Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, Sala I · Causa 123433
La Sala I del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, integrada por los señores jueces doctores Daniel Carral y Ricardo Maidana (art. 451 del Código Procesal Penal), con la presidencia del primero de los nombrados, de conformidad con lo establecido en la Ac. 3975/2020 de la SCBA, procede al dictado de sentencia en el marco de la Causa n° 123433 caratulada “F. L. B. I. S/ RECURSO DE CASACIÓN”, conforme al siguiente orden de votación: MAIDANA- CARRAL .
El 22 de diciembre de 2022 el Tribunal en lo Criminal n° 1 del Departamento Judicial Pergamino, mediante integración de los Jueces Guillermo Burrone (primer voto), Carlos Picco y Raúl Salguero, en la causa n° 671-2020, resolvió previo al debate oral, motivado en el pedido del Fiscal sin oposición de la Defensa, imponer a L. B. I. F. una medida de seguridad por el plazo de treinta y cinco (35) años (desde el 1 de diciembre de 2019), en razón de su incapacidad de culpabilidad que le impide enfrentar el juicio penal que motiva los hechos de la causa, calificados homicidio agravado por ensañamiento, alevosía o insidia, amenazas y daño en concurso real (conforme arts. 45, 55, 80 inc. 2, 149 bis y 183 CP). En la misma decisión, se dispuso su alojamiento en un establecimiento bajo la órbita del Servicio Penitenciario Bonaerense (en la Unidad Penal que resulte más adecuada según el estado de salud mental), la obligación de realizar el tratamiento interdisciplinario y la remisión de informes semestrales sobre el tipo de tratamiento, la evolución y toda información relevante (arts. 13 y 34 inc. 1° CP; 62, 63 y ccs. del C.P.P y ley 25657 de Salud Mental).
Contra dicho pronunciamiento, el Defensor Oficial, Dr. Estanislao Carricart, interpuso el recurso de casación (presentación electrónica del 15/02/23).
La causa ingresó a la Sala con fecha 07 de marzo de 2023, encontrándose en estado de dictar sentencia, se dispuso plantear y resolver las siguientes:
Primera: ¿Es admisible el recurso interpuesto?
Segunda: ¿Es procedente el recurso interpuesto?
A la primera cuestión planteada el señor juez, doctor Maidana , dijo:
Habiendo sido interpuesto el recurso por quien se encuentra legitimado, en debido tiempo y contra un pronunciamiento definitivo en materia criminal que impuso una medida de seguridad, se encuentran reunidos los recaudos formales y satisfechos los requisitos de admisibilidad previstos legalmente (arts. 18 y 75, inc. 22, CN; 14, nº 5, PIDCP; 8, nº 2, h, CADH; 20 inc. 1, 450, primer párrafo, 451, 454, inc. 1, CPP).
VOTO POR LA AFIRMATIVA.
A la primera cuestión planteada el señor juez, doctor Carral , dijo:
Adhiero al voto de mi colega preopinante en igual sentido y por los mismos fundamentos.
VOTO POR LA AFIRMATIVA.
A la segunda cuestión planteada el señor juez, doctor Maidana , dijo:
La Defensa plantea, como único motivo de agravio, la arbitrariedad y falta de fundamentación en la determinación de la duración de la medida de seguridad impuesta a F.. Se agravia por la falta de valoración para justificar la calificación legal seleccionada (homicidio agravado por ensañamiento, conforme art. 80 inc. 2 CP) que a su vez determinó -en función del plazo del art. 13 CP para la libertad condicional en caso de condena a prisión perpetua- la duración de 35 años. Si bien el encuadre en el homicidio agravado fue sostenido en el requerimiento de elevación a juicio, el tribunal no motivó su decisión por esa figura, tampoco explicó por qué desechó las otras alternativas como el homicidio simple (según art. 79 CP) ni justificó por qué consideró como parámetro el monto de pena en abstracto previsto para el delito por el que viene acusado.
