Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, Sala IV · Causa 120281
En la ciudad de La Plata, se reúnen en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces de la Sala Cuarta del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, doctores Carlos Ángel Natiello y Mario Eduardo Kohan, bajo la Presidencia del primero de los nombrados, para resolver en causa N° 120.281 de este Tribunal, caratulada “MARABOLI CAMPOS, Sergio Oscar s/ Recurso de Casación". Practicado el sorteo de ley, resultó que en la votación debía observarse el orden: NATIELLO - KOHAN , procediendo los mencionados magistrados al estudio de los siguientes:
I.-Llegan los autos a consideración del Tribunal como consecuencia del recurso de Casación deducido por los Defensores Particulares, Dr. Sebastián Martínez y Dra. María Virginia Stacco, en representación de Sergio Oscar Maraboli, contra la sentencia dictada, en el marco del juicio por jurados, por el Tribunal Oral en lo Criminal N° 1 del Departamento Judicial Bahía Blanca, que condenó al imputado a la pena de diecisiete (17) años de prisión, con más las accesorias legales de inhabilitación absoluta por el tiempo de la condena, privación de la patria potestad mientras dure la pena, de la administración de los bienes y del derecho de disponer de ellos por actos entre vivos, y la imposición de las costas derivadas del proceso, por resultar penalmente responsable del delito de abuso sexual gravemente ultrajante agravado por el aprovechamiento de la convivencia y encontrarse la víctima bajo la guarda del imputado –art. 119, 2do párrafo, incs. b) y f) del cuarto párrafo, del Código Penal-.
II. La Defensa plantea en primer término, la nulidad de las instrucciones impartidas por el Juez, respecto de las pautas de valoración de la prueba, en base a los estereotipos de género contra la mujer, lo que conlleva a un prejuicio que, a entender de los abogados del imputado, no son prueba, en la cual no debe basarse la decisión del jurado.
Consideran los letrados que, al hablar de perspectiva de género en las instrucciones, equivaldría a decir: “las mujeres nunca mientes, tengan ello en cuenta”; anulando automáticamente, con este actuar el magistrado, toda la defensa que se ejerció desde un comienzo.
En conclusión, dicen que la obligación de aplicar la perspectiva de género es una obligación dirigida a los operadores jurídicos, mas no a los ciudadanos legos que ejercen la función como jurados.
En segundo lugar, se queja la Defensa, de la calificación legal otorgada a los hechos, en especial de la circunstancia gravemente ultrajante.
Arguye que, tanto en la acusación, como en el formulario de veredicto entregado al jurado popular previo a la deliberación, no se describieron las circunstancias particulares que envuelve la figura del abuso “gravemente ultrajante”.
Destaca que, al momento de la elevación de la causa a juicio, la Sra. Agente Fiscal excluyó el último párrafo de las imputaciones iniciales: “Circunstancias de realización, que por la corta edad de la víctima con relación a la del imputado, la relación de confianza que la unía con su agresor y la reiteración en el tiempo, constituyen un ultraje a la sexualidad de la víctima que excede los límites del tipo básico.” Esta modificación del hecho, fue la que delimitó la materia de imputación, no siendo parte de la descripción de la materialidad infraccionaria.
En tercer lugar, se agravia del monto de pena impuesto, considerando que las circunstancias agravantes han sido erróneamente contempladas, y que, a pesar de haber existido un error involuntario por parte de la Defensa, al no solicitar la carencia de antecedentes penales, como minorizante, por encontrarse el informe incorporado por su lectura a la presente, es que peticiona se contemple en esta etapa procesal.
Hace reserva del caso federal.
III. Concedido el recurso de casación por el “a quo”, sorteada esta Sala IV, se procedió a notificar a las partes y al encontrarse la causa en estado de resolver, el Tribunal decidió plantear y votar las siguientes:
1ra.) ¿Es admisible el recurso de casación interpuesto?
2da.) En su caso, ¿es procedente?
3ra.) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el Señor Juez, doctor Natiello, dijo:
A la deducción en tiempo y forma con invocación de motivos del art. 448 del C.P.P., se suma en el presente que se trata de una sentencia definitiva, del Juez Técnico en un Juicio por Jurados que, por su carácter condenatorio, genera agravio al imputado y su defensa (arts. 18 y 75 inc. 22 de la C.N.; 1.1, 8 inc. 2 ap. "h", 25 de la C.A.D.H.; 14 inc. 5 del P.I.D.C.P.; 421, 448, 448 bis, 450, 451, 454 inc. 1º y ccdtes. del C.P.P.).
Voto por la afirmativa.
A la misma primera cuestión planteada el Señor Juez, doctor Kohan, dijo:
Adhiero al voto del doctor Natiello, expidiéndome en igual sentido y por los mismos fundamentos.
