Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, Sala I · Causa 119762
La Sala I del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, integrada por los señores jueces doctores Daniel Carral y Ricardo Maidana (art. 451 del Código Procesal Penal), con la presidencia del primero de los nombrados, de conformidad con lo establecido en la Ac. 3975/2020 de la SCBA, procede al dictado de sentencia en el marco de la Causa N° 119762 caratulada “BAUMAN, CAMILA AYELEN; SALGUERO, BARBARA BELEN; SALGUERO, CAMILA DENISE Y SALGUERO, BRIAN MANUEL S/ RECURSO DE CASACION”, conforme al siguiente orden de votación: CARRAL - MAIDANA.
Llegan estas actuaciones para conocimiento del Tribunal a raíz de los recursos de casación interpuestos contra la sentencia dictada el 5 de octubre de 2021 por el Tribunal en lo Criminal nro. 10 de Lomas de Zamora, a través de la cual se condenó a Camila Bauman a la pena de siete años de prisión, cincuenta unidades fijas de multa, accesorias legales y las costas del proceso, por resultar autora responsable del delito tenencia de estupefacientes con fines de comercialización en concurso real con tenencia de arma de uso civil; y a Brian Salguero, Bárbara Salguero y Camila Salguero como coautores responsables del delito tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, agravado por la intervención de tres o más personas para cometerlos, imponiendo a los dos primeros las penas de siete años y seis meses de prisión, setenta unidades fijas de multa, accesorias legales y las costas del proceso y a la última la pena de siete años de prisión, setenta unidades fijas de multa, accesorias legales y las costas del proceso (45, 55 y 189 bis, inc. 2do., primer párr., Cód. Penal; art. 5to. inc. "c" y 11, inciso “c”, ley 23.737)
1. La defensa de Camila Bauman controvierte la condena por el delito de tenencia de arma de uso civil. En su opinión, la pistola secuestrada no reúne la calidad de arma de fuego pues para ello necesita que “sea ofensiva” y en el caso concreto estaba sin municiones y, por ello, sin capacidad “lesión o peligro inminente”.
Por otra parte, denuncia que los jueces le impusieron una pena superior a la requerida por la acusación, aun cuando no valoraron agravantes de pena pero sí atenuantes, que no se vieron reflejados en el proceso de formación de la pena.
Agrega que Camila Bauman, en las palabras finales del debate, solicitó se tuviera en cuenta la posibilidad de continuar bajo arresto domiciliario. Explicó que estaba en la escuela, que quería seguir estudiando y empezar la facultad. Señaló los cursos que había realizado y dijo que quería enderezar su vida, mostrando -según la defensa- un genuino arrepentimiento por los actos cometidos cuando tenía 19 años, producto de su inmadurez.
En definitiva, expone que los jueces determinaron la pena de Camila Bauman a partir de la magnitud del delito imputado pero sin reparar en los esfuerzos de la joven, compatibles con los fines resocializadores que también persigue la imposición de una pena y revocando -además- su arresto domiciliario, impidiendo aquel proceso.
Luego, plantea la inconstitucionalidad del primer párrafo del art. 5 de la ley 23.737, en cuanto establece el mínimo de la multa en 45 unidades fijas “por ser confiscatoria, cruel, inhumana, arbitraria e irracional”. Explica que se condenó a su asistida a pagar una suma de dinero que para ella es imposible de solventar.
Hizo reserva del caso federal.
2. Por su parte, la defensa de las acusadas Camila y Bárbara Salguero denuncia arbitrariedad en el razonamiento probatorio seguido por el tribunal al acreditar la participación de sus asistidas en el delito que se les atribuye.
Explica que los jueces dieron por probado que en el allanamiento realizado en el domicilio de Manzana 17 del barrio Don Orione, perteneciente a Brian Salguero, se hallaron estupefacientes destinados para la venta pero no se comprobó -en su opinión- que esos estupefacientes los tuviera “en conjunto con sus hermanas Camila y Barbara”, como se sostiene en el veredicto. Señala que la droga fue secuestrada fuera del departamento, en el piso que da a la ventana de la habitación de Brian Salguero.
