Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, Sala I · Causa 122435
La Sala I del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, integrada por los señores jueces doctores Daniel Carral, Ricardo Maidana y Víctor Violini, con la presidencia del primero de los nombrados, de conformidad con lo establecido en la Ac. 3975/2020 de la SCBA, procede al dictado de sentencia en el marco de la Causa N° 122435 caratulada “RODRIGUEZ, NORBERTO S/ RECURSO DE CASACIÓN” (IPP 0500-46543-21), conforme al siguiente orden de votación: MAIDANA - CARRAL - VIOLINI .
El 14 de noviembre del año 2021, el Tribunal en lo Criminal n° 1 del Departamento Judicial La Matanza, integrado por los Jueces Matías Jorge Rouco, Andrea Giselle Schiebeler y Alfredo Pedro Drocchi (quien votó en primer término), luego de la celebración del juicio oral en la causa n° 342/2022, dictó veredicto condenatorio e impuso al único acusado Norberto Rodríguez la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas , como autor responsable de los delitos de tenencia ilegal de arma de guerra en concurso real con homicidio agravado por el vínculo y por mediar violencia de género, cometidos el 7 de noviembre de 2021 en la localidad de San Justo partido de La Matanza en perjuicio de Beatriz Liliana Lescano (arts. 5, 12, 29 inc. 3, 40, 41, 45 y 80 incs. 1° y 11° CP).
Contra dicho pronunciamiento, el Defensor Oficial, Dr. Daniel Ernesto Findeisz interpuso recurso de casación (presentación del 6/12/2022).
La causa ingresó a la Sala con fecha 27 de febrero de 2023, encontrándose en estado de dictar sentencia, se dispuso plantear y resolver las siguientes:
Primera: ¿Es admisible el recurso interpuesto?
Segunda: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el señor juez, doctor Maidana , dijo:
Habiendo sido interpuesto el recurso por quien se encuentra legitimado, en debido tiempo y contra un pronunciamiento definitivo en materia criminal, se encuentran reunidos los recaudos formales y satisfechos los requisitos de admisibilidad previstos legalmente (arts. 18 y 75, inc. 22, CN; 14, nº 5, PIDCP; 8, nº 2, h, CADH; 20 inc. 1, 450, primer párrafo, 451, 454, inc. 1, CPP). VOTO POR LA AFIRMATIVA.
A la primera cuestión planteada el señor juez, doctor Carral , dijo:
Adhiero al voto de mi colega preopinante en igual sentido y por los mismos fundamentos. VOTO POR LA AFIRMATIVA.
A la primera cuestión planteada el señor juez, doctor Violini , dijo:
Adhiero a los votos precedentes en igual sentido y por los mismos fundamentos. VOTO POR LA AFIRMATIVA.
A la segunda cuestión planteada el señor juez, doctor Maidana , dijo:
La Defensa plantea tres motivos de agravio: a) la arbitrariedad en la valoración probatoria fundante de la autoría de Norberto Rodríguez, b) la inobservancia del art. 34 inc. 1° del CP al desatender el estado de inconsciencia en que se encontraba el imputado al momento de la acción y c) la inconstitucionalidad de la pena de prisión perpetua.
Con relación al primer agravio reclama por la insuficiencia probatoria en la justificación de la autoría, debido a la ausencia de prueba directa y al débil potencial informativo de la prueba indirecta. En ese sentido, cuestiona la credibilidad de los testigos Arrieta y González en tanto la información por ellos aportada no fue verificada con prueba adicional que la corrobore, no se secuestraron sus teléfonos celulares para examinar si, en efecto, recibieron las llamadas del imputado como afirmaron. Tampoco fueron recabados los testimonios de vecinos que pudieron haber escuchado los disparos en la madrugada. Por otra parte, indica que ninguna mención se hizo a la prueba de descargo: los testimonios de Elsa Priscila Crespo Zárate, María Marta Holubika y Sandra Castañeda Crespo, quienes coincidieron en señalar que Norberto Rodriguez es buena persona, padece adicción a las drogas y consideraron inverosímil que haya matado a su pareja Beatriz Liliana Lescano. Agrega que en base a la prueba reunida es posible, como hipótesis alternativa, considerar que fue Arrieta quien la mató, dado que después del hecho mudó de domicilio.
