Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, Sala IV · Causa 123182
En la ciudad de La Plata, se reúnen en Acuerdo Ordinario los señores Jueces de la Sala Cuarta del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, doctores Carlos Ángel Natiello y Mario Eduardo Kohan, bajo la Presidencia del primero de los nombrados, para resolver en causa N° 123.182 de este Tribunal, caratulada “SOSA, Cirilo s/ Recurso de Casación”. Practicado el sorteo de ley, resultó que en la votación debía observarse el orden: KOHAN-NATIELLO, procediendo los mencionados magistrados al estudio de los siguientes:
I. Llegan los autos a consideración del Tribunal como consecuencia del recurso de casación deducido por la defensora oficial, doctora Julia Inés Martínez, contra la sentencia dictada por el Tribunal Criminal nro. 2 del Departamento Judicial La Plata, que condenó al encartado de autos, a la pena de diecinueve (19) años de prisión, accesorias legales y costas del proceso por hallarlo autor penalmente responsable del delito de abuso sexual gravemente ultrajante por las circunstancias de su realización, agravado por resultar un grave daño a la salud física y mental de la víctima (arts. 119 segundo y cuarto párrafo inc. a del C.P.).
II. La defensora se agravia del rechazo por parte del “a quo” al planteo de inconstitucionalidad de la escala penal establecida en el art. 119, párrafo 4°, en relación al 2do. párrafo del Código Penal, señalando que la misma fija una escala de ocho (8) a veinte (20) años de reclusión o prisión la cual es idéntica a la figura más grave prevista en el tercer párrafo de la norma citada.
Sobre esa plataforma, sostiene que al no hacer distinción la ley en oportunidad de agravar ambas figuras, incurre en un defecto que la invalida, privando al sistema de una coherencia interna.
Refiere que ante este error en la ley, con afectación a los principios de igualdad y proporcionalidad, son los Magistrados quienes deben corregirlo mediante el ejercicio del control de constitucionalidad.
En esa faena reclama se fije un nuevo mínimo y máximo de la escala penal para el delito en cuestión, de acuerdo a los parámetros de la ley, sindicando que si se incrementa en un tercio en su mínimo y en su máximo la figura de abuso sexual con las agravantes, lo mismo debiera ocurrir respecto a la figura del segundo párrafo, directriz a partir de la cual la escala a considerar en el caso sería de cinco (5) años y cuatro (4) meses a trece (13) años y cuatro (4) mese de reclusión o prisión. Cita en su apoyo la opinión del Dr. Edgardo Donna, en su obra “Delitos contra la integridad sexual” Ed. Rubinzal Culzoni, en donde entiende “absurdo” que se establezca la misma pena para conductas que en su figura básica están sometidas a penas diferentes.
Desde su otra parte cuestiona el monto de pena impuesto, cuestionando el juicio de determinación efectuado en el caso concreto (cf. arts. 40 y 41 del C.P. y 371 del CPP).
En primer lugar señala que la pena de diecinueve (19) años impuesta a su defendido se aparta holgadamente del mínimo legal de la escala aplicable.
Que en el caso se han computado como atenuantes, la falta de antecedentes penales y “el bajo nivel cultural del encartado” y como agravantes se sopesó “el contexto de violencia de género y “la peligrosidad del imputado por las circunstancias de tiempo, modo, lugar y ocasión de las agresiones” .
Bajo ese contexto, la defensa entiende que respecto a esta última agravante, los sentenciantes han incurrido en una doble valoración prohibida, señalando que la aplicación de la figura legal en trato, justamente encuentra condicionada su configuración a la duración o circunstancias de su realización, reclamando en consecuencia una disminución en el monto de pena aplicado.
Hace reserva de interponer recurso extraordinario federal (art. 14 de la ley 48.
