Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, Sala I · Causa 122493
La Sala I del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, integrada por los señores jueces doctores Daniel Carral y Ricardo Maidana (art. 451 del Código Procesal Penal), con la presidencia del primero de los nombrados, de conformidad con lo establecido en la Ac. 3975/2020 de la SCBA, procede al dictado de sentencia en el marco de la Causa N° 122493 caratulada “CABRERA RODRIGUEZ, ZACARIAS”, conforme al siguiente orden de votación: MAIDANA - CARRAL.
El 7 de noviembre del año 2022, los jueces integrantes del Tribunal en lo Criminal N° 1 del Departamento Judicial Avellaneda-Lanús, Dres. Mariela G. Bonafine, Martín Javier Pizzolo e Ignacio Etchepare, condenaron a Zacarías Cabrera Rodríguez, a la pena de doce (12) años de prisión, accesorias legales y costas, por considerarlo autor del delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por la edad, el vínculo familiar y de convivencia, por el hecho ocurrido el 15 de septiembre de 2019 en la localidad y partido de Avellaneda, en perjuicio de T.A.C. (arts. 45, 119 3er. y 4to. párrafo incisos B y F del Código Penal).
El Defensor Particular, Dr. Leonel Javier Leonel Morán, interpuso el recurso de casación que obra en formato digital (documento adjunto a la presentación del 22 de diciembre de 2022).
La causa ingresó a la Sala I de este Tribunal con fecha 15 de febrero de 2023, se encuentra en estado de dictar sentencia, por lo que se dispone plantear y resolver las siguientes:
Primera : ¿Es admisible el recurso interpuesto?
Segunda: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada, el señor juez doctor Maidana dijo:
El recurso fue interpuesto por quien se encuentra legitimado, en debido tiempo y contra una sentencia condenatoria dictada por Tribunal en lo Criminal, por lo que se encuentran reunidos los recaudos formales y satisfechos los requisitos de admisibilidad previstos legalmente (arts. 18 y 75 inc. 22 CN; 8.2.h CADH; 14.5 PIDCP; 20 inc. 3, 448 bis, 450, primer párrafo, 451, y 454 inc. 1 CPP).
Voto por la afirmativa.
A la misma primera cuestión planteada el señor juez, doctor Carral , dijo:
Adhiero al voto de mi colega preopinante en igual sentido y por los mismos fundamentos.
Voto por la afirmativa.
A la segunda cuestión planteada el señor juez, doctor Maidana , dijo:
Sostiene el impugnante que el Tribunal no ha realizado una lógica y razonada valoración de la prueba, sino que lo hizo de manera fragmentaria y parcializada. Indica que la prueba reunida es insuficiente para calificar los hechos en los parámetros del art. 119 párrafo 3ero. y 4to. inc. b y f del Código Penal. Agrega que se ignoró el principio de inocencia o favor rei y que no se arribó al grado de certeza necesaria sobre la culpabilidad de Zacarías Cabrera Rodríguez. Invoca doctrina y jurisprudencia en apoyo a su postura. Entiende que la sentencia resulta arbitraria porque fueron empleados elementos de prueba que reputa nulos a partir de la decisión del Tribunal en lo Criminal N° 3 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora de anular el requerimiento de elevación a juicio, y que en la resolución que ahora impugna tampoco se “abastecen razonablemente las nulidades planteadas”.
Expresa que las piezas correspondientes a las declaraciones de Álvarez Eliana de Fs. 143/148, Lopez Moyano Marcelo A. de fs. 143/148, Lic. Julieta Leveratto de fs. 170/vta. Lic. Marcela Aguirre de fs. 158/vta., e informe pericial de la División Químico legal de la Policía Científica de fs. 156/160, informe actuarial de fs. 159, e Informe ATAJO de fs. 170/vta., no resultan válidas y que pese a ello fueron introducidos al debate. Se agravia por considerar que la denuncia y declaración de Norma Lemo en la comisaría y ante el Ministerio Público Fiscal resultan nulas por inobservancia de los recaudos previstos en los art. 118 y 119 del C.P.P. Agrega que en ninguna oportunidad se le preguntó si tenía intención de instar la acción penal, y que no se presentó espontáneamente en la comisaría, sino que fue el personal policial el que la condujo, y que si bien acompañó a su hija a realizar el informe médico no lo hizo por voluntad propia, sino por orden de los uniformados.