En segundo lugar, alega que, al momento del hecho, Rodríguez se encontraba en un estado de inconsciencia por el consumo de alcohol y cocaína que le impidió comprender y/o dirigir sus acciones. Entiende que esa perturbación de conciencia demuestra su incapacidad de culpabilidad según el art. 34 inc. 1 CP. Agrega que la pericia toxicológica (de fs. 176/vta. y 297/vta., incorporada por lectura) corroboró que al momento de la extracción de sangre el imputado poseía 1,43 g/l de alcohol en sangre y cocaína no cuantificada y que la pericia complementaria realizada por la perito oficial Dra. Blanca Dorelle, perteneciente a la Asesoría Pericial La Matanza, determinó mediante un peritaje de retrospectiva de alcohol en sangre (incorporado por lectura al debate) que en el horario en que habría ocurrido el hecho Rodriguez tenía una proporción promedio de 3 g/l de alcohol en sangre, con un máximo de 3,93g/l de alcoholemia a la 01:00hs de la madrugada del hecho; extremo no controvertido por las acusaciones y que coincide con la versión de descargo, que desde la aprehensión hasta el juicio oral, ha reiterado que no saber qué es lo que sucedió debido a una amnesia absoluta. Considera que la decisión del Tribunal resulta arbitraria “puesto que evita responder sobre el cuestionamiento central realizado por la defensa al respecto, basado en la prueba científica y pericial reproducida en el juicio oral”, tampoco indicó cuáles habrían sido las contradicciones de Rodriguez ni cuáles sus afirmaciones fuera de la lógica o de la experiencia, que valoró para rechazar el planteo. Señala que simplemente “ha optado por adjetivar negativamente a las manifestaciones de Rodriguez, sin brindar una fundamentación lógica y detallada, y por sobre todo, respetuosa del razonamiento que debe tener todo pronunciamiento judicial para poder ser considerado válido” (p. 46 del documento adjunto de fecha 16/12/22).
Por último, plantea la inconstitucionalidad de la pena de prisión perpetua, por violación a los principios de culpabilidad, proporcionalidad, racionalidad, resocialización y humanidad.
La Fiscal Adjunta de Casación, Dra. Daniela Bersi, propicia el rechazo del recurso interpuesto, de acuerdo con los argumentos de su dictamen del 8/2/2023.
El Defensor Adjunto de Casación, Dr. José María Hernández, mantiene el recurso interpuesto en base a los argumentos desarrollados en su presentación del 01/3/23.
El imputado realizó, por derecho propio, cuatro presentaciones electrónicas (de fechas 23/2/23, 13/3/23, 30/3/23 y 2/5/23) donde adjunta múltiples documentos que consisten en lo esencial en capturas de pantalla con mensajes de texto, fotografías, mails y un escrito firmado por el médico legista Dr. Carmelo Napoli donde explica su opinión sobre las pericias toxicológicas.
Con independencia de la garantía procesal que conduce a la exigencia de la necesidad de la doble conformidad judicial para ejecutar la pena si el condenado lo requiere, la circunstancia de ponerse en juego otra garantía como la del juicio público, única base de la condena, determina que, en el caso de no haberse observado el debate, no es posible controlar la valoración de la prueba practicada en el transcurso de la audiencia si el Tribunal diera cuenta circunstanciada de su empleo, para tener por acreditado cualquiera de los extremos de la imputación.
Los arts. 8.2.h de la Convención y 14.5 del Pacto exigen la revisión de todo aquello que no esté exclusivamente reservado a quienes hayan estado presentes como jueces en el juicio oral, no sólo porque cancelaría el principio de publicidad (arts. 8.5 de la Convención Americana y 14.1 del Pacto), sino también porque directamente no lo conocen, o sea, que a su respecto rige un límite real de conocimiento, se trata directamente de una limitación fáctica, impuesta por la naturaleza de las cosas, y que debe apreciarse en cada caso, con lo que, no existe una incompatibilidad entre el debate y la revisión amplia en casación, ambos son conciliables en la medida en que no se exagere el resultado de la inmediación.
