Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, Sala V · Causa 120596
1800-4013-18
En la ciudad de La Plata, se reúnen en acuerdo ordinario los señores jueces de la Sala V del Tribunal de Casación Penal, doctores Daniel Carral y Carlos Natiello, con el fin de resolver el recurso presentado en la causa nro. 120.596 caratulada "TORNATORI DAVID ALBERTO S/RECURSO DE CASACIÓN” . Practicado el sorteo de ley, resultó que en la votación los jueces deberán observar el orden siguiente: CARRAL-NATIELLO .
Llegan estas actuaciones para conocimiento del Tribunal a raíz del recurso de casación interpuesto por el defensor particular contra la sentencia dictada el 6 de septiembre de 2022 por el Dr. Federico Martinengo, juez integrante del Tribunal en lo Criminal nro. 1 de Zárate-Campana, a través de la cual se condenó a David Alberto Tornatori a la pena de seis (6) años y cuatro (4) meses de prisión, accesorias legales y costas, por resultar autor responsable de los delitos de abuso sexual con acceso carnal (Hecho I), amenazas (Hecho II) y amenazas (Hecho III), todos ellos en concurso real entre sí (arts. 45, 55, 149 bis primer párrafo y 119 tercer párrafo, Cód. Penal).
En lo esencial, expone que el veredicto se estructuró sobre las denuncias de la presunta víctima en sede policial, “las que no solo no fueron ratificadas en el debate oral, sino que fueron rectificadas por la Sra. Ana Rosa Beligliomini” (pág. 4, recurso, el subrayado y los que siguen pertenecen al original).
Explica que para sostener su argumentación, el juez realizó una “composición probatoria” entre la testifical de la mujer en el juicio, sus denuncias y la prueba pericial, pero omitiendo que la defensa solicitó la exclusión probatoria de esas denuncias “en el entendimiento de que la norma del art. 366 del CPP es clara y no admite interpretaciones en contrario: las piezas de la investigación preliminar no pueden servir para la condena del imputado, y su lectura sólo se admite para verificar omisiones, incongruencias o contradicciones...” (pág. 4, recurso).
Agrega que aun cuando la fiscalía contó con el aval de la defensa para exhibir las denuncias en el juicio e interrogar a Ana Beligliomini (en adelante, Ana B.) sobre la información contenida en ellas, “no le extrajo ni un solo elemento que hiciera a la reconstrucción fáctica de los sucesos por los que -a la postre- fue acusado y condenado Tornatori” (pág. 4, recurso). No obstante, recuerda que en la etapa previa del juicio se opuso a la incorporación por lectura de aquellas denuncias y dejó formal protesta de recurrir en casación, que ahora hace valer.
Alega que el magistrado justificó su decisión sobre “tres proposiciones contrarias a derecho”, pues equiparó las garantías del imputado y los derechos individuales de la supuesta víctima; a partir de ese error, ignoró la prohibición de condenar sobre evidencia de la IPP que no pudo ser controlada por el imputado y su defensa (art. 366, CPP); y pretendió justificar esa errónea interpretación en que “no hay derechos absolutos” y en la Convención Belem do Pará, a la que asignó -incorrectamente- un status constitucional que no posee.
Observa que la CEDAW, que sí forma parte del bloque constitucional, “no contempla en ningún apartado el concepto de 'perspectiva de género', ni las consecuencias jurídicas que el juez pretende hacer emerger de esa norma, como para anular la manda legal invocada por es[a] Defensa” (pág. 5, recurso).
En definitiva, afirma que la acreditación de los hechos, en cuanto “a sus condiciones de modo, tiempo y lugar, no provienen de prueba válida producidas en el juicio oral, sino de las denuncias formalizadas en sede policial, sin control de la defensa, lo que desenmascara la falacia en la que incurre el sentenciante ya que del resto de los informes a los que alude (periciales, del CAV, del fuero de familia) no se deriva ninguna secuencia fáctica que respalde la materialidad” (pág. 4, recurso).
