Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, Sala II · Causa 120962
En la ciudad de La Plata, sede del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, se reúnen en Acuerdo Ordinario los Jueces integrantes de la Sala Segunda, doctora María Florencia Budiño y doctor Fernando Luis María Mancini, para resolver en la presente causa 120.962 caratulada “V. A. N. s/ Recurso de Casación”. Practicado el sorteo de ley, resultó que en la votación debe observarse el orden MANCINI - BUDIÑO.
El Tribunal de Responsabilidad Penal Juvenil nro. 1 Bahía Blanca, con fecha 7 de julio de 2021, dictó auto de responsabilidad declarando a V., A. N. autor penalmente responsable del delito de homicidio simple por el hecho ocurrido el día 20 de agosto de 2020 en la ciudad de Punta Alta, en perjuicio de Jeremías Emir Goncebat (Causa-Sorteo N° 1713/20) y como coautor del delito de robo simple por el hecho ocurrido el día 20 de agosto de 2020 en la ciudad de Punta Alta en perjuicio de Laura Noemí Pérez (Causa-Sorteo N° 1714/20), ambos hechos, en concurso real de delitos (art. 45, 55, 79 y 164 del CP).
Luego, tras celebrarse la respectiva audiencia de cesura del juicio, en mismo Tribunal con fecha 27 de setiembre de 2021 declaró que resultaba necesario aplicar sanción al joven V., A. N. (arts. 56 inc. 2° y 58 ley 13634, y art. 4° ley 22.278) por lo que resultó condenado a la pena de cinco (5) años de prisión de efectivo cumplimiento.
Contra dichos pronunciamientos, con fecha 15 de agosto y 17 de octubre de 2021, la Defensa interpuso los recursos de casación respectivos.
Así, con fecha 6 de junio de 2022, esta Sala II del Tribunal de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires. resolvió hacer lugar parcialmente al recurso de casación articulado por la Defensa contra el pronunciamiento dictado por el Tribunal de Responsabilidad Penal Juvenil y declaró que el hecho que se tuvo por acreditado debía considerarse constitutivo del delito de homicidio simple cometido en exceso de la legítima defensa (arts. 35 y 79 del C.P.), disponiendo el reenvío de las actuaciones a la instancia de origen a los fines de que, debidamente integrado, el nuevo Tribunal determinara la pena que correspondía imponer al causante, de conformidad con la nueva escala aplicable.
En este marco, conformada la nueva integración del Tribunal, el día 7 de septiembre de 2022 se llevó a cabo la audiencia de cesura de juicio respecto de V., A. N. y el día 13 de setiembre de 2022 se lo condenó –por unanimidad- a la pena de cuatro (4) años de prisión por la comisión del delito de homicidio simple, cometido en exceso de la legitima defensa, y de robo simple, en concurso real, en los términos de los arts. 55, 35, 79 y 164 del Código Penal.
Así las cosas, llegan los presentes autos a este Tribunal como consecuencia del recurso de casación interpuesto por la señora Defensora Oficial del Fuero de Responsabilidad penal Juvenil, doctora Milena M. Menichelli, respecto del pronunciamiento recaído en la causa nro. 1713/20 y su acumulada 1714/20 por el que el Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil nro. 1 del Departamento Judicial Bahía Blanca, resolvió condenar a V. a la pena de cuatro años de prisión de efectivo cumplimiento por la comisión de los delitos de homicidio simple cometido en exceso de la legitima defensa y de robo simple, en concurso real, en los términos de los arts. 55, 35, 79 y 164 del Código Penal.
Encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, el Tribunal decidió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓN
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el doctor Mancini dijo:
I. La recurrente planteó, en primer lugar, la incompetencia Tribunal interviniente por falta de especialidad. Denunció violación a la "garantía de especialidad" del Fuero Penal Juvenil. Invoco inobservancia de lo dispuesto por los arts. 3, 4, 16 y 40.3 de la C.I.D.N, art. 5.5 de la C.A.D.H (art. 75 inc. 22 C.N), y art. 27 de la ley 13.634 y, asimismo, consecuente violación al debido proceso legal y al derecho de defensa en juicio -art. 18 C.N-.
