Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, Sala II · Causa 116052
Lo que resolvió el tribunal
I. Declarar formalmente admisible el recurso de casación interpuesto por la Defensora Oficial de Karina Alejandra Maldonado (arts. 401 y 451 del C.P.P.).
II. Rechazar el recurso interpuesto por los fundamentos brindados al tratar la segunda cuestión planteada en la presente, sin costas en esta instancia.
Arts. 1, 3, 106, 210, 211, 395 y gigtes, 448, 451, 460, 530 y ccdtes. del CPPP; 5 inc. "c" y ccdtes, de la ley 23.737, 77 y ccdtes. del CP, 1, 18, 19, 33 y 75 inc. 22 de la CN.
En la ciudad de La Plata, sede del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, se reúnen en Acuerdo Ordinario los Jueces integrantes de la Sala Segunda, doctor Luis Fernando María Mancini y doctora María Florencia Budiño y, para resolver en la presente causa 116.052, caratulada “MALDONADO, KARINA ALEJANDRA S/ RECURSO DE CASACIÓN” . Practicado el sorteo de ley, resultó que en la votación debía observarse el orden BUDIÑO-MANCINI.
Llegan los presentes autos a este Tribunal como consecuencia del recurso de casación interpuesto por la Defensora Oficial, Dra. Gabriela Marta Chaumeil, contra el pronunciamiento recaído en la Causa Nro. 5971 del Tribunal Oral en lo Criminal Nro. 4 del Departamento Judicial La Matanza, por el que se resolvió condenar a Karina Alejandra Maldonado, en el marco del juicio abreviado, a la pena de cuatro años y un mes de prisión, accesorias legales y 45 unidades fijas de multa más costas del proceso, por haberla encontrado autora penalmente responsable del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.
Encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, el tribunal decidió plantear y votar las siguientes
Primera: ¿Es admisible el remedio impetrado?
Segunda: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, la doctora Budiño, dijo:
Entiendo que la respuesta a esta cuestión debe ser afirmativa.
El recurrente dio las razones por las cuales el recurso de casación debe ser admitido, a la vez que la resolución impugnada tiene carácter de sentencia definitiva, según lo pautado por el art. 450 y 448, inciso 1º del C.P.P. En virtud de lo antedicho, y considerando que el recurso en trato satisface los requisitos de tiempo y forma regulados, en lo pertinente, por los artículos 451 y ccdtes. del C.P.P., a la vez que la impugnante se encuentra legitimada para recurrir, y enmarcándose la sentencia objeto del recurso dentro de las resoluciones que el Código de rito establece como susceptibles de ser impugnadas por esta vía, debe entonces admitirse el presente recurso de casación. (Arts. 421, 448 inc. 1º, 451, 454 inc. 1º, 464 inc. 2º y ccdtes. del C.P.P.).
Voto entonces por la afirmativa.
A la misma cuestión planteada, el doctor Mancini dijo:
Por los mismos fundamentos, voto en igual sentido que mi colega preopinante.
Así lo voto.
A la s egunda cuestión planteada, la doctora Budiño, dijo:
I. Sostuvo que la valoración del material probatorio luce arbitraria toda vez que no existen elementos que acrediten el tipo penal en cabeza de su asistida. Hizo especial hincapié en que en autos no se ha llevado a cabo pericia química que determine que la sustancia secuestrada fuera de las estupefacientes comprendidas en la ley 23.737 ni, en su caso, qué porcentaje de droga contenía.
Sostiene que “…Para poder ser tipificada la conducta que se le atribuye a mi asistida como tenencia de estupefacientes con fines de comercialización debe acreditarse en primer lugar, de manera fehaciente que el material atribuido sea un "estupefaciente" en términos jurídico-penales; ello de conformidad con lo normado en los arts. 40 de la ley 23.737 y 77 del Código Penal o sea que tenga capacidad específica para ‘...producir dependencia física o psíquica...’, ya que en el caso de autos no ha quedado demostrada esa aptitud, en razón de que no se ha llevado a cabo una pericia química que pueda determinarlo con certeza; toda vez que el presunto resultado positivo del test de orientación no acredita la calidad de las sustancias endilgadas, sino que se requiere una prueba química específica con técnicas específicas, la que determinarán la existencia o no de los principios activos de la sustancia sometidas a exámenes. Por ello, la certeza afirmada por el sentenciante respecto de la configuración del delito de "tenencia de estupefacientes" aparece como una conclusión que no encuentra debido sustento en la prueba reunida…”.
