Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, Sala I · Causa 115303
La Sala I del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, integrada por los señores jueces doctores Daniel Carral, Ricardo Maidana y Víctor Violini (art. 451 del Código Procesal Penal), con la presidencia del primero de los nombrados, de conformidad con lo establecido en la Ac. 3975/2020 de la SCBA, procede al dictado de sentencia en el marco de la Causa N° 115303 caratulada “CABAÑAS HUGO MARTIN, ESCOBEDO MARCELO EZEQUIEL, CASSALZ CARLOS DAMIÁN S/RECURSO DE CASACIÓN”, conforme al siguiente orden de votación: MAIDANA - CARRAL - VIOLINI.
El 4 de noviembre del año 2021, el Tribunal en lo Criminal n° 3 del Departamento Judicial San Martín, integrado por los Jueces Carolina Rosa Martínez (primer voto), Aníbal Bellagio y Martín Klobovs, luego de la celebración del juicio oral en la causa n° 4967, dictó veredicto absolutorio en favor de Emanuel Avalos, Jonathan Avalos, Marcos Ibarra y Hernán Badaracco , por desistimiento de la acusación del fiscal y del particular damnificado (conf. art. 368 in fine CPP) y veredicto condenatorio (por unanimidad) respecto de Carlos Damián Cassalz, Marcelo Ezequiel Escobedo y Hugo Martín Cabañas , imponiendo a cada uno la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas, como coautores responsables del delito de homicidio agravado por haber mediado violencia de género, cometido el 2 de abril de 2017 en la localidad de José León Suarez, en perjuicio de Blanca Araceli Fulles (arts. 5, 9, 12, 29 inciso 3º, 40, 41, 45 y 80 inc. 11 del CP).
El Defensor Oficial Dr. Fernando Luis Lagares, en representación de Cassalz, Cabañas y Escobedo, dedujo recurso de casación contra el veredicto condenatorio (presentación electrónica del 24/11/2021).
La causa ingresó a la Sala I de este Tribunal con fecha 14 de junio de 2022, se encuentra en estado de dictar sentencia, por lo que se dispone plantear y resolver las siguientes
Primera: ¿Es admisible el recurso interpuesto?
Segunda: ¿Es admisible la prueba ofrecida por el Defensor Oficial el 14/04/23?
Tercera: ¿Es procedente el recurso de casación?
A la primera cuestión planteada el señor juez, doctor MAIDANA , dijo:
El recurso fue interpuesto por quien se encuentra legitimado, en debido tiempo y contra un pronunciamiento definitivo de juicio oral en materia criminal, por lo que se encuentran reunidos los recaudos formales y satisfechos los requisitos de admisibilidad previstos legalmente (arts. 18 y 75 inc. 22 CN; 8.2.h CADH; 14.5 PIDCP; 20 inc. 1, 450, primer párrafo, 451, y 454 CPP).
VOTO POR LA AFIRMATIVA .
A la primera cuestión planteada el señor Juez, doctor CARRAL , dijo:
Adhiero al voto del doctor Maidana en igual sentido y por los mismos fundamentos.
VOTO POR LA AFIRMATIVA .
A la primera cuestión planteada el señor juez, doctor VIOLINI , dijo:
Adhiero al voto del doctor Maidana en igual sentido y por los mismos fundamentos.
A la segunda cuestión planteada el señor juez, doctor MAIDANA , dijo:
El Defensor Oficial Adjunto de Casación, Dr. José María Hernández, ofrece como prueba documental, en los términos del art. 457 CPP, la sentencia condenatoria dictada contra Marcos Darío Herrero (instructor canino y testigo en la presente causa) dictada por el Segundo Tribunal Colegiado de la Provincia de Mendoza (causa P-99.560/21, Fiscalía de Instrucción N° 17 de la Primera Circunscripción Judicial de la Provincia de Mendoza), documental que ofrece como complemento de la prueba ya admitida por esta Sala en fecha 28/3/23, consistente en el proceso que precedió a la sentencia que aquí ofrece.