Voto por la afirmativa.
A la segunda cuestión planteada el Señor Juez, doctor Natiello, dijo:
I. Comenzaré mi sufragio diciendo que el primero de los agravios presentados, se encuentra dirigido contra las instrucciones impartidas por el Sr. Juez Técnico, argumentando que las mismas contenían de manera intrínseca un perjuicio cierto y real para el correcto ejercicio de la defensa del imputado, en especial las relacionadas con “las reglas especiales de la valoración de la prueba”, donde se habló de la perspectiva de género, entendiendo los defensores que esas explicaciones equivaldrían a decir que: “las mujeres nunca mientes, tengan ello en cuenta”; anulando automáticamente, con este actuar el magistrado, toda la defensa que se ejerció desde un comienzo.
Si partimos que, es el jurado popular con su veredicto el único cuerpo autorizado para determinar los hechos con arreglo a derecho, y que es el magistrado interviniente el sujeto que da explicaciones sobre el mismo, a través de las instrucciones que le imparte en el proceso; estas resultan una pieza clave y fundamental, a tal punto que sin ellas no podría existir nunca un veredicto válido.
Este proceder del Juez Técnico, debe ser claro para poder transmitir a los miembros de jurado, las explicaciones y aclaraciones necesarias sobre el derecho constitucional, el penal y procesal, del caso concreto, ajustadas a las necesidades y requerimientos propios de la controversia que se encuentra pronta a una resolución.
La aludida instrucción –cuestionada ante esta Sede-, ha quedado conformada de la siguiente forma:
“ IX- REGLAS ESPECIALES PARA LA VALORACIÓN DE LA PRUEBA:
1. Perspectiva de género:
Nuestra Constitución establece que la violencia contra la mujer no solo constituye una violación de los derechos humanos, sino que es una ofensa a la dignidad humana y una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres”.
La Constitución también establece que toda mujer tiene el derecho a una vida libre de violencia, y que ser valorada libre de perjuicios forma parte del ejercicio de ese derecho. En otras palabras, los prejuicios y estereotipos en contra de la mujer son en sí mismos violencia.
Por esta razón, ustedes recibirán éstas instrucciones legales para que puedan juzgar este caso y aplicar la ley sin alterar en lo más mínimo los derechos y garantías que amparan al acusado, pero tampoco sin caer en estereotipos ni prejuicios de género discriminatorios contra las mujeres al valorar la prueba del juicio. Se asegura así un juicio justo para el acusado y a la vez, se protege la intimidad y libertad sexual de la mujer.
2. Valoración de la prueba sin estereotipos de género contra la mujer:
Todas las personas realizamos valoraciones, tenemos sentimientos, creencias y estereotipos sobre los demás.
La mayor parte del tiempo no nos damos cuenta de que los tenemos y de cómo influyen en nuestras decisiones.
Los estereotipos de géneros son características, actitudes y roles atribuidos a las mujeres por el solo hecho de ser mujeres.
En las relaciones personales entre varones y mujeres, los estereotipos de género negativos generan una relación desigual de poder a favor de los varones y provocan desventajas para las mujeres en el plano social, cultural, político y económico.
Esos estereotipos dan lugar a numerosos prejuicios.
Los prejuicios son creencias, opiniones y juicios sin motivo alguno sobre una persona. Esos prejuicios también pueden basarse en el género y causar desigualdad en contra de la mujer.
Los prejuicios pueden ser explícitos (conscientes) o implícitos (inconscientes). No importa cuán imparciales pensamos que somos: nuestra mente naturalmente toma decisiones basadas en prejuicios, y la mayor parte de las veces son inconscientes.
Debido a que todas las personas hacemos esto, a menudo vemos la vida y valoramos la prueba de manera que tiende a favorecer a las personas que nos agradan (o que tiene experiencias de vida similares a las nuestras) y de desfavorecer a las personas por las que sentimos rechazo.
También podemos tener prejuicios sobre personas parecidas a nosotros.
Tenga en cuenta que los prejuicios NO SON prueba y no deben basar sus decisiones en ellos.
La ley les demanda que toman decisiones justas basadas únicamente en la prueba, su buen juicio y su sentido común. Nunca basadas en prejuicios.”
No comparto lo expuesto por la Defensa, y considero que no existe en el caso un perjuicio cierto y real, a partir de estas instrucciones, para el desarrollo de su estrategia.
Alegan los letrados la existencia de una violación al principio de igualdad, al sostener que, por la sola condición de ser mujer, una de las partes procesales, se le estaría exigiendo una valoración distinta respecto de la credibilidad de su testimonio.
