Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, Sala I · Causa 119878
La Sala I del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, integrada por los señores jueces doctores Ricardo Maidana y Daniel Carral (art. 451 del Código Procesal Penal), con la presidencia del primero de los nombrados, de conformidad con lo establecido en la Ac. 3975/2020 de la SCBA, procede al dictado de sentencia en el marco de la Causa N° 119878 caratulada “L., C. A. S/ RECURSO DE CASACION (RPN)”, conforme al siguiente orden de votación: CARRAL - MAIDANA. .
I. El titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 1 del Departamento Judicial Quilmes, en la causa n° J2244/2021 correspondiente a la IPP N°: 13-00-010221-21/00 (Principal) y sus acumuladas J2245/2021 (IPP N°: 13-00-004354-21/00) y J2316/2021 (IPP N°:13-00-020826-20/00), dictó con fecha día 24 días del mes de noviembre de 2021, bajo el procedimiento de juicio abreviado, auto de responsabilidad (artículo 56 de la Ley 13.634), declarando al joven C. A. L., coautor responsable de los delitos de “Robo calificado por el uso de arma de fuego apta para su disparo” (art. 166 inc. 2, segundo párrafo del C. P.), respecto de los sucesos producidos en el partido de Quilmes, el día 26 de abril de 2021, en perjuicio de Oscar Víctor Escobar (Hecho I, Causa J2244/2021- IPP N°: 13-00-010221-21/00); “Robo agravado por su comisión en poblado y en banda en concurso ideal con robo agravado por su comisión con arma cuya aptitud para el disparo no pudo tenerse por acreditada” (arts. 166 inc. 2 tercer párrafo y 167 inc. segundo del C. P.), por el hecho acaecido el día 18 de febrero de 2021, en detrimento de Iara Solís y Ramiro Melgarejo (Hecho II, Causa J2245/2021-IPP N°: 13-00-004354-21/00) y “Robo calificado por su comisión con arma cuya aptitud para el disparo no pudo tenerse por acreditada” (art. 166 inc. 2 tercer párrafo del C. P.), respecto del hecho acaecido el día 26 de septiembre de 2020 en detrimento de Nadia Rivas, (Hecho III, Causa J 2316/2021 -IPP N° 13-00-20826-20/00); manteniendo al joven privado de su libertad ambulatoria bajo arresto domiciliario. La pena acordada por las partes fue de seis (6) años y ocho (8) meses de prisión, difiriendo la valoración de la aplicación o no de sanción penal hasta el cumplimiento de los extremos establecidos en el artículo 4 de la Ley 22.278; manteniendo en tal oportunidad al joven privado de su libertad, en la modalidad de arresto domiciliario.
Atento encontrarse cumplidos los requisitos del artículo 4 Ley 22.278, con fecha 11 de julio de 2022, se realizó la audiencia de cesura a fin de oír a las partes antes de dictar sentencia definitiva, momento en el cual -y en lo que aquí interesa destacar- la Defensa solicitó rechazar las pretensiones formuladas por la Fiscalía en relación a la necesidad de imposición de pena y su modalidad de cumplimiento con carácter efectivo, debiendo a su criterio absolver de pena al joven L., y solicitando subsidiariamente la reducción prevista por el artículo 4 de la Ley 22.278 y lo establecido en el “Fallo Maldonado”, cumplimentando la pena que hipotéticamente le fuera impuesta, en su actual situación de arresto domiciliario.