Critica la aplicación de la figura agravada, en tanto la disposición y multiplicidad de las heridas contuso cortantes causadas a la víctima Pablo Fullana Borseto, de un modo anárquico, que determinaron el inmediatoóbito (mediante shock hipovolémico y paro cardiorrespiratorio traumático, según la autopsia) no acreditan de manera directa el ensañamiento; éste requiere un sufrimiento o padecimiento que excedan los propios de las acciones idóneas para provocar el resultado muerte. Agrega que en cuanto a la tipicidad objetiva no obra ningún dictamen médico forense en tal sentido y en el aspecto subjetivo no se comprobó que F. haya actuado deliberadamente con el propósito de aumentar los padecimientos de Fullana Borseto. Señala que “no debe confundirse el ensañamiento con la conducta de dar muchas puñaladas, tal como ocurrió en este caso en el que se corroboró una anárquica multiplicidad de heridas corto punzantes, lo que revela antes que una preordenación a causar un sufrimiento extra, que nos encontramos ante un acometimiento salvaje, furioso y desbordado, que justamente se corresponde con los rasgos de la personalidad, déficitsíntelectivos y proclividad a descontroles impulsivos, anclados en la fragilidad estructural y fallas en los frenos inhibitorios de L. B. I. F., cuadro incluso exacerbado por la ingesta de alcohol, todo lo cual se encuentra corroborado en la causa (ver informes de fs.74, 103/04, 115/6, 544)” (p. 4/5 del recurso).
Solicita se haga lugar a la pretensión recursiva, se case la decisión impugnada y se dicte sentencia conforme a derecho
La Fiscal Adjunta de Casación, Dra. Daniela Bersi, propicia el rechazo del recurso, de acuerdo a los argumentos de su dictamen del 07/03/2023.
El Asesor de Incapaces fue notificado vía electrónica el 27/04/23, conforme lo dispuesto en el art. 38 de la ley 14.442.
Limitados de tal modo los motivos de agravio consignados por el impugnante, el conocimiento del proceso se circunscribirá a los que fueran expuestos (art. 434 y ccs. del CPP; v. TCPBA, Sala I, c. 77.217, “Sosa, Leandro Ezequiel s/ Recurso de Casación”, sent. del 6 de julio de 2016, reg. 558/16; c 77.456, "Silva Sergio Daniel s/ Recurso de Casación”, sent. del 8 de noviembre de 2016, reg. 949/16; entre otras.
El recurrente critica la motivación de la duración de la medida de seguridad, sin agraviarse en cambio de la decisión que avala la necesidad de imponer a F. tal medida. Considero que el recurso es procedente.
El sistema penal de doble vía adoptado por el Derecho Penal Argentino -de penas fundadas en la culpabilidad y medidas de seguridad derivadas de un diagnóstico de peligrosidad-, sólo permite evaluar si las reglas seguidas cumplen con el deber de fundamentación explícita que posibilite el control critico–racional del proceso de decisión (Conf. Sala I TCPBA, causa "Valant" del 14/8/2018; "Carleo" del 21/2/2018; “Manzo” 5/5/20).
La norma del art. 34 inc. 1° del CP no establece ningún parámetro para la fijación del lapso de duración de las medidas, sólo hace referencia a la desaparición del riesgo para sí y para terceros. No obstante, la Corte Suprema de Justicia Nacional ha dicho que: “...La persona declarada incapaz de culpabilidad tiene un derecho igual al del condenado como autor responsable a conocer con anticipación el plazo máximo por el que podrá extenderse la privación de su libertad —en aplicación del art. 34, inc. 1, segundo párrafo, del Código Penal—, por ello, el tribunal que dispone una medida de seguridad con la que se pone fin al proceso penal debe fijar el plazo máximo hasta el que la medida podrá extenderse, asegurando una razonable proporcionalidad entre el ilícito cometido y la medida ordenada (...). La garantía del debido proceso rige para toda privación de la libertad en virtud del artículo 18 de la Constitución Nacional y adquiere un vigor especial cuando la razón que motiva el encierro es la incapacidad psíquica de la persona de cuya libertad se dispone” (CSJN “Antuña”, 13/11/2012, Fallos 335:2228). En sintonía, la SCBA se pronunció en P. 126.987 "G. J, F. s/ recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley" (sent del 08-05-19) y estableció un Protocolo de actuación de conformidad con los lineamientos de la Ley nacional de Salud Mental n° 26.657 y de la ley provincial de adhesión n° 14.580.
