Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, Sala V · Causa 118790
En la ciudad de La Plata, se reúnen en Acuerdo Ordinario los señores Jueces de la Sala Quinta del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, doctores Mario Eduardo Kohan, María Florencia Budiño y Fernando Luis María Mancini, para resolver en causa Nº 118790 de este Tribunal, caratulada: “VELAZQUE O VELAZQUEZ, Américo s/ Recurso de Casación”. Practicado el sorteo de ley, resultó que en la votación debía observarse el orden: KOHAN-MANCINI-BUDIÑO procediendo los mencionados magistrados al estudio de los siguientes:
I. Contra la resolución dictada por la Sala I de la Excma. Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial Mercedes que, con fecha 7 de junio de 2022, revocó lo resuelto por el Tribunal Criminal n° 3 de la mentada Departamental en cuanto declaró la inconstitucionalidad del art. 22 bis “in fine” del CPP, deduce recurso de Casación el señor Defensor Particular, doctor Damián Héctor Odetti, a favor de Américo Velazque.
II. Denuncia conculcadas las garantías constitucionales de los arts.: 1, 5, 16, 18, 19, 24, 28, 31, 33, 43, 75 inc. 22, 116 y 118 de la CN; 26 de la DADYDH; 10 DUDH; 8.2 de la CADH; 14.1 del PIDCyP; 11, 15, 57, 168 y 171 de la Const. Pcial.; 1, 15, 22, 22 bis, 36, 37, 39, 328 inc. 1; 338 inc. 3 y ccdtes. del CPP.
Refiere que, aunque no se trate de una sentencia definitiva los agravios son de neto corte constitucional (Corte Suprema de la Nación -Strada, Christou y Di Mascio-).
En primer lugar, plantea la nulidad del procedimiento de renuncia de la integración del Tribunal con Jurados llevado adelante por la instancia
Luego, se queja del absurdo y arbitrario rechazo del planteo de inconstitucionalidad del art. 22 bis in fine del CPP.
Aduce que el Juez Natural en la presente causa resulta ser el jurado popular, tal como lo establece los arts. 24, 75 inc. 22 y 118 de la CN, y el art. 22 bis, primer párrafo del CPP. Siendo ello así, ningún otro juez puede entender en la presente causa por mas constitucional que fuere su nombramiento. De allí el absurdo y la insuficiencia del razonamiento del fallo.
Peticiona consecuentemente se case el fallo impugnado y se resuelva conforme lo planteado.
Hace reserva del caso federal, conforme artículo 14 de la ley 48.
III. Radicado el recurso por prevención en Sala, fueron notificadas las partes.
IV. Hallándose la causa en estado de dictar sentencia, la Sala V del Tribunal decidió plantear y votar las siguientes:
1ra.) ¿Es admisible el recurso de Casación deducido?
2da) ¿Es procedente?
3ra.) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el Señor Juez, doctor Kohan , dijo:
El recurso se dedujo en tiempo y forma, cf. Arts. 421 y 451 del CPP, contra una resolución impugnable por esta vía en los términos del art. 450 tercer párrafo del CPP, a fin de garantizar la doble conformidad judicial (cf. Art. 8.2 h de la CADH).
Asimismo, el planteo incoado por la defensa involucra una cuestión de índole federal, toda vez que se cuestiona la constitucionalidad del art. 22 bis “in fine” del CPP.
Voto por la afirmativa.
A la misma primera cuestión planteada el Señor Juez, doctor Mancini , dijo:
Adhiero al voto del doctor Kohan, expidiéndome en igual sentido y por los mismos fundamentos.
Voto por la afirmativa.
A la misma primera cuestión planteada la Señora Jueza, doctora Budiño , dijo:
Adhiero al voto del doctor Kohan, expidiéndome en igual sentido y por los mismos fundamentos.
Voto por la afirmativa.
