Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, Sala V · Causa 117825
Lo que resolvió el tribunal
I. Declarar admisible el recurso de casación interpuesto por el Defensor Particular, Dr. Rodrigo Fernando Avendaño, contra el pronunciamiento dictado por la Sala II de la Cámara de Apelación y Garantías del Departamento Judicial Mercedes en cuanto confirmó la resolución del Juzgado de Ejecución Penal nro. 2 del mismo distrito judicial que denegó la libertad condicional Cesar Ismael Carinci.
II. Rechazar el recurso de casación por los fundamentos expuestos al tratar la segunda cuestión. Sin costas en esta instancia.
Rigen los artículos 16, 18, 28 y 75, inc. 12 CN; 13 y 14, CP, 448, 450, 451, 464, 530 y concs., CPP, 14 y 15 ley 48.
III. Tener presente la reserva del caso federal efectuada, a tenor del art. 14 de la ley 48.
En la ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires, se reúnen en Acuerdo Ordinario los señores jueces de la Sala V del Tribunal de Casación Penal, integrada al efecto por la doctora María Florencia Budiño y el doctor Carlos Ángel Natiello para resolver en la presente causa N° 117825 caratulada “CARINCI, CESAR ISMAEL S/ RECURSO DE CASACIÓN”. Practicado el sorteo de ley, resultó en la votación que debía observarse el siguiente orden: BUDIÑO-NATIELLO.
La Sala II de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial Mercedes, con fecha 2 de mayo de 2022, confirmó la decisión del Juzgado de Ejecución n°2, en cuanto no hizo lugar al pedido de libertad condicional efectuado en favor de Cesar Ismael Carinci.
Contra esa decisión el Defensor Particular, Dr. Rodrigo Fernando Avendaño, interpuso el presente recurso de casación.
Radicado el presente recurso en esta Sala, fueron notificadas las partes.
Hallándose la causa en estado de dictar sentencia, este tribunal decidió plantear y votar las siguientes
Primera: ¿Es admisible el recurso de casación intentado?
Segunda: ¿Es procedente?
Tercera: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada la Señora Jueza, doctora Budiño, dijo:
I. El recurrente afirma que el presente recurso es procedente conforme a lo establecido por los artículos inciso uno: 450 y 454 del CPP (ley 11.922), habiéndose formulado en tiempo y forma la reserva de recurrir en Casación, prevista en el artículo 451 del ritual.
Asimismo, sostiene que la resolución atacada equivale, para esa defensa, a una sentencia definitiva ya que la misma al denegarle el beneficio de libertad condicional a su defendido, le ocasiona un perjuicio que podría resultar de imposible reparación posterior.
Postula la existencia de una cuestión de índole federal, que amerita el tránsito por los tribunales intermedios como una vía obligatoria para el posterior conocimiento del caso por la C.S.J.B.A; ello en cumplimiento a su vez de la doctrina establecida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en precedentes "Strada" (fallos 308.490), "Di Mascio" (fallos: 311:2478).
Sobre el fondo de la cuestión, plantea la inconstitucionalidad del art. 14 del CP y 56 bis de ley 24660 y con ello también art. 100, 3º párrafo de ley 12256, en cuanto se excluye de la posibilidad de incorporar a su pupilo, por los delitos contemplados en el art. 5 de la Ley 23.737, en el régimen de libertad condicional.
Considera que el sustento de la presente solicitud se basa en el agravamiento de las condiciones de encarcelamiento como consecuencia de denegar beneficios como el pretendido, toda vez que ante esta situación el prisionizado carece de todo otro beneficio que pueda solicitar en el futuro, cercenándose así la posibilidad de seducción o atractivo de ejercer un buen tratamiento penitenciario para el desviado.
De tal modo, destaca que las normas comentadas al quitar la equiparación inicial del régimen progresivo de la pena, violan –por arbitrarias- los principios de igualdad y de resocialización.
