Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, Sala III · Causa 118074
En la ciudad de La Plata, Sede de la Sala III del Tribunal de Casación Penal, se reúnen en Acuerdo Ordinario los señores jueces doctores Ricardo Borinsky y Víctor Horacio Violini, con la presidencia del primero de los nombrados, a los efectos de resolver la causa número 118.074 , caratulada “ SALABERRY, ALEJANDRO JAVIER S/RECURSO DE CASACIÓN” , conforme al siguiente orden de votación: BORINSKY – VIOLINI.
La Sala III de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Mar del Plata revocó el auto de la Juez de Garantías nro. 3 de ese Departamento y declaró la nulidad del sobreseimiento dictado en la IPP 08-00-175940-04 en relación a Alejandro Javier Salaberry al encontrarse extinguida la acción penal, por prescripción, por los hechos de robo doblemente agravado por el uso de arma y por su comisión en lugar poblado y en banda, homicidio doblemente agravado por la causa y ser cometido en perjuicio de un miembro de la fuerza de seguridad pública, homicidio doblemente agravado por la causa y ser cometido en perjuicio de un miembro de la fuerza de seguridad pública en grado de tentativa que se le imputaran; con fundamento en que dicha decisión había sido adoptada bajo error judicial motivado en el accionar delictivo y fraudulento del imputado, configurándose así un supuesto de cosa juzgadaírrita.
Contra dicho pronunciamiento la Defensora Oficial deduce recurso de casación denunciando que la Cámara, al declarar la nulidad de una resolución que había adquirido firmeza, aduciendo encontrarse frente a un supuesto de cosa juzgadaírrita, incurre en inobservancia de los artículos 18 y 75 inciso 22° de la Constitución Nacional, 168 y 171 de la Constitución de la Provincia, 59, 62 y 67 del Código Penal y 323 inciso 1° del Código Procesal Penal.
Expresa que el instituto de la cosa juzgadaírrita, invocada por los particulares damnificados y que la Cámara replica en la resolución atacada, se aplica ante supuestos muy específicos y limitados y que, si bien puede admitirse que las decisiones judiciales espurias adoptadas de la mano del fraude a la ley, y en casos de especial relevancia y siempre con carácter excepcional, deban ceder con miras al valor supremo Justicia, lo cierto es que no puede resultar alterada la seguridad jurídica de modo tal que ningún derecho pueda ser considerado finalmente adquirido.
En el particular, advierte que ninguna de las conductas mencionadas como fraudulentas, referidas a la usurpación de identidad que se atribuye a su asistido ha dado lugar, hasta el momento, a la formación de alguna investigación por la presunta comisión de delito, mientras que en ninguna de las investigaciones penales preparatorias que se señalan como iniciadas en relación a Salaberry se ha arribado, hasta la fecha, a un pronunciamiento condenatorio que permita dar sustento a la interrupción del curso de la prescripción de los hechos aquí ventilados, como exige el artículo 67 del Código Penal.
De allí que, dice, la Juez de Garantías, acertadamente, rechazara la nulidad impetrada por los particulares damnificados, por entender que el planteo resultaba prematuro, toda vez que era necesario para que operara la causal de interrupción del curso de la prescripción, una sentencia firme respecto al nuevo delito, circunstancia que ha sido desatendida por completo por la Alzada, a quien parece bastarle con la presteza de Salaberry para sustraerse al aparato estatal para invocar la cosa juzgadaírrita y revocar el sobreseimiento firme que lo había beneficiado.
El criterio empleado por la Alzada resulta, a su parecer, sumamente peligroso, al poner en riesgo la seguridad jurídica por cuestiones ajenas a las previsiones legales y motivadas en principios morales o éticos.
En definitiva, el criterio que emplea la Excma. Cámara implica no sólo una interpretación contra legem sino una clara violación al principio de debido proceso y de lex certa incluido en el más amplio del principio de legalidad (artículos 18 y 19 de la Constitución Nacional).
