Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, Sala V · Causa 118486
C.118.486
En la ciudad de La Plata, se reúnen en acuerdo ordinario los jueces designados para integrar la Sala V del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, Dres. Fernando Luis María Mancini y Mario Eduardo Kohan, con el fin de resolver el recurso presentado en la causa nro. 118.486 caratulada “ACOSTA DUARTE, GILDA ROSALIA S/ RECURSO DE CASACIÓN”. Practicado el sorteo de ley, resultó que en la votación los jueces deberán observar el orden siguiente: MANCINI-KOHAN.
El 24 de mayo de 2022, y como consecuencia del veredicto de culpabilidad dictado por el Tribunal de Jurados, el Tribunal en lo Criminal Nº 6 del Departamento Judicial Lomas de Zamora condenó a Gilda Rosalía Acosta Duarte a la pena de once (11) años y seis (6) meses de prisión, accesorias legales y costas del proceso, por resultar autora penalmente responsable del delito de homicidio agravado por ser o haber sido la víctima su pareja conviviente, con circunstancias extraordinarias de atenuación, en razón del hecho ocurrido en horas tempranas del día 19 de febrero del año 2019, en el domicilio de la calle Corbacho Nro. 1.512 de la Localidad de Villa Rita, Partido de Lomas de Zamora, en perjuicio de Richard Sánchez Escobar. Asimismo, dispuso mantener -hasta la firmeza de ese fallo- el arresto domiciliario con monitoreo electrónico de que goza la imputada.
Contra dicha sentencia interpuso recurso de casación la defensa oficial de la acusada, representada por la Dra. Paula Rodríguez Herlein.
Efectuadas las vistas correspondientes, la presente causa se encuentra en estado de dictar sentencia por lo que este tribunal decidió plantear y votar las siguientes
Primera: ¿Es admisible el recurso de casación interpuesto?
Segunda: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada, el Sr. Juez Dr. Mancini dijo:
Se hallan reunidos los requisitos de tiempo y forma exigidos normativamente a los fines de otorgar legitimidad al acto de interposición del remedio casatorio, como así también los elementos que hacen a la impugnabilidad objetiva y subjetiva, en tanto se trata de una resolución pasible de ser recurrida en los términos de los artículos 448 bis inc. 'c', 450 y 451 del Código Procesal Penal.
La defensa, asimismo, se encuentra legitimada para hacer uso del recurso interpuesto a tenor de lo establecido en el artículo 454 inc. 1 del código de forma y, por lo tanto, debe declararse el mismo admisible y proceder el Tribunal a decidir sobre los fundamentos de los motivos que lo sustenta.
Voto, entonces, por la afirmativa.
Así lo voto.
A la misma cuestión planteada, el Sr. Juez Dr. Kohan dijo:
Adhiero al voto de mi colega preopinante, en igual sentido y por los mismos fundamentos.
Así lo voto.
A la segunda cuestión planteada, el Sr. Juez Dr. Mancini dijo:
I. a) Como agravio principal, la defensa plantea que el Jurado devolvió un veredicto de culpabilidad a partir de la incursión por parte de la jueza técnica en vicios in iudicando al impartir las instrucciones que terminaron por condicionar la decisión de aquél. En concreto, sostiene que, habiendo quedado acreditado en autos que la imputada era víctima de violencia de género de parte de Richard Sánchez Escobar, el Tribunal no instruyó debidamente a los miembros del Jurado Popular acerca del análisis que correspondía hacer en el caso concreto (esto es, con perspectiva de género y a la luz del Derecho Internacional de los Derechos Humanos de las Mujeres) sobre la procedencia de la eximente postulada en una de sus teorías del caso (legítima defensa, art. 34 inc. 6° del C.P.)
