Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, Sala I · Causa 118476
La Sala I del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, integrada por los señores jueces doctores Daniel Carral y Ricardo Maidana (art. 451 del Código Procesal Penal), con la presidencia del primero de los nombrados, de conformidad con lo establecido en la Ac. 3975/2020 de la SCBA, procede al dictado de sentencia en el marco de la Causa N° 118476 caratulada “SANTA MARIA, ALEJANDRO AGUSTIN; VELOZO, RICARDO; Y RODRIGUEZ; OMAR ALBERTO S/ RECURSOS DE CASACION”, conforme al siguiente orden de votación: CARRAL - MAIDANA.
El Tribunal de Jurados se pronunció, con fecha 26 de mayo de 2022, dictando veredicto de culpabilidad por unanimidad de sus doce miembros, respecto de los acusados Omar Alberto Rodriguez, Alejandro Agustin Santa Maria y Ricardo Velozo por el delito de abuso sexual con acceso carnal cometido contra la víctima D.V.A. el día 6 de abril de 2017 en la localidad de Berazategui. Celebrada la audiencia de cesura de juicio el Dr. Edgardo Salatino, juez integrante del Tribunal en lo Criminal nro. 3 de Quilmes, condenó a cada uno a la pena de once (11) años de prisión, accesorias legales y costas, por resultar coautores responsables del delito de abuso sexual con acceso carnal (arts. 45 y 119, párr. tercero, Cód. Penal).
1. El defensor particular Dr. Sergio Ayala interpuso recurso de casación en favor de Ricardo Velozo y Omar Rodriguez.
Luego de señalar que asumió el caso con posterioridad al dictado de la condena, alega que los acusados se encontraron en estado de indefensión durante todo el proceso y especialmente al seleccionar el “acuerdo de juicio por jurados” en tanto no se les explicó su alcance, sumado a que “se consintió la responsabilidad en un hecho arbitrariamente demostrado y calificado, como también se admitió la aplicación de una pena de prisión por demás alta, privando con todo ello a los imputados de discutir los hechos haciendo uso del [derecho de] ser oídos”.
Agrega que “la sentencia se aparta de las reglas de la sana crítica racional” pues se sustenta “en simples convicciones -la de los jurados- lo que implica que su fundamentación es errónea y arbitraria”. Considera que presenta vicios de motivación que la descalifican.
Seguidamente denuncia: “A) falta de motivación y fundamentación de las atenuantes y agravantes”. En ese marco, alega que no se probó la autoría de sus asistidos en hecho y que el único elemento de cargo fue el relato de la mujer, por lo que corresponde rechazar la agravante consistente en “la violencia sobre la víctima por violar de manera flagrante el derecho de defensa en juicio”.
Estima que la pena impuesta a sus asistidos resulta excesiva. Agrega que el magistrado, al valorar los padecimientos que sufrió la víctima como agravantes de pena, no reparó en que “se trata de una persona que reconoce consumos de medicamentos y bebidas”, “así como antecedentes de haberse autoinflingido heridas”, que “no puede achacarse a circunstancias como las denunciadas”.
Por otro lado y previo aclarar que no intenta cuestionar a la víctima, explica que “no puede dejar de incorporar hechos que debieron ser ventilados durante la sustanciación del plenario” en cuanto la mujer “se dedica a ofrecer servicios sexuales” (aporta fotos que avalan ese dato), lo que en su opinión robustece las dudas que surgieron en el caso. Explica que los resultados de las pruebas de ADN “son concluyentes en cuanto son totalmente incompatibles con las de [sus] asistidos” y afirma que los rastros “pudieron pertenecer a un eventual cliente”.
Agrega que de una denuncia de averiguación de paradero se derivó en una privación de libertad y abuso. Que hubo dos versiones encontradas, “la primera expuesta en la etapa de instrucción (…) en cuanto [D.A.] no recordaba nada”, por lo que estima “ineludible la revisión de los audios del debate, así como la lectura de las piezas por la cual se arriba al mismo”. Invoca el beneficio de la duda. Cita y transcribe tramos de diversas testificales que corresponderían a las constancias de la IPP.