En ese sentido, expone que las psicólogas del CAV y de la Asesoría Pericial declararon sobre circunstancias que constataron al momento de sus evaluaciones. Que, frente a las preguntas de la defensa, respondieron generalidades sobre el ciclo de la violencia y aclararon que una “retractación” debía ser evaluada caso por caso. Afirma -el defensor- que no podía descartarse que sus conclusiones fueran atribuibles a las violencias que sufrió la mujer desde su infancia, admitidas en el propio fallo, y no a la conducta del acusado.
Agrega que el resto de los peritos del fuero de familia declararon sobre las características de los involucrados en el conflicto, pero no sobre los hechos bajo juzgamiento.
En definitiva, expone que al contrario de lo que sostiene el magistrado esas testificales no prueban, ni siquiera de modo indiciario, los extremos de la imputación, que el juez reconstruyó mediante las denuncias incorporadas por lectura al debate, con oposición de esa defensa.
Finalmente, expone que Camila Beglinomini y Amanda Silva (hija y madre de la denunciante, respectivamente) no aportaron ningún dato relevante para el caso de la fiscalía, aun cuando de acuerdo con esa teoría habrían presenciado las amenazas del denominado Hecho III. Expone que el juez quiso salvar esa laguna afirmando que las testigos “impresionaron estar bajo algún tipo de sometimiento, temor o amenaza”, circunstancia que -según la defensa- no contó con ningún respaldo probatorio.
Dicho esto, afirma que la declaración del acusado en el juicio estuvo corroborada por la testifical de Ana B., pues la mujer no respaldó ningún tramo de la hipótesis de la acusación. En particular, recordó que Ana B. dijo que nunca mantuvo relaciones sexuales forzadas con Tornatori y que “siempre las consintió aun cuando no lo deseaba, ya que nunca expresó una negativa a su marido en tales oportunidades”, y sobre los denominados hechos II y III, no recordó que su ex-pareja la haya amenazado o intimidado. Al contrario, explicó que realizó las denuncias porque quería divorciarse y tuvo que ir a la comisaría para que el acusado lo aceptase, cosa que efectivamente ocurrió.
Bajo esas condiciones, considera que “cabría preguntarse si es posible que en un arrebato de ira o de desborde, la Sra. Beligliomini hubiese sido malinterpretada al realizar las denuncias, o deliberadamente hubiera querido infligir daño a Tornatori para alejarlo de su casa, y luego al lograr su cometido y separarse no haya tenido la necesidad de exponerse a reiterar mentiras”. Insiste en que “la lógica de la sentencia no admite la posibilidad de que la denunciante, ya superada la conflictividad latente y divorciada de su pareja, decidiera decir la verdad y no seguir exponiendo a su ex marido a las severidades consecuentes a haberlo denunciado falsamente” (pág. 10, recurso).
Seguidamente, cuestiona la respuesta que dio el magistrado a los planteos de “falta de tipicidad subjetiva del delito de abuso sexual (Hecho 1), o el error invencible sobre ese presupuesto de falta de consentimiento avasallado”, pues alega que no se probó que la mujer exteriorizara su negativa a mantener relaciones sexuales, de ningún modo.
No obstante, insiste en que Ana B. no instó la acción penal respecto del denominado Hecho I, pues en el juicio no recordó que se le hubiera dado lectura al art. 72 del Código Penal cuando realizó la denuncia, ni explicado su contenido y declaró no comprender por qué se había caratulado de esa forma si ella “nunca fue violada”. Al contrario, la mujer explicó que ella solo quería divorciarse y por eso realizó las denuncias en contra de Tornatori.
En subsidio, y de mantenerse el veredicto de culpabilidad respecto de los dos hechos de amenazas, estima que la pena debería establecerse en un año de prisión y dejar su cumplimiento en suspenso. Hizo reserva del caso federal.
Practicado que fuera el sorteo de rigor, y notificadas las partes, el recurso radicó en la Sala.
El Fiscal ante esta Sala, Dr. Fernando Galán, postuló el rechazo del recurso, por los argumentos desarrollados en el dictamen presentado.