La Fiscal Adjunta de Casación, Dra. Daniela Bersi, se opone a la pretensión por las mismas razones expuestas en su oposición a la incorporación de las constancias de ese proceso (presentación del 02/06/22). Señala que la prueba documental ofrecida no tiene vinculación con el caso de autos y, en todo caso, para evaluar la idoneidad del instructor Herrero y su actuación en esta causa, la defensa contó con la posibilidad de controlar su testimonio en el debate. Agrega que la sentencia que se pretende incorporar no tiene firmeza.
La pretensión es procedente.
En función de lo ya resuelto por la mayoría de este tribunal al admitir las constancias documentales de este mismo proceso, corresponde admitir la sentencia que le pone fin, desde que viene a completar la información en torno a la imputación de Herrero. Propongo se incorpore como prueba documental la sentencia condenatoria dictada contra el aquí testigo Marcos Darío Herrero, propuesta por la Defensa (arts. 18 y 75 inciso 22 de la C.N.; 8.2.h C.A.D.H; 14.5 del P.I.D.C.P; y 209, 210, 448, 451, 456, 457, 458 y 459 del CPP). Voto por la afirmativa.
A la segunda cuestión planteada el señor juez, doctor CARRAL , dijo:
Adhiero al voto del doctor Maidana en igual sentido y por los mismos fundamentos.
A la segunda cuestión planteada el señor juez, doctor VIOLINI , dijo:
Adhiero al voto del doctor Maidana en igual sentido y por los mismos fundamentos.
A la tercera cuestión planteada el señor juez, doctor MAIDANA , dijo:
La Defensa plantea dos motivos de agravio: a) la falta de congruencia, a lo largo del proceso, en la determinación de los hechos juzgados y b) la arbitrariedad en la valoración probatoria fundante de la coautoría imputada.
En primer lugar denuncia la afectación al principio de congruencia, por falta de correlación entre la acusación y la sentencia en torno al número de ejecutores y al lugar de comisión del delito. Señala que las imputaciones se modificaron al reducir el número de imputados de siete (Jonathan Rubén Avalos, Emanuel Avalos, Marcos Antonio Ibarra, Hernán Rodrigo Badaracco, Carlos Damián Cassalz, Hugo Martín Cabañas y Marcelo Ezequiel Escobedo) a tres (Cassalz, Cabañas y Escobedo).
En segundo lugar, critica la fundamentación de la coautoría responsable. Señala que el tribunal en el primer tramo de análisis de la prueba, a modo introductorio, describió las dificultades de la investigación en la presente causa, destacando las múltiples maniobras distractoras y un direccionamiento malicioso para entorpecer la investigación, acciones que adjudicó a los condenados sin pruebas que lo avalen.
Luego denuncia arbitrariedad en la valoración probatoria, mediante diversos cuestionamientos al peso probatorio de la prueba de cargo. Refiere que el tribunal sentenciante fundó la acreditación de los hechos a partir de los testimonios de familiares y amigos de la víctima, que sólo reprodujeron rumores del barrio, contradictorios y difusos.
Devalúa el peso probatorio asignado al tráfico de comunicaciones entre los imputados durante la madrugada previa a la desaparición de Araceli, pues entiende que esa sola circunstancia es insuficiente para inferir un propósito sexual y que, en cambio, la explicación brindada por sus defendidos resulta plausible; sin embargo, la sentencia no indicó la relación o conexión entre esas conversaciones y un presunto encuentro sexual. Agrega que no se probó la triangulación de las llamadas, sino que el análisis sobre este tópico sólo refleja la convicción subjetiva de los juzgadores. La circunstancia de que Darío Badaracco haya enviado una foto junto a la víctima a Cassalz y a Cabañas, no comprueba una invitación o convocatoria a una fiesta sexual. Tampoco es posible concluir a partir de los mensajes de Cassalz (uno enviado a su secretaria pidiéndole que no vaya a trabajar ese día y otro proveniente de su suegro quien le preguntaba dónde debía llevar una hidrolavadora), que el cadáver haya sido llevado el 21/4/17 desde el corralón a la casa de D. Badaracco (donde fue hallado por la policía), pues carecen de aptitud cargosa. Por otra parte, la afirmación de que hubo otras fiestas sexuales en el corralón donde habrían participado los imputados es falsa, pues sólo pudo comprobarse un encuentro en febrero de 2017, en el que Araceli fue llevada por Darío Badaracco, allí mantuvo relaciones sexuales con Escobedo y el pago fue realizado por Cassalz.