A la segunda cuestión planteada el Señor Juez, doctor Kohan , dijo:
I. El pedido de audiencia que trae el recurrente es improcedente por resultar el presente uno de los supuestos de abreviación de los normados en el artículo 464 del C.P.P.
II. Luego y de una lectura del presente legajo, la Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial Mercedes consideró -para declarar la constitucionalidad de la norma en cuestión-, amen de sostener que "...la declaración de la sanción fulminante respecto de una disposición legal es un acto de suma gravedad institucional y una de las mas delicadas funciones susceptibles de encomendarse a un tribunal de justicia y, por ello, debe ser considerada como ultima ratio del orden jurídico, que el juicio por jurados es un procedimiento que, si bien permite la participación popular en la administración de justicia, no puede decirse que constituye un derecho fundamental del ser humano, pues no reconoce fundamentos en los atributos de la persona.
De hecho, su efectiva implementación esta sujeta a una decisión del poder legislativo, siendo dicho órgano el que está habilitado constitucionalmente para tomar decisiones colectivas, valorando a tal efecto las necesidades e intereses de los ciudadanos, contexto en el cual se determinó en forma genérica que tipos de delitos podían ser juzgados, como así también que la renuncia de uno de los imputados determinará la integración del tribunal.
Así es que consideramos que la circunstancia de que la ley procesal haya dispuesto lo dicho, en modo alguno transgrede la garantía constitucional de juez natural, pues los jueces técnicos que tienen a cargo el juzgamiento de aquellos casos, también se encuentran investidos constitucionalmente con la potestad de juzgar la responsabilidad penal de los ciudadanos...." Agregan que: "...mal puede ocasionar agravio constitucional para el imputado el ser juzgados por jueces nombrados de acuerdo a la ley fundamental, a la normativa vigente y dentro del marco de su competencia...".
III. Ahora bien, entrando al planteo de la defensa, en un caso de ribetes análogos la Sala IV -que naturalmente integro-, se ha pronunciado por la inconstitucionalidad del art. 22 bis in fine del CPP, por contravenir la garantía del Juez Natural contenida en el art. 18 de la Constitución Nacional (Causa n° 83.026 “DÍAZ VILLALBA, Blanca Alicia s/ Recurso de Casación”, registro n° 585, de fecha 22/6/2017).
En esa oportunidad sostuve, y reafirmo ahora que:
Tengo dicho desde hace tiempo que la declaración de inconstitucionalidad debe obedecer a una cuestión grave y manifiesta, toda vez que las leyes dictadas por el Congreso de la Nación y de la Provincia se presumen válidas. Dicha solución ha sido consagrada por el Tribunal de Casación Provincial que ha sostenido que “…la validez constitucional de las normas debe ser presumida, implicando que una declaración en contrario ha de tenerse como ‘ultima ratio’ de la labor judicial, concepción…que instaura la exigencia de que la discordancia entre los principios fundamentales de la Carta Magna y las cláusulas normativas atacadas, ha de ser manifiesta.” (Trib. Casación, Sala III, P 11258 RSD-422-3 S 3-7-2003 , Juez MAHIQUES (SD) causa “G.,F. s/ Recurso de casación”, MAG. VOTANTES: Mahiques-Borinsky).
En tal sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia ha establecido que la declaración de inconstitucionalidad de una ley o decreto constituye un acto de suma gravedad institucional, de manera que debe ser considerada como la “última ratio” del orden jurídico (autos “Silacci de Mage, L. 45.654, rtos. 28/5/91; en igual sentido se ha expresado la Corte Suprema de Justicia de la Nación: E.D., 1-12, 10/2/1961).
A su vez, el Alto Tribunal de la Provincia ha exigido como indispensable, para la suficiencia de una impugnación de carácter constitucional, la exposición del modo en que la norma cuestionada quebrantaría las cláusulas constitucionales invocadas y que exista una relación directa entre aquella y éstas (autos “Playamar S.R.L., I 1329, rtos. 10/12/92).