Así, el Tribunal se encuentra en condiciones de resolver, decidiendo plantear y votar las siguientes
Primera: ¿Es procedente el recurso de casación interpuesto?
Segunda: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión el señor juez doctor Carral dijo:
1. El magistrado de la instancia anterior, luego de la sustanciación del debate, tuvo por probado el denominado “ Hecho I (C. 4948 - IPP 4013/18): ocurrido aproximadamente en fecha 3 de julio de 2018, en hora indeterminada, cuando un sujeto masculino, luego individualizado como David Alberto Tornatori, encontrándose en su domicilio sito en (…), donde residía junto a su esposa Rosa Ana Beglinomini, a pesar de estar separados de hecho y que, producto de como habitualmente lo hacía en una relación asimétrica de poder, comenzó a pedirle a Beglinomini que quería tener sexo, pero ante la negativa de ella, se ofuscó, la tomó de los cabellos y la obligó a mantener relaciones sexuales por vía vaginal”.
El juez también dio por probado el denominado “ Hecho II (C. 4948 - IPP 3235/19): sucedido el día 1 de junio de 2019, siendo las 4:00 horas, en ocasión en que Rosa Ana Beglionimi regresó de su trabajo en un remise a su domicilio, sito en (…), donde la recibe su esposo David Alberto Tornatori, con quien estaba ya separada de hecho, aunque viviendo en el mismo domicilio, quien comenzó una discusión debido a que la traía un hombre a su casa, a lo que Beglinomini le contestó que no tenía otra forma de volver a su morada y al respecto el acusado le refirió que la iba a matar y que iba a terminar en la ruta 6 (haciendo alusión al cementerio), dichos que infundieron temor en la víctima”.
Finalmente, el magistrado acreditó el denominado “ Hecho III (C. 5133 – IPP 3852/21): que aconteciera el día 8 de agosto de 2021, alrededor de las 21.00 horas, en circunstancias en que David Alberto Tornatori, mientras se encontraba en el referido domicilio que compartía con su mujer e hijas, situado en (…), junto a su esposa Rosa Ana Beglinomini y en presencia de las tres hijas menores de la pareja, el nombrado reaccionó violentamente contra la nombrada, a quien le manifestó: ' te voy a matar, vos terminas cinco metros bajo tierra, total yo voy preso por unos años pero a vos no te sacan más de abajo de la tierra, voy a hacer un femicidio, a mí no me importa' , expresiones éstas que infundieron temor en la víctima” (pág. 2/3 del registro informático del veredicto).
2. Establecido lo anterior, advierto que la defensa concurrió al juicio oral manteniendo una hipótesis alternativa a la de la acusación: alegó que los tres hechos atribuidos a Tornatori no existieron. Expuso que la presunta víctima negó en el juicio haber tenido relaciones sexuales forzadas con el acusado, al contrario, declaró que las consintió, aun en los casos en que no las deseaba, pues nunca le expresó una negativa a su ex-marido. Agregó que Ana B. no recordó en el debate ninguna amenaza o intimidación, solo discusiones o insultos por parte del acusado, que no constituyen delito alguno (pág. 17/18, acta de debate). Luego, señaló que las denuncias realizadas por Ana B. podían encontrar explicación en que, para la época en que las realizó, la mujer quería divorciarse “y tuvo que ir a la comisaría para que [Tornatori] lo aceptase”, conforme lo declaró en el juicio (pág. 18, acta de debate).
No obstante, el planteo central del recurrente radica en la ausencia de prueba de cargo para acreditar la hipótesis acusatoria, por fuera de las denuncias penales que el juez incorporó por lectura. Solicita la exclusión probatoria de esas actas y la absolución de su asistido.
El fallo contiene datos fácticos incontrovertidos. En lo que importa destacar, las partes no discutieron la existencia de las tres denuncias penales que realizó Ana B. en contra de su ex-pareja. Ese fue un dato sobre el que la testigo declaró y no media respecto a esa información inadmisibilidad alguna.