Teniendo en consideración lo inmotivado del veredicto del Jurado pero infiriendo que la acreditación de las circunstancias extraordinarias de atenuación tuvo como fundamento el contexto de violencia de género en que estaba sumida la relación de Acosta con Sánchez, trae a colación los testimonios rendidos en la oralidad por profesionales de la psicología y psiquiatría que se entrevistaron con la imputada y que constataron la existencia de un vínculo asimétrico caracterizado por violencias de toda índole.
Según su teoría del caso, Acosta -quien era víctima de violencia de género en su relación con Sánchez- realizó su conducta ante las amenazas de muerte hacia ella y sus hijos, luego de tomar conocimiento que sus hijos habrían sufrido abusos sexuales a manos del nombrado.
Al detectar que la Fiscalía, en los lineamientos de la acusación, hizo pie en una serie de estereotipos y sesgos de género ("mala madre", "mala mujer", "mujer mendaz"), señala la necesidad de instruir claramente al Jurado para evitar que los mismos condicionen su temperamento. Por ello -agrega- solicitó al Tribunal que impartiera una instrucción general (inicial y final) vinculada con esta cuestión de los estereotipos de género y su influencia en el proceso de apreciación de las pruebas, petición que fue denegada (bajo el criterio de que esos sesgos deben verificarse en la audiencia de voir dire ), no resultando suficiente -a juicio de la defensa- la instrucción general brindada por la jueza sobre lo que la ley entiende por "violencia de género" sumado a "algún aspecto sobre amplitud probatoria" y a la existencia de obligaciones internacionales en la materia. Por el contrario, considera que la instrucción así impartida ha resultado violatoria del art.2 'c' de la CEDAW.
En efecto, dice que no se ha explicado al Jurado en términos concretos qué es la perspectiva de género, su relación con el caso y, en particular, con la estructura típica de la eximente alegada, ni qué son los estereotipos de género y los prejuicios que deben ser desechados de la valoración probatoria. Sobre el punto, insiste con la alusión por parte del Fiscal durante todo el juicio a distintos estereotipos de género que habrían "contaminado" al Jurado.
Expresa que, habiendo sido rechazado el pedido antes referenciado en torno a las instrucciones, solicitó la inclusión en las mismas de dos párrafos de una sentencia de la Corte Suprema (adaptados) vinculados con el análisis de los elementos de la legítima defensa con perspectiva de género (principalmente la diferencia entre inminencia e inmediatez), lo cual también fue denegado introduciendo sólo una frase en la que justamente no se habla de esa perspectiva.
Sobre el punto, cuestiona la decisión del Tribunal de limitar ciertas preguntas realizadas por la defensora en el examen del testimonio brindado por la Lic. Vanesa Maero Suparo en cuanto a la explicación de los aspectos de la legítima defensa en casos de mujeres víctimas de violencia de género.
b) Subsidiariamente, la recurrente cuestiona la instrucción al jurado en cuanto a los requisitos del art. 34 inc. 6° del Código Penal aún analizado desde una concepción clásica. En concreto, discrepa con la forma en que la jueza describió el segundo requisito de la legítima defensa en cuanto indicó que la agresión debe ser actual e inminente , cuando a criterio de la parte debió haberse utilizado la disyunción "o". Considera que ello pudo haber conducido al error del Jurado porque "actual e inminente" son elementos excluyentes entre sí.
Con respecto a la "necesidad racional del medio empleado" insiste con que existía una instrucción propuesta por al defensa al respecto pero que fue desechada.
Culmina esta primer parte del recurso, solicitando la absolución de Acosta por entender que un reenvío podría acarrear un grave perjuicio para la salud física y emocional de la imputada y su familia.
c) En otro andarivel, cuestiona la decisión del Tribunal de no incluir en las instrucciones finales las "cuestiones relativas [a] la emoción violenta y [al] grado de culpabilidad del sujeto sometido a proceso, desde que habría sido un tópico introducido y discutido en el debate. Se agravia ante la respuesta dada por la Jueza técnica de que "no hace a la teoría del caso".