III. Concedido el recurso por el “a quo”, radicado el mismo por sorteo en esta Sala, fueron notificadas las partes.
En dicha oportunidad el Defensor Adjunto de Casación, doctor Nicolás Blanco, desistió de la realización de la audiencia de informes, presentando memorial (cf. art. 458 in fine), en el que acompaña en un todo el recurso incoado por su par de la instancia.
Lo propio hizo el Fiscal Adjunto ante esta Sede, doctor Fernando Galán, mediante memorial, propiciando el íntegro rechazo de la impugnación, por no evidenciarse las violaciones legales que se denuncian.
IV. Cumplidos los trámites de rigor y hallándose la causa en estado de dictar sentencia, este Tribunal decidió plantear y votar las siguientes:
1ra.) ¿Es admisible el recurso interpuesto?
2da.) En su caso, ¿procede?
3ra.) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el Señor Juez, doctor Kohan, dijo:
A la deducción en tiempo y forma con invocación de motivos del art. 448 del C.P.P., se suma en el presente que se trata de una sentencia definitiva (arts. 105 y 450 del C.P.P.) que, por su carácter condenatorio, genera agravio al imputado y su defensa (art. 8 inc. 2º "h" de la C.A.D.H. y 454 inc.1º del C.P.P.).
Voto por la afirmativa.
A la misma primera cuestión planteada el Señor Juez, doctor Natiello, dijo:
Adhiero al voto del doctor Kohan, expidiéndome en igual sentido y por los mismos fundamentos.
Voto por la afirmativa.
A la segunda cuestión planteada el Señor Juez, doctor Kohan, dijo:
I. Para ingresar al análisis del planteo, resulta necesario recordar que la declaración de inconstitucionalidad debe obedecer a una cuestión grave y manifiesta, circunstancia que -adelanto- en el caso no se observa toda vez que las leyes dictadas por el Congreso de la Nación se presumen válidas, amén que la interpretación propiciada por la norma en cuestión no hace más que introducirse en temas relativos a la política criminal del Estado. Dicha solución ha sido consagrada por la Sala III de este Tribunal de Casación que ha sostenido que “…la validez constitucional de las normas debe ser presumida, implicando que una declaración en contrario ha de tenerse como ‘ultima ratio’ de la labor judicial, concepción… que instaura la exigencia de que la discordancia entre los principios fundamentales de la Carta Magna y las cláusulas normativas atacadas, ha de ser manifiesta…” (Trib. Casación, Sala III, P 11258 RSD-422-3 S 3-7-2003, Juez MAHIQUES (SD) causa “G.,F. s/ Recurso de casación”, MAG. votantes: Mahiques-Borinsky).
Así la Suprema Corte de Justicia de la Provincia ha establecido que la declaración de inconstitucionalidad de una ley o decreto constituye un acto de suma gravedad institucional, de manera que debe ser considerada como la última ratio del orden jurídico (autos “Silacci de Mage, L. 45.654, rtos. 28/5/91; en igual sentido se ha expresado la Corte Suprema de Justicia de la Nación: E.D., 1-12, 10/2/1961).
A su vez, el Alto Tribunal de la Provincia ha exigido como indispensable, para la suficiencia de una impugnación de carácter constitucional, la exposición del modo en que la norma cuestionada quebrantaría las cláusulas constitucionales invocadas y que exista una relación directa entre aquella y éstas (autos “Playamar S.R.L., I 1329, rtos. 10/12/92).
Como refuerzo de lo sostenido hasta aquí, creo conveniente traer a colación la doctrina legal de nuestro más Alto Tribunal Nacional, cuando en los citados autos “Pupelis, María”, sentó que: “…la declaración de inconstitucionalidad de una disposición legal es un acto de suma gravedad institucional ya que las leyes debidamente sancionadas y promulgadas, esto es, dictadas de acuerdo a los mecanismos previstos en la Ley Fundamental, gozan de una presunción de legitimidad que opera plenamente y que obliga a ejercer dicha atribución con sobriedad y prudencia, únicamente cuando la repugnancia de la norma con la cláusula sea manifiesta, clara e indudable. La Corte Suprema, al ejercer el elevado control de constitucionalidad debe imponerse la mayor mesura, mostrándose tan celosa en el uso de sus facultades como del respeto a la Carta Fundamental, con carácter privativo a los otros poderes…” .