Tampoco puede discutirse que el examen directo de Ana B. enfrentó a la fiscalía con una situación inesperada y ajena a cómo administró su prueba, especialmente porque la mujer no corroboró en el juicio toda la información que incorporó en las denuncias previas y su teoría del caso se formuló a partir del relato que hizo Ana B. en aquellas oportunidades. Sin embargo, la fiscalía estimó que aun ante esa problemática, podía dar por probado su caso.
En efecto, las partes dieron explicaciones diversas sobre la declaración que dio Ana B. en el debate. De un lado, el fiscal analizó la “retractación” de la denunciante y explicó la necesidad de interpretarla a partir de otros elementos de prueba disponibles, por tratarse de un caso de violencia de género. En particular, señaló la evidencia del fuero de familia, incorporada por lectura al debate, y recordó que Ana B. “no se desdijo totalmente de sus dichos”, sino que dijo no recordar sobre los hechos que se le preguntaban.
Ya vimos la hipótesis explicativa que sostuvo la defensa en el juicio y que reitera en el recurso, donde alega que el juez no consideró la posibilidad de que la mujer haya realizado denuncias falsas en contra de Tornatori, con el objetivo de divorciarse, y que superado ese conflicto y ya en el juicio oral, haya decidido decir la verdad. En lo esencial, reitera que las relaciones sexuales de la pareja siempre fueron consentidas y que no hubo amenazas o intimidaciones de ningún tipo.
3. Ahora bien, el agravio principal de la defensa exige realizar ciertas aclaraciones preliminares a fin de lograr su correcto abordaje.
Ya dijimos que solicita la exclusión probatoria de las denuncias realizadas por Ana B., valoradas por el magistrado en el veredicto.
Explica que aun cuando la fiscalía contó con el aval de la defensa para exhibir las denuncias en la audiencia e interrogar a Ana B. sobre la información contenida en ellas, “no le extrajo ni un solo elemento que hiciera a la reconstrucción fáctica” de la hipótesis de la acusación (pág. 4, recurso), “de modo que la acreditación de los hechos (…) no proviene de prueba válida producida en el juicio oral, sino de las denuncias formalizadas en sede policial, sin control de la defensa”. No obstante, recuerda que en la etapa preparatoria al juicio ya se “había opuesto -de todos modos- a la incorporación de piezas escriturarias”, por interpretar que el mecanismo del art. 366 del CPP “se limita a las alegaciones que haga un testigo durante el transcurso del debate” y, por ello, su incorporación no podía ser resuelta en forma previa a la audiencia. Agregó que en esa oportunidad también recordó los precedentes de la CSJN (“Benítez, Aníbal Leonel", entre otros) en los que se “descalificó la condena sustentada en afirmaciones contenidas en constancias escriturarias preliminares respecto de las cuales la Defensa no había podido controlar”. En definitiva, señaló que se opuso a la incorporación por lectura de aquellas denuncias y dejó formal protesta de recurrir en casación, que ahora hace valer (pág. 4, recurso).
4. Constato que, efectivamente, las partes discutieron en la etapa preparatoria del juicio sobre la incorporación por lectura de las denuncias penales que realizó Ana B. en contra de Tornatori. En lo que importa destacar, el acta del debate da cuenta de que las tres denuncias llegaron incorporadas por lectura al debate, “de conformidad con lo normado por el art. 366 del Código de rito” (pág. 3 y 4, acta). No obstante, la copia de la resolución dictada por el magistrado el 25/11/21 en los términos del art. 338 del CPP, refleja que las denuncias de la IPP 4013/18 (Hecho I) donde se denunció el abuso sexual y la IPP 3235/19 (Hecho II) sobre amenazas, se incorporaron por lectura “a tenor de lo dispuesto por el artículo 366, sexto párrafo del Código Procesal Penal”, con oposición de la defensa, quien dejó formal protesta de recurrir en casación esa decisión (conforme su registro informático, que se consultó por similar sistema). Por otra parte, remitida la resolución correspondiente por parte del tribunal de grado, dictada el día 5 de julio de 2022 a tenor del art. 338 del ritual, surge que en el marco de la causa nro. 5133, referida al hecho III, se resolvió “1) Hacer lugar a la acumulación de la presente causa 5133 a la causa 4948 de trámite por ante este mismo tribunal; 2) Hacer lugar a la incorporación por lectura de las piezas a las que se opuso la defensa, en los términos del artículo 366 del rito, a los fines de verificar incongruencias, contradicciones u omisiones con las declaraciones de los testigos en el juicio (art. 366 CPP)”. Notificadas las partes, el defensor formuló formal protesta de recurrir en casación.