Limitado de tal modo los motivos de agravio consignados por el impugnante, el conocimiento del proceso se circunscribirá a los que fueran expuestos (art. 434 y ccs., CPP; v. Sala I, c. 77.217, "Sosa, Leandro Ezequiel s/ Recurso de Casación", sent. del 06 de julio de 2016, reg. 558/16; c. 79.219, "Amarilla Bruno Ezequiel s/ Recurso de Casación", sent. del 15 de noviembre de 2016, reg. 973/16; c. 79.427, "Díaz Núñez, Jonathan Gonzalo s/ Recurso de Casación", sent. del 15 de noviembre de 2016, reg. 979/16; entre muchas otras).
El Tribunal, luego de la celebración del debate, tuvo por acreditado: " En horas de la madrugada del 7 de noviembre de 2021, en el interior de la casa sita en la calle Thames 3.843 de esta ciudad de San Justo de este partido de La Matanza. En un marco de violencia de género Norberto Rodríguez, munido de un arma blanca y de una tumbera calibre 12/70, la que tenía sin la debida autorización legal, le produjo a su pareja, Beatriz Liliana Lescano, múltiples heridas punzocortantes en su torso y extremidades. Luego le disparó a la altura de su pecho, causándole lesiones de tal magnitud que provocaron su deceso " (p. 12).
El recurso es procedente con respecto a la omisión de tratamiento del planteo sobre la incapacidad de culpabilidad por perturbación de la conciencia. En ese sentido, adelanto que propondré al acuerdo anular la sentencia impugnada y como consecuencia, el reenvío a la instancia para la celebración de un nuevo debate, solución que torna superfluo el tratamiento de los restantes agravios.
En los alegatos finales del juicio la Defensa planteó la concurrencia de un supuesto de incapacidad de culpabilidad por “estado de inconsciencia” debido a la intoxicación por consumo de drogas y alcohol, solicitando la aplicación del art. 34 inc. 1° del Código Penal (acta de debate, p. 6 del documento adjunto mencionado). Si bien del escueto resumen del acta de debate, no puede conocerse la fundamentación del planteo, de la enumeración de las pruebas incorporadas por lectura, con acuerdo de partes según art. 366 CPP, se desprende el ingreso como prueba pericial de los exámenes toxicológicos de sangre, orina y la pericia posterior, realizada como instrucción suplementaria, que evalúa el dosaje de alcohol en sangre al momento de la extracción y proyecta, mediante un cálculo probabilístico, una aproximación de la alcoholemia de Rodriguez al momento del hecho (de fs. 453/455, adjuntada vía electrónica).
El tribunal, luego de tratar la materialidad ilícita y la autoría responsable, cuestiones sobre las que concluyó afirmativamente, rechazó el planteo de la eximente por incapacidad de culpabilidad. Para fundar la desestimación sostuvo que “No se desprenden eximentes de lo actuado. Mientras que el estado de inconciencia del art. 34 del CP alegado por la Defensa, es inexistente, y se encuentra completamente respondido en la cuestión anterior, por los propios dichos selectivos, autocontradictorios, fuera de la lógica y de la experiencia del acusado. Como así también por las demoledoras testificales de cargo y la pericial médica” (p. 14).
En el tratamiento de la cuestión anterior, vinculada a la acreditación de la autoría, a cuyos fundamentos el sentenciante se remitió para fundar el rechazo de la eximente en trato, fue valorada la prueba de cargo para fundamentar la ejecución de la acción lesiva por Rodríguez. En ese sentido, fueron reseñados los testimonios prestados por José Luis Arrieta y María Florencia González, conocidos o allegados al imputado, el primero concurrió a la escena del hecho a raíz de un llamado de Rodriguez (p. 8/9) y la segunda habló por teléfono con éste unas horas después del hecho (p. 9/10), junto al testimonio coincidente del funcionario policial Luis Damián Morel que describió la escena del delito (p. 10). A ello adunó la declaración de Ada Paula Lescano, hija de la víctima, que describió la relación de pareja entre su madre y Rodríguez como violenta (p. 10) y la prueba incorporada por lectura, en particular, la autopsia que concluyó como causa de muerte “las lesiones que causaron el shock hipovolémico por herida de proyectil en hemitorax izquierdo, línea axilar anterior” (p. 11), describiendo además diversas heridas contuso cortantes en todo el cuerpo y múltiples excoriaciones que permitieron inferir que la víctima se defendió del ataque.