Indica que el Tribunal presumió la existencia de la voluntad de la Sra. Lemo de proseguir con la investigación, pese a que fue clara y contundente al referir que no quería instar la acción penal, puesto que la sub comisaria Micaela Acosta manifestó que “cuando le hacía preguntas la noté como arrepentida”. Señala que “durante el desarrollo del debate ha quedado acreditado que la menor manifestó crear una situación de abuso respecto a su padre, porque aquél le aplicaba límites, ello en razón del novio que tenía y por la limitación en utilizar la Tablet” y que tal situación fue desvirtuada por el a quo y la perita Alejandra Latigana. En relación a la prueba producida, manifiesta que Eliana Álvarez en su testimonio no pudo determinar que el hisopado anal se corresponda a T.A.C., y que ello tampoco surge de la pericia que practicara.
Indica que las manifestaciones de la testigo Julieta Leveratto son arbitrarias por haber mantenido un único encuentro con la menor, lo que a su entender es insuficiente para evaluar su comportamiento; y que la profesional no explicó el método seguido para arribar a un razonamiento lógico, razonado y concreto. Con relación a Alejandra Latigana, cuestiona que emplee el nerviosismo y/o la manera de hablar de la niña como un elemento que conlleve al razonamiento de que la menor padece “Síndrome de Acomodación al Abuso Sexual Infantil”. Indica que las conclusiones de las peritos y profesionales intervinientes se fundan en la pericia de fs. 156/160 y en la denuncia de la Sra. Lemo. Refiere que el Tribunal no realizó un análisis pormenorizado para concluir si la menor pudo mentir o no en sus testimonios.
Por su parte, expresa que no existe elemento probatorio alguno que acredite el acceso carnal, pues el Dr. Jorge Fernández expuso que la menor contaba con himen desflorado de vieja data sin rastros traumatológicos y sin signos de violencia ni lesiones superficiales. Afirma desde tal premisa que de haber ocurrido los hechos que se tuvieron por acreditados, la menor detentaría al menos alguna señal del acceso carnal. Finalmente, el recurrente se agravia por considerar que la determinación de la pena carece de motivación, en tanto indica desconocer las razones por las cuales el Tribunal sentenciante condenó a su asistido a la pena de 12 años de prisión, toda vez que fueron merituados los atenuantes postulados por esa defensa y se rechazó la concurrencia de agravantes.
Al respecto indica que tal circunstancia le genera un estado de incertidumbre y vulnera el derecho de defensa. En definitiva, solicita a este Tribunal que se case el resolutorio dictado (art. 460 C.P.P), se disponga la absolución de su asistido, y formula reserva del caso federal.
Posteriormente, al expedirse en los términos del art. 458 del C.P.P. el Sr. Defensor Particular mediante la presentación efectuada el 30 de diciembre de 2022 ante esta sede, renunció a la audiencia allí prevista y ratificó los mismos argumentos antes señalados.
Al hacer lo propio la Fiscal adjunta de Casación, Dra. Alejandra M. Moretti, mediante su memorial del día 9 de febrero de 2023 propicia el rechazo del recurso interpuesto en favor de Zacarias Cabrera Rodríguez, por los fundamentos allí expuestos.
Con independencia de la garantía procesal que conduce a las exigencia de la necesidad de la doble conformidad judicial para ejecutar la pena si el condenado lo requiere, la circunstancia de ponerse en juego otra garantía como la del juicio público, única base de la condena, determina que, en el caso de no haberse observado el debate, no es posible controlar la valoración de la prueba practicada en el transcurso de la audiencia si el Tribunal diera cuenta circunstanciada de su empleo, para tener por acreditado cualquiera de los extremos de la imputación.