Por tanto, es opinión del suscripto que, al haberse realizado un pormenorizado análisis de la razonabilidad de la norma, debo pronunciarme por la no concurrencia de tal calidad.
Es que al estructurarse en nuestro país la división de poderes y de funciones, inherente a nuestro sistema constitucional de gobierno, aceptándose que el Poder Judicial es el guardián de la constitucionalidad, para así asegurar la supremacía de la Carta Magna.
Como refuerzo de lo sostenido hasta aquí, creo conveniente traer a colación la doctrina legal de nuestro más Alto Tribunal Nacional, cuando en los autos “Pupelis, María”, sentó que: “la declaración de inconstitucionalidad de una disposición legal es un acto de suma gravedad institucional ya que las leyes debidamente sancionadas y promulgadas, esto es, dictadas de acuerdo a los mecanismos previstos en la Ley Fundamental, gozan de una presunción de legitimidad que opera plenamente y que obliga a ejercer dicha atribución con sobriedad y prudencia, únicamente cuando la repugnancia de la norma con la cláusula sea manifiesta, clara e indudable. La Corte Suprema, al ejercer el elevado control de constitucionalidad debe imponerse la mayor mesura, mostrándose tan celosa en el uso de sus facultades como del respeto a la Carta Fundamental, con carácter privativo a los otros poderes” (El iluminado me pertenece).
Sentadas así las bases del análisis de la constitucionalidad de una ley o de un dispositivo contenido en alguna de ellas, adelanto que habré de propiciar el acogimiento del planteo, desde que se verifican los postulados invocados que justifican la excepcional declaración pretendida.
En forma preliminar, he de mencionar que es consabido que las cláusulas constitucionales son reglamentadas a través de la legislación, la cual debe velar por las mismas anteponiendo los mandatos contenidos en aquellas disposiciones. Esta tarea es realizada por las provincias a través de sus legislaturas o de la Nación en todas las materias cuyas competencias hayan sido delegadas a ésta (art. 75 inc. 12 de la C.N.).
Sentado ello, a la luz de la tacha que se hace del art. 22 bis del C.P.P., debo precisar cuál es la garantía constitucional que se encuentra en juego, que no es otra que la del Juez Natural, contenida en el art. 18 de la Ley Fundamental. En ese norte, corresponde recordar que la noción primaria de la garantía del Juez Natural es aquella que se dirige a enfrentar una posible actuación arbitraria del poder punitivo del Estado (para perjudicar al acusado), que podría facilitarse mediante la designación de un juez, especialmente para el caso (“ad hoc”), con posterioridad a los hechos en presunta infracción (“ex post facto”), evitando de esa forma el juzgamiento por “comisiones especiales” prohibidas por la Constitución Nacional, siendo que el desarrollo del precepto enunciado viene dado en forma amplia en fallos de la C.S.J.N. tales como "Rougés, Marcos c/ Provincia de Tucumán", "Sueldo de Poslesman, Mónica", "Grisolía, Francisco" entre otros.
Así, el Art. 18 CN establece que "ningún habitante de la Nación puede (...) ser juzgado por comisiones especiales o sacado de los jueces designados por la ley antes del hecho de la causa". Por su parte, la legislación internacional incorporada con jerarquía constitucional (Art. 75 inc. 22) estableció idéntico principio. Así, por ejemplo, la segunda parte del inc. 1) del Art. 8 de la Convención Americana prescribe que "Toda persona tiene derecho a ser oída... por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial establecido con anterioridad por la ley".
En esa dirección, el Art. 1 del Código Procesal Penal dispone: "Nadie podrá ser juzgado por otros jueces que los designados de acuerdo con la Constitución de la Provincia y competentes según sus leyes reglamentarias (...)".
Para cumplir debidamente con la referida garantía del “Juez Natural”, el Tribunal debe ser creado por una ley, dictada con anterioridad al hecho que originó la causa, que determine la competencia (en razón del territorio, materia, etc.) para entender y juzgar determinada categoría de delitos o personas.
