Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, Sala III · Causa 112708
La Sala III del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, integrada por los señores jueces doctores Daniel Carral y Fernando Luis María Mancini (art. 451 del Código Procesal Penal), con la presidencia del primero de los nombrados, de conformidad con lo establecido en la Ac. 3975/2020 de la SCBA, procede al dictado de sentencia en el marco de la Causa N° 112708 caratulada “MALLOL PABLO LEONARDO S/ RECURSO DE CASACION”, conforme al siguiente orden de votación: CARRAL – MANCINI.
I. En lo que aquí interesa destacar, el Tribunal Criminal n° 5 de Quilmes, mediante el pronunciamiento dictado el 23 de septiembre de 2019, condenó a Pablo Leonardo Mallol a la pena de quince (15) años de prisión, por resultar autor del delito de homicidio agravado por la intervención de una persona menor de edad (arts. 41 quater, 45 y 79, Cód. Penal).
II. La defensa de Pablo Leonardo Mallo interpuso recurso de casación.
En primer término se agravió por dos decisiones que adoptó el tribunal durante el debate, contra las cuales formuló protesta de recurrir ante esta instancia (art. 429, CPP.).
Explicó la letrada que el día del inicio del juicio, al ingresar a la sala de audiencias, observó que había colgada una bandera de gran tamaño (en la que se veía una imagen de una de las víctimas del suceso), la cual se encontraba “ extendida frente a los tres jueces ”, y a la vez “ a la vista de todos y cada uno de los testigos que ingresaba a declarar ”.
Acompañó a su presentación recursiva una fotografía (en blanco y negro) de la bandera y del lugar en el que fue colgada.
Ante ello, como cuestión preliminar, la letrada solicitó el retiro de la bandera “ a los fines de garantizar a mi defendido un debido proceso ”.
Expresó la defensa que su petición fue contestada por la magistrada que ejercía la presidencia del tribunal, quien le expresó que la bandera “... le permitía a ella tener presente el rostro de la víctima …”, resolviendo el órgano jurisdiccional por unanimidad rechazar la petición de la defensa.
Ante esa decisión formuló protesta de recurrir ante esta instancia, expresando en la presentación recursiva en trato, que se ha “ violado una garantía constituciona l”, razón por la cual hizo reserva de caso federal.
Por otro lado, la defensa relató la incidencia ocurrida durante la declaración testifical de Martín Paredes. Explicó que la fiscalía le solicitó al testigo que diga si los dos imputados “ eran los que efectivamente habían participado de la pelea en la cual había fallecido Gómez ”, pregunta a la que se opuso la letrada defensora, por entender que “ los reconocimientos en la Sala de Juicio no están permitidos ”, invocando la norma establecida en el art. 362 del ordenamiento adjetivo.
El tribunal no aceptó la oposición de la defensa, señalando que el reconocimiento que había realizado el testigo se tomaría “ como parte de su testimonio ”.
Alegó la defensa que la afirmación del tribunal no es cierta, “ porque el testigo no había hecho un señalamiento espontáneo sino que señaló a los dos imputados por pedido expreso de la Fiscalía ”.
Seguidamente, la impugnante desarrolló tres motivos por los que se agravió del veredicto y de la sentencia condenatoria dictada respecto de su asistido.
En el primero de ellos planteó la inobservancia de las reglas contempladas en los arts. 210 y 373 del ordenamiento adjetivo.
En esa dirección, detalló el contenido de las declaraciones de tres de los testigos que declararon en el juicio (integrantes del grupo de jóvenes entre quienes se encontraba la víctima fallecida), a partir de lo cual la letrado afirmó que lo expuesto “ por los propios amigos de Gómez permite saber que todo comenzó por lo que Gómez le dijo a una de las chicas del otro grupo. También esos amigos coinciden en que Avalos se sacó la remera incitando la pelea ”.
Por tal motivo, consideró errada la conclusión probatoria a la que arribó el tribunal, en cuanto entendió demostrado que “ un grupo de jóvenes acomete contra Lucas Agustín Gómez y sus amigos ”, cuando la prueba antes mencionada indica (desde su punto de vista) que quienes incitaron a la pelea fueron Lucas Agustín Gómez y Abel Avalos.
Luego, la defensa continuó con el detalle de la prueba testifical rendida en el juicio, y una vez concluida esa descripción, criticó la actuación que le cupo a la fiscalía durante el juicio, por haber convocado a testificar al oficial de policía Rubén Darío Banegas.