Por otra parte, cuestiona el valor probatorio que los jueces asignaron a las denuncias anónimas que se incorporaron por lectura al debate, pues de ellas surgen numerosas menciones a mujeres que se dedicarían a la venta de estupefacientes en el barrio, algunas ni siquiera investigadas en esta causa y, por otro lado, porque la policía no identificó a ningún denunciante ni testigo que pudiera declarar sobre la veracidad de las manifestaciones que se hicieron en forma anónima. En consecuencia, considera que esos datos son indicios débiles o meras conjeturas sobre la responsabilidad de las acusadas Camila y Bárbara Salguero.
Señala que como prueba de cargo los jueces valoraron la declaración del policía López cuando afirmó que en las observaciones pudo individualizar que Camila Bauman siempre estaba con dos mujeres más y que por consultas con vecinos se llegó a reconocer a Camila Salguero como una de ellas; sin embargo, advierte la defensa, Lopez “no pudo percibir por sus propios medios esta situación” pues esa información surgió de un vecino que no aportó sus datos.
En definitiva, expone que López declaró haber observado comportamientos compatibles con la venta de estupefacientes pero no acreditó quién lo hacía, dato que tampoco surge de los compradores previos que realizaron aquella compra, quienes no declararon en la causa ni tampoco fueron convocados al juicio oral.
En ese marco, también controvierte el valor de los aportes de los vecinos (no identificados) que “ayudaron” en la investigación policial, pues algunos de los datos aportados no pudieron ser corroborados por el oficial Lopez, por ejemplo cuando le informaron que Soledad Ferreyra era una de las mujeres que vendía “pero sin embargo, a preguntas de [esa] parte dijo no haber visto nunca a Ferreyra” en las observaciones.
Finalmente, señala que del teléfono de Brian Salguero surgen conversaciones con quienes podrían ser sus hermanas, pero que -en su opinión- no permiten acreditar que Camila y Bárbara Salguero “se dediquen a la venta de estupefacientes” y “mucho menos que lo hagan de forma organizada e indistinta entre los hermanos tal como tiene por acreditado el Magistrado”.
2.1. En subsidio, cuestiona la aplicación de la agravante prevista en el art. 11 inc. c de la ley 23.737, pues sus elementos típicos no se justificaron en el caso concreto.
Explica que, en lo esencial, los jueces dieron por acreditado que todos los imputados poseían en su esfera de custodia sustancias estupefacientes con fines de comercialización, y que la actividad organizada de Bárbara, Camila y Brian Salguero surgía de los mensajes extraídos del teléfono de ese último, donde se constató el “fluido intercambio de conversaciones relativas a la venta y provisión de sustancias ilícitas entre ellos, de manera de poder abastecer a los clientes que respectivamente les solicitaban sustancias”.
Al contrario de lo sostenido por el tribunal, alega que la figura agravada demanda “de una coordinación que favorezca la consumación del delito, una actuación coordinada que otorgue mayor eficacia a las maniobras de venta de estupefacientes” y explica que en el caso no se comprobó “cuál [era] el rol de cada uno de los integrantes, ni qué participación tenía cada uno de los hermanos”.
2.2. Seguidamente, denuncia que los jueces impusieron a sus asistidas penas superiores a las requeridas por la acusación y revocaron los arrestos domiciliarios de Camila y Bárbara Salguero, aun frente a una sentencia que no estaba firme.
2.3. En definitiva, solicita que si se encuentran elementos para confirmar las condenas de sus asistidas por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, se declare erróneamente aplicada la agravante del art. 11 inc. c de la ley 23.737 y se determine la sanción en el mínimo de la figura básica imputada y en caso de mantenerse aquella agravante, se establezca la pena que requirió el Ministerio Público Fiscal.