Trae a colación lo expuesto en el juicio por la perito de parte Carina Klaric en cuanto a las lagunas que en sus recuerdos habría tenido Acosta mientras relataba la secuencia en que había tomado conocimiento que su pareja abusaba de su hijo Lucas. Señala que la especialista afirmó que las alteraciones de las funciones intelectuales (memoria, conciencia y senso percepción) ocurrieron y explicó que ello depende de las emociones. Además -añade-, Klaric dijo que si bien la acusada podía adecuar la dirección de sus conductas y en general, ante situaciones displacenteras, recurrir a la huida o evitación, en el caso concreto, teniendo en cuenta el contexto de violencia de género y el conocimiento acerca del ASI contra uno de sus hijos de parte de su pareja, pudo haber existido una interferencia de su juicio por la fuerte carga afectiva recibida (trastorno mental transitorio).
Insiste con que el Tribunal debió haber instruido al Jurado sobre si la imputada pudo comprender la antijuricidad de su obrar adecuando su comportamiento a esa comprensión.
Considera entonces que, así como resultaba imperativo que se incluyera en el formulario para el veredicto la tesis de la legítima defensa en contexto de violencia de género, también debía existir la opción de la vinculada con la culpabilidad de la encausada.
Peticiona la anulación del juicio y el reenvío para la realización de uno nuevo de conformidad con los lineamientos propugnados.
d) Por último, de manera subsidiaria al acogimiento de las pretensiones antes reseñadas, la impugnante se agravia en orden al proceso de individualización de la pena llevado a cabo por la jueza técnica en la sentencia.
Sobre el punto, critica la desestimación de la atenuante vinculada con la emoción violenta, desde que si bien el Jurado descartó que en el caso haya existido un homicidio atenuado en los términos de la art. 81 inc. 1° del C.P., sí entendió que se probaron otras circunstancias extraordinarias de atenuación -como "disminuyente de culpabilidad"- que también podrían haberse estimado en el juicio de mensura.
En concreto, sostiene -con cita de jurisprudencia- que la emoción violenta debe cuantificarse como una pauta atenuante al momento de calibrar la pena.
Con respecto a las circunstancias agravantes ponderadas por el a quo, postula la exclusión del mayor disvalor de acción derivado de la conducta posterior de ocultar el cuerpo (desde que ello no se habría acreditado en autos); de las modificaciones producidas en la vivienda y que quedaron a cargo de los propietarios (porque no se estableció el monto ni detalles de los daños); del daño emocional producido a los propietarios de la casa (pues nada dijeron al respecto en el juicio); del mayor disvalor de acción por haber expuesto a algunos de sus hijos a la escena del crimen incorporándolos en el ocultamiento del cadáver (ya que éstos fueron sobreseídos y están alcanzados por las previsiones del art. 185 del C.P.)
Bajo tal hermenéutica, sostiene que la pena no debe superar el mínimo legal (8 años de prisión), máxime teniendo en cuenta la edad de la imputada, su historia de vida (víctima de violencia de género, hijos abusados) y sus problemas de salud.
Deja expresamente planteada, a todo evento, la reserva del caso federal (art. 14, ley 48).
II. Radicadas las actuaciones en esta instancia se expidió, en primer lugar, el Sr. Defensor Adjunto de Casación, Dr. Ignacio Juan Domingo Nolfi quien mantiene los argumentos traídos por su par de la instancia y agrega una serie de consideraciones para robustecer sus planteos.
Introdujo un nuevo planteo como "cuestión previa" por el que solicita la nulidad absoluta del pronunciamiento al advertir un defecto grave de procedimiento (cfr. art. 448 bis primera parte en función del 448 inciso 1º del CPP), esto es, que el Jurado arribó al veredicto de culpabilidad por el homicidio agravado en los términos del art. 80 último párrafo del C.P. mediante el voto afirmativo de 10 de sus miembros cuando, a su entender (en función de aludir esa norma a la figura base del art. 80 inc.1° que prevé la pena de prisión o reclusión perpetua), se requería el voto unánime (cfr. art. 371 quáter, inc. 1° del C.P.P.)
