Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, Sala I · Causa 100635
La Sala I del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, integrada por los señores jueces doctores Daniel Carral y Ricardo Maidana (art. 451 del Código Procesal Penal), con la presidencia del primero de los nombrados, de conformidad con lo establecido en la Ac. 3975/2020 de la SCBA, procede al dictado de sentencia en el marco de la Causa N° 100635 caratulada “SANCHEZ ISIDRO PONCIANO S/ RECURSO DE CASACION”, conforme al siguiente orden de votación: MAIDANA - CARRAL .
El 23 de septiembre del año 2019, el Tribunal de Jurados dictó veredicto de culpabilidad, por mayoría de diez de sus miembros, respecto de Isidro Ponciano Sánchez por el delito de abuso sexual gravemente ultrajante por la circunstancia de su realización, agravado por ser la víctima un menor de edad de 18 años aprovechándose de la situación de convivencia (hecho número 1). Tras ello, y celebrada la audiencia de cesura de juicio, el Dr. Nicolás Amoroso, Juez del Tribunal en lo Criminal N° 8 del Departamento Judicial Lomas de Zamora, mediante sentencia dictada en la misma fecha, condenó al nombrado a la pena de diez (10) años de prisión, accesorias legales y costas del proceso, por resultar autor penalmente responsable del delito de abuso sexual gravemente ultrajante por la circunstancia de su realización agravado por ser la víctima un menor de 18 años de edad, aprovechando la situación de convivencia preexistente (arts. 40, 41, 45 y 119 párrafo 2°, en función del párrafo 4° inc. f del CP; 375, 375 bis y 531 del CPP).
Contra dicho pronunciamiento, el Defensor Dr. Alberto Víctor Domínguez, interpuso el recurso de casación obrante a fs. 88/116.
La causa ingresó a la Sala I de este Tribunal con fecha 5 de marzo 2020, se encuentra en estado de dictar sentencia, por lo que se dispone plantear y resolver las siguientes:
Primera: ¿Es admisible el recurso interpuesto?
Segunda: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada, el señor juez, doctor Maidana , dijo:
El recurso fue interpuesto por quien se encuentra legitimado, en debido tiempo y contra una sentencia condenatoria dictada por un juicio por jurados, por lo que se encuentran reunidos los recaudos formales y satisfechos los requisitos de admisibilidad previstos legalmente (arts. 18 y 75 inc. 22 CN; 8.2.h CADH; 14.5 PIDCP; 20 inc. 3, 448 bis, 450, primer párrafo, 451, y 454 inc. 1 CPP).
Voto por la afirmativa .
A la misma primera cuestión planteada el señor juez, doctor Carral , dijo:
Adhiero al voto de mi colega preopinante en igual sentido y por los mismos fundamentos.
Voto por la afirmativa .
A la segunda cuestión planteada el señor Juez, doctor Maidana , dijo:
El impugnante formula los siguientes reclamos:
a) El veredicto de culpabilidad fue obtenido por injerencias subjetivas –racismo y/u odio-; alega la nulidad de la votación, e invoca irregularidades respecto de las instrucciones que el Juez técnico entregó al jurado; agrega que un miembro del mismo fue forzado y presionado por parte del presidente del Tribunal; señala que al verificarse que el jurado se encontraba estancado, no hubieron nuevas instrucciones. Afirma que se vulneró el derecho de su asistido de declarar libremente –conforme lo constata el soporte audio n° 4-.
b) El veredicto de culpabilidad se basó “…en el testimonio directo de la propia víctima (testigo hostil), y el testimonio indirecto de su madre (testigo hostil); con respecto a la prueba pericial que se podría haber aportado sobre el hecho 1, la misma “…es huérfana carente de exhibición, existencia y producción”.
c) El jurado se apartó de las instrucciones, a saber: “de la duda razonable, e ignoraron que la prueba no fue creíble”. Considera que no se tuvo en cuenta que la declaración de la presunta víctima se contrapone con la versión de su asistido y Virginia Vélez.