En ese orden de ideas, expuso que a raíz de que los testigos “ mencionaban a los que participaban en la pelea por sus vestimentas sin saber la identidad de cada uno de ellos ”, la fiscalía convocó al oficial Banegas para que “ tres años después, afirmara cómo estaban vestidos el día del hecho cada uno de los hoy imputados ”.
Por esas razones, concluyó en que la declaración del oficial Banegas “ jamás puede ser considerado un testimonio apto ”, agregando que ese elemento fue el que valoró el tribunal para tener por demostrado que el acusado era el sujeto que vestía “campera roja”, apartándose de las reglas de valoración probatoria contemplada en los arts. 210 y 373 del ritual.
En segundo lugar, la defensa denunció la inobservancia del art. 95 del Código Penal.
En este punto, planteó que la prueba rendida en el juicio no fue suficiente para poder establecer quién le aplicó a Lucas Agustín Gómez el puntazo con el cuchillo que le provocó la muerte.
Destacó el testimonio de uno de los testigos presenciales del hecho, Martín Paredes (integrante del grupo entre quienes se encontraban las víctimas), en tanto el nombrado expresó que fueron dos sujetos los que lesionaron a Lucas Agustín Gómez con un arma blanca, “ el de campera blanca ” (Sergio Daniel Giménez Sosa) y “ el de campera roja ” (Pablo Leonardo Mallol).
En ese orden de ideas, hizo hincapié en el testimonio de la médica que realizó la autopsia, doctora Cecilia Botella, quien expresó que si bien la víctima presentaba muchas heridas, una sola fue la que le provocó la muerte.
Por tales motivos, concluyó el impugnante que no se demostró “ cuál de los dos, si Jimenez o Mallol, fue el que con su accionar causó la herida que llevó a Gómez a la muerte ”.
De allí que planteó que en el caso se encuentran reunidos los presupuestos de la figura contemplada en el art. 95 del código sustantivo (homicidio en riña), solicitando en consecuencia la modificación del encuadre legal establecido en la sentencia (homicidio simple, art. 79, Cód. Penal).
En tercer lugar, la defensa consideró que la agravante contemplada en el art. 41 quater del Código Penal fue erróneamente aplicada, por tres motivos.
Por un lado, sostuvo que no fue debidamente acreditada la edad de la persona señalada como menor, en tanto no se contó con la partida o certificado de nacimiento, invocando el art. 79 del Código Civil
Por otro lado, señaló que la aplicación de la agravante exige la demostración del conocimiento por parte del mayor de la edad de la persona menor de edad “interviniente” en el hecho, y ese requisito tampoco estaría cumplido en este caso.
Por último, planteó que para la procedencia de la agravante debía demostrarse que el acusado, Pablo Leonardo Mallol, actuó “ con la finalidad de descargar su responsabilidad en un menor ”, citando jurisprudencia en apoyo de su posición, y esgrimiendo que este extremo tampoco se demostró.
En función de todo lo expuesto, solicitó que se absuelva a su asistido, y en subsidio, que se modifique el encuadre legal establecido en la sentencia.
III. Radicado el recurso en la Sala, se notificó a las partes (fs. 42/vta.).
El señor fiscal ante esta instancia postuló el rechazo del recurso deducido por la defensa, por las razones que desarrolló en la presentación electrónica del 19 de octubre de 2021.
El Tribunal se encuentra en condiciones de resolver, por lo que se plantean y votan las siguientes
Primera: ¿Es procedente el recurso interpuesto?
Segunda: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión el señor juez doctor Carral expresó :
I. En primer término, corresponde abordar el agravio desarrollado por la defensa en el inicio de su presentación recursiva, vinculado con la incidencia ocurrida en la apertura del debate, oportunidad en la cual la defensa solicitó el retiro de una bandera que había sido colocada en la sala de audiencias (con la imagen de una de las víctimas, Agustín Gómez), petición a la que el Tribunal de la instancia, por unanimidad, no hizo lugar.
En este punto, interesa destacar por un lado, que en la presentación recursiva en trato la letrada defensora le adjudica a la presidenta del tribunal una respuesta que no consta en el acta de debate, y ante la ausencia de un registro audiovisual del juicio, el análisis del planteo debe realizarse en función de las constancias que surgen del acta aludida.
De allí se desprende que los colegas de la instancia no encontraron motivo alguno para presumir, que los testigos que comparecieran al juicio pudieran verse afectados por la existencia en la sala de una bandera con la imagen de una de las víctimas.
También interesa destacar, que si bien la parte recurrente aportó una fotografía del lugar de la sala de audiencias donde se colgó la bandera, las características de la imagen acompañada (en blanco y negro) sólo permiten un conocimiento parcial de la situación en la que la impugnante apoya su reclamo.