Los arts. 8.2.h de la Convención Americana y 14.5 del Pacto exigen la revisión de todo aquello que no esté exclusivamente reservado a quienes hayan estado presentes como jueces en el juicio oral, no sólo porque cancelaría el principio de publicidad (arts. 8.5 de la Convención Americana y 14.1 del Pacto), sino también porque directamente no lo conocen, o sea, que a su respecto rige un límite real de conocimiento, se trata directamente de una limitación fáctica, impuesta por la naturaleza de las cosas, y que debe apreciarse en cada caso, con lo que, no existe una incompatibilidad entre el debate y la revisión amplia en casación, ambos son conciliables en la medida en que no se exagere el resultado de la inmediación.
Limitados de tal modo los motivos de agravio consignados por el impugnante, el conocimiento del proceso se circunscribirá a lo que fuera expuesto (art. 434 y ccs., CPP; v. TCPBA, Sala I, c. 77.217, “Sosa, Leandro Ezequiel s/ Recurso de Casación”, sent. del 06 de julio de 2016, reg. 558/16; c. 79.219, “Amarilla Bruno Ezequiel s/ Recurso de Casación”, sent. del 15 de noviembre de 2016, reg. 973/16; c. 79.427, “Díaz Nuñez, Jonathan Gonzalo s/ Recurso de Casación”, sent. del 15 de noviembre de 2016, reg. 979/16; entre muchas otras).
El recurso no habrá de prosperar.
En primer término, habré de referirme al reclamo de nulidad de la denuncia efectuada por la Sra. Lemo en sede policial y de su declaración ante el Ministerio Público Fiscal por inobservancia de lo normado en el art. 118 y 119 del C.P.P., a la crítica relativa a que en el caso no se habría instado correctamente la acción penal, como a la invalidez de la incorporación al proceso de las piezas a las que el defensor alude. Si bien estimo que los planteos resultan extemporáneos, pues conforme lo prescripto en el art. 205 y 328 del C.P.P., el momento procesal para ser articulados se circunscribe a la investigación penal preparatoria, oportunidad en la que tuvieron lugar las diligencias; al haber alcanzado en su reclamo la sentencia impugnada, me abocaré a su tratamiento.
No sin antes anticipar que existen otras razones que conducen a obturar la pretensión, por cuanto no encuentro acreditada transgresión a disposición constitucional alguna y que, según observo, constituye una reedición de planteos efectuados reiteradamente en la instancia, abordado y desechado en la investigación preparatoria como por los jueces sentenciantes con sólidos fundamentos.
En la resolución cuestionada, el Tribunal sustentó el rechazo de la nulidad articulada por inobservancia de lo establecido en el art. 118 y 119 del C.P.P. (en tanto no hubo persona de confianza que rubrique la denuncia realizada en la comisaría y la declaración efectuada en el Ministerio Público Fiscal por la Sra. Lemo, quien es analfabeta), en que no se trataba de piezas incorporadas por su lectura al debate, sino que se valoraron los dichos de la denunciante en la audiencia del contradictorio, y tuvo en cuenta además que durante el juicio refirió expresamente que “la policía me leyó y lo que me leyó es todo lo que yo había dicho”. Respecto de la invalidez de los elementos de prueba incorporados por su lectura al debate, destacaron que el juez garante ya había rechazado la exclusión probatoria de las piezas cuestionadas, lo que fue confirmado por la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal y, en particular, sobre el peritaje efectuado por Eliana Álvarez (correspondiente al informe pericial de la División Químico legal de la Policía Científica de fs. 156/160), indicaron que el defensor no alegó el perjuicio generado o que se encontró impedido de hacer ante la falta de notificación de la diligencia cuestionada, y no advirtieron afectación a norma constitucional alguna que sustente el planteo.