d) El presidente del jurado incurrió en serias irregularidades.
e) La significación jurídica “…discrepa con la calificación legal adoptada pues la Defensa ha demostrado a lo largo de todo el debate oral y surge del soporte audiovisual de las audiencias de debate y que ofrece como prueba, que los hechos no existieron sino que los mismos fueron motivados por el estado de beligerancia que llevaba adelante Sánchez para con D. a raíz de lo que se demostró fueron los múltiples problemas creados por D. y que merecieron reprimendas físicas de Sánchez hacia D. …”.
f) Los miembros del jurado no estaban anoticiados acerca de una cuarta votación, y que en caso de mantenerse la misma, sería declarado estancado y dispensado “…Esto fue lo que jugó como variable de ajuste contra Sánchez, pues como expresé anteriormente, el jurado hacía tres días que estaba desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la tarde, era viernes y se querían ir, el jurado nunca supo que de votarse por cuarta vez serían dispensados…”.
g) La pena que solicita la Fiscal resulta excesiva y es sólo una muestra que la misma está centrada en la carencia de pruebas objetivas que se logró en el forzado veredicto de culpabilidad (…) La postura Defensista es de 8 años…”.
h) Cuestiona la circunstancia aumentativa de la sanción relativa al vínculo entre Sánchez y D.; entiende que se probó que estaba destruido; además importa una doble ponderación prohibida. También se queja del cómputo en el mismo sentido, del lugar donde acontecía el hecho –cama junto a los hermanos de la presunta víctima-.
i) El temperamento que adoptó el Juez al no recibir la declaración de un miembro del jurado en una audiencia privada.
j) Violación al principio de congruencia en la acusación. Señala la existencia de indeterminaciones en los hechos por los que fue sometido a juicio; efectúa una reseña de los pedidos de nulidad que solicitara durante el trámite de la causa y las resoluciones dictadas en contra de los intereses de su defendido.
k) Se le prohibió a Sánchez declarar de manera libre; sintéticamente da cuenta de reiteradas interrupciones y la circunstancia puesta en conocimiento del nombrado de que se abstenga de mencionar actos de la IPP que no se hayan ventilado en el juicio.
l) Le fue prohibido emplear la diligencia de careo entre D. y Sánchez y precisa los argumentos que prestó el magistrado en las incidencias.
ll) Se le impidió alegar libremente. Sostiene que el Juez, de manera permanente, le manifestaba las prohibiciones de alegar sobre la prueba rendida.
En suma, reclama que este Tribunal revoque el pronunciamiento, case el veredicto y sentencia, y ordene un nuevo juicio en exclusiva respecto al hecho número 1. Hizo reserva del caso federal.
El Fiscal Adjunto de Casación, Dr. Fernando Luis Galán, se expide sobre la procedencia de la prueba solicitada por el Defensor (fs. 132/135.). A fs. 139/vta. el Dr. Alberto Víctor Domínguez ratificó la prueba que solicitara en el recurso y solicitó la designación de audiencia en los términos del art. 458 del CPP.
Con fecha 17 de noviembre de 2020, la Sala resolvió sobre la prueba solicitada. El Dr. Domínguez –en sustancia- formuló protesta y reiteró su voluntad sobre la celebración de la referida audiencia.
A fs. 168/176 luce el memorial presentado por el Fiscal de Casación en el que, conforme a los argumentos desarrollados, propicia el rechazo de los motivos de agravio de la defensa. Sintéticamente, en lo que respecta al principio de congruencia, afirma que la alegada variación en la plataforma fáctica entre la acusación y la sentencia no es esencial; además la cuestión ya fue planteada, resuelta y consentida por el impugnante. En lo atinente a la votación de los jurados, enfatiza sobre el principio del secreto en la deliberación; entiende que ésta y la votación no resulta susceptible de objeción alguna. En suma, la situación de jurado estancado, fue resuelta de conformidad a lo previsto en el art. 371 quáter inc. 2° del CPP. Señala que el motivo de agravio sobre las injerencias subjetivas, odio y racismo durante la deliberación, se trata de una afrenta al principio del secreto de la deliberación. Considera que el impugnante no explicó el modo y el perjuicio que le generó la declaración del imputado (sobre la que alegó prohibición de ejercer tal derecho libremente); señala que la interrupción invocada se trató de una incidencia, que no puede constituir motivo suficiente de agravio. Tampoco explica el perjuicio que le generó el rechazo del careo y afirma sobre su carácter no dirimente. Entiende que la prueba producida justifica sobradamente, más allá de toda duda razonable, el veredicto condenatorio al que arribaron los jurados. Por último, concluye que la individualización de la pena resulta respetuosa de los principios de legalidad y racionalidad.
