del 26 de marzo del año 2020, en el domicilio de la calle Domingo Purita Nº 4064 de la localidad de Monte Chingolo, partido de Lanús, Abel Alejandro Romero, con clara intención de producir la muerte de Cristina Beatriz Iglesias, con quien mantenía una relación de pareja, le asestó múltiples cortes en la garganta y la región cervical posterior y un golpe en su cabeza, lo que generó un traumatismo de cráneo, siendo ello, la causa directa y determinante de su muerte, segando también la vida de Ada Antonia Iglesias, hija de siete años de edad de la primera de las nombradas, a quien también le efectuó múltiples cortes en la garganta con una cuchilla, procediendo además a asfixiarla, generando con ello lesiones en cuello y una congestión pulmonar con bullas, aprovechando para ello, la condición de vulnerabilidad e indefensión de la víctima, derivada de su diferencia física y de fuerza y de la circunstancia de hallarse además en su cama, para luego de ello, realizar una fosa en el fondo de la vivienda, donde enterró a las víctimas”.
2. Como planteo principal, la defensa solicita la exclusión probatoria del hallazgo de los cuerpos de las víctimas del conjunto de pruebas disponibles. Alega que se encontraron a partir de las manifestaciones que hizo su asistido en sede policial, cuando fue interrogado por el comisario Quintana. Expone que Romero ya era sospechoso y se encontraba aprehendido. Que así lo reflejó el acta policial y el propio tribunal en el veredicto, al describir los datos que a esa altura había aportado Dolores Iglesias en la comisaría y que motivaron la búsqueda de Romero.
Agrega que durante el examen directo, Quintana admitió que lo interrogó y que recién señaló que las manifestaciones del acusado fueron espontáneas cuando la defensa comenzó a preguntarle sobre el tema y a dejar constancias de sus respuestas en el acta de debate. Que Quintana no pudo aportar ningún dato sobre los otros policías o testigos civiles que habrían escuchado a Romero mientras declaró “espontáneamente” en el comisaría.
3. Los términos en que fue introducido el planteo de la parte obliga a realizar ciertas aclaraciones preliminares, a fin de lograr su correcto abordaje.
Conforme surge de la práctica de la prueba, el acusado realizó manifestaciones vinculadas al hecho en tres oportunidades: una en la comisaría, otra al momento de declarar en los términos del art. 308 del CPP y, finalmente, en el juicio oral.
Frente al fiscal del caso y en presencia de su abogada defensora (quien le aconsejó que se negara a declarar), Romero reconoció la autoría de los dos homicidios, dio detalles de cómo los cometió, sobre cómo enterró los cuerpos e intentó borrar las evidencias físicas que quedaron en el lugar del hecho. En el debate, negó su participación y dio una versión que fue refutada por el tribunal, en la que -en lo esencial- atribuyó la responsabilidad de los homicidios a la testigo Jessica Pereyra y a su amiga, y dijo que se auto-incriminó por temor a sus represalias.
Ello explica que en el juicio oral, frente a igual argumento de la defensa, la discusión entre las partes se haya centrado en la validez de la evidencia derivada de la primera declaración, pues como señaló la fiscal del juicio no había utilizado las manifestaciones que hizo Romero en la comisaría para estructurar la acusación en su contra y contaba con otros testigos que habían declarado que la tierra estaba removida en el lugar donde se hallaron los cuerpos, antes de que lo dijera Romero (conforme se resume en el recurso).
4. No obstante, la defensa cuestiona el razonamiento que hicieron los jueces al rechazar la exclusión probatoria, pues si bien señalaron que Dolores Iglesias ya había incorporado datos sobre la posible comisión de los delitos, incluido el señalamiento del lugar donde había tierra removida; partieron de una premisa errónea, pues establecieron que Romero declaró “espontáneamente y sin mediar coacción” en la comisaría, omitiendo el testimonio de Quintana (cuando admitió que le hizo preguntas) y que para esa altura Romero ya era sospechoso y estaba aprehendido.