Luego la versión de descargo fue rechazada. El tribunal desestimó la hipótesis de un suicidio -alegada en el juicio- por su falta de correspondencia con la herida de arma de fuego que presentaba el cuerpo de Lescano, de la que infirió, de manera lógica, la imposibilidad de haberse autoinfligido. Sostuvo además que “el justiciable Rodríguez únicamente pretende mejorar su situación procesal apelando a que no recuerda nada porque estaba alcoholizado y/o drogado. Cuando en realidad su relato es un disparate, al sostener que ella se quitó la vida usando varias veces un arma blanca para cortarse. Sobre este punto vuelvo sobre la autopsia de fs. 183/187 donde se certificó que el cuerpo de la mentada víctima Lescano presentaba múltiples excoriaciones superficiales apergaminadas, múltiples heridas cortantes, heridas múltiples punzo cortantes, más heridas cortantes superficiales múltiples, más múltiples heridas punzo cortantes. Y luego a distancias imposibles de autoagresión se disparó con una tumbera propiedad del mismo acusado. Como vine reseñando, los testigos cuyas declaraciones resumí precedentemente, han sido coincidentes en que el propio Norberto Rodriguez, quería cortar a la víctima y enterrarla en el patio de su casa, que se quería ir y zafar de la Policía porque no se iba a comer el garrón de quedar preso, porque su mujer se había matado. Que se encontraba tranquilo. Aún peor, dijo José Luis Arrieta, que lo vio fumando un cigarrillo, que lo invitó a tomar una cerveza mientras le proponía que lo ayudara a cortar y enterrar a la víctima. En suma la prueba pericial y testimonial de cargo es contundente y abrumadora, en su totalidad y en su conjunto destruyen la versión exculpatoria del acusado” (p. 13/14).
La fundamentación trascripta no contiene ningún desarrollo en torno al estado de inconsciencia o, en términos más precisos, a la perturbación de la conciencia que alega la defensa y que habría determinado la hipótesis sobre una actuación sin capacidad de culpabilidad. La prueba valorada para fundar la ejecución del hecho por el imputado Rodríguez y que además sirvió para rechazar la hipótesis de suicidio sólo exhibe una fundamentación aparente en torno a la desestimación del planteo de incapacidad de culpabilidad. Tal desarrollo argumental no puede servir simultáneamente para justificar la autoría y rechazar el planteo de una eximente, máxime cuando fue sostenida a lo largo de las diversas declaraciones del imputado y la Defensa alegó, en su respaldo, la pericia toxicológica, practicada como instrucción suplementaria por la médica forense Dra. Blanca Beatriz Dorelle, perito oficial de la Asesoría Departamental, donde elaboró una conclusión sobre el probable dosaje de alcohol en sangre que habría presentado el imputado al momento de la ejecución de la acción lesiva. La información agregada por esta prueba al menos debió ser examinada, en especial por su vinculación con el planteo de la eximente alegada por el imputado y su defensor y por la consideración de que dicho planteo, de prosperar, tendría incidencia en la decisión final del caso.
Tampoco hizo ninguna mención a la pericia toxicológica que aportó información probable sobre el nivel de intoxicación alcohólica de Rodriguez al momento del hecho. En la misma se determinó que al momento de la extracción de sangre (7/11/21 a las 10:44 am fs. 294 y la cadena de custodia fs. 295, agregado al expediente digital), Rodríguez tenía 1,43 g/l de alcohol en sangre y un resultado positivo para cocaína, sin especificar dosaje (fs. 176) -el momento aproximado de la muerte data de la madrugada de ese día. Asimismo, al examen de orina (cuya muestra fue tomada en igual horario, 10:44 am, conf. fs. 306) presentó un resultado de alcoholemia de 2,13 g/l y dio positivo para cocaína (fs. 177vta.).