El 3 de marzo de 2021, se celebró la audiencia de informes, a través del sistema de videoconferencia Microsoft Teams; y el día 10 del mismo mes y año, se llevó a cabo la audiencia de visu.
Limitados de tal modo los motivos de agravio consignados por la impugnante, el conocimiento del proceso se circunscribirá a los que fueran expuestos (art. 434 y ccs. del CPP; v. TCPBA, Sala I, c. 77.217, “Sosa, Leandro Ezequiel s/ Recurso de Casación”, sent. del 6 de julio de 2016, reg. 558/16; c 77.456, "Silva Sergio Daniel s/ Recurso de Casación”, sent. del 8 de noviembre de 2016, reg. 949/16; entre otras.
El recurso no habrá de prosperar.
El Tribunal de Jurados se pronunció dictando dos veredictos de no culpabilidad en relación a los hechos individualizados con los números II y III; y veredicto de culpabilidad por mayoría de diez de sus miembros, respecto al número I. La plataforma fáctica de acusación por la que la Fiscalía atribuyó responsabilidad al imputado, se asentó en la siguiente narración del hecho -fijado oportunamente en el requerimiento de elevación a juicio- (art. 338 del CPP). “…Que en el año 2012, en el interior del domicilio y no es en el interior de la calle […] como dice la requisitoria, sino que fue en la calle […], de Valentín Alsina, partido de Lanús, oportunidad en la cual el aquí imputado Isidro Ponciano Sánchez abusó sexualmente de G. D. V. menor de edad de 12 años, aprovechando la situación de convivencia preexistente, aplicándole sexo oral hasta llegar a eyacular siendo tal situación gravemente ultrajante por las circunstancias de su realización ” (fs. 45 y vta.).
Celebrada la audiencia de cesura de juicio, el Juez Dr. Nicolás Amoroso, integrante del Tribunal Oral en lo Criminal N° 8 del Departamento Judicial Lomas de Zamora, condenó a Isidro Ponciano Sánchez por los delitos antes descriptos, a la pena de diez (10) años de prisión, accesorias legales y costas del proceso.
Inicialmente no puedo acompañar el reclamo de la defensa sobre la violación al principio de la congruencia, ni tampoco con relación al cuestionamiento a la resolución de los pedidos de nulidad requeridos en la etapa preliminar.
El impugnante se limita a invocar la vulneración de derechos, sin un desarrollo escrito de los fundamentos que lo respalde. En el recurso realiza una reseña de los pedidos de nulidad de determinados actos del proceso y la suerte que corrieron en el tránsito de la causa -adversa a sus intereses-. Luego, de acuerdo a lo que surge a fs. 3 y vta. del legajo, dichos planteos fueron reeditados –con idéntico resultado en la audiencia de juicio- y, ahora, ante esta Sede.
Encuentro que, con acierto, el Juez rechazó la nulidad planteada, decisión que fue consentida por el Defensor. En efecto, en ocasión en que cediera la palabra al Dr. Domínguez con el propósito de que introduzca su prueba, el nombrado sostuvo que “…tiene nulidades para exponer y fundar. Interpone la nulidad de todas las actuaciones y el propio auto de elevación a juicio. Que refirió que su defendido ha quedado en estado de indefensión cuando le notificaron los hechos, los que nunca le fueron explicados con claridad. Que recién hoy ocurrió, que se lo acusa por un hecho del año 2012…”; sustanciado que fue el punto, la defensa expresa que la cuestión fue abordada por la Cámara de Apelaciones y Garantías.