Yerran los recurrentes al querer eliminar los estereotipos de género contra la mujer, al momento de evaluar los elementos probatorios reunidos en autos.
La perspectiva de género se aplica en casos donde la mujer haya sido víctima en algún delito estipulado y delimitado en la Convención de Belem do Pará, basado precisamente en su género. Entiendo que minimizar el tema, y reducirlo al punto tal de que: “solo se la protege por su sola condición de mujer” , significa desconocer la razón de aquella protección. Y corresponde resaltar que, su inclusión en las instrucciones cuestionadas, se da por el tipo de delito que se encuentra en discusión, pues si se estuviera frente a un robo, por ejemplo, aunque en él fuera víctima una mujer, no se hubieran introducido este tipo de instrucciones legales.
Por otro lado, contrariamente a lo sostenido por la Defensa, no es sólo materia de los operadores jurídicos su aplicación, sino también en el caso compete a los miembros del jurado el conocimiento de la legislación vigente, y ante la existencia de normas internacionales, las que se encuentran incorporadas a nuestra Carta Magna, es también obligatoria su contemplación.
El art. 1 de la Convención Internacional para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, define a la violencia de género como cualquier acción o conducta, basada en su género, que causa muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado.
El art. 4 de la ley 26.485 regula que es violencia contra la mujer, donde especifica que es toda conducta, acción u omisión, que, de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como privado, basada en una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también su seguridad personal.
Reitero, considerando las obligaciones asumidas por el Estado, formando parte de un sistema de protección internacional, en particular de derechos humanos, es deber de los operadores judiciales, y en especial en los juicios por jurados, explicar correctamente la ley.
Al respecto, y tal como lo menciona en su dictamen la Sra. Fiscal Adjunta ante esta Sede, Dra. Alejandra Marcel Moretti, corresponde traer a colación, lo resuelto en “Campo Algodonero” (Corte IDH, 16 de noviembre de 2009 caso González y otras vs. México), en donde se investigó y estableció la responsabilidad internacional del Estado, por violaciones a los derechos y obligaciones definidos en la Convención Belém do Pará. La relevancia jurídica de este fallo radica en que, es la primera sentencia de la CIDH, que interpreta detalladamente su competencia para declarar violaciones al art. 7 de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer; atribuye responsabilidad internacional a un Estado, por violar los derechos a la vida, integridad personal y libertad personal contenidos en la Convención Americana de los Derechos Humanos; y es la primera vez que se adopta una perspectiva de género en una sentencia.
En conclusión, no se estaría violando, como lo reclaman los recurrentes, el principio de igualdad, cuando se instruye al jurado sobre una valoración de la prueba con perspectiva de género, pues dicho reconocimiento –de una relación asimétrica- resulta innegable, y a su vez se estaría dando cumplimiento a la legislación vigente.
Es por lo expuesto que, considero que las instrucciones legales a los jurados por parte del Juez, en casos donde se analizan delitos como el de autos, resulta imprescindible; presentándose como una herramienta disponible en los juicios llevados a cabo por legos.
Lo expresado sella la suerte adversa de este reclamo.
II.-Continuando con el análisis de los agravios presentados ante este Tribunal, en segundo término, la Defensa, presenta queja con relación a la calificación sexual “gravemente ultrajante”, que fuera introducida por el Juez Técnico, y que no fuera incorporada en la acusación, como así tampoco en el formulario de veredicto entregado al jurado popular, previo a la deliberación, donde no se describió la cuestionada circunstancia particular, que determina la figura del párrafo segundo del artículo 119 del código penal.
Aquí corresponde nuevamente hacer mención a lo que he sufragado respecto de la función del jurado y el rol que tienen las instrucciones impartidas por el Juez Técnico al mismo.
El modelo de jurado clásico, que inspira nuestra legislación, con apoyo constitucional, sostiene que el único cuerpo autorizado para determinar los hechos con arreglo a derecho -que lo explica previamente el Juez que interviene como presidente de la audiencia, en las instrucciones-, es el Jurado Popular, y lo hace a través de su veredicto.
Reitero, el jurado llega a su conclusión, utilizando las herramientas legales que le suministrara el juez a partir de las instrucciones que antes del decisorio éste le imparte.
Surge claramente de la filmación del debate, presentada junto con la pieza recursiva, que el tipo penal finalmente aplicado, no fue parte de la acusación, y no ha sido lo que en definitiva el jurado tuvo por acreditado.
Se observa claramente en el registro audiovisual, que tanto la parte Acusadora como la Defensa, concuerdan en que el párrafo en las instrucciones que hacía alusión a lo que configuraba el tipo penal de “abuso sexual gravemente ultrajante” se suprimiría (8h. 22m. 45s.).