Con fecha 14 de julio de 2022, el titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 1 del Departamento Judicial de Quilmes, dictó pronunciamiento definitivo (conf. Arts. 4 de la Ley 22.278 y 58 de la Ley 13.634), condenando a C. A. L.a la pena de tres (3) años y seis (6) meses de prisión bajo la modalidad morigerada de arresto domiciliario, sin costas del proceso, como coautor de los delitos de: a) “Robo calificado por el uso de arma de fuego apta para su disparo” (art. 166 inc. 2, segundo párrafo del C. P.); respecto de los sucesos producidos en el partido de Quilmes, el día 26 de abril de 2021, en perjuicio de Oscar Víctor Escobar (Hecho I, Causa J2244/2021- IPP N°: 13-00-010221-21/00); b) “Robo agravado por su comisión en poblado y en banda en concurso ideal con robo agravado por su comisión con arma cuya aptitud para el disparo no pudo tenerse por acreditada” (arts. 166 inc. 2 tercer párrafo y 167 inc. 2 del C. P.), por el hecho acaecido el día 18 de febrero de 2021, en detrimento de Iara Solís y Ramiro Melgarejo (Hecho II, Causa J2245/2021-IPP N°: 13-00-004354-21/00) y c) “Robo calificado por su comisión con arma cuya aptitud para el disparo no pudo tenerse por acreditada” (art. 166 inciso 2 tercer párrafo del C. P.), respecto del hecho acaecido el día 26 de septiembre de 2020 en detrimento de Nadia Rivas, (Hecho III, Causa J 2316/2021 -IPP N° 13-00-20826-20/00).
II. Contra dicha sentencia deduce recurso de casación la Defensa Oficial del Fuero especializado, denunciando, en lo fundamental, que la sentencia resulta arbitraria, en tanto carece de razonabilidad y proporcionalidad, dado que los informes realizados con motivo del tratamiento tutelar llevado a cabo por el joven L.conducían a la innecesariedad de la imposición de pena en el caso concreto, en tanto el joven mostró un avance significativo, adaptándose a las pautas fijadas en el marco del arresto domiciliario, junto con la ocupación del tiempo en actividades que lo ayudaron a reinsertarse socialmente.
En ese marco, la Defensa ensaya una argumentación en la línea de la “psicología del crecimiento” que pretendería abonar a una explicación relacionada a los mecanismos de negación que le permitirían a C. “ aminorar las consecuencias negativas generadas por eventos demasiado intensos ”, de modo de poder continuar funcionando normalmente, lo cual explicaría la expresión espontánea del joven, que ha sido valorada en exceso por la jurisdicción, en post de adoptar un criterio represivo a su respecto y el resultado del mismo es: el apartamiento de los principios rectores del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil y la imposición de la pena, bajo parámetros netamente retributivos.
Solicita, en consecuencia, se case la sentencia y se absuelva de pena al joven por los hechos acusados.
Hizo reserva del caso federal.
III. Notificadas las partes, la representante del Ministerio Fiscal ante este Tribunal de Casación propició el rechazo del recurso interpuesto, en tanto consideró que el magistrado de grado explicó los motivos que en el caso justificaron la imposición de pena al joven L.y la modalidad escogida para su cumplimiento se adecua a los estándares internacionales en materia juvenil, dando con ello cuenta del reconocimiento a la progresividad en su responsabilización llevada adelante por L.. Por su parte, la Defensa Oficial ante este Tribunal de Casación acompañó la pretensión de del Sr. Defensor de la instancia originaria y solicita se haga lugar al recurso de casación interpuesto.
Habiendo ejercido el joven C. A. L.su derecho a ser oído ante este Tribunal de Casación, de conformidad con lo establecido por los arts. 12 de la Convención de los Derechos del Niño, 3 y 60 Ley 13.634, en la audiencia llevada a cabo el 17 de noviembre del corriente año y puestos los autos en condiciones de resolver, el Tribunal decide plantear y votar las siguientes
Primera: ¿Es procedente el recurso de casación deducido?
Segunda: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión el señor juez doctor Carral dijo:
I. Liminarmente debe destacarse que los planteos de la parte que abren la jurisdicción de este Tribunal de Casación provincial, no ponen en crisis la materialidad infraccionaria ni la coautoría del joven C. A. L., todo lo cual arriba firme a estos estrados (arts. 111 y 434 C.P.P.).