Tiene en cuenta para fundar su pretensión que el art. 80 in fine del C.P. no obliga sino que faculta al juez, quien será el único que, audiencia de cesura de por medio, podrá disponer la reducción de la pena.
Bajo este criterio, considera contrario a la ley el formulario para el veredicto otorgado al Jurado para proceder a la votación, desde que no puede hablarse de un “delito menor” cuando, justamente, el delito base por el que fue condenada Acosta es un delito reprimido con prisión o reclusión perpetua. En tal sentido, señala que las circunstancias extraordinarias de atenuación, se vinculan con aquel delito pero en modo alguno las transforman en un delito menor (como sí lo son los homicidios atenuados del art. 81 del C.P.)
Dado que el pretenso vicio invalidante del pronunciamiento en crisis no fue causado por Acosta y, en pos de evitar los efectos revictimizantes de un nuevo juicio, solicita directamente su absolución sin reenvío de las actuaciones al origen.
Como otra nueva cuestión planteó el incumplimiento de la ley nacional 27.499 -conocida como "Ley Micaela"- y la ley provincial 15.134, en virtud de que el Jurado Popular interviniente en el juicio no recibió una capacitación en materia de género tal como lo prevé la citada normativa.
Peticiona, por ello, la absolución de la imputada o, en su defecto, el reenvío para la celebración de un nuevo juicio previo ordenar que se capacite a los ciudadanos que sean designados para integrar el Jurado.
Además, " constitucionalismo dialógico mediante ", solicita se exhorte a los legisladores provinciales para garantizar la aplicación de la ley 15134, art. 1º en relación a los miembros de los Jurados Populares. Subsidiariamente, postula que se ponga en conocimiento de estas circunstancias a la Suprema Corte de Justicia provincial o a la Procuración General de la Provincia.
Por otro lado, retomando el agravio de la recurrente, vinculado con la desestimación de la teoría del caso según la cual Acosta habría actuado amparada en una legítima defensa, hace hincapié en el contexto de violencia de género del que era víctima la nombrada a manos de Richard Sánchez y que fuera acreditado en autos.
Efectúa su interpretación de la prueba y describe la secuencia que culminó con el homicidio de Sánchez, indicando que este desenlace fatal no puede ser escindido de la situación de violencia a la que era sometida la imputada quien, además, había tomado conocimiento de los presuntos abusos sexuales del nombrado a sus hijos. Introduce también aquí un nuevo cuestionamiento, desde que postula que el Jurado habría incurrido en un apartamiento manifiesto de la prueba producida en los términos del art. 448 bis, inciso 'd' del Rito, ello por cuanto "... no se le cree a Gilda, de modo arbitrario, en base a estereotipos de género, sesgos que Argentina, ante la comunidad internacional se comprometió a erradicar ."
Reitera la crítica de su antecesora en torno a la postura adoptada por la Jueza técnica en cuanto a que la detección de eventuales sesgos y estereotipos de género era materia de las partes exclusivamente en la audiencia de voir dire , cuando a juicio de la defensa, la ausencia de instrucciones en tal sentido (que fueron rechazadas por el Tribunal) pudo haber condicionado la decisión del jurado. Coincide con el planteo medular de la recurrente según el cual "... la instrucción sobre violencia de género no abastece ni protege adecuadamente los derechos de Gilda sobre una base de igualdad, cfr. arts. 16, 28, 75 inciso 22 de la carta magna, entre otros; pues [...] la perspectiva de género no fue explicada y menos lo fue en relación a la estructura típica de la eximente alegada y al valor probatorio en general ..."