Concluyó que al no encontrarse comprobada la existencia de sustancias químicas prohibidas en poder de su asistida y teniendo en cuenta que el bien jurídico tutelado por la ley 23737 es la salud pública y propagación de estupefacientes, la conducta típica atribuida a Maldonado no se encuentra configurada por lo que solicita su absolución.
Cita jurisprudencia de esta sala que avala su postura.
II. En oportunidad de contestar la vista que le fuera conferida el Defensor Adjunto ante esta instancia revisora, Dr. José María Hernandez, mantuvo el recurso deducido y como nuevo motivo de agravio cuestionó la constitucionalidad de la pena de multa impuesta, denuncia violentados el principio de legalidad penal (arts. 18, 75 inc. 12 y 22, 76 y 99 inc. 3 CN; art. 9 CADH; y art. 15 PIDCyP), así como la infracción al principio de división de poderes que deriva de la forma republicana de gobierno (art. 1 CN), por haberse delegado en el Poder Ejecutivo la facultad de determinar el monto de la pena de multa.
III. A su turno, la Sra. Fiscal Adjunta ante este Tribunal, Dra. Daniela Bersi postuló el rechazo del remedio casatorio impetrado por la defensa de Maldonado.
IV. El recurso es improcedente.
En atención a la manda que emerge del art. 465 inc. 3° del C.P.P., sólo cabe afirmar que resulta incensurable la decisión del juzgador de tener por acreditada la materialidad ilícita y la autoría de la imputada del modo en que lo hizo, en tanto esa conclusión surge de un modo indubitable del material probatorio reunido en la causa y ponderado en el fallo.
Los embates de la Defensora no logran conmover el razonamiento del Tribunal que aparece desarrollado a partir de una sucesión de claras premisas que, además de no haber sido rebatidas en la impugnación, aportan datos de validez a la conclusión convictiva a la que se arribó.
Así las críticas desarrolladas por la defensa, aparecen desvinculadas del valor convictivo que la sentencia de manera conjunta posee.
En lo que aquí interesa, el Tribunal tuvo por acreditado que “... que el día 5 de septiembre del 2018, siendo aproximadamente las 18.30 horas, en el interior de la finca sita en la calle Rodney 3966 de la localidad de Rafael Castillo, Partido de Las Matanza, Provincia de Buenos Aires, una persona femenina tenían en su poder, bajo su esfera de custodia, a su disposición y con fines de comercialización, sustancias estupefacientes fraccionadas en dosis destinadas directamente al consumidor, a saber: once envoltorios de papel glasé metalizado con una sustancia blanquecina en su interior que arrojo un peso de 2,5 gramos de clorhidrato de cocaína, un paquete de papel glasé metalizado cerrado, 6 recortes de papel glasé cortados y demás elementos indicativos de la actividad de comercialización que se le reprocha…”.
Contrariamente a lo pretendido por la Defensa, entiendo que se acreditó con certeza suficiente que el material secuestrado era estupefaciente en sentido típico. Para ello, el a quo no sólo tuvo en cuenta el test orientativo glosado a fs. 72, que practicado sobre la sustancia incautada, arrojó preliminarmente como resultado que se trataba de cocaína, y la ausencia de pericia química confirmatoria, en el caso no hace mella sobre esa cuestión, en tanto el a quo entendió que esa diligencia se tornó innecesaria frente a la estipulación probatoria llevada a cabo por las partes en los términos del art. 338 inc. 6to. en la que acordaron que, "... en cuanto al material incautado en poder la de imputada Maldonado, resultaba ser sustancia estupefaciente, más específicamente cocaína en la cantidad y calidad que fuera analizado anteriormente (vid fs. 344/vta.)...".