Estima que la mera enumeración de las agravantes y atenuantes sin explicar cómo inciden en el monto de la pena fijado en modo alguno puede suplir la motivación exigible de toda resolución judicial.
Afirma que personas como sus asistidos “con familia, trabajo estable, choferes de la línea de colectivo”, quienes se “realizan estudios psicológicos periódicos” no presentaron “antecedentes y/o rasgos perversos”.
Por otro lado, denuncia: “B) arbitrariedad en la valoración de la prueba”. Explica que se dictó una condena mediante una “sentencia [que] solo toma en cuenta la prueba aportada por la fiscalía y la ha valorado minuciosamente y no así con la prueba aportada por la defensa”.
Agrega que solo se valoraron los dichos de la víctima durante el debate y de los testigos de oídas.
Considera que la declaración de la víctima fue inconsistente y que el sentenciante descartó cualquier hipótesis que pudiera favorecer a sus asistidos, en contradicción con la opinión del fiscal de la instrucción, quien frente a “lo endeble de las pruebas no solicitó la cautelar”. En igual sentido cuestiona la posición del fiscal que intervino en el juicio oral pues considera que hizo hincapié en la perspectiva de género y en que “no es no” [es decir, en el consentimiento], pero no en la acusación formal donde “circunstancias de tiempo, modo y lugar no estaban determinados, mucho menos el rol que le cupo a cada uno de [los acusados]”.
Agrega que “el sentenciante para construir su decisorio utilizó como complemento y como elementos suficientes y acabados las dos declaraciones de la víctima y de un testigo que no estuvo en el lugar del hecho, puntualmente la hermana de la víctima”, quien describió que padecía situaciones de crisis.
Señala que el sentenciante cayó en el absurdo de valorar “las contradicciones de la víctima y los testigos, si estaba ebria o no estaba ebria, si estaba drogada o no estaba drogada”, sin reparar en el video donde se la ve “lúcida”, “no está condicionada, está libre, ejerció su consentimiento y con total discernimiento” y otro en el que se la ve llegar a su domicilio “a bordo de una motocicleta, supuestamente después de haber sido privada de su libertad y abusada, hecho que roza lo absurdo”.
En definitiva, afirma que sus asistidos no tuvieron intimidad con la víctima, que “las pericias ginecológicas así como el semen sujeto a estudio demuestran la imposibilidad fáctica en cuanto se trató de un solo material genético incompatibles con los de Velozo y Rodríguez”.
Dicho esto, denuncia: “C) orfandad probatoria” y “D) falta de motivación suficiente”. En lo esencial, insiste en el resultado de la pericia de ADN y explica que la víctima mintió en el debate oral al declarar que “fue víctima de un abuso sexual entre tres personas cuando en la realidad hubo un ofrecimiento verbal de un servicio sexual (…) a cambio de dinero en el cuál la propia declarante que se pone en lugar de víctima mintió al Jurado, al agente fiscal y al juez”.
También denuncia: “E) ausencia de conducta” y señala que sus asistidos “no realizaron conducta alguna sobre la víctima de autos porque no tuvieron ninguna relación sexual con la misma, y al no haber una conducta no puede haber un reproche penal”.
Expone que Velozo y Rodriguez “en ningún momento tuvieron alguna conducta dañina sobre la víctima que pudiera ser abarcada por el tipo penal”. Señala que estuvieron con la víctima pero “no tuvieron algún contacto físico de tipo sexual que requiera desnudarse y acceder a la víctima como quedó demostrado con la pericia de ADN de resultado negativo”. Agrega que “en ningún momento le dieron bebidas alcohólicas y muchos menos drogas y tampoco la víctima estaba obnubilada porque se ve en el vídeo como sube por sus propios medios al ciclomotor”. Afirma que no hubo una conducta típica, que sus asistidos no sometieron a la víctima “porque la misma quería que los hoy condenados tuvier[a]n sexo con ella a través de un contrato verbal de servicio sexual denominado prostitución”.