Además, cabe mencionar que el principio de proporcionalidad es un elemento distintivo de todo ordenamiento jurídico sometido a los principios del Estado de derecho, compuesto por criterios de idoneidad (para la consecución de su objetivo), necesidad (atendiendo al derecho penal como ultima ratio o in dubio pro libertate) y exigibilidad, que se establece con el fin último de lograr un trato justo y de gravamen adecuado para el ciudadano (HASSEMER, Winfried, “El principio de proporcionalidad como límite de las intervenciones jurídico-penales”, en El principio de proporcionalidad penal, Editorial Ad-Hoc, 2014). En el ámbito de las medidas, “el principio de proporcionalidad cumple la función básica de asegurar que la imposición y ejecución (...) se mantengan dentro de lo constitucionalmente tolerable. La Constitución presupone, por un lado, que el Estado ha de poder contar con herramientas efectivas para proteger a la sociedad frente a posibles amenazas, pero también que esa protección de la sociedad se habrá de llevar a cabo de tal manera que el individuo se vea preservado frente a injerencias intolerables en sus derechos individuales” (véase Ziffer, Patricia “Medidas de Seguridad”, Hammurabi, Buenos Aires, 2008, p. 104 y ss.).
Conforme se desprende de los antecedentes adjuntados al legajo recursivo, el fiscal imputó los siguientes hechos: (1) "Que entre las 04:00 y las 06:00 hs del 01 de diciembre de 2019, en el interior de la vivienda de calle 45 entre 22 y 23 de Colón, L. B. I. F., con ensañamiento y el fin de causarle un sufrimiento desmedido, le dio muerte a Pablo Fullana Borsato provocándole multiplicidad de cortes (aproximadamente 55) con un elemento punzocortante en diferentes partes y zonas vitales del cuerpo, ocasionándole multiplicidad de lesiones contusas cortantes, en su mayor parte profundas que involucraron corazón, ambos pulmones e hígado, lesiones éstas que condujeron a hemo pericardio con lesión del mismo y del corazón con vuelco a mediástico; hemo neumotórax con presencia de sangre en cavidad pleural y heridas cortantes en ambos pulmones como así también en hígado, lo que produjo una pérdida abrupta de sangre con el consiguiente shock hipovolémico y paro cardiorrespiratorio traumático". (2): "Que aproximadamente 09:30 hs. del 01 de diciembre de 2019, en inmediaciones de calle 47 y 23 de Colón, L. B. I. F. amenazó a Norma Ledesma de Groso y a Ernesto Avelino Vizcarra gritándole que los mataría, causando temor en los mismos" (conf. acta de declaración en los términos del art. 308 CPP, p. 30/31 segundo documento adjunto el 15/02/23).
En base a las pericia psicológica y psiquiátrica de fecha 10/11/22 y su ampliación de fecha 17/11/22 (p. 5), los informes elaborados por el Servicio Local de Promoción y Protección de los derechos del Niño de la ciudad de Colón (p. 6), dos expedientes del Juzgado de Paz de Colón (N° 33727 "Amend, María de los Ángeles S/Protección contra la violencia familiar" del año 2016 y el N° CO-37873 "F., Yamila Daiana C/ F. L. B. I. S/ Violencia familiar" del año 2019, p. 6) y la historia clínica del 17/12/16 (p. 6), el tribunal fundó, con acierto, la incapacidad de L. B. I. F. para enfrentar un juicio penal y la necesidad de su internación para un adecuado tratamiento a su cuadro de retraso mental al que se añade un consumo problemático de drogas, lo que eventualmente supondría una peligrosidad cierta para sí y para terceros.
