Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, Sala II · Causa 127722
En la ciudad de La Plata, sede del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, se reúnen en Acuerdo Ordinario los Jueces integrantes de la Sala Segunda, doctor Fernando Luís María Mancini y doctora María Florencia Budiño, para resolver la presente causa 127.722 , caratulada “ ABREU, ESTEBAN SAMUEL S/ RECURSO DE CASACION ”. Practicado el sorteo de ley, resultó que en la votación debe observarse el orden MANCINI – BUDIÑO .
Llegan los presentes autos a este Tribunal como consecuencia del recurso de casación interpuesto por la señora defensora particular, doctora Lía Solange Barros, en favor del imputado Esteban Samuel Abreu, respecto del pronunciamiento recaído en la causa Nº 6621, del Tribunal en lo Criminal N°4 del Departamento Judicial Quilmes, con integración unipersonal, por el que se condenó al nombrado Abreu a la pena de tres años y seis meses de prisión, accesorias legales y costas, por haber sido hallado autor penalmente responsable del delito de amenazas coactivas agravadas por el empleo de arma, cometidas en un contexto de violencia de género en los términos de los artículos 45, y 149 ter inc. 1° del Código Penal. En dicho pronunciamiento también se resolvió declarar extinguida la acción penal por prescripción, respecto del imputado Abreu por la presunta comisión del delito lesiones leves agravadas por la condición de mujer de la víctima (art 89 en función del art 92 y 80 inciso 11 del Código Penal) y sobreseerlo por ello; a la par que establecer la restricción perimetral, al imputado, prohibiéndole acercarse a menos de 500 metros de la víctima o establecer contacto de cualquier tipo con ella, hasta que adquiera firmeza la causa.
Efectuadas las vistas correspondientes, y hallándose la causa en estado de dictar sentencia, este Tribunal decidió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la cuestión planteada, el doctor Mancini dijo:
I. En primer término, se agravió la impugnante de la ponderación probatoria efectuada en el fallo para tener por acreditada la materialidad ilícita y la autoría de su pupilo respecto del delito de amenazas coactivas agravado, quejándose puntualmente de que sólo se haya llegado a la convicción sentencial a partir de la ponderación exclusiva de los dichos de la denunciante.
En particular, puso en duda la veracidad con la que ella se habría manifestado, haciendo hincapié en que se encontraban recientemente separados con el imputado y buscaba impedir la vinculación entre hija y padre.
Explicó que, para dictar una condena, cuando media un único testimonio de cargo, no es suficiente para otorgarle credibilidad la simple impresión del juzgador, sino que debe encontrar corroboración en otros elementos de juicio. Y, en este caso, la sentenciante no apreció la totalidad del espectro probatorio, omitiendo considerar las pruebas y datos favorables para la defensa.
Indicó que aquellas pruebas estuvieron constituidas por declaraciones testimoniales que darían cuenta de que Abreu no tuvo en ningún momento intención de causar desorden alguno, y que mucho menos tuvo el arma en cuestión en su poder, ni que la hubiera usado para amedrentar a su ex pareja. También refirió que las lesiones constatadas en las manos de la víctima, irían de la mano con las manifestaciones exculpantes referidas por el encartado.
Contrapuso que surgió de las declaraciones testimoniales que el imputado era una persona “con un perfil paciente, controlado y tranquilo ”, de modo contrario a lo que dijo la denunciante en el debate. Añadió que también emergió de los informes del Juzgado de Familia interviniente que ésta no comparecía a las audiencias a las que era convocada, pese a ser una persona instruida y aconsejada por un letrado de confianza. Justamente, a partir de estas últimas circunstancias, señaló que “sabe perfectamente lo que debe decir y tiene la seguridad además que su desapego por las normas no tendrá sanción alguna”. Concluyó que todas estas circunstancias debieron ser valoradas por la sentenciante, lo que no ocurrió.
Dijo que la arbitrariedad de la sentencia también se desprende del hecho de que “ …Lamentablemente [en] nuestro ordenamiento jurídico la simple denuncia por un hecho en contexto de violencia de genero obliga a los Jueces a sentenciar. Es así a tal punto que la sentenciante sostiene que no encuentra motivos para dudar de la veracidad de los dichos de la denunciante poniendo su testimonio por encima del resto de los hechos reconstruidas en el debate, cuando en realidad existe prueba que indica que los dichos de la denunciante carecen de credibilidad ” (sic).