También manifiesta que se afecta el principio de readaptación social mínima porque quita de relevancia jurídica a los esfuerzos personales del condenado por resocializarse y avanzar en el tratamiento carcelario, ya que los arts. 14 2º parte del CP y 56 bis de ley 24660 presuponen iure et de jure que los condenados por ciertos delitos son incapaces de merecer y gozar de ciertos institutos, no brindando las normas posibilidad alguna de demostrar lo contrario.
A su vez, denuncia que las normas en cuestión vulneran el principio de culpabilidad por el acto y proporcionalidad de la pena (arts. 18 y 19, C.N.; 9 C.A.D.H. y 15 P.I.D.C.P.), en tanto proscriben la imposición de una pena que exceda la gravedad del injusto y la culpabilidad del autor en el hecho.
Cita jurisprudencia en apoyo de su postura.
Solicita se declare la inconstitucionalidad del Art. 14 CP y en consecuencia se case la resolución recurrida, ordenando la confección de los informes criminológicos por parte del SPB respecto de su asistido, a los fines de evaluar la concesión del instituto en base a su esfuerzo superador.
Hace reserva del caso federal.
II. El recurso en trato satisface los requisitos de tiempo y forma regulados, en lo pertinente, por los artículos 451 y ccdtes., CPP, a la vez que la recurrente se encuentra legitimada para impugnar.
Si bien el pronunciamiento de la alzada departamental resulta confirmatorio del dictado en la instancia de origen, abasteciéndose formalmente la garantía de la doble conformidad, en el caso de autos, entiendo que la admisibilidad de la vía intentada que justifica la apertura de la competencia de esta instancia para entender por la vía de excepción resulta de los planteos del recurrente que solicita la inconstitucionalidad del artículo 14 del Código Penal, cuestionando la interpretación efectuada por el a quo con afectación de los derechos a la libertad, de igualdad ante la ley, de reinserción social y el principio de progresividad (arts. 1,16, 18, 75 inc.22 CN; 7, 10.3 PIDCYP y 5.2, 5.6, 7.1 y 9 CADH).
De modo que, frente al tema de la impugnación y las particularidades del caso, corresponde declarar admisible el recurso de casación deducido (arts. 421, 448, 450, 451, 454, 464 y ccdtes.; CPP).
Voto por la afirmativa .
A la misma primera cuestión planteada el señor Juez doctor Natiello, dijo:
Adhiero al voto de la doctora Budiño, expidiéndome en igual sentido y por los mismos fundamentos.
Voto por la afirmativa.
A la segunda cuestión planteada la Señora Jueza, doctora Budiño, dijo:
I. De conformidad con lo desarrollado precedentemente, el motivo de agravio del recurrente se funda en que se resolvió no hacer lugar a la inclusión de Carinci en el beneficio de libertad condicional, en función del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización por el que fue condenado, teniendo en cuenta la prohibición del art. 14, inc. 10 del Código Penal; y consecuentemente, plantea la inconstitucionalidad de dicha norma.
II. Adelanto mi opinión con relación a que el recurso de casación planteado no puede prosperar.
En primer lugar, debo señalar que el impugnante sólo expresa el fundamento dogmático de la solución propiciada, pero en modo alguno evidencia que el caso las circunstancias particulares del caso habiliten la solución propiciada, todo lo cual evidencia la ineficacia del planteo al limitarse a comparaciones en abstracto y a citas jurisprudenciales, inhabilitando así el ingreso de un procedimiento de excepción.
Quizás no sobre agregar, a modo de resumen, que para dejar expedita la posibilidad jurisdiccional de no aplicar una ley por entenderla inconstitucional, es menester -precisamente- que se expliciten y demuestren las peculiaridades objetivas o subjetivas que el caso muestra para ser extrañado de la cobertura que la generalidad de la norma, por definición, atrapa.
Y esto es sólo el primer paso.