En definitiva, alega que la oferente de sexo por un precio no puede “decir que la han violado cuando eso nunca ocurrió y tampoco los condenados tuvieron relaciones sexuales con el consentimiento por un precio y tampoco sin el consentimiento, por lo tanto no hay acción por parte de ellos más allá que la víctima quería que ellos contrataran su servicio”.
Finalmente, la defensa denuncia: “F) ausencia de la verdad material”. Señala que el fin del proceso penal es el descubrimiento de la verdad y que el sentenciante “construyó un resolutorio viciado de nulidad porque tiene en su origen una mendacidad de la propia víctima”. En lo esencial, reitera que la mujer “nunca manifestó a qué se dedicaba”, “nunca dijo la verdad”.
Solicita se case la sentencia dictada en contra de sus asistidos y se los absuelva en orden al delito imputado.
Hizo reserva del caso federal.
2. Por su parte, el Dr. Sebastian Badia, defensor particular del acusado Alejandro Santa María, denuncia: “A) inobservancia y/o errónea aplicación del estándar de duda razonable contemplado en el art. 18 de la Constitución Nacional”. Sostiene que pese a la orfandad probatoria, el Jurado emitió juicio de culpabilidad. Indicó que el veredicto se sostuvo tan solo “con testimonios y prueba psicológicas, no se pudo individualizar la acción penal reprochada, vulnerando todas las garantías procesales y constitucionales (…) no habiendo prestado declaración el perito genetista que realiz[ó] los cotejos de ADN dando como resultado negativo, esto es una prueba objetiva y directa que el ministerio publico fiscal y el particular damnificado omitieron, afectándose su derecho de defensa”.
“B) inobservancia y/o errónea aplicación, de lo normado por el artículo 371 bis del C.P.P., en cuanto no agregó la instrucción final de cómo debían valorarse los testimonios de oídas, circunstancia que condicionó la decisión del jurado”;
“C) inobservancia y/o errónea aplicación al no citar a la licenciada María Isabel Ortiz perito del servicio de análisis comparativo de ADN de la Asesoría Pericial”, quien “llegó a la conclusión: 'el análisis realizado en base a los resultado obtenidos, no permite vincular a Alejandro Santa María con el material genético detectado en las evidencias analizadas”;
“D) Inobservancia y/o errónea aplicación, el fiscal Sebastian Videla en su alegato dice: le creyó a Daniela y por eso llegó al juicio, le hace saber al jurado ”. Señala que “el fiscal no está para creer un relato de la víctima, está para probar con pruebas objetivas el relato de la misma, el agente fiscal sostiene la acusación con pericias psicológicas, todas pruebas subjetivas” .
En función de lo expuesto, considera que la autoría de su asistido no se probó. Solicita se anule el veredicto de culpabilidad y sentencia, y se reenvié la causa a la instancia de origen.
Hizo reserva del caso federal.
3. Practicado que fuera el sorteo de rigor, y notificadas las partes, el recurso radicó en la Sala.
Ambas defensas desistieron de la celebración de la audiencia de informes.
4. La particular damnificada, con el patrocinio letrado del Dr. Juan Ignacio Bellocchio, solicita se desestimen los recursos interpuestos en contra del veredicto del Jurado popular.
Afirma que no existió rechazo de la prueba de ADN tal como intentan demostrar los recurrentes; que no se demostró arbitrariedad o apartamiento manifiesto de la prueba producida en el debate para llegar al veredicto de culpabilidad; que las instrucciones finales fueron debidamente controladas y convenidas por todas las partes; y que la sentencia no estableció un monto de pena arbitrario.