A criterio de la defensa, la pregunta que debió responder el tribunal no era solo si se hubieran encontrado los cuerpos sin las indicaciones de Romero, sino “que a pesar de los señalamientos de Dolores Iglesias a la policía sobre la tierra removida, éstos no los habían hallado”.
Cuestiona otro de los argumentos que invocaron los jueces para validar la declaración de Romero, cuando estimaron que frente a la revelación “la policía no podía taparse los oídos ”, pues afirma -la defensora- que si era sospechoso debía hacérsele saber que tenía derecho a no declarar en contra de sí mismo, de acuerdo con los estándares de los precedentes “Montengro”, “Ruiz” y “Francomano” de la CSJN.
5. En mi opinión, existe un déficit en el razonamiento que siguió el tribunal al dar respuesta a la exclusión probatoria que invocó la defensa, pero también en la solución que propone la recurrente. Ello exige realizar ciertas precisiones de orden metodológico en la tarea de examinar la validez de las manifestaciones que hace una persona bajo custodia policial y también sobre las soluciones que al respecto formuló la Corte Federal. En ese sentido, constato que frente a la violación de la garantía constitucional que denunció la defensa, tanto el tribunal como la parte estimaron aplicables estándares establecidos por la CSJN, y los jueces resolvieron la cuestión con remisión expresa a su doctrina (“Cabral”, “Jofre”, “Schettini” y “Minaglia”).
6. No se discute que la finalidad prioritaria de la actividad probatoria en el proceso penal es la averiguación de la verdad. Sin embargo, ese objetivo no puede llevarse a cabo de cualquier manera y, particularmente, si las vías que se utilizan quebrantan principios elementales que hacen a la dignidad humana. Esa es la posición que reglamenta el código procesal provincial al establecer que carece de toda eficacia la actividad probatoria cumplida y la prueba obtenida con afectación de garantías constitucionales (art. 211, CPP).
La doctrina trató este tema con amplitud bajo la denominación de las “prohibiciones probatorias” y su examen fue notablemente enriquecido por los criterios construidos por la jurisprudencia estadounidense, que nuestro más Alto Tribunal siguió en reiterados precedentes.
Ello se refleja en la norma procesal del art. 211 indicada, que tomó como base los antecedentes señalados y puede descomponerse en dos reglas:
(i) Regla de exclusión: las evidencias obtenidas en violación a garantías constitucionales no son admisibles como prueba de cargo;
(ii) Regla del fruto del árbol venenoso: la prueba que sea obtenida como consecuencia directa e inmediata de una evidencia recogida de manera ilegítima, es también inválida.
Esas reglas son sostenidas a partir de dos argumentos principales. En primer lugar, la administración de justicia no puede beneficiarse u otorgar valor al resultado de un delito y, en segundo término, la exclusión de la prueba obtenida ilegalmente tiene una incidencia disuasoria de futuros procedimientos arbitrarios.
Sin embargo, debe tenerse en cuenta que con el paso del tiempo fueron construidas por la doctrina y por los tribunales algunas excepciones que limitan los alcances de las reglas señaladas, entre la que cabe mencionar la “fuente independiente”, con la siguiente formulación: la prueba (derivada) resulta válida si existe un cauce de investigación distinto al que fue cuestionado, por el cual puede llegarse autónomamente a tal evidencia.
7. Otra premisa básica que rige en nuestro sistema procesal es que un funcionario policial no puede dirigir un interrogatorio de una persona que esté bajo su custodia.
En otras palabras, un policía no puede dirigirle preguntas a una persona sobre aspectos que podrían comprometerlo penalmente, cuando su libertad ya está restringida y sin hacerle saber que no está obligado a declarar contra sí mismo (art. 18, Const. Nac).
En ese sentido, observo que la última reforma del art. 294 del CPP, que establece las atribuciones de los funcionarios de policía, suprimió del inc. 8 la facultad de requerir del presunto imputado del hecho, en donde fuere aprehendido, indicaciones o informaciones útiles para la prosecución de la investigación.