La pericia psicológica psiquiátrica dictaminó, mediante una detallada explicación, que L. I. B. F. no posee, en base al examen actual, capacidad mental para estar en juicio, ya que no es capaz de comprender razonablemente ni de defenderse de aquello que se le enrostra. Señaló que “F. presenta un retraso mental leve o discapacidad intelectual leve, que según el Manual diagnóstico y estadístico de los Trastornos Mentales, de la American Psychiatric, ‘es un trastorno que comienza durante el periodo de desarrollo y que incluye limitaciones en el funcionamiento intelectual como también del comportamiento adaptativo en los dominios conceptual, social y práctico’ (...) caracterizado por deficiencias de las funciones intelectuales, como el razonamiento, la resolución de problemas, la planificación, la anticipación, el pensamiento abstracto, el juicio, el aprendizaje académico y el aprendizaje a partir de la experiencia, deficiencias del comportamiento adaptativo que producen fracaso del cumplimiento de los estándares del desarrollo y socioculturales para la autonomía personal y la responsabilidad social.
Sin apoyo continuo, las deficiencias adaptativas limitan el funcionamiento en una o más de las actividades de la vida cotidiana, como la comunicación, la participación social y la vida independiente en múltiples entornos, tales como el hogar, la escuela, el trabajo y la comunidad. En el Dominio Conceptual, no pudo alcanzar la lecto escritura, ni la abstracción necesaria para cálculos matemáticos simples de suma y resta. Dificultades en la orientación temporal. Problemas con el manejo del dinero. Alteración del pensamiento abstracto, de la función ejecutiva (es decir de la planificación, la definición de estrategias, la determinación de prioridades y la flexibilidad cognitiva) y de la memoria a corto plazo.
Con un capital ideatorio pobre y escaso que produce un juicio crítico y discernimiento insuficiente. En el Dominio Social, la comunicación, la conversación y el lenguaje son concretos y pueriles. Con labilidad en el área de la emoción e impulsividad en el área de la voluntad, ante situaciones de escasa intensidad y de escaso marco de ordenamiento. Con una comprensión limitada del riesgo en situaciones sociales. En el Dominio práctico, necesita ayuda para tareas de la vida cotidiana, como por ejemplo para lograr ordenamientos independientes, tomar decisiones sobre el cuidado de su salud y sobre temas legales. A su padecimiento de base se le asocia un consumo problemático de sustancias psicoactivas de larga data.
Destacándose, conductas impulsivas vinculadas al consumo, que han dificultado la adaptación individual, social y familiar. En relación a la capacidad de estar en juicio, se evidencian al examen actual, fallas en la memoria en relación al hecho del que se le imputa; el capital ideatorio es pobre y escaso (donde las ideas, se identifican, comparan, relacionan y valoran para interpretarlas y elaborar un juicio) produciendo esto, una insuficiente actividad judicativa, propia de su retraso mental leve (deterioro del mismo por ausencia de estimulación y consumo excesivo de sustancias desde temprana edad); además con desorientación parcial en el tiempo e hipoprosexia (atención disminuida)” (p. 3/4).
En la ampliación de esa pericia, elaborada a pedido del fiscal, los peritos recomendaron se imponga una medida de seguridad en el caso, en tanto F. posee "una historia de conductas impulsivas, exacerbadas por el consumo de sustancias, su situación social ‘de calle’, abandonos reiterados de tratamientos ambulatorios, elementos que lo han ido tornando cada vez más vulnerable, y que han dificultado e intensificado su desadaptación individual, social, familiar. Destacándose además, parcial conciencia de enfermedad”. Consideraron que la medida de seguridad “no responde a su situación clínica actual, de riesgo cierto e inminente para sí y/o terceros que hagan necesario una internación en Salud Mental dentro del marco de la nueva Ley de Salud Mental 25.657; sino por lo antedicho, la misma debe efectuarse dentro de un marco Institucional, que sea portador de ordenamientos y regulaciones concretas, para facilitar una funcionalidad psíquica más adaptada, en tanto se le brinden Tratamiento específicos en el área de Psiquiatría (psicofarmacología), evaluaciones neurológicas y Psicológica. Todo ello a los fines de suministrar herramientas generadoras de estabilidad y funcionalidad psíquica y social más adaptada" (p. 5).