Destaca que la prueba de rastro odorífico no agrega información confiable, la actuación del instructor guía Marcos Darío Herrero y su perro “Alcón” presentaron serias deficiencias y mostraron en definitiva un procedimiento errático: no se acreditó que el perro fuera bivalente (que pueda rastrear a personas vivas y muertas), la video filmación no exhibe los momentos más relevantes, ni de allí puede inferirse que el rastro hallado sea contundente, como concluyeron los jueces. Remarca, en este tramo, que las inferencias probatorias contienen una falacia circular: las marcaciones del perro de un presunto rastro de Araceli en el corralón serían fiables porque confirman el rumor del barrio que involucra a los imputados y ese rumor es considerado cierto debido al rastro hallado por el animal. Agrega que esas versiones sobre la intervención de los imputados recién empezaron a circular a partir del 27/4/17, fecha en que fue hallado el cadáver.
Asimismo devalúa el resultado de la prueba de rastro específico a partir de las múltiples objeciones que en la experiencia de las investigaciones judiciales presenta. Indica, en ese sentido, que los protocolos para reforzar la fiabilidad de sus resultados no fueron cumplidos, como el método del doble conforme (realizar dos procedimientos iguales con dos duplas Instructor-can) y la preservación de las muestras. En este punto interpreta que el rastro hallado en el baúl del Renault 19 Megane pudo haberse transferido por la presencia de Darío Badaracco, pues a partir de lo indicado por los otros instructores caninos (Tula p. 56, Riveros p. 96 y Gómez Peña p. 71) es posible la transferencia de olor en la búsqueda de rastros. Y, precisamente, las marcaciones del perro se corresponden con los lugares en los que estuvo Badaracco. El tribunal guardó silencio sobre este aspecto. Asimismo, cuestiona por arbitraria y de una inusitada gravedad la valoración de las manifestaciones extrajudiciales de Herrero en un tramo de la video filmación del allanamiento, donde se escucha un diálogo entre éste e Isidro Gómez sobre lo que habría ocurrido en el corralón con Araceli (video 202038 a partir del min 8:05).
Con relación a las imputaciones individuales, alega la ausencia de indicios serios que permitan afirmar, como lo hizo el tribunal, la hipótesis de que Cabañas habría participado en el traslado del cuerpo de Araceli a la casa de Badaracco. La imputación a Escobedo se apoyó en la sola circunstancia de ser el propietario del vehículo marcado por el perro de Herrero y el descargo de Cassalz fue corroborado por su hermana y la amiga, ambas coincidieron en que estuvieron juntos en San Isidro la madrugada previa a la desaparición de Araceli.
Tampoco considera plausible la hipótesis de que el cuerpo fue enterrado en la vivienda de Badaracco luego del primer allanamiento (el 17/4/17), pues no resulta una derivación razonable de las pruebas valoradas. El instructor Silvero no descartó que el cuerpo pudiera encontrarse en ese lugar ya al momento del primer registro y reconoció que su tarea pudo no ser eficiente (por el horario, la falta de luz y la extenuante del perro en otros domicilios). El funcionario policial Pedro González dijo que usó un palito para remover la tierra, lo que demuestra la precariedad del procedimiento. Indica que el cuerpo fue encontrado por la bombera Lucía. E. Ramírez y no por una marcación del perro de Herrero, ello puede verse en el video del segundo allanamiento (del 27/4/17), de modo que el resultado negativo del primer allanamiento no alcanza para descartar que el cuerpo ya estuviera en el lugar.