Vuelve a enumerar los estereotipos advertidos en los alegatos de la Fiscalía y destaca -nuevamente- que, no obstante la oposición de la defensa, se recibieron en el juicio, de manera remota, los testimonios de dos personas cuya identidad no fue certificada y cuyos dichos habrían reforzado el estereotipo de "mujer mendaz" de la imputada. Luego, dedicará un segmento del dictamen a explayarse sobre los estereotipos de género en términos generales para concluir que a Acosta se la habría condenado por no haber sido una "buena madre".
Ofrece la misma interpretación de los elementos de la eximente pretendida en clave de género. Así, insiste con que la "inminencia" (y su diferencia con la "inmediatez) debe ser considerada desde una perspectiva de género pues si Acosta fue maltratada posiblemente podía volver a serlo (ciclo de la violencia) por lo que -a su entender- en modo alguno se la podría obligar a la acusada a que acudiera a "medios de dudosa eficacia". Alega que la "proporcionalidad del medio empleado" debe ser estimado a la luz de la continuidad de la violencia y coincide en este punto con la recurrente en que es "llamativo" que la Jueza haya receptado favorablemente incorporar en las instrucciones la cita de un fallo al respecto pero habiendo excluido los pasajes relativos a la perspectiva de género; circunstancia que habría también condicionado al Jurado al desconocer que "... ante el contexto [de violencia] descripto, Gilda podía razonablemente prever la violencia, habitual, el estado de peligro inminente ." Más adelante citará un precedente de la Sala I de este Tribunal, particularmente el voto de uno de los colegas intervinientes.
Suscribe, en este punto, el cuestionamiento de su par de la instancia en cuanto a las limitaciones puestas por la Jueza en el examen y contraexamen del testimonio de la experta Vanesa Maero Suparo, concretamente en lo que atañe a las preguntas sobre la particular situación de las mujeres que se defienden de su agresor.
Ratifica, entonces, el reclamo absolutorio propiciado (art. 34 inc. 6° del C.P.) o, en su defecto, se establezca que existió un exceso en la legítima defensa de conformidad con el art. 35 del C.P.
Finalmente el Dr. Nolfi robustece los argumentos traídos por la recurrente en orden al proceso de determinación de la pena llevado a cabo por la Magistrada interviniente, postulando su reducción al mínimo de la escala o, incluso, perforando ese piso en función de las características personales de la imputada con el cumplimiento condicional de la sanción.
En primer lugar, añade una serie de consideraciones en torno a la incidencia que correspondería asignar a la atenuante de la "pena natural" derivada del "... contexto de violencia de género y doméstica padecido, con más la terrible noticia que conociera en razón de las agresiones sexuales padecidas por dos de sus hijos, por parte de Richard, agravado por la incriminación y procesamiento que sufriera como consecuencia de la reacción que tuviera en ese contexto ."
También sostiene la desproporcionalidad de la pena impuesta bajo el siguiente razonamiento: "... A Acosta Duarte se la está condenando por un delito contra las personas; mientras que, las consecuencias de las que resultó 'víctima', representan afectaciones a su vida, dignidad e integridad sexual, entre otros además de aquellas, en relación a sus hijos; que en modo alguno podrían ser estimadas con la insignificancia que el a quo lo hace ." Dice, al respecto, que la lesividad ocasionada a la imputada, " resulta de relevante entidad a la que fuera por ella provocada ".
Con respecto a la atenuante propiciada en esta instancia, refiere debe ser analizada y receptada por esta Sala en virtud de que la sentencia que se emita como consecuencia directa de la impugnación presentada, sería una nueva sentencia en la que deberá estudiarse la pertinencia de las atenuantes articuladas.
Ratifica la reserva del caso federal articulada en el recurso y deja planteada la inconstitucionalidad del art. 451 del C.P.P. en cuanto veda la introducción de nuevos agravios luego de fenecido el plazo de interposición de los recursos.
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.