A partir de ello, corresponderá puntualizar, además, los motivos por los cuales ese desajuste entre la previsión general y el caso concreto terminan por evidenciar que un acontecimiento así encapsulado, ubica a la ley que lo está englobando en un enfrentamiento de incompatibilidad (contradicción) con una disposición constitucional, lo cual provocará entonces que, en la medida de dicha oposición, la norma inferior sea inaplicada por inconstitucional.
Es decir, habrá que exponer los datos que hacen que la previsión general de la ley se muestre distorsionada al bajar al caso concreto, el cual, aunque nominalmente no deje de pertenecer a aquello que genéricamente se pretendió regular, materialmente, en cambio, aparece desacomodado en la especie.
En tal sentido, debo señalar que no se logra explicar por qué motivo o de qué forma el cumplimiento de la pena de 4 años de prisión impuesta a Carinci -consecuencia del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización- desatendería a la meta resocializadora que, como aspiración, se asigna a la pena privativa de la libertad, el cual sólo se cristalizaría -a criterio del impugnante- en caso de hacerse lugar a una soltura anticipada por medio de la de libertad condicional.
Ello así pues no ha quedado demostrado en el caso traído a revisión, de qué modo se le niega al condenado la progresividad en el régimen y la resocialización, quien tiene oportunidad concreta y firme de reintegrarse a la sociedad, a partir del uso de otros institutos y herramientas como progresividad en el régimen de detención, acceso a trabajo y estudio, salidas a prueba y demás beneficios previstos en la ley de ejecución.
Fue por decisión del legislador que se estableció la existencia de dicha figura liberatoria, y está dentro de sus facultades reglamentar razonablemente cuándo y en qué casos procede y a qué condiciones habrá de someterse al liberado; así como prever los supuestos de su improcedencia siempre que el criterio de exclusión resulte atendible y justificado.
Que es doctrina de la Corte Federal que " el principio de igualdad no obsta a que el legislador contemple en forma distinta situaciones que considera diferentes, con tal de que la discriminación no sea arbitraria ni importe ilegítima persecución o indebido privilegio de personas o grupos de ellas aunque su fundamento sea opinable" (C.S.J.N. Fallos. 299:146; 300:1049 y 1087; 301:1185), siendo que nada de ello puede predicarse sobre el criterio de política criminal que restringe el ingreso de Cesar Ismael Carinci al instituto previsto en el art. 13 del código de fondo.
En tal sentido nuestro máximo Tribunal provincial se expidió sobre los planteos efectuados por la defensa al pronunciarse en las causas P.126.187 y P. 130.112: "(...)Cuando el legislador exige que la pena impuesta en esos casos se cumpla en su totalidad no selecciona ningún grupo de personas por su condición, sino por lo que han hecho. Además, como acertadamente lo señala el señor Subprocurador General, en principio, las penas que imponen los jueces dentro de las escalas legales son para ser cumplidas en la extensión que fija la sentencia. Que la ley, de modo general, haga una distinción entre delitos más y menos graves, y que estos últimos tengan reglas más severas, limitadas por supuesto al término de la condena dictada con todas las garantías en el juicio correspondiente, no establece una diferencia que viole el art. 16 de la Constitución nacional. Caso contrario debería también caer por inválido el diverso régimen -más severo- que tiene la pena de reclusión. Me remito a los numerosos precedentes en los que esta Suprema Corte ha rechazado la pretensión de tener por derogada la pena de reclusión, precisamente en razón del régimen diferente que ella conlleva (P. 108.840, sent. del 21/III/2012; P. 110.660, sent. del 6/XI/2013; P. 109.864, sent. del 13/XI/2013; P. 106.500, sent. del 8/VII/2014; P. 112.596, sent. del 16/VII/2014, P. 109.652, sent. del 8/IV/2015; entre otros".