De este modo, razonó que, para tener por probada la tesis incriminatoria, el a quo sólo confirió entidad convictiva a la versión de la denunciante “ por el solo hecho de ser mujer ”. Por ello, continuó su desarrollo sosteniendo que “ el abordaje que se exige en los casos de violencia de género también implica la observancia y respeto de las garantías constitucionales de los acusados ”. Trajo a colación el art. 16 de la Constitución Nacional. También dijo que hubo un menoscabo al principio de inocencia y al grado de certeza necesario que habilita una sentencia condenatoria.
Denunció inobservado el principio in dubio pro reo .
Argumentó que, si bien en la causa existen probanzas que podrían indicar “ alguna responsabilidad del encartado ”, pues él mismo reconoció que la discusión existió, hay otras circunstancias que le quitan entidad y aptitud para generar el grado de certeza necesaria para la condena, generándose con ello un estado de duda insuperable, por lo cual corresponde la absolución del acusado.
Como otro motivo de agravio, se quejó del monto sancionatorio dispuesto en la sentencia.
Arremetió contra la consideración, como agravante, del trauma psicológico padecido por la víctima, argumentando que no resultó probado toda vez que “ lo cierto es que fueron más de 6 años que duro el proceso y la denunciante jamás había manifestado algo al respecto y además en el caso que hubiera sido real tendría que haber aportado a la causa las constancias que justifique[n] sus dichos ”. Indicó que el informe del CAV no reviste el carácter de pericia ni de informe ya que el mismo fue realizado en el tiempo del hecho en el año 2017 y con una conversación que se mantuvo de forma telefónica con la denunciante, por lo que exclusivamente trascribe sus dichos. Más allá de ello, dijo, el informe fue desacreditado cuando se logró probar que Abreu no era una persona violenta. Agregó que “ cada uno de los testimonios brindados en el debate es suficiente para entender que Samuel ha sido víctima de la situación y no victimario ” y que “ resulta extraño ” que no se haya presentado testigo alguno que pueda validar los dichos de la denunciante, ni certificados psicológicos por el tratamiento que mencionó recibir. Y que “ más extraño resulta ” que el a quo haya usado el citado informe para agravar la condena, “ cuando tal circunstancia trae aparejado que Samuel deba cumplir su condena en prisión, alojado en algún penal de la provincia con todo lo que ello significa ”.
Trajo a colación que, en los más de seis años desde el inicio de esta causa, el imputado, “ ni antes ni después del hecho ha tenido alguna situación que lo indique como una persona violenta ” o con probabilidad de que fuera cometer algún delito. Añadió que formó una nueva familia, y que tiene un niño de tres años “ que lo necesita para crecer feliz ”. Que Abreu es sostén de familia y que es trabajador, excelente persona, buen compañero de trabajo, buen padre, buen hermano, buen vecino, etc.
A partir de todas esas circunstancias dijo que no hay razón lógica que justifique, luego de seis años, imponerle una condena privativa de libertad, y que, de sus condiciones personales, se desprende la necesidad de aplicar una condena menor.
Como tercer motivo de disconformidad, el recurso contiene una crítica a la calificación legal de “amenazas Coactivas” (Art. 149 ter), pues la recurrente entendió que “ no se encuentran dados los parámetros de tipicidad del injusto penal precitado ”, toda vez que debería haberse probado que el imputado fue responsable “ de dos acciones; amenazas y coacciones dos delitos que son autónomos pero que se encuentran relacionados entre sí ”. Sin embargo, objetó que sólo se contó “ la endeble versión sostenida por una única persona”.
Explicó, que “la amenaza es la acción de anunciar a otra persona que se le infligirían un mal o daño futuro y debe estar en este tipo penal dirigido a infundir miedo y atemorizar al sujeto pasivo, la cual, por supuesto la amenaza debe de ser injusta, idónea y seria. La seriedad de la que se habla debe de estar dada con la relación del daño anunciado, debiendo este mínimamente ser posible de realización, que pueda ocurrir y que sea gobernable por el sujeto activo ”. A partir de allí sostuvo que ninguno de estos parámetros ha sido justificado acabadamente en la sentencia, “ de manera tal que estaríamos ante una duda que excluiría el reproche penal hacia el imputado de autos ”.