El Dr. Nicolás Amoroso, previo indicar que el tema fue dirimido –en tanto transitó por la correspondiente etapa recursiva- y afirmar que no se trataba de una nulidad de carácter absoluta, decidió que fueron “...cuestiones reveladas, sustanciadas y subsanadas que se relacionan con valoraciones probatorias sobre la ubicación temporal de los hechos”.
Lo expuesto sella la suerte de la queja.
El Ministerio Público Fiscal describió el hecho con razonable claridad, al destacar el lapso en que tuvo lugar, la modalidad del ataque a la integridad sexual, e identificar a los sujetos.
La congruencia exigida entre acusación y condena impone que, en resguardo de las garantías de la defensa en juicio y el debido proceso, la base fáctica objeto de reproche penal debe encontrarse, durante todo el proceso, contenida en el denominado "objeto procesal", que no es otra cosa que el hecho que, con un menor o mayor grado de certeza acerca de su existencia, es imputado a lo largo del trámite de las actuaciones.
Lo relevante, para la garantía de defensa, es que el imputado no resulte sorprendido por la imputación de una circunstancia que no haya podido tener en cuenta.
Dicha circunstancia no ocurrió pues los datos cuya omisión cuestiona surgen de la propia base fáctica atribuída.
En definitiva, entiendo que en los términos planteados por el recurrente, resulta claro que se condenó al nombrado por el mismo hecho por el que fue acusado. El principio de congruencia, como garantía derivada del derecho de defensa, que opera para impedir –en el caso- que se condene por hechos que no han sido objeto de intimación, no se encuentra afectado.
Sentado lo anterior, dado el tenor de los reclamos traídos a revisión de esta Sede, y con el propósito de lograr un mejor examen sobre las objeciones planteadas, he de dividir los planteos de la siguiente manera:
En primer término, evaluaré los reclamos vinculados al veredicto del Tribunal de Jurados: injerencias subjetivas, irregularidades de las instrucciones, inconductas por parte del presidente del jurado, ausencia de nuevas instrucciones y falta de comunicación a los miembros respecto a las consecuencias de uno estancado; y el cuestionamiento a la decisión del Dr. Amoroso, de no recibir el testimonio de un integrante del jurado.
En un segundo orden, la vulneración de garantías y derechos amparados por la Constitución Nacional, al encontrar afectado el derecho de su asistido de declarar de manera libre.
Por último, la prueba producida, en la que el Tribunal de Jurados fundó su decisión: el testimonio de la víctima y su progenitora, la afirmación de que el hecho no existió y la sanción a la que encuentra excesiva .
En el punto IV bajo el título “Veredicto rendido por el jurado”, que “…devolvió un veredicto de nueve votos positivos respecto de la autoría de SANCHEZ en el HECHO NRO. 1 (víctima denunciante G. D. V. ) insinuando una situación de jurado estancado; por lo que se preguntó al presidente del jurado públicamente si habían llegado al número máximo de votaciones sobre el punto, volviendo al cuarto de deliberaciones. (art. 371 quater inc. 2° del CPPBA). Una vez convocado el jurado por aviso del presidente, como así también en la sala de juicio y en audiencia pública, se perfiló definitivamente la situación de jurado estancado con 9 votos para VEREDICTO DE CULPABILIDAD respecto del HECHO NRO. 1 como delito de “abuso sexual gravemente ultrajante por la circunstancia de su realización, agravado por ser la víctima un menor de edad de 18 años aprovechándose de la situación de convivencia” . La fiscalía, luego de pedir un cuarto intermedio, insistió con la acusación peticionando la necesidad de que se lean nuevamente las instrucciones pactadas por las partes ante la judicatura, y sólo específicamente a partir de “pautas para la deliberación y rendición del veredicto ”, la Defensa solicitó que termine el procedimiento con la absolución y no continuar; preguntado por el fundamento señaló que era el derecho de defensa. Explicado que le fue a la Defensa en qué consistía el procedimiento legal; el jurado se retiró a deliberar nuevamente sobre el hecho en cuestión (art. 371 quater, inc. 2° párrafos tercero y quinto del CPPBA). Luego de una nueva consideración del caso y de la prueba, arribaron a un VEREDICTO DE CULPABILIDAD por mayoría de diez votos en orden al primero de los cargos…” (fs. 57 y vta.).