Luego, en el entendimiento de que los coimputados Palomino, López y De Los Santos fueron condenados por el mismo acontecimiento histórico que fue calificado como robo con homicidio (descartando el encaje propuesto por la Fiscalía), entiende lógico afirmar que, para el caso de ser condenado, su asistido Salaberry también lo sería por el delito previsto en el artículo 165 del Código Penal, de manera que, habiendo transcurrido con holgura el plazo de prescripción de doce años (conf. el artículo 62 del Código Penal), desde el 27 de octubre de 2003, sin que exista condena alguna contra su defendido por hechos posteriores a esa fecha, no cabe sino concluir que la acción penal se encuentra extinguida, pues la actitud “fraudulenta” que se atribuye a su defendido no resulta ser una causal de las previstas en el artículo 67 del Código de fondo, por lo que no puede modificar tal conclusión.
Concedido el recurso y radicado con noticia a las partes, la Fiscal Adjunta solicitó su rechazo, quedando la Sala en condiciones de resolver, por lo que se tratan y votan las siguientes
Primera: ¿Es procedente el recurso de casación traído?
Segunda: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión, el señor juez doctor Borinsky dijo:
Primero. Según se desprende de los antecedentes de la presente, los hechos que la originaran, resumidamente, son los siguientes:
El 27 de octubre de 2003, siendo entre las 16:30 y las 17:15 horas, aproximadamente, varias personas de sexo masculino, entre ellos Claudio Raúl López, Fernando A. Palomino, Carlos Marcelo de los Santos y Alejandro Javier Salaberry, ingresaron al local comercial denominado “Unicomp Computación”, sito en calle 20 de Septiembre al 2946 de Mar del Plata, portando armas de fuego de gran calibre y aptas para su uso, entre ellas una pistola Bersa modelo Thunder 9 milímetros nro. 14923 y una pistola calibre 11.25 mmó 45 marca D.G.F.M.
Una vez en su interior redujeron a los propietarios del lugar Nicolás Urruty y José Tur y a ocasionales clientes desapoderándolos, bajo intimidación y amenazas, de pertenencias varias y dinero en efectivo.
En las mismas circunstancias de tiempo y lugar precitadas, para asegurar los resultados de los hechos descriptos precedentemente y procurar su impunidad, los sujetos mencionados dispararon sus armas de fuego contra los funcionarios policiales Cristian Agusti y Cristian Fournier, llegados al lugar por el aviso de robo, provocando la muerte del primero de los nombrados y lesiones que pusieron en peligro la vida del restante.
También surge de la causa que, mientras los imputados Palomino y López fueron condenados por el Tribunal en lo Criminal número 3 a veinticinco años de prisión y el coimputado De los Santos a quince años de la misma especie de pena, por el delito de “homicidio en ocasión de robo” (condenas confirmadas por esta Sala en las causas nro. 23.007 y 64115 del registro de Presidencia, respectivamente) Salaberry nunca fue llevado a juicio pero, el 28 de enero de 2019, luego de haberse mantenido prófugo durante ese tiempo, se presentó por intermedio de su defensa ante el Juzgado de Garantías manifestando que se ponía a disposición de la justicia y solicitaba el dictado de su sobreseimiento por extinción de las acciones penales, en relación a la imputación que pesaba sobre él.
El Juzgado requirió antecedentes penales para verificar la posible comisión de delitos, los cuales a nombre de Alejandro Javier Salaberry dieron resultado negativo por lo que, mediante resolución del 31 de mayo de 2019, declaró extinguida, por prescripción, la acción penal emergente de los hechos de robo doblemente agravado por el uso de arma, y en poblado y en banda, homicidio doblemente agravado, por la causa y por ser la víctima miembro de una fuerza de seguridad y homicidio doblemente agravado, por la causa y ser la víctima miembro de una fuerza de seguridad, en grado de tentativa y sobreseyó a Alejandro Javier Salaberry en la relación a los mismos.