3. Por su parte, la defensa de Brian Salguero alega que la evidencia disponible es insuficiente para probar, con la certeza que exige un veredicto de condena, que su asistido tenía estupefacientes con fines de comercialización.
Expone que de las múltiples denuncias anónimas valoradas por el tribunal surge el conocimiento de los vecinos sobre las ventas de estupefacientes que se realizaban en el barrio y, sin embargo, ninguna menciona a Brian Salguero como partícipe del delito. Que su asistido tampoco es mencionado en las tareas investigativas como sí aparecen, en cambio, sus hermanas Camila y Bárbara Salguero.
Explica que el tribunal descartó la versión que dio el acusado al declarar en la causa pero no pudo probar que Brian Salguero se domiciliaba en el departamento allanado (Manzana 17, edificio 7, 1ero. D), menos aun que la droga encontrada en el piso que da a la ventana de una de las habitaciones de ese departamento le perteneciera.
Como dijo Brian Salguero en su declaración, señala que el acusado no vivía en ese lugar y solo durmió allí una noche. Agrega que su asistido nunca negó que sus hermanas eran las que vendían droga.
Expone que el policía López declaró en el juicio que fueron muchas las denuncias anónimas que recibieron por la venta de estupefacientes en el barrio pero dijo que a Brian Salguero lo vio “por primera vez el día del allanamiento, es decir que jamás lo vio realizando maniobras compatibles con la venta de estupefacientes, ni mucho menos se constató la presencia de compradores previos que lo sindicaran”. Que tampoco constan “filmaciones o fotografías que lo muestren en alguna maniobra espuria”. Agrega que de la declaración de Lopez surge que se efectuaron varias tareas investigativas para dar los nombres y domicilios de los implicados, pero “jamás se mencionó el nombre de [su] defendido”.
Finalmente, afirma que tampoco surge de las desgrabaciones del celular de su defendido que comercializara estupefacientes sino, por el contrario, su adicción a tales sustancias.
En definitiva, solicita su absolución por aplicación del art. 1 del CPP.
3.1. En subsidio, alega que la sola concurrencia de varias personas que expendan estupefacientes en un mismo domicilio no abastece la agravante del art. 11 inc. c de la ley 23.737.
Expone que la norma sanciona más severamente la participación de tres o más personas que de manera coordinada actúen de modo tal que garanticen una mayor eficacia en la maniobra delictiva y que esa organización debe ser estructurada de manera tal que cada miembro tenga un rol asignado para contribuir con su aporte a la consumación del delito; circunstancias que el tribunal no probó en el caso concreto.
En ese sentido, explica que aun si por hipótesis se avalara que Camila, Bárbara y Braian Salguero se dedicaban a lo que coloquialmente se conoce como “narcomenudeo”, ello de todos modos no configura la intervención organizada que exige la agravante, pues su finalidad no es atrapar el simple estipendio de la sustancias a título oneroso.
Expone que los jueces tampoco justificaron cuál fue la participación que tuvo su defendido en la supuesta organización, o su aporte dentro de la cadena de comercialización, conforme exige la agravante, de acuerdo con la doctrina que menciona en el recurso.
3.2. Finalmente, alega infracción de los art. 40 y 41 del Código Penal y denuncia que los jueces impusieron a su asistido una pena superior a la requerida por la acusación. En ese marco, controvierte los agravantes valorados por el tribunal.
Hizo reserva del caso federal.
4. Practicado que fuera el sorteo de rigor, y notificadas las partes, el recurso radicó en la Sala.
El Fiscal ante esta Sala, Dr. Fernando Galán, postuló el rechazo de los recursos, por los argumentos desarrollados en el dictamen presentado.
Así, el Tribunal se encuentra en condiciones de resolver, decidiendo plantear y votar las siguientes
Primera: ¿Son procedentes los recursos de casación interpuestos?