Como cuestión preliminar, señala que en las audiencias de juicio y de cesura “hubo una defensa técnica que asistió a los señores Velozo, Santa María y Rodriguez, para que se respeten y se hicieran valer sus derechos. Los actos procesales fueron válidos y los imputados estuvieron debidamente asistidos” y que “el cambio de abogados en instancia recursiva no habilita a retrotraer la discusión a otras instancias ya precluidas. Los acusados acordaron someterse a juicio por jurados, y lo hicieron debidamente asesorados, como parte de la estrategia de su anterior representación”.
Agrega que incluso en el alegato de clausura, el anterior defensor de los imputados explicó a los miembros del Jurado porqué prefería ese tipo de proceso, frente a la convicción de que darían un veredicto de no culpabilidad. Que los acusados no demostraron ninguna disconformidad con el letrado de confianza y “festejaron con aplausos el alegato final de la defensa”.
Dicho esto, recuerda que el tribunal de impugnación debe actuar en la revisión con un criterio restrictivo a fin de no sustituir de manera indebida la actividad del jurado; a la vez que es fundamental tener presente que “el jurado representa la voluntad de la sociedad” y “no debe dar razones de su decisión”.
Luego, señala que de los fundamentos incorporados en los escritos de los recurrentes se aprecia una notoria confusión entre el sistema de jurados y el de magistrados profesionales, y explica que los agravios que invocan las defensas son insuficientes para atacar la decisión del Jurado popular.
En primer lugar, expone que la falta de convocatoria de la licenciada María Isabel Ortiz, quien realizó el análisis comparativo de ADN en la presente causa o la incorporación por lectura de sus informes “se debe exclusivamente a que la defensa no mostró ningún interés en el ofrecimiento y producción de dicha prueba”, de acuerdo con lo discutido en la audiencia preliminar (art. 338, CPP).
Sin perjuicio de lo expuesto, alega que “tampoco se demuestra una incidencia en la decisión del jurado” por aquel motivo. Considera “que el resultado del peritaje de ADN no hace mella al plexo probatorio de la causa, al ser lógico que ante la existencia de pluralidad de hombres que mantienen relaciones sexuales con una mujer, estos hayan usado preservativo y no dejaran rasgos del semen”. Agrega que “otra circunstancia no menor, es que el informe pericial (…) indicó problemas con las muestras recabadas para el estudio comparativo de ADN, ya que se concluyó que las muestras obtenidas estaban al límite de detección. Véase que la perito Lic. María Isabel Ortiz, deja constancia a fs. 266 que: “ El perfil minoritario masculino se encuentra en el límite de detección”, por lo que llegado el caso se podría controvertir el resultado negativo que arrojó la comparación genética.
Conocido ese detalle, infiere que “la contraparte omitió deliberadamente convocar a la experta que realizó el estudio para no tener que exponer las falencias del mismo o que quedase en evidencia la mala calidad de las muestras tomadas de prendas e hisopados”.
En ese marco, señala que hubo una clara intención de confundir al jurado, durante el alegato final, por parte del abogado defensor, pues “exhibió de manera indebida las fojas del expediente donde estaban los resultados de esta prueba de ADN (cfr. filmaciones del día 26/5/2022)”, lo que llevó a la fiscalía a formular una queja. En su opinión, “la acción concreta de valerse de una prueba que no estaba correctamente incorporada al debate oral, vino a romper el equilibrio que debe existir entre las partes; básicamente, por no permitir un amplio control sobre la prueba y a la vez, dándole al jurado información confusa o parcial, que no podía ser corroborada por la especialista en el tema”. Bajo esas condiciones, estima que no se configuró ningún perjuicio para la defensa pues, aun indebidamente, logró su cometido de mostrar al jurado los resultados del informe comparativo de ADN.
Señala que la valoración de la prueba que después realizaron los miembros del jurado no puede ser tenida por arbitraria y tampoco debe exigírsele dar razón de qué tipo de valoración le dieron a cada prueba, durante la deliberación que mantuvieron.