A esta altura observo que las objeciones efectuadas en el recurso no logran refutar o desvirtuar lo resuelto por los jueces sobre el punto, pues en la impugnación tampoco se individualiza ni describe el perjuicio real y concreto que las irregularidades a las que alude habrían ocasionado a su asistido, ni fue explicitada transgresión alguna de preceptos normativos de orden constitucional, exigencias ineludibles de acuerdo a lo dispuesto en los art. 203 y 205 del C.P.P. que sellan de modo adverso la suerte del motivo de agravio.
Además, no puedo dejar de señalar que la circunstancia de que hayan prestado declaración en el debate en forma conteste con el contenido de las piezas procesales indicadas quienes participaron del acto y/o intervinieron en su confección, implicó para el defensor la posibilidad cierta de indagar sobre los extremos que ahora invoca, lo que torna superflua la pretensión en todos sus términos.
En relación a la falta de impulso de la acción penal planteada, observo que los sentenciantes destacaron que la conducta asumida durante todo el proceso por la Sra. Lemo, denunciante de autos, quien se presentó ante el Destacamento policial, acompañó a la hija al cuerpo médico, asistió junto a ella a las entrevistas con distintas psicólogas, alcanzaba a satisfacer el requisito de la "denuncia del agraviado" exigido por el artículo 72 del Código Penal, criterio que comparto. No obstante, cabe precisar que en casos como el que nos convoca, en el que las víctimas de alguno de los delitos previstos en el art. 119 del código de fondo son menores de 18 años de edad, conforme lo contempla la norma enunciada en el segundo párrafo, inciso a), se procede al ejercicio de la acción aún de oficio, lo que convierte en redundante un mayor abordaje de la crítica efectuada al respecto.
Aquí cabe recordar que conforme he dicho de manera reiterada, los actos procesales sólo serán sancionados con nulidad cuando no se hubieren observado las disposiciones establecidas para su realización y que la pretensión debe examinarse con criterio restrictivo, pues muchos casos de meras irregularidades procesales, cuando falta alguno de los elementos del acto que no lo privan de su esencia y las formas que reúne son suficientes para cubrir las exigencias mínimas, conserva su entidad como figura procesal autónoma.
Por ello las nulidades de los actos procesales constituyen un remedio extremo que únicamente procede cuando la violación de las formalidades que las conforman deriva en un perjuicio real y concreto para quien las invoca, pero no cuando se solicitan por exigencias puramente formales desprovistas de interés práctico.
El sistema consagrado por el Código en materia de nulidades -arts. 201 c.c y s.s del C.P.P.- persigue, como regla general, la estabilidad de los actos jurisdiccionales por lo que, tratándose la nulidad de un remedio de excepción, cede frente al principio de conservación de aquéllos actos, razón por la cual, previo anular, es menester examinar el destino procesal del acto y separar lo sanable de lo insanable y la posibilidad de la existencia de un perjuicio concreto, o sea la limitación de un derecho del justiciable vinculado en forma inmediata al buen orden del proceso y en forma mediata de las garantías que son su causa, por lo que no habiéndose acreditado en el caso los extremos que la habilitan, corresponde su desestimación (TCPBA, Sala VI, Causa n° 65.958, Foti, Alfredo Antonio s/ Recurso de Casación, sentencia del 1 de junio de 2016).
Ahora corresponde tratar el motivo de agravio relativo a la errónea valoración de la prueba y la falta de certeza sobre la materialidad infraccionaría y la autoría del acusado, que subyace del escrito recursivo.
El Tribunal en lo Criminal N° 1 del Departamento Judicial Avellaneda-Lanús, luego de la sustanciación del debate, tuvo por probado que “el día 15 de setiembre del año 2019 siendo aproximadamente las 7:00 horas, en el interior del domicilio sito en la calle Pinzón y Rivas casa nro. 55 de Dock Sud, partido de Avellaneda, un sujeto de sexo masculino a la postre identificado como Cabrera Rodríguez Zacarías, accedió carnalmente vía vaginal a su hija [T.A.C], de 13 años de edad, aprovechando la situación de convivencia preexistente con la misma".