Encuentra errada la conclusión de que el cuerpo estuvo escondido en el baúl el auto de Escobedo, pues ello no se desprende de la declaración del médico forense Mariani (p. 49), pudiendo resultar plausible otra hipótesis, como que el cuerpo estuvo enterrado con tierra y escombros que provocaron la extinción de larvas y moscas. Añade que las características de la fauna cadavérica encontrada en la autopsia no permiten afirmar que el cuerpo haya estado escondido en el baúl.
En definitiva, solicita se haga lugar al recurso y se disponga la absolución de sus defendidos Carlos Damián Cassalz, Hugo Martín Cabañas y Marcelo Ezequiel Escobedo.
II. La audiencia de informes de los arts. 457 y 458 CPP se llevó a cabo el 18 de abril de 2023. La Defensa Oficial en esta instancia, la Fiscal de Casación y el Particular Damnificado expusieron los lineamientos de sus posiciones.
El Defensor Oficial Adjunto de Casación, Dr. José María Hernández, mantuvo el recurso interpuesto y añadió consideraciones en torno al peso probatorio de la prueba de cargo. En especial destacó que la valoración probatoria expone un sesgo de carácter confirmatorio en perjuicio de sus defendidos Cassalz, Cabañas y Escobedo. Consideró, al igual que Innocence Project, que los resultados del allanamiento en el corralón de Cassalz (de fecha 27/4/17) no son fiables por los serios defectos en el procedimiento (falta de registro de la toma de las muestras, ausencia de una cadena de custodia, de un procedimiento que confirme con otra dupla guía-perro y la defectuosa filmación del procedimiento). Reiteró la falta de idoneidad del instructor Herrero a partir de la sentencia dictada por un tribunal de la Provincia de Mendoza, que lo condenó por comportamientos análogos en la búsqueda de una persona desaparecida: “plantó” prueba falsa con el propósito de desviar la investigación de ese caso. Agrega que Herrero no posee ninguna certificación que corrobore su conocimiento y/o experiencia en el ámbito de la odorología forense, no se acreditó que el perro empleado fuera “bivalente” y además era el perro particular del mencionado Herrero. Por último, destacó que los tres imputados llegaron al juicio oral con “falta de mérito”.
La Fiscal Adjunta de Casación, Dra. Daniela Bersi, presentó memorial postulando, en igual línea a la desarrollada en la audiencia de informes (del 18/04/23), el rechazo del recurso. Señaló que el presente caso fue juzgado, de manera correcta, con perspectiva de género, en tanto Araceli fue asesinada en un contexto de violencia por esa razón y aprovechando su extrema vulnerabilidad (social, económica, por su franja etaria). Fue llevada al corralón de Cassalz, donde murió, con un alto grado de intoxicación por drogas y con el propósito de mantener relaciones sexuales con cuatro hombres (Cassalz, Cabañas, Escobedo y Badaracco). Señaló que el órgano de juicio ha motivado suficientemente los extremos de la imputación, sin que se compruebe ninguno de los defectos alegados por el recurrente.
III. Se presenta Innocence Project Argentina, representada por el Dr. Carlos Manuel Garrido (como Presidente) y el patrocinio letrado de la Dra. Camila Brenda Calvo, en calidad de Amicus Curiae .
La circunstancia que no se ajuste a la reglamentación prevista, impide que pueda ser tenido en el carácter pretendido.