Segunda: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión el señor juez doctor Carral dijo:
1. En lo que interesa destacar, los magistrados de la instancia anterior dieron por probado que “el 5 de diciembre de 2018, siendo aproximadamente las 5.20 horas, en la vivienda ubicada en la calle Pablo Podestá 2.185 de la localidad de Don Orione, partido de Almirante Brown, Camila Ayelén Bauman tenia ilegítimamente estupefacientes con fines de comercialización, más precisamente marihuana y cocaína, por un peso total de 764 gramos entre contenido y continente de marihuana y 180.5 gramos entre contenido y continente de cocaína” (pág. 15 del registro informático del veredicto).
Establecieron que “la sustancia estaba dispuesta [en] trozos compactos (…), cincuenta envoltorios y la restante ciento cuarenta y dos (142) envoltorios todos ellos de papel metalizados de diferentes colores con una sustancia color blanco en su interior (…) Se secuestró, además (…) una balanza de precisión y recortes de nylon, elementos utilizados para el fraccionamiento del material prohibido” (pág. 15/16).
Los jueces también tuvieron por probado que en el mismo domicilio “…más precisamente en el segundo estante de un mueble marrón de la habitación de Camila Ayelén Bauman, la nombrada tenía una pistola calibre .22 corto marca TITAN, sin numeración visible, con cargador y sin municiones en su interior, clasificada por la ley como arma de uso civil y que la nombrada tenía sin contar con la debida autorización legal” (pág. 16).
2. Por otra parte, el tribunal comprobó que “en la misma fecha y hora indicada, se realizó un allanamiento en la finca ubicada en la Manzana 17, edificio 7, piso 1ro., departamento 'D', constatando que Brian Manuel Salguero tenía de manera organizada e indistinta y a su disposición con fines de comercialización junto Bárbara Belén Salguero y Camila Denise Salguero , marihuana por un peso total de 34 gramos entre contenido y continente, dispuestos en 21 envoltorios de nylon de color negro, verde y blanco, los que se secuestraron fuera del departamento, precisamente en el piso que da a la ventana de la habitación del antes nombrado. Asimismo, se secuestró una tijera metálica y recortes de nylon, elementos utilizados para el fraccionamiento del material prohibido” (pág. 16).
3. A fin de lograr el correcto abordaje de los agravios invocados por las distintas defensas, conviene realizar ciertas aclaraciones preliminares.
Por un lado, advierto que la base fáctica establecida en el veredicto, relativa a la imputación que se hizo a la acusada Camila Bauman, no fue cuestionada por su defensa y llega firme a esta instancia. Como vimos, alega que las condiciones en que se halló el arma secuestrada (sin municiones colocadas) impide calificarla como arma de fuego, conforme la exigencia típica del art. 189 bis, inc. 2, primer párr. del Código Penal.
Por otro lado, constato que con diversos fundamentos y como planteo principal, las defensas de los hermanos Salguero controvierten el razonamiento probatorio seguido por el tribunal al acreditar que Camila, Bárbara y Braian Salguero tuvieron a disposición, con fines de comercialización, los estupefacientes secuestrados en el departamento de Manzana 17. Ambas defensas alegan, en subsidio, que no se probaron los elementos típicos que exige la figura agravada del art. 11 inc. c de la ley 23.737.
También cabe aclarar que las recurrentes no controvierten, en general, la fiabilidad de la evidencia disponible, en su mayoría incorporada por lectura al debate con acuerdo de partes, sino las inferencias probatorias que los jueces formularon a partir de esa prueba. En ese sentido, constato que solo prestaron declaración en el juicio dos testigos (los oficiales de policía Ariel López y Diego Yucheri), cuya fiabilidad como fuente de información tampoco viene controvertida en los recursos.