De manera adicional, fue valorada una pericia psicológica practicada en el marco de un proceso en que F., siendo menor de edad, fue imputado del delito de abuso sexual. Esa pericia por parte del CTA Deptal. determinó el 28/6/18 que “F. presentaba parcial orientación temporo-espacial, retraso mental moderado, limitaciones académicas y dificultades para la resolución de consignas”.
El informe de historia clínica adjuntado al Expte. N° 33727 del Juzgado de Paz de Colón, del 17/12/16, suscripto por el director del Hospital Municipal de Colón Dr. Walter Martínez y la Psiquiatra Dra. Analía D' Onofrio, constató que el imputado, de 15 años de edad, presentaba retraso mental leve con marcados rasgos psicopáticos, concurriendo a escuela especial y cambios marcados en su conducta con situaciones de riesgo por conducta delictiva y consumo de alcohol y marihuana. Allí se destacó “la disfuncionalidad de la familia que influye negativamente”.
En cuanto a su grupo familiar, el tribunal constató “una total ausencia de contención en el ámbito familiar, habiendo experimentado internaciones en hogar convivencial e incluso situación de calle por falta de apoyo de su propia familia que se ha visto sobrepasada para imponer límites o acompañarlo en las diferentes propuestas tratamentales indicadas al imputado” (p. 7).
Si bien la acreditación de la incapacidad de culpabilidad fue correctamente justificada y, con ello, la imposibilidad de enfrentar un juicio penal, la necesidad de imponer una medida de seguridad y de que la misma no resulte temporalmente indeterminada; no se advierte en cuanto a su duración una fundamentación acorde al reconocimiento del marco normativo que declama, pues parece desatender en el caso concreto los lineamientos fijados en los propios precedentes en los que sustentó su decisión.
En efecto, el sentenciante fijó 35 años como lapso de duración de la medida de seguridad, en base al encuadre legal en los delitos de homicidio agravado por ensañamiento, alevosía o insidia, amenazas y daño en concurso real (conf. arts. 45, 55, 80 inc. 2°, 149 bis y 183 CP) y su comparación conjetural con un supuesto de idéntico accionar pero cometido por una persona capaz de culpabilidad. A partir de esa equiparación, colocó en un pie de igualdad ambas situaciones -la de un incapaz de culpabilidad con la de un sujeto plenamente imputable en términos jurídico penales-, añadiendo al análisis la hipótesis de libertad condicional para un caso de condena a prisión perpetua. Bajo tales parámetros fijó la duración de la medida de seguridad asimilándola a una condena perpetua.
Tal razonamiento evidencia defectos en dos aspectos: 1) la motivación del encuadre legal y 2) la fundamentación del lapso de duración de la medida de seguridad. Lo primero por ausencia de justificación de la calificación legal más gravosa así como de una mínima valoración de las pruebas que comprueban tal calificación, en especial considerando que la aplicación del tipo penal más gravoso del art. 80 inc. 2° CP determinó la asociación directa con el lapso de duración de la medida de seguridad aquí discutida, en función del umbral mínimo establecido en el art. 13 CP para la libertad condicional en casos de condena a prisión perpetua. No se indicó qué aspectos del accionar imputado fundarían la agravante, ni tampoco se encaminó a su diferenciación, en tanto calificó los hechos como “homicidio agravado por ensañamiento, alevosía o insidia” (p. 8), de manera indistinta como si fueran comportamientos análogos, más sin reparar que si bien la sanción es la misma, las notas típicas no lo son.
Por otro lado, la fundamentación de la duración de 35 años sólo desarrolla argumentos conceptuales sin indicar su conexión con los datos concretos de la causa. El tribunal sostuvo que “El delito por el cual resulta imputado F. acuerda la imposición en caso de condena de una pena de prisión perpetua y la exigencia de haber cumplido treinta y cinco años de aquella condena para obtener la libertad condicional. En el presente caso, habrá de aplicarse el principio pro homine el cual e
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