Sin perjuicio de ello, nada obsta que se tengan presente los fundamentos expuestos, respecto a que la condena a prisión perpetua impuesta en el caso se basa en una apreciación arbitraria del material probatorio, en especial por el tratamiento y valoración de la prueba derivada de las técnicas de odorología y rastro específico, practicada por Marcos Herrero. Reseña los cuestionamientos a la fiabilidad en sus resultados y el creciente descrédito a raíz de la falta de validación científica y de los fraudes de pretendidos expertos en la materia que condujeron a masivas condenas fraudulentas. Cuestiona la calidad y fiabilidad de la actuación del instructor canino Marcos Herrero, en base a la falta de certificado oficial que pueda acreditar su idoneidad en odorología o rastro específico y al antecedente condenatorio por el delito de encubrimiento (la imputación consistió en manipular y “plantar” prueba en una investigación por la búsqueda de una persona desaparecida en Mendoza). Agrega que los resultados obtenidos (la marcación mediante el rastro de olor de Araceli en cuatro sitios dentro del corralón de Cassalz) proceden de un procedimiento defectuoso: la toma de muestras de Araceli no fue documentada ni preservada (no hay constancias de una cadena de custodia), no hubo una confirmación realizada por un segundo binomio instructor-can (usualmente recomendada en esta clase de búsquedas forenses) y la video filmación del procedimiento es incompleta: presenta tramos fragmentados de poca duración que, en muchos casos, se interrumpen en momentos relevantes, los registros son de baja calidad, la imagen no se encuentra adecuadamente iluminada y no se enfoca la actividad del guía con el perro, la persona que realizó la filmación, Isidro Gómez -Capitán de policía- no fue citado a declarar en el juicio. Todo lo cual, en su entender, impide un control minucioso de la tarea realizada por el binomio.
Con independencia de la garantía procesal que establece la exigencia de la doble conformidad judicial para ejecutar la pena si el condenado lo requiere, la circunstancia de ponerse en juego otra garantía como la del juicio público, única base de la condena, determina que, en el caso de no haberse observado el debate, no es posible controlar la valoración de la prueba practicada en el transcurso de la audiencia si el Tribunal diera cuenta circunstanciada de su empleo, para tener por acreditado cualquiera de los extremos de la imputación.
Los arts. 8.2.h de la Convención Americana y 14.5 del Pacto exigen la revisión de todo aquello que no esté exclusivamente reservado a quienes hayan estado presentes como jueces en el juicio oral, no sólo porque cancelaría el principio de publicidad (arts. 8.5 de la Convención Americana y 14.1 del Pacto), sino también porque directamente no lo conocen, o sea, que a su respecto rige un límite real de conocimiento, se trata directamente de una limitación fáctica, impuesta por la naturaleza de las cosas, y que debe apreciarse en cada caso, con lo que, no existe una incompatibilidad entre el debate y la revisión amplia en casación, ambos son conciliables en la medida en que no se exagere el resultado de la inmediación.
Limitados de tal modo los motivos de agravio consignados por el impugnante, el conocimiento del proceso se circunscribirá a los que fueran expuestos (art. 434 y ccs. del CPP; v. TCPBA, Sala I, c. 77.456 “Silva, Sergio Daniel s/ Recurso de Casación,” sent. del 8 de noviembre de 2016, reg. 949/16, entre otras).
El Tribunal, luego de la sustanciación del debate, tuvo por probado que: " “El día 2 de abril de 2017 entre las 7.00 hs y 12.00 hs. en el interior del corralón de venta de materiales sito en la calle Zeballos Nro. 7357 de la localidad de José León Suárez, situado en el Partido de Gral. San Martín, de esta Provincia, los aquí imputados Carlos Damián Cassalz, Marcelo Ezequiel Escobedo y Hugo Martín Cabañas junto con Darío Badaracco –fallecido- en un contexto de simultánea violencia de género con coautoría funcional de todos ellos contra Araceli Fulles, ejerciendo presión rodeando el cuello de la víctima con un objeto no determinado usado a modo de lazo, le provocaron la muerte, bien por falta de irrigación del paquete vascular o en su defecto obstrucción ventilatoria o por ambos mecanismos a la vez. Siendo que el 27 de abril de 2017 fue hallado su cadáver envuelto en un lienzo y cubierto con material de construcción y tierra en el fondo del domicilio ubicado en la calle Alfonsina Storni Nro. 4477 de la localidad de Billinghurst, Partido de San Martín donde residía el fallecido Darío Badaracco ” (p. 2 del veredicto).
La Defensa alega la falta de correlación entre la acusación y la sentencia y cuestiona, por arbitraria, la justificación de los extremos de la imputación.
El reclamo por incongruencia, no habrá de prosperar
. No advierto una falta de correlación entre la acusación y la sentencia. La alegación de incongruencia se apoya en la sola circunstancia de que la fiscalía y el representante del particular damnificado solicitaron en los alegatos finales del d
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