La Dra. Blanca Dorelle, por su parte, realizó el peritaje de retrospectiva de alcohol en sangre (también incorporado por lectura al debate) donde determinó que en el horario en que habría ocurrido el hecho Rodriguez tenía una proporción promedio de 3 g/l de alcohol en sangre, con un máximo de 3,93g/l de alcoholemia a la 01:00hs de la madrugada.
En conclusión, la hipótesis de descargo vinculada al suicidio de la víctima fue tratada en la cuestión de la autoría, más la eximente alegada fue rechazada con remisión a la fundamentación de la autoría, sin brindar una explicación que permita conocer la conexión entre la acreditación de la autoría y el rechazo del planteo sobre incapacidad de culpabilidad, todo lo cual exhibe una omisión de respuesta a un planteo esencial de la defensa en infracción a los arts. 1 y 18 de la Constitución Nacional, 168 de la Constitución provincial, 106, 210 y 373 CPP que, en definitiva, descalifica por arbitrario e infundado el pronunciamiento aquí cuestionado.
Por último, cabe agregar que las presentaciones del imputado, vía electrónica en esta sede, no configuran un supuesto del art. 457 del CPP y, al respecto, con acierto fue fundado por el Defensor Oficial Dr. Hernández. No obstante, la solución que aquí se postula convierte en superfluo su tratamiento.
Por lo expuesto, propongo hacer lugar, sin costas, al recurso de casación interpuesto por la Defensa y anular el veredicto y sentencia condenatorios dictados por el Tribunal en lo Criminal n° 1 del Departamento Judicial La Matanza y disponer el reenvío en los términos del art. 461 CPP para la celebración de un nuevo debate mediante la integración del tribunal con jueces hábiles. Cabe destacar que la solución que aquí propongo no es contraria a mi postura en la causa 90940 (“Mendoza, Astrid Marcela s/rec. de casación”, Reg. 398/2019), pues en el presente caso concurren circunstancias diferentes, precisamente por la omisión de tratamiento de una cuestión esencial. Por ello, en este caso particular, el reenvío para un nuevo juicio no importa una afectación al principio constitucional “ne bis in ídem” (arts. 1, 18 y 75 inc. 22 CN, 8.2.h CADH, 14.5 PIDCP; 168 de la Constitución provincial; 20 inc. 1, 106, 201, 203, 209, 210, 373, 448, 454 inc. 1°, 461, 530, 531, cits. y ccs., CPP). VOTO POR LA AFIRMATIVA A LA PRESENTE CUESTION.
A la segunda cuestión planteada el señor juez doctor Carral dijo:
1. Abro respetuosa disidencia respecto del sufragio del colega que lidera el acuerdo, Dr. Ricardo Maidana, en tanto considero que el tribunal justificó razonablemente los motivos que lo llevaron a descartar el estado de inconsciencia, que como causal de inculpabilidad invocó la defensa en el juicio.
No obstante, también debo apartarme del voto de mi colega cuando establece que su decisión torna superfluo el tratamiento del resto de los agravios de la defensa, pues como planteo principal alegó que Rodriguez no cometió el homicidio, y entre esa premisa y la posible aplicación de la eximente, media una dependencia lógica y necesaria que impone el análisis en el orden en que fueron planteados.
Al margen de la necesidad de su tratamiento, la lectura del veredicto muestra la importancia de revisar ordenadamente el razonamiento probatorio que siguió el tribunal al dar por probado el hecho y la autoría del acusado, pues allí examinó con detalle la versión de los hechos que dio Rodriguez a las primeras personas que conocieron la muerte de la mujer, como las condiciones en que se encontraba en ese momento, y las confrontó con las diversas declaraciones que dio el acusado en esta causa, concluyendo -en definitiva- que no medió una ausencia real de recuerdos (compatible con
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.