Firme tal pronunciamiento, el 2 de agosto de 2021 los particulares damnificados Roland Agusti y Graciela Panebianco, con el patrocinio de la Dra. María Adelina Martorella, promovieron incidente de nulidad solicitando se declarase la nulidad del sobreseimiento por haber sido dictado bajo error judicial motivado en el accionar delictivo y fraudulento del imputado, ya que habría incurrido en la causal de interrupción del plazo de prescripción prevista en el artículo 67, sexto párrafo, letra “a”, del Código Penal en tres oportunidades entre 2009 y 2021 utilizando una falsa identidad.
El 17 de noviembre de 2021 la Magistrada no hizo lugar, por prematura, a la nulidad articulada.
Contra dicha decisión, el 23 de noviembre de 2021 los particulares damnificados interpusieron recurso de apelación, el que dio lugar al dictado de la resolución impugnada por parte de la Sala III la Cámara de Apelación y Garantías.
De la lectura del pronunciamiento impugnado -resumidamente- se desprende que el juez del primer voto, al que adhiere el restante, luego de definir el significado de “cosa juzgada” que considera intrínsecamente relacionado con el principio de seguridad jurídica que, a su vez, rige el sistema normativo de un Estado de Derecho, recuerda que Hitters –que a su vez remite a Kohler- se adscribe a la idea de quienes entienden que la invariabilidad de las decisiones judiciales no es un principio absoluto, ya que el fundamento del instituto -oportunidad y utilidad- reposa en última instancia en exigencias políticas y no jurídicas, y de necesidad práctica (cita Hitters, Juan Carlos, "Revisión de la cosa juzgada", Editorial Platense, año 2001, p. 8).
Dice, entonces que, aceptada -aunque en forma excepcional-, la revisabilidad de las sentencias firmes, no existe óbice para que ante el “trastocamiento de valores” -o lo que es lo mismo: “un cambio de las circunstancias que le dieron origen”- se case una resolución firme y, si bien acepta que la seguridad jurídica y la cosa juzgada son institutos necesarios en un Estado de Derecho, entiende que no menos cierto es que éste también necesita indefectiblemente que aquellos valores se armonicen con la justicia.
Por ello, sostiene que “[el] verdadero conflicto axiológico no se da entre los conceptos seguridad y justicia como lo expresamos, sino que por el contrario, se entabla con sus respectivos disvalores -justicia vs. injusticia, y seguridad vs. inseguridad-”.
En el análisis de los supuestos en que procede la revisión de la cosa juzgada vuelve a citar a Hitters en cuanto afirma que “...la inmutabilidad de los decisorios judiciales, o sea la vocación de eternidad que tiene toda sentencia firme, solo puede ser quebrada en los casos en que opera: a) un cambio de las circunstancias que le dieron origen al fallo, o b) cuando se detectan ciertos vicios que lo hacen intolerablemente injusto” y recuerda que, en lo que se refiere “a las circunstancias que le dieron origen al fallo”, el autor mencionado recuerda que Boehmer contempla tres hipótesis: a) modificación de las circunstancias económicas, b) cambio de los métodos científicos y c) trastocamiento de valores políticos o morales; mientras que, respecto de la segunda hipótesis, se dividen en tres grandes grupos: las que se refieren a la actividad del juez, a la actividad de las partes, o a la de las pruebas (Hitters, Juan Carlos, ob. cit., p. 258).
Recuerda, asimismo, que otros autores sostienen que pueden clasificarse en tres supuestos las circunstancias generadoras de la cosa juzgadaírrita: a) sentencias intencionadas o manipuladas (vicio de parcialidad) sea por producir un daño cierto por acción u omisión o por consolidar una situación de injusticia notoria; b) sentencias viciadas por intimidación (libertad para juzgar) por violencia directa sobre el juzgador, violencia indirecta sobre la jurisdicción, uso de la fuerza como mecanismo de extorsión, sanciones ilegítimas al juzgador como medio de amilanar su independencia, por extorsión al Estado a través de la sentencia; c) sentencias dolosas (anulación por connivencia con las partes) en revocación de sentencias dictadas en procesos aparentes, y finalmente, por cosa juzgada fraudulenta (Gozaíni, Osvaldo A, "Revisión de la cosa juzgada", Ediar, Buenos Aires, 2015, pág. 199).