8. Establecido lo anterior, constato que aun cuando los jueces señalaron los datos que ya para esa altura había denunciado con insistencia Dolores Iglesias (hija de una de las víctimas y hermana de la otra), no confirmaron la presencia de la excepción de la “fuente independiente” (al menos no en esos términos), pues dieron por probado que Romero declaró en la comisaría de manera espontánea y sin mediar coacción. Es decir, no constataron violación de garantía constitucional alguna, que era el antecedente lógico para confirmar la excepción. Agregaron que frente a la noticia de dos personas que eran buscadas intensamente, “la policía no podía 'taparse los oídos' ante la revelación del entonces sospechado Romero”.
En favor de su decisión, el tribunal invocó la doctrina de la CSJN en “Cabral”, “Jofre”, “Schettini” y “Minaglia”, donde la Corte ratificó la validez de las declaraciones espontáneas realizadas en sede policial, aun si el sujeto se encontraba detenido, “siempre que no hubiese ninguna circunstancia que permitiera dudar de la libertad y espontaneidad con que fueron brindados”.
En efecto, la doctrina que invoca el tribunal para resolver la cuestión establece que en el análisis de la validez de declaraciones prestadas en sede policial, lo relevante sería la ausencia de “coacción” (además de defender la distinción entre lo que sería una manifestación auto-incriminatoria y un mero “dato” aportado al personal policial).
No obstante, constato que los jueces no analizaron de forma realista las circunstancias concretas en que el acusado declaró frente a Quintana, como para estar en condiciones de afirmar que sus manifestaciones fueron libres y sin coacción alguna.
En mi opinión, si los jueces se orientaron por aplicar al caso los peligrosos criterios de “Cabral”, según los cuales nada ilegítimo hay en que la policía reciba declaraciones incriminatorias de personas detenidas, pues se tratarían de meros “datos” y no de manifestaciones inválidas, debió extremar el análisis probatorio sobre (i) la inexistencia de una “coacción” (que ciertamente no se limita a los apremios ilegales) y (ii) establecer que no se le dirigieron preguntas directas al acusado vinculadas al hecho, en tanto ello se encuentra prohibido por nuestro ordenamiento procesal (y es el punto de partida para examinar si hubo “espontaneidad” en las manifestaciones).
9. No viene controvertido en el veredicto que Romero era sospechoso al momento de su aprehensión y que en esa calidad fue conducido a la seccional policial.
En lo que importa señalar, el oficial Miño declaró en el juicio oral que hicieron tareas encubiertas para ubicar a Romero (luego de la denuncia de Dolores Iglesias y de hallar en la vivienda de la hermana de Romero el DNI y las llaves de una de las mujeres desparecidas). Explicó que al encontrarlo le dieron la voz de alto, que Romero salió corriendo pero lograron aprehenderlo y lo trasladaron a la comisaría. Ese tramo fue corroborado por el oficial Torres, al declarar en el juicio oral. Dijo que lograron detenerlo cuando intentó darse a la fuga. Que lo alcanzaron a la cuadra y media.
10. En ese sentido, advierto que quien introdujo ciertas dudas sobre la calidad de aprehendido de Romero fue el comisario Quintana. En lo que interesa señalar, según consta en el veredicto, declaró que Romero estaba en la comisaría sexta de Lanús y que él, como comisario de la seccional primera, solo colaboraba. Dijo que lo “entrevistó”. Que Romero le dijo que era pareja de la mujer desaparecida y primero aportó una versión donde señaló que un tal “Viri” entró a robarles, mató a las mujeres, las enterró en el fondo de la casa y que él había presenciado todo. Que esa versión se descartó pues “fueron a buscar al tal 'Viri' y resultó que hacía dos años que no estaba en el lugar”. Que posteriormente se practicó en la comisaría el procedimiento con el perro, que “a través de su olfato se dirigió directamente hacia la persona de Abel [Romero]”. Luego, ante otros policías y testigos civiles convocados, Romero reconoció la autoría de los homicidios.