Ante todo, debo señalar que no es posible concebir un derecho penal moderno sin contemplar los derechos de las víctimas y, en particular, frente a la minoridad de la damnificada, la revisión de la valoración probatoria debe efectuarse con especial cautela, otorgando singular relevancia a su testimonio y sin desatender el principio rector del interés superior del niño, que representa una insoslayable pauta axiológica con jerarquía constitucional, de inexcusable acatamiento y operatividad, a partir de la incorporación de la Convención sobre los Derechos del Niño por vía del art. 75, inc. 22 de nuestra Carta Magna.
La violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes es considerada a nivel mundial un delito complejo, específicamente en lo que respecta a su comprobación. Esta clase de violencia se caracteriza generalmente por consumarse dentro de un ámbito de intimidad entre la víctima y el victimario.
En muchas ocasiones -como en autos-, no existen testigos presenciales del hecho ni quedan evidencias o signos físicos que sirvan como prueba para el proceso, especialmente en aquellos casos en los que ha transcurrido un tiempo considerable entre los hechos y la acción jurisdiccional ("entre el 50% y el 75% de los casos el abuso sexual no deja signos físicos e incluye a distintos tipos de acercamientos sexuales inadecuados" conforme al Protocolo de Abuso de Sexual Infanto-Juvenil, Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Resolución 904/2008 - Anexo).
En consecuencia, se ha señalado que en los supuestos de delitos contra la integridad sexual el testimonio de la víctima y su participación dentro del proceso cobran un valor relevante en la comprobación de cada una de las circunstancias fácticas (TCPBA, Sala VI, causa nº 69.376 "Sotto, Claudio Basilio s/ Recurso de Casación," sent. del 19 de mayo de 2016, entre muchas otras).
Esto supone la necesidad de que todos los operadores de justicia involucrados en un proceso actúen con el mayor de los cuidados y acorde a protocolos estandarizados.
Por ello, corresponde mencionar que el sistema probatorio consagrado por el art. 210 C.P.P. no prevé formas determinadas para acreditar un hecho delictivo, lo que procura afianzar la búsqueda de la verdad como objeto del proceso, e impide sostener que sus reglas sometan la convicción acerca de un determinado hecho o circunstancia, a su comprobación por un medio de prueba específico. Por esta razón, no existen obstáculos para que, a partir del testimonio de la víctima, los juzgadores reconstruyan los hechos imputados con base en otros elementos indirectos suministrados en el proceso (arts. 209, 210 y 373 C.P.P.; TCPBA, Sala VI, Causa nº 56.107 "Sonda, Juan Alejandro s/ recurso de casación" del 21 de mayo 2013 y Causa nº 56.097 "Chávez, Alexis Sebastián s/ recurso de casación" del 27 de noviembre de 2013, entre otras).
La palabra de quien ha sido víctima directa del delito es hoy una prueba muy importante en el proceso penal, más aún en casos en los que el autor suele procurar la ausencia de testigos y personas que pudieran obstruir el o los hechos de abuso, situación que se acrecienta en circunstancias de convivencia y ante relaciones que suponen ser de cuidado y protección.
La relevancia, además, se relaciona con la posible existencia o manifestación de esas otras pruebas, dado que de la declaración de la víctima pueden surgir otros elementos de convicción diferentes que modifiquen su valor probatorio.
Por lo expuesto, la declaración de la víctima abusada, no es solamente útil e imprescindible en el contexto de la justificación (motivación de la comprobación del hecho y de la responsabilidad penal) sino en el contexto del descubrimiento, por cuanto contribuye a la obtención de otras pruebas que puedan servir para confirmar (o descartar) la hipótesis de la acusación.
Sin embargo, la complejidad de los testimonios de abuso sexual requiere una valoración minuciosa, con la mayor severidad y rigor c
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