Continúa diciendo la SCBA que, en cuanto al restante argumento de la defensa, acerca de la reinserción social del penado que "La liberación anticipada sujeta a una serie de condiciones es una de las formas que eventualmente pueden ser útiles para la finalidad de la resocialización, pero también puede frustrarla. No es el único medio, ni necesariamente el adecuado en todos los casos. En particular, cuando se está frente a quien ha cometido un delito muy grave, no es arbitrario que el legislador limite el rango de las herramientas disponibles para la finalidad de la resocialización...".
Por ello, con sujeción al caso en juzgamiento, no advierto que la aplicación de la disposición de los artículos denunciados resulte violatoria del principio de igualdad o afecte el principio de resocialización de la ejecución de la pena, sino que, antes bien, se trata de una elección razonable del legislador que busca fomentar una política penitenciaria y criminal específica, que, en estas condiciones, no puede ser invalidada.
Por todo lo expuesto, propicio el rechazo del motivo (arts. 16, 18, 28 y 75, inc. 12 CN; 13 y 14, CP, 448, 450, 451, 464, 530 y concs., CPP).
Así lo voto.
A la misma segunda cuestión planteada el señor Juez, doctor Natiello, dijo:
Adhiero al voto de la doctora Budiño, expidiéndome en igual sentido y por los mismos fundamentos.
Así lo voto.
A la tercera cuestión planteada la Señora Jueza, doctora Budiño, dijo:
Conforme quedara resuelta la primera cuestión, corresponde declarar admisible el recurso de casación traído por el Defensor Particular, Dr. Rodrigo Fernando Avendaño, contra el pronunciamiento dictado por la Sala II de la Cámara de Apelación y Garantías del Departamento Judicial Mercedes en cuanto confirmó la resolución del Juzgado de Ejecución Penal nro. 2 del mismo distrito judicial que denegó la libertad condicional Cesar Ismael Carinci y rechazar el recurso de casación por los fundamentos expuestos al tratar la segunda cuestión. Sin costas (arts. 16, 18, 28 y 75, inc. 12 CN; 13 y 14, CP; 448, 450, 451, 464, 530 y concs., CPP; 14 y 15 ley 48). Asimismo, tener presente la reserva del caso federal efectuada, a tenor del art. 14 de la ley 48.
Así lo voto.
A la misma tercera cuestión planteada el señor Juez, doctor Natiello, dijo:
Adhiero al voto de la doctora Budiño, expidiéndome en igual sentido y por los mismos fundamentos.
Así lo voto.
Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la siguiente:
Por lo expuesto en el Acuerdo que antecede, el Tribunal resuelve:
I. Declarar admisible el recurso de casación interpuesto por el Defensor Particular, Dr. Rodrigo Fernando Avendaño, contra el pronunciamiento dictado por la Sala II de la Cámara de Apelación y Garantías del Departamento Judicial Mercedes en cuanto confirmó la resolución del Juzgado de Ejecución Penal nro. 2 del mismo distrito judicial que denegó la libertad condicional Cesar Ismael Carinci.
II. Rechazar el recurso de casación por los fundamentos expuestos al tratar la segunda cuestión. Sin costas en esta instancia.
Rigen los artículos 16, 18, 28 y 75, inc. 12 CN; 13 y 14, CP, 448, 450, 451, 464, 530 y concs., CPP, 14 y 15 ley 48.
III. Tener presente la reserva del caso federal efectuada, a tenor del art. 14 de la ley 48.
Regístrese, notifíquese y devuélvase a la instancia de origen.
Firmas
Funcionario Firmante: 20/10/2022 09:22:55 - BUDIÑO María Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 20/10/2022 09:23:22 - NATIELLO Carlos Ángel ([email protected]) - JUEZ
Funcionario Firmante: 20/10/2022 09:54:42 - ESPADA Maria Andrea - SECRETARIO DEL TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS el 20/10/2022 09:57:39 hs. bajo el número RS-1204-2022 por ESPADA MARIA ANDREA.
Fin de la sentencia