4. Dicho esto, conviene repasar la hipótesis principal que la fiscalía llevó al juicio (aun cuando ésa no logró ser probada por la acusación), a fin de lograr una idea más acabada sobre la investigación del caso, de cómo se llegó a la imputación de los aquí acusados y, en ese marco, examinar la capacidad de rendimiento de la prueba que valoró el tribunal al justificar el veredicto y, especialmente, la calificación legal de los hechos.
En efecto, la fiscalía describió tres hechos en el alegato de apertura, uno principal y otros dos que podríamos denominar derivados, pues se desprendieron de la investigación principal.
5. En lo que importa destacar, la fiscalía describió un primer hecho, cuya comisión ubicó entre el 21 de febrero y el 5 de diciembre de 2018, donde al menos siete sujetos “en forma conjunta, organizada, con roles definidos, cumpliendo las femeninas el rol de vendedoras”, “comercializaron ilegalmente estupefacientes, más precisamente cocaína y marihuana, fraccionadas en dosis destinadas al consumidor” (pág. 8 del registro informático del acta de debate). Estimó que entre esos sujetos se encontraban Camila, Bárbara y Brian Salguero, y Camila Bauman. La fiscalía también acusó a Soledad Ferreira y a Sergio Arozamena, a quien atribuyó el rol de adquirir y proveer la droga (ambos absueltos por el tribunal) e, inicialmente, atribuyó a Víctor Gimenez el rol de otorgar custodia a las vendedoras, desistiendo luego de su acusación, en la discusión final del debate. Calificó el hecho como comercialización de estupefacientes agravada por la intervención organizada de tres o más personas (pág. 24, acta de debate).
6. En ese sentido, constato que conforme lo explicó el testigo Ariel López en el juicio, a partir de la investigación de aquella organización se ordenaron seis o siete allanamientos simultáneos, realizados el 5 de diciembre de 2018. Dos diligencias resultaron positivas: la practicada en el domicilio de Camila Bauman (calle Podestá), donde se secuestró una importante cantidad de marihuana y cocaína, parte de ella fraccionada y un arma de fuego; y la diligencia practicada en el departamento de Manzana 17, donde se encontraba Brian Salguero. Allí se secuestró marihuana, dispuesta en 21 envoltorios de nylon, elementos de fraccionamiento y teléfonos celulares.
7. Ahora bien, volviendo a cuál fue el objeto del debate, constato que sobre el resultado positivo de esos dos allanamientos la fiscalía realizó una segunda imputación, que denominó como “hecho II”: en lo que aquí importa destacar, la acusación estimó probado que el día 5 de diciembre de 2018 en el domicilio de Manzana 17, Brian Salguero tenía estupefacientes “de manera organizada e indistinta y a su disposición con fines de comercialización”, junto a Camila Bauman, Sergio Arozamena y a sus hermanas Camila y Bárbara Salguero (pág. 17, acta de debate). Calificó el hecho como tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravada por la intervención organizada de tres o más personas (pág. 24, acta de debate).
8. Ya vimos que los jueces dieron parcialmente por probados los hechos imputados por la acusación. No se acreditó el denominado hecho principal (el comercio de estupefacientes) y, por otro lado, establecieron que quienes tuvieron la disposición de la droga secuestrada en el departamento de Manzana 17 “de manera organizada e indistinta” y “con fines de comercialización” fueron los hermanos Brian, Camila y Bárbara Salguero (pág. 16 del registro informático del veredicto), es decir, en este tramo de la reconstrucción judicial medió un recorte de la imputación, al excluir de a Camila Bauman y a Sergio Arozamena, no obstante mantuvieron la calificación propuesta originalmente y condenaron a Brian, Camila y Bárbara Salguero como coautores de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, agravada por la intervención de tres o más personas para cometerlos.
9. Ahora bien, al motivar el veredicto los jueces valoraron la declaración del policía Ariel López cuando recordó que la investigación
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.