Asimismo, pongo en relieve que resulta una atribución exclusiva del Poder Legislativo Nacional la determinación de cuáles son los intereses que deben ser protegidos mediante amenaza penal del ataque que representan determinadas acciones y en que medida debe expresarse esa amenaza para garantizar una protección suficiente.
Y es facultad privativa del mismo poder disminuir o aumentar la escala penal cuando lo estime pertinente, sin que sea válido inmiscuirse otro poder a examinar el acierto o eficacia del criterio adoptado por el legislador en el ámbito propio de sus funciones (artículo 75 inc. 12 de la Constitución Nacional).
Cabe a ello recordar que en materia penal rige el principio constitucional de legalidad según el cual “…Ningún habitante de la Nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso…” (artículo 18 de la Constitución Nacional), garantía también contemplada en los tratados internacionales con jerarquía constitucional en virtud de lo previsto por el artículo 75 inc. 22 de la Carta Magna. De allí la necesidad de que haya una ley que prohíba u ordene una conducta, y que, además, determine las penas a aplicar, para que una persona pueda ser sancionada por haber obrado u omitido obrar en determinado sentido (nullum crimen, nulla poena sine praevia lege). Tal exigencia otorga a los pronunciamientos judiciales la característica de previsibilidad, toda vez que tanto los presupuestos de punibilidad, como las consecuencias del fenómeno penalmente relevante atribuido, deben hallarse establecidas con anterioridad al hecho, lo cual hará posible prever que la pena se mantendrá dentro del marco legalmente determinado para la figura de que se trate.
A diferencia de lo que sostiene la recurrente, no considero que la escala penal con que se reprimen los delitos en estudio (ocho años a veinte años de pena privativa de la libertad en un caso) afecte el principio de proporcionalidad de las penas, debiendo señalarse asimismo que ni del debate parlamentario ni de la letra de la reforma operada puede extraerse la intención del legislador de evitar estas consecuencias sistemáticas que eran previsibles al alterar ostensiblemente los máximos de las penas privativas de la libertad; aspecto este último en el que cabe tener presente que no es dable presumir la imprevisión o inconsecuencia por parte del legislador (C.S.J.N.: Fallos 278:62; 297:142; 301:460: 303: 1041; 312:1283 y 316:2624).
A su vez, frente a la pretensión de la recurrente relacionada a fijar una nueva escala penal previo declaración de inconstitucionalidad, debo recordar aquí que los Jueces no piden erigirse en legisladores y establecer a voluntad nuevos límites sancionatorios. Tan solo podrían fijar la pena en el caso concreto.
Sin perjuicio de ello, estimo que la equivalencia de las escalas penales adoptadas por decisión legislativa para ambos supuestos del abuso sexual agravado (art. 119 segundo y tercer párrafo en relación al cuarto párrafo) , no resulta irrazonable, en la medida que esa equiparación, responde a la concurrencias de las circunstancias previstas por el legislador, que han sido consideradas más repudiables en el marco de la naturaleza y carácter que revisten los delitos en trato, en donde el universo de situaciones posibles puede emparentar sin distinción la magnitud del injusto y el grado de afectación al bien jurídico tutelado.
Así, la solución legislativa adoptada no aparece irracional ni desproporcionada, inscribiéndose dentro del ejercicio discrecional y razonable de las facultades constitucionalmente acordadas (lo que impide tacharla de inconstitucional), que ha habilitado a que en cada caso en concreto, el magistrado competente tenga la amplitud necesaria para individualizar la sanción según la gravedad del hecho verificado en el caso particular, de manera acorde a la culpabilidad del justiciable, la magnitud del injusto y fundamentalmente a la afectación del bien jurídico tutelado.