Afirmado lo que antecede, advierto que el agravio denunciado por la Defensa Oficial del joven se centra, en concreto, sobre la necesidad de aplicar una sanción punitiva a C., lo que entiende que el sentenciante ha erróneamente ordenado en contradicción a la norma del art. 4 de la Ley 22.278, lo cual tornaría arbitraria la resolución cuestionada.
II. Adelanto que el recurso, no ha de prosperar.
Como ha explicado nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación en los precedentes “ Maldonado, Daniel E. y otro ” ( Fallos 328:4343, consid. 22°) y “ Marteau, Alejandro A .” ( Fallos 332:512, consid. 7°), “ la ‘necesidad de la pena’ a que hace referencia el régimen de la ley 22.278 en modo alguno puede ser equiparado a ‘gravedad del hecho’ o a ‘peligrosidad’… Antes bien, la razón por la que el legislador concede al juez una facultad tan amplia al momento de sentenciar a quien cometió un hecho cuando aún era menor de 18 años se relaciona con el mandato de asegurar que estas penas, preponderantemente, atiendan a fines de resocialización, o para decirlo con las palabras de la Convención Internacional de Derechos del Niño, a ‘la importancia de promover la reintegración social del niño y de que éste asuma una función constructiva en la sociedad’ (art. 40, inc. 1°) ”.
La decisión acampa en elementos objetivos y concretos sobre los cuales se soporta la necesidad de imponer una sanción punitiva, medidas socioeducativas transitadas por el joven y los correspondientes informes técnicos se encuentran detalladamente reseñados. Entonces, y a pesar de lo señalado por la casacionista, no resulta posible sostener que el decisorio del a quo al resolver la “necesidad de la pena” resulte infundado y, consecuentemente, sea arbitrario.
Ello así por cuanto, el análisis debe transitar no sólo por la verificación que en concreto el joven incusado merece ser sancionado penalmente, sino por la determinación de la pena más adecuada a su interés superior (art. 3 C.I.D.N.) y, es justamente aquí, dónde se puede advertir el argumento nodal de la sentencia cuestionada.
Tal como expresara en la causa n° 82.006, “ Acosta, Agustín N. ”, del registro de esta Sala casatoria, “ la prisión, como medida cautelar o como pena, es excepcional en el régimen imperante en el sistema de responsabilidad penal juvenil. El art. 37.b) de la Convención sobre los Derechos del Niño (arts. 31 y 75 inc. 22° C.N.), establece que ‘la detención, el encarcelamiento o la prisión de un niño se llevará a cabo de conformidad con la ley y se utilizará tan sólo como medida de último recurso y durante el período más breve que proceda’. De igual modo, el art. 36 inc. 4° de la ley 13.634 reconoce el derecho del joven a ‘que la privación de la libertad sea sólo una medida de último recurso y que sea aplicada por el período más breve posible…’, tal como lo hace la regla 19.1 de las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de Menores –Reglas de Beijing-, aplicable en virtud del art. 10 de la ley 13.298 de Promoción y Protección Integral de los Derechos de los Niños y lo recomendado por el Comité de los Derechos del Niño en su Observación General N° 10 (2007), ‘Los derechos del niño en la justicia de menores’, párr. 28 ”.
“ Cuando se decide privar de la libertad a un joven en el marco de un proceso penal que se sustanció en su contra, deberán agotarse previamente todas las medidas que permitan arribar al cumplimiento de las finalidades precautorias o de reintegración social que se pretenden (art. 40.1 y 4 C.D.N.) sin necesidad de su encarcelamiento. En casos excepcionales y sólo cuando resulte imposible el empleo de una medida alternativa al internamiento en una institución de encierro, como último recurso, puede el Magistrado del fuero especializado disponer este tipo de medidas restrictivas por el tiempo más breve posible (art. 37.b) C.D.N.; reglas 13 y 17 Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de Menores), como ya se ha puesto de resalto ”.