Tal como prescribe el art. 338 del CPP las estipulaciones versan sobre aspectos "...en los cuales no haya controversia sustantiva...", y en el presente caso Fiscal y Defensora estipularon que el material incautado resultaba ser sustancia estupefaciente. Frente a ello, la alegación recursiva que se centra en cuestionar una circunstancia que fuera admitida como probada en una etapa anterior del proceso, implica tanto como ir contra los propios actos, máxime cuando la defensa renunció al debate oral y se conformó con un pronunciamiento fundado en constancias producidas antes de la presentación del acuerdo, entre las que se encontraba la estipulación probatoria libremente acordada por la defensa en cuanto a que el material secuestrado efectivamente era estupefaciente en sentido típico.
En suma, a la luz de las probanzas analizadas no surge de la valoración de la prueba un estado de duda capaz de conmover el resolutorio que se pretende impugnar. Considero que las conclusiones a que arribó el Tribunal aparecen como el resultado de un razonamiento que en modo alguno denota absurdo o arbitrariedad en el juicio de valoración efectuado sobre la prueba de tal extremo, y que ha sido respetuoso de las reglas que rigen la valoración probatoria, fijadas en los artículos 210 y 373 del Código Procesal Penal.
Por último, considero que el novedoso planteo relativo a la inconstitucionalidad de pena introducido por el Sr. Defensor Oficial Adjunto ante esta Alzada, doctor Hernández, en su memorial. resulta inadmisible por extemporáneo, toda vez que han sido introducido en violación al art. 451 del C.P.P. y de esa manera excede la competencia de este Tribunal limitada a los puntos de la resolución a que se refieren los motivos de agravio deducidos por el recurrente ante la instancia.
En ese sentido, la Suprema Corte de Justicia de esta provincia que ha sostenido que “El último párrafo del apartado cuarto del art. 451 del ritual marca el límite temporal para expresar los motivos de casación: hasta la interposición del recurso. Una vez vencido ese término “el recurrente no podrá invocar otros motivos distintos”. Las posteriores ocasiones procesales están contemplados para que la parte complete, con argumentos y citas legales, el planteo originario del recurso, sin que quepa ampliar el espectro del material sobre el cual el Tribunal de Casación debe ejercer su control de legalidad.
Por todo lo expuesto, y con apego al mandato de síntesis exigido por el art. 465 inc. 3 del CPP para la resolución de los recursos que, como el presente, tramiten por vía del procedimiento abreviado en casación (arts. 464 a 466), propongo el rechazo, sin costas, del recurso interpuesto por no verificarse las infracciones legales denunciadas.
Art. 1, 3, 106, 210, 211, 395 y cctes, 448, 451, 460, 530 y ccdtes. del CPPP; 5 inc. "c" y ccdtes, de la ley 23.737, 77 y ccdtes. del CP, 1, 18, 19, 33 y 75 inc. 22 de la CN.
Así lo voto.
A la misma cuestión planteada, el doctor Mancini dijo:
Adhiero al voto de mi colega preopinante en igual sentido y por los mismos fundamentos.
Así lo voto.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, la Sala II del Tribunal
I. Declarar formalmente admisible el recurso de casación interpuesto por la Defensora Oficial de Karina Alejandra Maldonado (arts. 401 y 451 del C.P.P.).
II. RECHAZAR el recurso interpuesto por los fundamentos brindados al tratar la segunda cuestión planteada en la presente, sin costas en esta instancia.
Arts. 1, 3, 106, 210, 211, 395 y gigtes, 448, 451, 460, 530 y ccdtes. del CPPP; 5 inc. "c" y ccdtes, de la ley 23.737, 77 y ccdtes. del CP, 1, 18, 19, 33 y 75 inc. 22 de la CN.
Regístrese, notifíquese y póngase en conocimiento del órgano jurisdiccional encomendándole tenga a bien arbitrar los medios necesarios para notificar personalmente, por intermedio de quien corresponda, a la imputada de lo resuelto, adjuntando copia integra de la presente para serle entregada. Una vez agotado ese cometido, se solicita que dichas diligencias sean remitidas a esta Alzada. Oportunamente devuélvase al Tribunal de origen.
jt
Firmas
Funcionario Firmante: 30/06/2022 14:22:07 - MANCINI HEBECA Fernando Luis Maria - JUEZ
Funcionario Firmante: 30/06/2022 14:31:13 - BUDIÑO María Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 30/06/2022 14:33:34 - MORANDI Diego Enrique
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS el 30/06/2022 15:24:08 hs. bajo el número RS-871-2022 por SEMERENA JUAN.
Fin de la sentencia