En ese sentido sirve de ejemplo el presente caso, en tanto a la hora de medir la proporcionalidad en su relación con la magnitud del injusto, no puede perderse de vista lo acreditado en autos, en cuanto a que el día 3 de diciembre del 2011 , el acusado abusó sexualmente de su pareja mediante la introducción de una vela en su ano para luego introducirle un hierro (cortafierro) -con la vela aún adentro- ocasionándole una perforación en los intestinos, lesiones que requirieron intervenciones quirúrgicas para su reconstrucción, producto de la perforación rectal.
De este modo, no encuentro objetable la decisión legislativa de equiparar las escalas penales cuando concurren circunstancias del 4to. párrafo del art. 119 del CP., quedando desdibujada la distinción que se pretende, frente a una previsión legal que capta la eventual equivalencia en términos de injusto y grado de lesión al bien jurídico protegido, permitiéndole al magistrado aplicar su criterio para la apreciación de los diversos elementos, procurando que la sentencia sea una expresión de la justicia.
En definitiva, lo realizado por el legislador no es otra cosa que una medida de política criminal que no transgrede el principio de razonabilidad ni de culpabilidad. Si bien aparecería más adecuado establecer alguna escala diferenciada entre los delitos tipificados en el segundo y tercer párrafo del art 119 del CP, la actual redacción no puede ser tachada de contraria a los postulados constitucionales reseñados.
El acierto o error de dicha política, verificable sólo en el futuro con los resultados que provoque durante su vigencia, es una cuestión ajena a la función controladora del juez.
Agrego a su vez que en el caso que nos convoca, no estamos frente a un tratamiento desigual ante situaciones equivalentes, ni la pena mínima establecida supera la prevista para tantos otros delitos (vgr. homicidio, robo con resultado homicidio, etc.), de lo que se desprende que el confronte sólo puede hacerse en relación a otros delitos previstos en el catálogo penal.
Es que el examen de proporcionalidad debe partir del caso concreto y no de una consideración meramente abstracta de la norma y en el hecho ventilado en autos no se advierte por qué habría de apartarse de la ley en la imposición de la pena prevista para los delitos “sub examine” al imputado de autos, ni su defensa ha dado razones suficientes para ello.
Humildemente, creo no se violenta principio constitucional alguno con una mera norma en la que entran en juego -para una sana discreción del legislador- razones de política criminal y por ende, excede el ámbito del examen “la conveniencia, oportunidad, acierto o eficacia del criterio adoptado por el legislador en el ámbito propio de sus funciones” (“Pupelis, María”, C.S.J. N. 14/5/91).
Por tanto, es opinión del suscripto que al haberse realizado un pormenorizado análisis de la razonabilidad o no de la norma, debo pronunciarme por la concurrencia de tal calidad. Sobre este punto, conviene recordar que el control de constitucionalidad que les incumbe a los tribunales se reduce al examen de si la ley es o no razonable, pero no llega al de la conveniencia o acierto del criterio adoptado por el legislador en el ámbito propio de sus atribuciones (S.C.J.B.A., c."P., D. E. s/ Incidente de excarcelación" - SCBA - P 38504 S - 1-8-1989 Juez SAN MARTIN (SD) PUBLICACIONES: AyS 1989-II, 774 MAG. VOTANTES: San Martin - Mercader - Laborde – Rodriguez Villar - Negri TRIB. DE ORIGEN: CP0002LP; c. "C., V. s/ Incidente de libertad condicional" - SCBA - P 38533 S - 1-8-1989 Juez SAN MARTIN (SD) PUBLICACIONES: AyS 1989-II, 774 MAG. VOTANTES: San Martín - Mercader - Laborde - Rodriguez Villar – Negri TRIB. DE ORIGEN: CA0002LP entre muchos otros).
Como ya dijera, la redacción de las normas cuestionadas obedece a una cuestión de política criminal y de técnica legislativa, siendo que el control judicial no debe alcanzar a dichas políticas.