Relacionando lo expresado con el caso, sostiene que “el motivo en análisis es por cosa juzgada fraudulenta”, agregando que “[f]raude procesal es toda maniobra de las partes, de los terceros, del juez o de sus auxiliares, que se incline a obtener o a dictar una sentencia, con o sin valor de cosa juzgada, o a la homologación de un acuerdo procesal u otra resolución judicial, con fines ilícitos, o impedir su pronunciamiento o ejecución” (Gozaíni, Osvaldo A, ob, cit., p 233)
Luego explica que, aunque la norma relativa a la acción de revisión se refiere a “sentencias condenatorias firmes”, pues ha sido establecida en favor del condenado, hoy no puede desconocerse el derecho a la víctima en el ejercicio de la tutela judicial efectiva y por ende, aceptarse una interpretación bilateral en su ejercicio, circunstancia que considera avalada por el dictado de la ley nacional nro. 27.372 y la ley provincial nro. 15.232 que procuran el robustecimiento del rol de aquélla en el proceso penal.
De seguido, se dedica al análisis del caso concreto, en particular, la extinción de la acción por prescripción respecto de los hechos atribuidos a Salaberry y la conducta de éste posterior a la comisión de los mismos.
Señala así, que la Juez de Garantías, previo expedirse acerca del pedido de prescripción, requirió los correspondientes antecedentes penales para verificar la existencia de causales interruptivas de la misma, los que arrojaron resultado negativo, a consecuencia de lo cual y dándose la totalidad de las exigencias previstas en el artículo 67 del Código Penal, declaró extinguida la acción penal y sobreseyó al imputado.
Describe asimismo las innumerables medidas adoptadas para dar con el paradero de Salaberry durante todos estos años, destacando que no por ser múltiples, resultaron eficaces y con ello concluye que el Estado mantuvo de manera constante el poder de acción penal vigente, mostrando una intención plena de promover el proceso en la búsqueda de justicia.
Por último, analiza la conducta del imputado afirmando, resumidamente, que después de la comisión de los hechos, e identificado como uno de los autores, se dio a la fuga escondiéndose por más de una década en una vivienda de la localidad de Parque San Martín, Partido de Merlo, lugar donde usurpó la identidad de Lucas Lamas, identificándose con dicho nombre nominativamente y empleando el número real de documento de identidad de dicho ciudadano para sus actividades. Afirma que dichos actos fraudulentos le permitieron a Salaberry mantenerse prófugo, y burlar las acciones del Estado tendientes a lograr su captura.
Detalla el magistrado que tal identificación fue utilizada por el acusado ante “imputaciones judiciales por nuevos y graves hechos cometidos en ese período”, destacando que:
- En 2010 se inició en el Departamento Judicial Morón la IPP 10-00-005810-10 por el delito de amenazas, por una denuncia promovida por Georgina Benítez Acuña, caratulada “NN Lucas s/ Amenazas”, cuyo trámite final se desconoce.
- El 15 de octubre de 2018 se formó la IPP 10-00-044319-18 también del Departamento Judicial Morón por el delito de homicidio en grado de tentativa, señalándose a Lucas Lamas como su autor, librándose orden de detención, lo que motivó que abandonara dicha identidad, así como aquel domicilio.
- Por último, usurpó o utilizó la identidad de su hermano Maximiliano Salaberry dando lugar a la IPP 08-00-017905-21 la que tuvo inicio por denuncia del Hospital Interzonal General de Agudos de Mar del Plata.
Concluye, entonces, que “las acciones dolosas y fraudulentas del imputado que lo beneficiaron con el dictado de la resolución ahora puesta en crisis, constituyen el fundamento de que la cosa juzgada seaírrita. En virtud de ello debe ser casada y sus efectos corregirse”.