Se trata de un concepto institucional (órgano jurisdiccional creado por la ley) y no personal, que goza de vigencia desde antaño en el derecho constitucional argentino, perteneciendo por igual a la parte dogmática de la Constitución Nacional (garantías de los habitantes) y a la parte orgánica (organización del Estado; en particular, del Poder Judicial) de la Carta Magna.
De otro lado, el juicio por jurados es un mandato constitucional que recién empieza a reglamentarse en las distintas jurisdicciones. En efecto, tanto en la primera de las secciones enunciadas en el párrafo precedente de la Constitución Nacional (art. 24) como en la segunda de ellas (art. 75, inc. 12 y art. 118) se establece tal premisa. Este último artículo –que fue tomado del Art. III, Sección 2, inciso 3° de la Constitución de los Estados Unidos de América- dispone que todos los juicios criminales ordinarios que no se deriven del derecho de acusación concedido a la Cámara de Diputados finalizarán por veredicto dictado por jurados.
Claro está que en el art. 118 se establece un criterio de oportunidad dejado a consideración de los legisladores de cada una de las provincias que componen la República al establecer que “Todos los juicios criminales ordinarios, que no se deriven del derecho de acusación concedido a la Cámara de Diputados se terminarán por jurados, luego que se establezca en la República esta institución...”. Pues bien, en nuestra provincia ese momento ha llegado con la sanción de la ley 14.543, con lo cual la manda constitucional ha cobrado plena operatividad en el territorio bonaerense, siendo que el punto de partida de todo análisis debe hacerse con la total vigencia de las disposiciones antes mencionadas. A los fines de distinguir entre los distintos sistemas, habré de referirme a Jueces “profesionales” a quienes integramos el Poder Judicial, establecido en la Sección Sexta de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y somos designados conforme las previsiones de los arts. 175 y siguientes del citado cuerpo legal, para distinguirlos de los “jurados populares” que es la otra arista que habré de invocar a lo largo de este desarrollo.
En esa idea, con el avenimiento de la aludida normativa, se advierte entre los principios contenidos en el art. 1 del C.P.P. al de "juez natural” y al “juicio por jurados", lo que viene a significar que en los casos previstos por el nuevo ordenamiento habrá una suerte de desdoblamiento en la tarea de juzgar algunos delitos criminales que queda en cabeza de un “Juez Natural” y de un “Jurado Natural”, con funciones bien diferenciadas, más ambos con un reconocimiento en el texto constitucional. Ello surge del propio articulado citado que reza "Nadie podrá ser juzgado por otros jueces que los instituidos por la ley antes del hecho objeto del proceso y designados de acuerdo con la Constitución de la Provincia. La competencia y el procedimiento para el juicio por jurados en causas criminales se ajustarán a las normas de este Código", siendo que de esta forma se ha regulado la participación ciudadana como principio procedimental conforme a lo previsto en la Constitución de la Nación y en el Código procedimental.
La jurisdicción es ejercida por los Jueces profesionales, pero el dictado del veredicto, que esencialmente da por comprobado o no un objeto procesal, entendido como un hecho humano voluntario en función penal y con pretensión punitiva es tarea de los jurados. Por tanto, las funciones de los primeros se limitan a elaborar la sentencia, dirigir el debate y eventualmente decidir la imposición de pena sobre el encontrado culpable por el jurado.
Sin embargo, en las distintas disposiciones contenidas en el ordenamiento bonaerense, como ser el cuestionado art. 22 bis, los arts. 336, 338 bis, ter, quater, 342 bis, 371 bis, ter, quater y 369 entre otros, se analiza al Tribunal de Jurados como órgano jurisdiccional.