Por su parte, el Comité de Derechos del Niño, erigido en “intérprete” de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño por nuestro Máximo Tribunal in re “Maldonado”, en su Observación General N° 24 (2019) ‘Relativa a los derechos del niño en el sistema de justicia juvenil ’ ha señalado, en lo que aquí se viene sosteniendo, qu e “…El sistema de justicia juvenil debe ofrecer amplias oportunidades para aplicar medidas sociales y educativas y limitar estrictamente el uso de la privación de libertad, desde el momento de la detención, a lo largo de todo el procedimiento y en la sentencia. Los Estados partes deben tener un servicio de libertad vigilada o un organismo similar con personal competente que garantice recurrir, en la mayor medida y con la mayor eficacia posibles, a medidas como las órdenes de orientación y supervisión, la libertad vigilada, el seguimiento comunitario o los centros de presentación diaria obligatoria y la posibilidad de una puesta en libertad anticipada…” (párr. 19) y ha puesto en relieve que “…la respuesta que se dé al delito debe ser siempre proporcionada no solo a las circunstancias y la gravedad de este, sino también a las circunstancias personales (la edad, la menor culpabilidad, las circunstancias y necesidades del niño, incluidas, si procede, las necesidades relativas a su salud mental), así como a las diversas necesidades de la sociedad, especialmente a largo plazo. La aplicación de un método estrictamente punitivo no se ajusta a los principios básicos de la justicia juvenil enunciados en el artículo 40, párrafo 1, de la Convención. Cuando un niño cometa un delito grave, se podrá considerar la aplicación de medidas proporcionales a las circunstancias del infractor y a la gravedad del hecho, y se tomará en consideración la necesidad de seguridad pública y de sanciones. Se debe tener en cuenta el interés superior del niño como consideración primordial, así como la necesidad de promover su reintegración en la sociedad” (párr. 76).
Asimismo, en lo que aquí interesa destacar, en tanto y en cuanto la sentencia puesta en crisis si bien plantea la necesidad de imposición de pena, también sostiene -en concordancia con las normativas nacionales e internacionales en materia de infancia- que la pena impuesta ha de serlo bajo la modalidad de arresto domiciliario, en tanto el joven ha podido llevar adelante el mismo de modo responsable, el Comité ha destacado que: “ En aplicación del principio de que la privación de libertad debe imponerse por el período de tiempo más breve que proceda, los Estados partes deben ofrecer periódicamente oportunidades para permitir la puesta en libertad anticipada, también respecto de la custodia policial, bajo el cuidado de los padres u otros adultos apropiados. Debe existir un criterio para la puesta en libertad con o sin condiciones, tales como presentarse ante una persona o en un lugar autorizado… ” (Obs. Gral. N° 24 (2019), párr. 88 -el resaltado es propio-).
Se evidencia, entonces, que tal ha sido el temperamento adoptado por el sentenciante. No ha sido, como alega la casacionista, una decisión merituada en términos retributivos, ni una decisión en la que la necesidad de imposición de pena se ampare con basamento en la gravedad de los hechos acusados, la extensión del daño causado y/o el parecer de las respectivas víctimas, sino que ha fundado su decisión justamente en el interés superior del niño, esto es, en resultar la misma, la mejor decisión en aras a la progresividad que se venía advirtiendo en el joven, progresividad que requería aun algún apuntalamiento para su efectivo impacto en C. por parte de los operadores del sistema, en el caso, bajo el contralor del Centro de Referencia Territorial (C.R.T.), que venía trabajando con el joven.