De la compulsa del registro audiovisual, que lleva el número 0830160133665, surge que al leer el secretario el resultado de la votación, el Juez expuso que las instrucciones son claras y, ante la existencia de nueve votos, le pidió al Jurado que ingrese nuevamente a la sala (audio de la audiencia a partir de la hora individualizada como 00.04.05). También, fue consultado el presidente acerca de la cantidad de veces que han efectuado la votación (00.05.08). A continuación, el actuario da lectura del resultado de la votación –nueve votos-. Siendo ello así, el Juez le pregunta a la Fiscal acerca de su voluntad de continuar con el ejercicio de la acusación, tras lo cual las partes se acercan al estrado. A partir de la hora 00.07.06, el Juez explicó al Jurado que se encuentra estancado, cual era el procedimiento a seguir y que la Fiscal solicita se vuelva a deliberar. A tales fines se leen las instrucciones, y se da cuenta de las pautas de deliberación. A las 00.14.14 se da lectura de la votación, oportunidad en la que se arribó a un veredicto de culpabilidad de diez de sus miembros.
Ante la existencia de jurado estancado con respecto al hecho individualizado como número 1, luego de seguirse el procedimiento previsto en el art. 371 quater, inciso 2 del CPP, se obtuvo el número de votos requeridos.
La norma dispone que en caso de jurado estancado respecto a los interrogantes planteados –existencia del hecho en el que se sustenta la acusación, y la eventual participación del o de los imputados en el mismo- se debatirá y votará nuevamente la cuestión hasta tres veces. De mantenerse la situación, el veredicto será de no culpabilidad, salvo que se hubieran obtenido más de ocho votos afirmativos, en cuyo caso el jurado se declarará estancado y el presidente hará saber tal circunstancia al secretario. El Juez convocará inmediatamente al jurado a la sala de audiencia. Una vez presentes todas las partes, el o los imputados y la totalidad del jurado, el Juez comunicará que el jurado se declaró estancado, y le preguntará al fiscal si habrá de continuar con el ejercicio de la acusación. En caso negativo, el Juez absolverá al acusado salvo que el ofendido constituido en particular damnificado sostenga la acusación que hubiere formulado el fiscal en la oportunidad del artículo 334. En caso afirmativo, el jurado volverá a deliberar y votar las cuestiones.
De acuerdo he anticipado, una vez verificado el supuesto de jurado estancado, el Defensor formuló su queja ante la decisión de la Fiscal de continuar con la acusación –ello conforme surge del legajo-, el magistrado informó a los miembros del jurado las consideraciones relativas al alcance de una nueva deliberación en cuanto a las distintas posibilidades que puedan presentarse, explicó que puede mantenerse la cantidad de nueve votos, o claro está, modificarse. Señaló que tienen que deliberar –dio cuenta de las respectivas pautas- y repensar la situación; dijo que ante cualquier duda que se presente deben efectuar la correspondiente consulta por nota escrita, y expresó el curso que en su caso se daría a tal circunstancia.
Al respecto, Andrés Harfuch dice que “…el jurado deberá ser instruido por el Juez para, en el caso de que la discusión se empantane en algún punto y les impida la unanimidad o la mayoría de diez votos, efectúen tres rondas de votaciones sobre el punto. Tendrán que reanudar la deliberación hasta agotar la discusión por tres veces. Es decir, solo le reportan al Juez el estancamiento (siempre que haya más de ocho votos por la condena), cuando hayan agotada las tres rondas d
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