En lo que importa destacar, durante la declaración de Ana B., la fiscalía “dio lectura” de las denuncias que había realizado en contra de su ex-pareja, sin oposición de la defensa (así consta en el veredicto, pág. 9).
Luego, en el alegato de clausura, la defensa cuestionó la valoración que hizo el fiscal sobre “elementos que están incorporados por su lectura en los términos del artículo 366 del Código Procesal Penal” y señaló que “la ley siempre hace prevalecer la versión oral por la documentada”. Invocó la normativa constitucional y convencional que entendió aplicable al caso y aludió al precedente “Benítez de la Corte Suprema de Justicia, a su relación con la incorporación de prueba en este caso” (pág. 18, acta debate) y, en lo que importa destacar, solicitó “en los términos del artículo 211 la exclusión probatoria de (…) las denuncias” (pág. 19, acta debate).
5. Efectivamente, el magistrado valoró el contenido de las tres denuncias que realizó Ana B. en contra de Tornatori (pág. 11/12, veredicto), además de su declaración en el juicio.
Primero, señaló que durante la práctica de la prueba “la fiscalía le formuló diversas preguntas [a Ana B.] no sin antes exhibirle las denuncias penales que fueran interpuestas por la misma” (pág. 8, veredicto); el magistrado agregó que la mujer “reconoció las firmas insertas en las denuncias que dieran origen a cada una de las investigaciones (v. fs. 5 de la IPP 4013/18, fs. 4 IPP 3235/19 y fs. 3 de la IPP 3852/21)” y recordó que no medió objeción de la defensa cuando la fiscalía “le dio lectura a la damnificada de las denuncias impetradas”(pág. 9, veredicto).
Luego, señaló que ciertamente no podían valorarse testificales prestadas en la etapa preliminar sobre las que la defensa no había tenido posibilidad de control; sin embargo, expuso que “considerando las particularidades del caso, el principio de la amplitud probatoria y que las denuncias efectivamente han ingresado al plenario desde que fueron reconocidas por la víctima al exhibírseles las firmas” (pág. 12, veredicto, el subrayado me pertenece), podía concluir que si estaban en la etapa del juicio era porque Ana B. había ratificado esas denuncias cuando declaró en la investigación preliminar. Agregó -en lo esencial- que debían compatibilizarse las garantías de los imputados y los derechos de las víctimas, y rechazó la exclusión probatoria de “las denuncias impetradas por la víctima, las que forman parte integral de su testimonio en este proceso” (pág. 13, veredicto).
Finalmente, el juez observó que era inaplicable el estándar del fallo “Benitez” de la CSJN, pues la denunciante había concurrido al debate y pudo ser interrogada por ambas partes (pág. 13, veredicto).
6. Ahora bien, coincido con la defensa en el tramo donde afirma que las denuncias que hizo Ana B. no debieron formar parte del conjunto de evidencia disponible, pero con las siguientes aclaraciones.
En primer lugar y como señaló el magistrado, no se trata de un supuesto asimilable al resuelto por la CSJN en el precedente “Benitez”, pues la presencia de Ana B. en el debate descarta cualquier cuestionamiento sobre la posibilidad de confrontar a la testigo de cargo. En efecto, la mujer estuvo disponible en el juicio y se garantizó su interrogatorio cruzado, para que las partes pusieran a prueba su fialibilidad como fuente de información.
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El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.