Luego, observa que los recurrentes intentan introducir una versión falaz sobre lo sucedido, que no estuvo presente durante la instrucción de la causa ni durante el debate, en tanto argumentan la existencia de un supuesto comercio sexual del que ninguna prueba tienen.
La particular damnificada explica que no era trabajadora sexual al momento en que fue abusada sexualmente y que en ese entonces estaba desempleada. Que el hecho se cometió en el año 2017 y el juicio se celebró cinco años después, en el año 2022. Expone que su profesión actual o la forma en que se gana la vida nada tiene que ver con el hecho que denunció. Agrega que la defensa tenía conocimiento del dato temporal aludido, pues en el contra-examen de Paula Ameri se limitó a preguntarle si sabía “cuál e[ra] la ocupación laboral actual de su hermana” y la testigo respondió “trabajadora sexual”. En definitiva, afirma que no se le ocultó al jurado cuál es su actividad laboral en el presente y que la defensa intenta que se revise una decisión en base a prejuicios. En ese sentido, cuestiona la incorporación injustificada de fotografías por parte de la defensa que violentan su intimidad.
Concluye que los recurrentes no demuestran que el jurado se haya apartado manifiestamente de la prueba producida en el debate, tampoco que se lo haya “privado de ver prueba alguna, que, por su contundencia y por sí sola, fuera capaz de inclinar la decisión por la no culpabilidad”. En definitiva, alega que la defensa no demostró que la decisión del jurado esté en contradicción con el conjunto de evidencia disponible.
Finalmente, explica que las instrucciones finales al jurado fueron claras, previamente controladas y que la defensa no planteó disconformidad alguna en su formulación. Especialmente, señala que se informó al Jurado cómo debía valorar la prueba testifical y que las alegaciones de las partes no constituían prueba. En consecuencia, considera irrelevante que el fiscal haya dicho que creía en el relato de la víctima.
En función de lo anterior, solicita se rechacen los recursos de casación interpuestos por las defensas e hizo reserva del caso federal, para el supuesto que se revoque el veredicto del Jurado.
5. Por su parte, el fiscal adjunto de Casación, Dr. Fernando Galán, postuló el rechazo de los recursos interpuestos por las defensas.
En lo esencial, observa que “los agravios que surgen de las presentaciones de los tres imputados, no resultan idóneos para atacar la decisión del jurado ya que no se encuentran contemplados en el art. 448 del CPP, ni resulta un motivo especial de impugnación previsto en el art. 448 bis del CPP, toda vez que no se denuncian violaciones a las reglas que rigen este tipo de juicios, sino que únicamente se pretende violentar la voluntad popular que no les es favorable a sus intereses”.
Sobre los agravios que invoca la defensa de Alejandro Santa María, expone que las “cuestiones acerca de la insuficiencia probatoria ya fueron planteadas por el defensor anterior durante su alegato frente a los miembros del jurado. Sin embargo, y pese a ello, el jurado por unanimidad entendió que la prueba cargosa sí era suficiente y decidió la culpabilidad de los tres encausados”.
Agrega que el recurrente “plantea el absurdo valorativo a partir de la insuficiencia de la prueba cargosa, pero omite la parte esencial del recurso, cual es, la demostración cabal del quiebre en el razonamiento, es decir la contradicción palmaria entre lo escuchado en le debate y lo decidido”.
En ese marco, afirma que el testimonio de un único testigo es apto y válido si se armoniza con el resto de la evidencia disponible, como ocurrió en el presente caso. Señala jurisprudencia que avala esa posición.
Con relación al recurso de los acusados Ricardo Velozo y Omar Rodriguez, observa que la defensa se limita a descalificar la labor y estrategia del letrado que intervino durante el juicio oral, circunstancia que no configura el estado de indefensión que denuncia. En ese sentido, señala que todos los actos procesales cumplidos fueron válidos y los imputados estuvieron debidamente asistidos por un
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