Argumentó, en lo sustancial, que pese haber recusado a los magistrados integrantes del Tribunal, la Excma. Cámara local resolvió no hacer lugar a lo pedido y aplicar el sistema de reemplazos establecido por el art. 1 c) inciso 2 de la Resolución 1216/08 texto según RC 2467/12 en virtud de considerar que el principio de especialidad cuyo cumplimiento se reclamaba, en el caso, quedaba garantizado mediante la aplicación del procedimiento especial que rige el fuero de responsabilidad penal juvenil.
En función de ello y atento considerar que dicha conclusión es violatoria de la manda constitucional que determina que el procedimiento juvenil no sólo debe estar conformado de principio a fin con normativa propia, sino que también, debe componerse de órganos capacitados en resolver las cuestiones de las necesidades de las personas adolescentes, alegó quebrantamiento de la garantía del joven V., A. N. a ser juzgado por el juez natural y especial (cfr. arts. 18 y 75 inc. 22, C.N.; art. 5.5 y 19, C.A.D.H.; art. 40.3, C.I.D.N. y art. 27 ley 13.634) generándole como consecuencia el agravio que se refleja en la alta condena de prisión de cumplimiento efectivo recaída en su contra.
Dejó planteada la declaración de inconstitucionalidad del art. 1º inc. c) de la Resolución nro. 1216/08 de la S.C.B.A. (modificado por Res. 2467/12) por resultar contrario a los arts. 1º, 11 y 161 de la Constitución local en relación a los arts. 1º, 18, 28 y 75 inc. 22 de la C.N, debiendo decretarse la inaplicabilidad de dicha norma al presente caso.
En otro orden, denunció como segundo motivo de agravio, fundamento erróneo, contradictorio y dogmático para justificar la necesidad de aplicar pena de prisión en violación a los arts. 106, 210, 373 del C.P.P. y, asimismo, inobservancia de la garantía constitucional de independencia e imparcialidad del juez, del principio de tutela judicial efectiva y afectación a la garantía constitucional del derecho de defensa en Juicio y debido proceso legal y de la razonabilidad exigida a los actos de los funcionarios públicos (arts. 1, 18 y 75 inc. 22 C.N). Ello, en virtud de entender que para resolver no fue considerado el tratamiento tutelar, tal como impone la ley 22.278, como tampoco, se evaluaron adecuadamente las pautas atenuantes y agravantes. Por tales fundamentos, solicitó se declare la nulidad del juicio oral de cesura desarrollado, y como consecuencia de ello, se reenvíen las actuaciones a la instancia de origen para que un nuevo Tribunal, debidamente integrado de conformidad a la normativa legal y constitucional imperante, determine las cuestiones relativas a la pena del joven V., A. N..
Subsidiariamente, peticionó se case la sentencia y se disminuya la pena impuesta a la de dos años de prisión, consecuencia del concurso de delitos conformado, la que requirió se tenga por compurgada con el tiempo de prisión preventiva cumplido de conformidad al art. 24 del Código Penal.
Finalmente formuló reserva del Caso Federal.
II. Concedido y elevado el recurso por el a quo se dispuso la radicación en Sala y la notificación a las partes de su integración.
El señor Defensor Adjunto ante el Tribunal de Casación Penal, doctor Nicolás Agustín Blanco, presentó escrito mediante el cual se expidió en términos de mantener el recurso incoado y solicitó que se haga lugar al mismo.
Por su parte, Fernando L. Galán, Fiscal Adjunto ante el Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, se expidió en términos de solicitar el rechazo íntegro del recurso de casación intentado por el defensor de N. A. V..
Finalmente, emerge del sistema informático que el día 27 de abril de 2023 se celebró audiencia con el imputado mediante la plataforma Microsoft Teams, conjuntamente con el Dr. Gustavo López, funcionario de la Defensoría de Casación Penal.