A ello se le suma que este Tribunal sólo cuenta con las constancias del acta del debate (como se dijera, no hay registro audiovisual del juicio), documento que por sus propias características no contiene información que permita superar las dificultades de apreciación de una situación como la denunciada, para quienes no estuvieron presentes durante el desarrollo de la audiencia.
En ese contexto, no puede pasarse por alto la escasez de argumentos desarrollados por la defensa para avalar la procedencia de su reclamo.
En efecto, del recurso en trato sólo surge una descripción de la incidencia planteada al inicio del juicio, sin ningún otro agregado que permita conocer a este Tribunal revisor, de qué manera la decisión cuestionada importó la afectación de la garantía constitucional del debido proceso.
Tal deficiencia resulta decisiva a la hora de concluir en la improcedencia del planteo, en tanto la sola invocación de una situación como la denunciada (la colocación de una bandera en la sala de audiencias) no resulta demostrativa de un vicio que conlleve la descalificación de la decisión adoptada por el órgano jurisdiccional.
II. Seguidamente, se abordarán el agravio planteado por la defensa, mediante el cual cuestionó la conclusión probatoria a la que arribó el órgano juzgador, por entender que el razonamiento esbozado en el veredicto resultó arbitrario.
En esa dirección, interesa destacar que el tribunal de la instancia, luego de celebrado el debate, tuvo por comprobada la siguiente materialidad infraccionaria: “ el día 25 de abril de 2016 siendo las 6.30 hs aproximadamente, Lucas Agustín Gómez se encontraba junto a Abel Avalos y otros dos sujetos masculinos en la estación de servicio Shell, sita en la intersección de las calles Cravioto y Calchaquí de Quilmes Oeste, cuando acometen contra ellos un grupo de jóvenes luego identificados como Carlos Catriel Mallol, Pablo Leonardo Mallol, Sergio Daniel Gimenez, Daiana Gimenez, Mariel Gimenez y A. B. L. (menor de edad). El masculino que vestía campera blanca (identificado como Sergio Gimenez) asestó una puñalada en el sector izquierdo de la espalda de Abel Avalos con claras intenciones de darle muerte para luego entre todos los sindicados comenzar a golpear violentamente a Lucas Agustín Gómez efectuándole fuertes patadas en la cabeza mientras el mismo se encontraba en el piso, momento en que Sergio Giménez prestó una colaboración esencial al entregarle el cuchillo a quien llevaba una campera roja (más tarde identificado como Pablo Leonardo Mallol) quien con el evidente propósito de ocasionarle la muerte le aplicó un puntazo en el pecho a Gómez provocando el deceso de éste, siendo aprehendidos los sujetos a pocos metros del lugar del hecho, encontrándose en poder de Pablo Leonardo Mallol un cortaplumas con empuñadura negra con hoja de 12 cm de largo por 2 cm de ancho y una hoja de acero inoxidable la que tenía manchas hemáticas ”.
III. El tribunal de la instancia tuvo por comprobada la materialidad infraccionaria descripta, y la intervención que se le adjudicó a Pablo Leonardo Mallol, luego de ponderar la prueba rendida en el juicio, que estuvo integrada por los siguientes elementos.
En primer lugar, los testimonios de Abel Avalos, Oscar Hugo Castillo y Martín Paredes. Los tres nombrados se encontraban junto a Lucas Agustín Gómez en el momento en el que se produjo la discusión con el grupo que integraba el acusado Mallol junto a Sergio Daniel Giménez Sosa (condenado en el mismo pronunciamiento), Carlos Catriel Mallol, y tres personas del sexo femenino, entre ellas A. B. L. (menor de edad).
Los testigos mencionados en el párrafo anterior describieron el inicio de la discusión que enfrentó a los dos grupos de jóvenes, y explicaron quiénes intervinieron en la gresca, individualizando a sus contrincantes por las prendas de vestir. De sus declaraciones resulta razonable inferir que Abel Avalos se enfrentó a Sergio Daniel Giménez (quien vestía una campera blanca), Lucas Agustín Gómez se enfrentó a Pablo Leonardo MallolI (quien vestía una campera rayada, en la que se destacaba el color rojo), mientras que Oscar Hugo Castillo se enfrentó a Carlos Catriel Mallol (quien vestía una campera camuflada); permaneciendo Martín Paredes en estado de shock, sin intervenir en la gresca.