Efectivamente, ha tenido presente y así se desprende de su sentencia, en modo detallado las distintas intervenciones realizadas, dando cuenta de cada una de ellas y sus avances. Y si bien es cierto, como alega la Defensa, que particularmente del informe realizado por el C.R.T. de fecha 6 de abril de 2022 surge que “…el joven ha sostenido de manera responsable la medida de arresto domiciliario, por lo que no creemos necesario que dichas medidas restrictivas se prolonguen, dentro o fuera del ámbito de su domicilio. Gradual responsabilización por parte del joven. Creemos que ya no se torna necesaria la tutela del joven a manos del Sistema Penal, aunque sí la insistencia en que el joven continúe sus estudios secundarios y eventual salida laboral ”, como también se advierte del informe de fecha 18 de abril del año en curso que el joven acude con “ entusiasmo ” a la Escuela N° 13 de Quilmes, con un desempeño, conforme él señala, ejemplar; también lo es que en este proceso de avances progresivos, aun se desprende la necesidad del joven en este apuntalamiento que viene llevando a cabo su progenitora, en un rol muy fuerte, como así también los operadores del C.R.T..
Señala el magistrado que “ C. aún mantiene un escaso capital simbólico, teniendo dificultades para responsabilizarse por sus acciones, lo que dificulta el abordaje profundo de aquellas motivaciones que lo han llevado a involucrarse en los hechos por los cuales fuera responsabilizado, entendiendo que su aparente arrepentimiento, se sitúa en el plano personal de las consecuencias para su vida del encierro, no pudiendo empatizar aún con las víctimas ” y ello se encuentra en consonancia con la pericia psicológica realizada el 13 de septiembre de 2022, en la cual el Lic. Llaneza Alfredo Horacio destaca que “…De su producción gráfica (técnicas proyectivas) surgen como relevantes indicadores de sensación de vacío, rasgos depresivos y amenaza del entorno si bien con posibilidades de defenderse. También de apego a lo concreto y de defensa ante la figura materna. El mecanismo defensivo puesto en juego es el aislamiento…”, para concluir el psicólogo que, si bien con relación al informe del año 2021 se lo observa más permeable a aceptar sugerencias, resultaría de ayuda que comenzara un tratamiento psicológico cuanto antes.
En ese sentido, el apego o desapego del joven a las pautas impuestas, la existencia o inexistencia de proyectos, su posicionamiento subjetivo frente a la infracción a la norma penal y -en general- los aspectos positivos o negativos informados, serán datos que permitirán efectuar una razonable prognosis sobre la posibilidad cierta de cumplir los fines propuestos y calibrar la medida de la sanción impuesta.
Así, los resultados de la intervención judicial no solo permiten objetivar el juicio sobre la necesidad de la sanción, sino sobre su extensión, pues la imposición de una pena implica también la continuidad del abordaje que todavía se considera necesario para lograr la reintegración del joven en la sociedad.
Desde esa perspectiva, los datos que arroje el abordaje interdisciplinario del joven será la información más fiable para conocer su progreso, es decir, si las herramientas puestas a su disposición fueron efectivamente aprovechadas y se encaminan al cumplimiento de los fines del fuero.
Que en ese marco, encuentro que la necesidad de la pena en el caso de marras ha sido debidamente motivada y fundada, máxime cuando la decisión ha tenido presente mantener la modalidad de arresto domiciliario en su ejecución, atento que el mismo ha podido ser llevado adelante por el joven de modo responsable y dando cuenta de avances positivos, que si bien aún le quedan por transitar estadios que coadyuven a lograr en C. impacten los objetivos centrales del Fuero Juvenil, esto es que pueda asumir con total plenitud “…una actitud constructiva y responsable ante la sociedad, adquiriendo respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales de todas las personas” (art. 33 Ley 13.634), garantizando a tal fin su formación plena, la reintegración en su familia y en la comunidad, tal modalidad de cumplimiento ha sido en el marco de su contralor permanente la que lo ha posibilitado.
Es dable destacar que el interés superior del niño o niña en conflicto con la ley penal (art. 3 C.D.N.), debe ser definido en forma individual “ con arreglo a la situación concreta del niño o los niños afectados y teniendo en cuenta el contexto, la situación y las necesidades personales ” específicas en cada caso (Comité de los Derechos del Niño, Observación General N° 14 (2013), “ Sobre el derecho del niño a que su interés superior sea una consideración primordial (artículo 3, párrafo 1) ”, párr. 32).
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.