III. Analizado el pronunciamiento en crisis, estimo que no corresponde hacer lugar al recurso incoado.
En primer lugar, corresponde comenzar destacando respecto del planteo de incompetencia del tribunal por falta de especialidad que, el pronunciamiento que se cuestiona, recaído en virtud del reenvío efectuado por esta Sala II -con el solo efecto de que el Tribunal de instancia de origen debidamente integrado determine la pena que corresponde imponer de conformidad con la nueva escala aplicable- ; se verifica que fue dictado por el Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil nro. 1 Bahía Blanca bajo la nueva integración dispuesta de conformidad con lo regulado por la resolución 1216/08 de la SCBA en relación al art. 27 de la ley 13.634 que, específicamente, prevé la modalidad en materia de reemplazos de los jueces del fuero de la responsabilidad penal juvenil ante algún motivo impeditivo.
En virtud de lo expuesto y, en el marco de un voto que resultó compartido por las Sras. Juezas Dras. María Mercedes Rico y Claudia C. Fortunatti, concluyó finalmente que “[…]Por los motivos expuestos, considero que corresponde no admitir la recusación planteada, y proseguir con el procedimiento establecido en el C.P.P., manteniendo la integración del Tribunal, dispuesta a partir de lo ordenado por el Tribunal de Casación Penal de la Provincia, a los efectos de determinar la pena que corresponde imponer al imputado de conformidad con la escala penal aplicable a la calificación legal decidida por el Superior.” (sic.)
Por otra parte, también se advierte que la Sala II Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial Bahía Blanca en oportunidad de expedirse sobre la cuestión de competencia planteada también resolvió no hacer lugar al planteo en virtud de considerar “Que conforme lo expusiera el doctor d' Empaire en su voto, este Cuerpo ya se ha expedido en relación a los argumentos planteados por la Defensoría del Fuero Penal Juvenil a efectos de recusar a los Magistrados desinsaculados para intervenir en autos. Sostuvimos en la causa M 10.907/II (2/11/2012) que en caso de existir posibilidades de que intervengan los jueces especializados en la materia, corresponde otorgarles competencia a estos con prelación a los jueces de mayores de conformidad con lo dispuestos por el artículo 1 de la resolución 1216/08 de la SCJBA. Más en los supuestos -como es el caso de autos- que no hubiera número suficiente u operada las sucesivas sustituciones persistiera el impedimento, se recurrirá por sorteo a los jueces de primera instancia del fuero Penal (conf. art.1 punto c) inciso 2 Res.1216/08, texto según RC 2467/12).” (sic.)
En este punto corresponde destacar que el artículo 1º de la mentada Resolución establece que “[…] Cuando el Titular de un Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil deba ser reemplazado por vacancia, licencia o cualquier otro impedimento, lo será por sorteo y con magistrados del mismo Departamento Judicial, de la siguiente manera: a) Con los Titulares de los Juzgados de Responsabilidad Penal Juvenil del mismo departamento. b) A falta de éstos, por los Titulares de los Juzgados de Garantías del Joven que no hubieran intervenido previamente y no se encuentren de turno. c) En los casos en que no hubiere número suficiente u operadas las sucesivas sustituciones persistiera el impedimento, se recurrirá por sorteo a los Jueces de primera instancia del fuero penal que no se encuentren en turno al momento de la desinsaculación. d) En los casos excepcionales en que persista el impedimento, se acudirá a los magistrados que conforman la siguiente lista y en el siguiente orden: Jueces de primera o única instancia de los fueros Contencioso Administrativo, Laboral, Civil y Comercial y Familia. Los magistrados no serán convocados a integrar los Juzgados en una nueva causa, hasta tanto se agote la totalidad de los Jueces que integran la lista.” (sic.) Mientras que el art. 2º dispone que : “En los casos de excusación o recusación del Titular de un Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil, la causa se destinará al órgano que corresponda por sorteo, conforme las normas de ingreso y distribución de causas. Agotadas dichas previsiones se seguirá el orden establecido por los incisos b) a d) del artículo 1º.” (sic.)