Testificaron en el juicio otras personas que, por diversas razones, se encontraban en la estación de servicio donde se produjeron los acontecimientos, o en las cercanías de ese establecimiento, tratándose de Federico Ariel Carrizo (quien cargaba combustible en la estación de servicio), Julio Alberto Galeano y Gustavo Ariel Galeano (quienes trabajaban en un puesto de diario ubicado enfrente de dicho establecimiento), y Gustavo Nicolás Galeano (empleado de la estación de servicio).
También declaró en la audiencia Jonatan Lodolo, quien prestaba servicios de policía adicional en la estación de servicio. El nombrado observó la gresca e intervino para separar a los jóvenes (utilizando gas pimienta), luego de lo cual fue informado que había una persona que había resultado herida con un arma blanca.
Por último, fue valorado el testimonio de Rubén Darío Banegas, jefe de judiciales de la seccional con jurisdicción en el lugar, quien describió la vestimenta que tenían los dos jóvenes aprehendidos, “ Gimenez con campera blanca con vivos celestes con manchas hemáticas y pantalón de jean. Mallol Pablo con campera bordó rayada y pantalón jean, ambas camperas con manchas hemáticas las que fueron secuestradas ”. Reconoció el testigo su firma en el acta de fs. 83.
Por otro lado, el tribunal tuvo en consideración distintas evidencias incorporadas por lectura al debaten.
Entre ellas, cabe destacar el informe de autopsia, cuyas conclusiones fueron las siguientes: “(…) Las lesiones sufridas ocasionaron una importante pérdida de sangre derivando en un shock hipovolémico y consiguiente paro cardiorrespiratorio. Cabe destacar que la herida cardíaca era de carácter mortal por sí misma con muy pocas chances de sobrevida, aun recibiendo tratamiento en tiempo y forma ”.
En igual sentido, el contenido de distintas filmaciones obtenidas por cámaras ubicadas en las cercanías del lugar de los hechos, en las que se observaron las diferentes secuencias del enfrentamiento entre los dos grupos de jóvenes, más allá de que no se detectaron imágenes del momento concreto en el que la víctima recibió el puntazo con el arma blanca que le provocó la muerte.
También fue valorada la información que surgió de los peritajes químicos que se llevaron a cabo, con el objeto de cotejar las muestras de ADN de los involucrados en el hecho, con las manchas hemáticas que se detectaron en la navaja secuestrada, en la remisería donde se produjo la aprehensión de los acusados, y en las prendas de vestir, entre ellas “ una campera color blanca marca Lotto con vivos negros (rotulada Sergio Daniel Giménez), una campera de algodón con rayas horizontales bordó, gris y negro (rotulada Pablo Mallol) …”.
En lo que aquí interesa destacar, el resultado de los cotejos fue el siguiente: “ En la muestra identificada como Buzo M26 (mismo buzo según fs. 313vta.), perteneciente a Mallol, el perfil genético masculino hallado coincide con el perfil genético masculino hallado en la gasa navaja M1, Buzo M19, M21, M24 (Mallol), y el otro perfil de la mezcla coincide con el 50% del perfil genético analizada en la muestra sanguínea perteneciente a la madre alegada de la víctima de autos, con un índice de maternidad de 99,9& de la muestra tomada del buzo M26 ”.
El testimonio de Juan Carlos Barbozo fue incorporado por lectura, del que surge que se encontraba cargando nafta en la estación de servicio, junto a su amigo Federico Carrizo, en el momento en el que se produjo la gresca. Explicó que fue a buscar al policía que se encontraba en la estación, y en su automóvil trasladó al oficial hasta una remisería cercana donde se produjo la aprehensión de los agresores.
Por último, cabe destacar que los colegas de la instancia tuvieron en consideración las fotografías obrantes a fs. 158/159 de la causa principal (incorporadas por acuerdo de partes), en las que se podían apreciar las vestimentas que tenían el día del hecho los dos individuos aprehendidos. En la primera imagen mencionada, se advirtió que Pablo Mallol “vestía buzo a rayas horizontales de color verdes, rojas y negras y pantalón de jean, el que a simple vista presentaba manchas rojizas ”.
IV. Ahora bien, con base en la prueba que fue sucintamente descripta en el apartado anterior, el tribunal tuvo por comprobada la materialidad infraccionaria sostenida por la acusación.
En esa dirección, fue destacado el testimonio de Martín Paredes, quien al no haber intervenido en la pelea (permaneciendo paralizado por el estado de shock en el que se encontraba), reveló cuáles fueron las circunstancias en las que uno de sus amigos resultó herido (Abel Avalos) y otro fallecido (Lucas Agustín Gómez).
Así, contó lo siguiente: “ Abel (Avalos) pelea con el de
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