Tal como se ha señalado en los párrafos que anteceden, la declaración de inconstitucionalidad es un acto de suma gravedad institucional, que opera cuando la repugnancia de una norma con la cláusula constitucional sea manifiesta, clara e indudable. Sentar lo contrario, desequilibraría el sistema constitucional de los tres poderes y la actuación de uno de ellos destruiría la función de los otros.
Sobre la base de lo reseñado, estimo que la constitucionalidad de la norma aparece en forma clara, lo cual echa por tierra la crítica referida por el recurrente en este segmento.
II. Tampoco acompaño a la defensa en su critica al juicio de determinación de pena efectuado (Cf. art. 371 del CPP, 40 y 41 del C.P.).
En ese camino debo señalar que a contramano de lo afirmado por la defensa no advierto que la pauta severizante receptada por el “a quo”, relativa a “peligrosidad del imputado por las circunstancias de tiempo modo lugar y ocasión ”, configure en el caso una doble valoración de una misma circunstancia por integrar los requisitos propios del tipo legal aplicado.
En efecto, las circunstancias del hecho perpetrado por Sosa que fueran reseñadas en los párrafos anteriores son reveladores de mayor contenido de injusto. Es decir, existen múltiples formas de conductas que encuadren en la norma penal en trato pero hay algunas que son decisivas por poseer un mayor reproche por la naturaleza de las mismas. Eso es lo que se ha verificado en autos.
La pauta contemplada no se vincula a la realización del tipo penal en sí, sino también al contexto aludido por la víctima y demás testigos que dieron cuenta de los tremendos niveles violencia de toda índole que ejercía el imputado en forma reiterada e independiente al evento juzgado. De ahí que la crítica defensista sobre el punto no prospere.
Por lo demás, considero que la construcción de la penalidad se consolidó proporcionalmente en base a criterios objetivos de disvalor por el suceso cometido desde el plano de la responsabilidad (corroborada) que al encausado le cupo, estipulándose la mensuración ecuánime de las coyunturas ilegales acaecidas que se traducen en el monto punitivo final.
Cabe recordar que en orden a la fijación de la pena, su individualización surge de la ponderación de las pautas enunciadas en las normas citadas “ut supra” , que la ubicarán en los límites de la escala que prevé al figura tipificada en el citado cuerpo legal.
En ese sentido, considero que la justa transmutación de la cuantía del injusto y de la culpabilidad en magnitudes penales no es susceptible de establecerse en cantidades prefijadas legislativamente (más allá de los extremos en las escalas) o jurisprudencialmente dado que resulta imposible -en mi criterio- estandarizar los juicios de valor para traducirlos en cantidades numéricas. Por tanto, para establecer el “quantum” de pena a imponerse no puede apelarse a fórmulas matemáticas preestablecidas sino que debe atenderse a los principios de culpabilidad, razonabilidad y proporcionalidad, a la vez que debe tenerse en mira una adecuada reinserción social.
Por otro lado, entiendo que el punto de ingreso en el marco punitivo no debe seguir una escala de gravedad continua sino que, por el contrario, el mínimo y el máximo de la escala penal con que se reprima un delito deben ser tomadas como indicadores del valor proporcional de las normas en cuestión toda vez que, a diferencia de lo que ocurría con los antecedentes legislativos nacionales -Código Tejedor, Códigos de 1886, ley 4189 de 1906- que prescribían la imposición de una pena media para aquellos supuestos en los que se verificaran la existencia de agravantes y/o atenuantes, oscilando en más o en menos el monto de aquella al considerar pautas severizantes o diminuentes, en nuestro sistema actual no está previsto procedimiento o criterio formal alguno en el sentido indicado precedentemente, permitiendo al Juez de juicio la elección de la sanción que considere adecuada para el caso concreto, en la inteligencia de que cada hecho y cada autor son diferent
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