También interesa destacar que el art. 27 de la ley 13. 634, que la parte alega vulnerado, establece que “El Tribunal Penal de la Responsabilidad Penal Juvenil conocerá en los delitos previstos en los artículos 79, 80, 119 párrafos 3° y 4°, 124, 142 bis, 165 y 170 del Código Penal, y estará constituido por tres (3) Jueces de la Responsabilidad Penal Juvenil del respectivo departamento judicial. En los departamentos judiciales en los que no pueda conformarse el Tribunal por no haber tres (3) Jueces de la Responsabilidad Penal Juvenil, el mismo se integrará con el Juez de Garantías del Joven que no hubiese intervenido en el proceso. En aquellos departamentos judiciales donde funcione sólo un (1) Juez Penal de la Responsabilidad Penal Juvenil, el Tribunal será presidido por éste e integrado por Jueces de la Responsabilidad Penal Juvenil de otros departamentos judiciales, los que serán predeterminados por sorteo al comienzo de cada año por la Suprema Corte de Justicia.” (sic.)
En tal sentido, se verifica que el propio artículo 5º de la mentada Resolución nro. 1216/08 da respuesta al planteo efectuado al disponer específicamente que “Sin perjuicio del mecanismo de conformación de los Tribunales de Responsabilidad Penal Juvenil regulado por el art. 27 de la Ley 13.634, las pautas de la presente serán de aplicación para la integración de los Tribunales en los supuestos de excusación, recusación, vacancia, licencia o cualquier otro impedimento que sufriera el Juez de Responsabilidad Penal Juvenil interviniente.” (sic.)
Ahora bien, efectuado el anterior análisis, considero en primer lugar necesario precisar que en este el caso particular la nueva conformación del Tribunal de Responsabilidad Penal Juvenil se resolvió aplicando el marco legal que la regula, sin que se advierta alegación alguna de la parte en cuanto al mecanismo mediante el cual se llevó a cabo tal designación, sino solo, con relación a la violación del principio de especialidad.
En tal sentido, debo decir, que este Tribunal no puede suplir las omisiones que competen a la recurrente, pues, más allá de alegar en forma general que en el proceso penal juvenil habrán de intervenir instituciones específicas -además de especializadas- integradas a su vez por magistrados con competencia también específica, en realidad, no se advierte -ni la parte se encarga de explicar con nitidez- qué normas o principios del procedimiento especial que rigen el fuero resultaron inaplicados o erróneamente aplicados a modo de evidenciar el concreto perjuicio sufrido.
En efecto, nótese que en definitiva la parte funda el mismo en “la alta condena de prisión de cumplimiento efectivo recaída” (sic.). Todo lo cual, se presenta más como una discrepancia con lo resuelto y obtendrá tratamiento al abordar los siguientes puntos de agravio.
Entonces, como quedara dicho, en el caso emerge explicado el impedimento que condujo a aplicar el sistema de reemplazos previsto en la cuestionada resolución 1216/08 de la SCJBA y, sin mayores alusiones al caso particular en el que efectivamente quedaran demostradas las transgresiones constitucionales denunciadas, la mera invocación de la presencia de vulneración a garantías constitucionales no logra enervar lo explicado en la primera parte de este voto.
Todo lo dicho, me lleva a sostener el rechazo de este tramo de la impugnación.
En otro orden, respecto del agravio por el cual la recurrente plantea la inconstitucionalidad del art. 1º inc. c) de la Resolución nro. 1216/08 de la S.C.B.A. (modificado por Res. 2467/12) por resultar contrario a los arts. 1º, 11 y 161 de la Constitución local en relación a los arts. 1º, 18, 28 y 75 inc. 22 de la C.N., considero que el mismo tampoco podrá prosperar.
En primer lugar, debo recordar que la actividad de la jurisdicción en temas de semejante importancia como es la declaración de inconstitucionalidad obliga, tanto al operador de grado como al órgano revisor, a tener bien en claro el objeto de la actuación interpretativa que a dichos órganos corresponde, con miras a evitar posibles intromisiones en áreas que pertenecen al dominio de otros poderes, por lo que consecuentemente, resulta imprescindible delimitar el ámbito de injerencia en que se autoriza dicha actividad revisora sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una norma.
Y, si bien, esta preocupación relativa a eventuales intromisiones en esferas de poder reservadas a otros sectores que resulta plenamente válida como criterio general, puede ser excepcionada en los casos en que se encuentre comprometida su constitucionalidad, considero importante destacar que para ello es imprescindible que di
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.