Lo hasta aquí referido es prolegómeno de la idea central que aquí deseo abordar, que consiste en establecer qué constituye la garantía del “Juez Natural” en la provincia de Buenos Aires. Como he referido en los párrafos precedentes, casi todas las garantías contenidas en nuestra Constitución Nacional son pasibles de ser reglamentadas a través de las leyes que regulan su ejercicio. Sin embargo, hay una que ha sido expresamente reglada en el propio texto de la Carta Magna y esta no es otra que la del Juez Natural en el caso de los juicios criminales, el cual no será otro que el jurado popular, con los alcances que decida darle el legislador local.
Con lo dicho quiero significar que en materia del enjuiciamiento penal existe un Juez Natural que es aquél Magistrado profesional designado por la ley que regule el debido proceso –otra garantía contenida en el propio art. 18 de la C.N.- que coexiste con el otro juzgador cuya intervención deviene necesaria en este tipo de procedimiento cual es el jurado. Es decir, a esta altura de las cosas puedo afirmar, si se me permite la licencia, que existe un Juez que es más “natural” que otros jueces, el cual no es otro que el jurado popular, desde que su existencia ya no depende de una ley que lo reconozca como tal sino que su razón de ser y su presencia viene ordenada desde la Constitución Nacional misma. Este parece ser el espíritu que ha quedado consagrado en la Carta Magna ya desde su regulación originaria en el año 1853.
Pues bien, sobre estas bases ha de reposar el análisis del art. 22 bis del ritual que viene cuestionado. Los efectos que provoca la aplicación del precepto en cuestión conforme lo escrito viene a contrariar la voluntad de algunos de los individuos sometidos a la Justicia penal de la provincia de Buenos Aires, desde que los priva de su acogimiento al sistema de enjuiciamiento a través de jurados en caso de que algún consorte de causa opte por el juicio profesional o tradicional. Y resulta innegable que tal dispositivo, conforme está redactado, viola la garantía del Juez Natural contenida en el art. 18 de la Constitución Nacional al sustraer a un ciudadano de los Jueces que ella ordena resuelvan los procesos en materia criminal cuando la pena en abstracto exceda los quince años.
Las objeciones que pueden hacerse a este respecto, relativas a que una solución similar es aquella relacionada con la unipersonalidad del Juez de Juicio en el caso de los delitos criminales, al disponer en el art. 22 del C.P.P. (conforme redacción de la ley 13.943) que, en caso de pluralidad de imputados, al optar uno de ellos por el enjuiciamiento vía Tribunal colegiado, ello obligaba a la sustanciación de la etapa plenaria con esta última integración, resultan rebatibles. El fundamento para descartar tal argumento radica en el hecho de que cuando la variable del juicio pasa solamente por la cantidad de jueces profesionales que intervendrán, no se está afectando el procedimiento ni las reglas en que se enmarca el mismo, desde que las opciones se mueven dentro de un único plano de sujetos llamados a tomar la decisión del pleito sometido a su conocimiento, de ahí la ausencia de perjuicio o de afectación a derecho o garantía alguna.
Por el contrario, en el caso del paralelismo que se busca con la cláusula del art. 22 bis del ritual, ello reluce más por falsa apariencia que por ajuste a la realidad, toda vez que lo que aquí se resuelve en definitiva no es solamente la privación de la garantía de intervención del –conforme la licencia que antes me he otorgado- Juez “más natural entre los naturales” como lo es el jurado, sino el sometimiento a un procedimiento completamente distinto y con reglas diferentes, las cuales no solamente se limitan a la división del rol de juzgamiento sino, por ejemplo a las notas distintivas que hacen al sistema de valoración de la prueba que rige para los jurados populares y para los Jueces profesionales, entre muchas otras.
De todas formas, corresponde hacer algunas aclaraciones en torno a la decisión final y a cómo debería procederse en el futuro con el sistema procesal penal. He dicho líneas arriba que el juicio penal por jurados es un instituto arraigado a la Constitución Nacional desde su primera redacción, perdurando a través de las sucesivas reformas que de ella se ha hecho, sin perjuicio de lo cual, c
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