Segundo. Como recuerda la doctora Argibay en “Mazzeo” (CSJN, Fallos 330:3248, considerando 6°), en su historia jurisprudencial, la Corte Suprema de Justicia de la Nación “...ha presupuesto que es el efecto final e irrevocable de los fallos judiciales el elemento definitorio de la actividad que toca al Poder Judicial de la Nación (ver Fallos: 327:4729, 4732) que marca su lugar institucional y lo diferencia de las otras dos ramas del gobierno federal organizado por la Constitución Nacional. Esa razón, muchas veces no enunciada por obvia, ha llevado en el pasado al enérgico rechazo de aquellas leyes que otorgaban esos efectos a decisiones administrativas, sea declarándolas inconstitucionales (Fallos: 257: 136), sea admitiendo un recurso extraordinario ante la misma Corte para dar lugar a una revisión judicial de esas decisiones (ver la formulación de este principio en Fallos: 204: 474). Al mismo tiempo, ha reconocido que, una vez pronunciado el fallo judicial y agotados los recursos para su revisión, esos efectos irrevocables, conocidos bajo la expresión de “cosa juzgada”, constituyen una garantía constitucional de los derechos individuales (Fallos: 308:84 en el que aplicó esta regla a un sobreseimiento definitivo), que debe ser respetada incluso por los tres poderes del Estado (Fallos: 199:466, 474; 307:1289, 1295), entre ellos los mismos jueces que dictaron el fallo (Fallos: 313:1409).
Pero, además de la pauta precedente, que ha servido de premisa implícita pero fundamental a la jurisprudencia de la Corte, hay razones aún más profundas, vinculadas al funcionamiento mismo del Poder Judicial y del Estado de Derecho, que no me permiten seguir a la mayoría en un caso como éste.
Es que ni esta Corte, ni ningún otro tribunal, puede eludir los efectos de una decisión judicial firme sin negarse a sí mismo, es decir, sin poner las condiciones para que nuestro propio fallo sea también revocado en el futuro con argumentos contrarios, esto es, alegando su error, injusticia, etcétera. Si el propio juicio sobre el desacierto de un fallo pasado (ver Fallos: 308:1150, considerando 4°; 319: 2527, 2532) o la diferente concepción de la equidad o la justicia (ver Fallos: 315:2406, considerando 7°) que anima a los jueces actuales pudiese dar lugar a una revisión de las sentencias judiciales firmes, el carácter final de las decisiones que estamos tomando vendría a significar apenas más que nada, pues sólo sería respetado por los jueces futuros en la medida que fueran compartidas por ellos.
Ninguna concepción razonable del Poder Judicial como institución, mucho menos como institución básica del Estado de Derecho, es compatible con semejante consecuencia puesto que ese carácter supone que la opinión favorable (o desfavorable) de los jueces por venir no incide en su deber de respetar las decisiones judiciales pasadas, que cuentan con autoridad de cosa juzgada. Lo contrario torna trivial y contingente el principal cometido que tiene asignado el Poder Judicial de la Nación, a saber, dar el fallo final e irrevocable a las controversias sobre los derechos de las partes.
Luego, concluye la Magistrada que: “La excepción a la regla que asigna efectos irrevocables a un fallo judicial, conocida como ‘cosa juzgadaírrita’, no tiene absolutamente nada que ver con el acierto de los jueces que lo dictaron, sino, principalmente con su decencia y su libertad de conciencia. Es la desviación en el cumplimiento de sus deberes, por dolo o coacción, lo que les quita el carácter de jueces y, por ende, la importantísima atribución de resolver con carácter definitivo las causas sometidas a su decisión” .
También la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha tenido oportunidad de pronunciarse afirmando la posibilidad de revisar la cosa juzgada en los casos “Barrios Altos” (Serie C 75, del 14/03/01); “Almonacid” (Serie C 154, del 26/09/06
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.