Al arribar en la audiencia, al momento de tener que explicar el Sr. Juez el delito contemplado en el segundo párrafo del artículo 119 del código penal, vuelve a consultar tanto a la Defensa, como a la Fiscalía, sobre su procedencia. Es allí que la Sra. Agente Fiscal, Dra. Marina Marcel Lara, responde que: “si vamos a decir que el jurado no se tiene que expedir sobre eso, la lógica dice que habría que sacarlo” , (8h. 23m. 10s.), coincidiendo con ello los representantes del imputado.
Esta situación dubitativa, tiene su origen en la variación efectuada por la representante de la Vindicta Pública desde el momento que toma la declaración al imputado en tenor de lo normado por el art. 308 del código de forma, hasta el requerimiento de elevación a juicio, momento procesal que justamente suprimió lo referido a las circunstancias especiales de realización.
Sin perjuicio de ello, en la audiencia de cesura del presente caso, cuando ya había finalizado la actuación del jurado, la Sra. Fiscal, Dra. Lara, decide llevar adelante una nueva calificación, sobre lo ya decidido, señalando que la materialidad infraccionaria se corresponde con lo normado en el segundo párrafo del artículo 119 del código penal, esto es abuso sexual gravemente ultrajante.
Retomando el hilo de mi sufragio, debo hacer mención nuevamente a que, las instrucciones impartidas por el Juez Técnico, son el canal de comunicación entre el magistrado y los ciudadanos legos integrantes del cuerpo de jurados, sobre la manera en que debe aplicarse la ley. Por ello, deben determinarse los elementos necesarios del tipo penal por el que se lo acusa al imputado, pues todas ellas resultan ser cuestiones del hecho.
En esta parcela de mi sufragio, haré propios los dichos de mi colega de Sala, en causa N° 83.029, de fecha 22/6/2017, caratulada “Díaz Villalba, Blanca Alicia s/ Recurso de Casación”, rto. 585/17, donde expresa que, “…entre los principios contenidos en el art. 1 del C.P.P., al de "juez natural” y al “juicio por jurados", lo que viene a significar que en los casos previstos por el nuevo ordenamiento habrá una suerte de desdoblamiento en la tarea de juzgar algunos delitos criminales que queda en cabeza de un “Juez Natural” y de un “Jurado Natural”, con funciones bien diferenciadas, mas ambos con un reconocimiento en el texto constitucional. Ello surge del propio articulado citado que reza "Nadie podrá ser juzgado por otros jueces que los instituidos por la ley antes del hecho objeto del proceso y designados de acuerdo con la Constitución de la Provincia. La competencia y el procedimiento para el juicio por jurados en causas criminales se ajustarán a las normas de este Código", siendo que de esta forma se ha regulado la participación ciudadana, como principio procedimental, conforme a lo previsto en la Constitución de la Nación y en el Código procedimental.
La jurisdicción es ejercida por los Jueces profesionales, pero el dictado del veredicto, que esencialmente da por comprobado o no un objeto procesal, entendido como un hecho humano voluntario en función penal y con pretensión punitiva es tarea de los jurados. Por tanto, las funciones de los primeros se limitan a elaborar la sentencia, dirigir el debate y eventualmente decidir la imposición de pena sobre el encontrado culpable por el jurado.”
Aquí lo fundamental es que, se trata de situaciones fácticas sobre las que se construye su tipificación penal, y en el caso de autos, la figura del delito de “abuso sexual gravemente ultrajante”, trae aparejado una serie de condiciones, las cuales, le han sido privadas al jurado para poder deliberar.
Resalto, el magistrado, es quien instruye al jurado sobre los delitos en cuestión, y al emitir su voto ese cuerpo lego, es quien define los hechos y su calificación entre las opciones contenidas en las instrucciones.
Y si la calificación jurídica es producto de la tarea realizada por el juez, pero es el jurado quien decide el veredicto y elige, entre las opciones que el magistrado proveyó, al peticionar la Sra. Agente Fiscal, una calificación más severa en la audiencia de cesura, y condenar el sentenciante efectivamente con ese tipo penal introducido en esta etapa tardía del proceso, se estaría arrogando facultades que no le han sido conferidas.
El juzgador, selecciona un tipo penal, mediante la verificación de la existencia de hechos que, no habían sido previamente decididos por el jurado. En el caso en concreto, los abusos por su reiteración o por sus características, significaron un daño aún mayor de aquel producido en el abuso simple, que sí se encontraba verificado.
Es decir, si para la configuración del delito agravado exigía, por parte del “a quo”, explicar otras circunstancias y aquellas fueron expresamente removidas y descartadas, con posterioridad al veredicto, no puede el magistrado ingresarlas y condenar d
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