El veredicto también da cuenta que, frente a preguntas de la defensa, Quintana declaró “que Romero no estaba en carácter de aprehendido en primera instancia, estaba en una oficina sin custodio ni esposas, que él le fue a preguntar y el señor se puso a llorar y espontáneamente manifestó lo del muchacho 'Viri o Vili'”. Reiteró que más tarde Romero pidió hablar con él y reconoció ser el autor de los homicidios y precisó que “en caso de haber estado en calidad de aprehendido ellos no lo habrían entrevistado”.
11. Ahora bien, constato que, respecto de la espontaneidad y voluntariedad de las manifestaciones de Romero, el único que declaró en el juicio oral fue Quintana. Según alegó la recurrente, el comisario admitió que lo había interrogado (en rigor, Quintana dijo “entrevistado”) y que introdujo que el relato fue espontáneo solo cuando esa defensa profundizó el contra-examen. También consta en el veredicto que Quintana declaró desconocer la calidad de aprehendido de Romero, pues afirmó que en ese caso no lo habría “entrevistado”. No obstante, ya vimos que los policías que ubicaron a Romero y lo trasladaron a la comisaría no dudaron en declarar que se encontraba aprehendido y así consta en el acta de aprehensión que el propio tribunal valoró.
Bajo esas condiciones, los jueces debieron extremar el análisis sobre la capacidad de rendimiento de la testifical de Quintana para probar que la declaración de Romero en la comisaría fue “espontánea”, dato fáctico sobre el que justificaron su decisión.
12. Las actas policiales incorporadas por lectura al debate y valoradas por el tribunal, permiten reconstruir una cronología más precisa de los episodios que relató el comisario Quintana y establecer, más objetivamente, cuál era la situación de Romero al llegar a la comisaría y durante su permanencia en la seccional.
También observo, en tanto no hay controversia al respecto, que Dolores Iglesias se presentó el día jueves 26/03/20 en la casa de su mamá, en horas de la tarde (aproximadamente a las 15.30 horas), pues no le respondía las llamadas y alguien que no era ella contestaba sus mensajes de texto. Dijo que pudo ingresar por la parte de atrás a la casa y describió la escena que encontró. Tierra removida en el fondo, el colchón húmedo, pequeñas manchas de sangre, entre otras circunstancias que le llamaron la atención. Describió el encuentro que tuvo esa misma tarde con Abel Romero (pareja de su mamá), cuando ése llegó a la casa cerca de las 18 horas y relató cómo se “escapó” del lugar. Describió también las respuestas que fue recibiendo a lo largo de ese día cuando intentó hacer la denuncia policial para que buscaran a su mamá y hermana. En definitiva, dijo que cerca de las cuatro de la mañana del viernes 27/03 le toman la denuncia penal. Recordó que al principio unos oficiales que hacían tareas en el lugar le decían que la manchas no eran de sangre pero más tarde la policía científica confirmó que había sangre en las paredes y en el techo. También constataron una mancha de arrastre. Agregó que ese mismo viernes 27, por la noche, le informan que habían encontrado al acusado y que los cuerpos los encontraron el sábado 28/03.
En efecto, el acta de aprehensión de fs. 40/41 del principal da cuenta que Romero fue aprehendido por personal policial en la localidad de Rafael Calzada el día 28 de marzo de 2020 a las 00:00 horas.
Por su parte, el acta de fs. 48/49vta. confirma que el primero de los cuerpos (el de la niña) se halló el sábado 28 de marzo, a las 18.35 horas y la existencia del segundo cuerpo se estableció a las 20.10 de ese mismo sábado. Se documentó que tras ello, el oficial Diego Tula tomó muestras del acolchado donde se halló el cuerpo de la niña y se dirigió a la comisaría sexta de Lanús, donde estaba Romero, para practicar el rastreo de olores con el perro. Así, el acta de fs. 78/vta. registra que a las 20.50 horas, el comisario Quintana y el oficial Escalante junto al guía del perro se presentaron en la comisaría sexta de Lanús. Se describe el procedimiento y recorrido del perro, hasta la “marcación activa” de Romero, que quedó filmada.
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.