Enfatizó que no existió prueba suficiente para este tipo de reproche penal, y que en el fallo tampoco se desarrollaron fundamentos acerca de que el acusado hubiera obligado a la denunciante a hacer, no hacer o tolerar algo contra su voluntad, ni que ésta se hubiera sentido atemorizada. Contrapuso que, en todo momento, la denunciante se mostró con una actitud desafiante “ ya que esta era su forma de comportarse habitualmente ”, con lo cual difícilmente se haya sentido amedrentada. Dijo que, más bien, estaba ofuscada porque Abreu había tomado a su hija, a pesar de su negativa. Añadió que “ es claro cuando el efectivo de la policía Susana Parra menciona que en el momento del hecho que Maira sale por detrás de Samuel queriéndolo agarrar por la fuerza y sacarle a la niña de sus brazos, es aquí cuando el amedrentamiento o temor que prender configurar queda desacreditado ”, puesto que el comportamiento de la mujer mostró que en ningún momento se sintió atemorizada.
Por todo ello, concluyó que no fue posible constatar ni la materialidad ilícita ni la responsabilidad del imputado. Así las cosas, peticionó su absolución, y dejó planteada la reserva del caso federal.
II. En oportunidad de contestar el traslado que le fuera conferido, la doctora Alejandra M. Moretti, Fiscal Adjunta ante el Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, peticionó el rechazo de la impugnación deducida por la contraparte en favor del imputado Abreu, al no verificarse las infracciones legales denunciadas en el escrito recursivo.
III. Corresponde rechazar íntegramente el recurso de casación.
En lo concerniente a las quejas desarrolladas por el impugnante en orden a la comprobación de la materialidad ilícita y autoría, cabe aclarar que, si bien fueron presentadas en el escrito recursivo en distintos capítulos del recurso, como si se trataran de distintos motivos de agravio, se advierte en realidad que se trata de uno solo (valoración probatoria efectuada por el a quo para tener por acreditados esos extremos), por lo que serán abordadas de manera conjunta, a fin de lograr mayor claridad en la exposición de este pronunciamiento.
Es así que se tuvo por acreditado en el veredicto que: el día 6 de septiembre de 2017, Esteban Samuel Abreu, en el interior del departamento que habitaba Débora Maira Yanet Ruiz junto a la hija de ambos, como consecuencia de un conflicto previo entre ellos, amenazó a la nombrada, mientras blandía un arma de fuego que pertenecía a la víctima, y le decía que la iba a matar, manifestando en tal sentido "te vas a quedar acá, en el departamento cerrado , mientras tanto me voy a ir al departamento de mi hermano, a disfrutar de mi hija porque no la voy a ver más" " y si te escucho pedir auxilio, entro con ésta y te pego un tiro a vos y cuando pueda a tu familia” (haciendo un ademan con el arma de fuego).
Tal como reconoce la propia impugnante, resultó determinante para acreditar la materialidad ilícita y la autoría de Abreu, el relato de la víctima Débora Maira Yanet Ruiz, quien en apretada síntesis, narró el hecho que la damnificó de un modo semejante al plasmado en el fallo, y brindando mayores detalles, correspondiendo remitirse a su relato completo transcripto en el fallo, por una cuestión de economía procesal.
Sólo se traerán a colación los aspectos más trascendentes de su versión, a saber: aludió, en primer lugar, al vínculo de pareja que mantuvo con el acusado, con quien tuvo una hija que -al tiempo del juicio- contaba con 7 años de edad. Dijo que padeció violencia física y verbal por parte de él en reiteradas oportunidades, aportando muchos detalles demostrativos de que la relación estuvo marcada por violencia de género ejercida por el imputado en su contra, de forma sistemática y ascendente. También aludió a la personalidad agresiva del acusado. Indicó que se terminaron separando.
Particularmente, dijo que en la semana en que ocurrieron los hechos, tuvo muchos mensajes de amenazas, en los que le decía que iba a entrar en el departamento con una moladora. Que le hizo la denuncia en la comisaría de la mujer, porque ya habían sido muchas amenazas y golpes.
Con respecto al episodio juzgado, dijo que ella volvía al departamento con la nena, a buscar unas cosas para luego ir a lo de su mamá, y cuando entró a la habitación, encontró al imputado parado adelante. Que ella tenía a su hija en brazos, y que él le pegó en la cara, que ella se cayó al piso y cuando se levantó fue corriendo al departamento de David Abreu, el hermano, y que al entrar le recriminó por qué no le había avisado que estaba Samuel.
Que, en ese momento, el encartado estaba queriendo ingresar, y que cuando abrió la puerta, entró y le sacó a la nena, la agarró de los pelos y la arrastró al departamento, mientras le decía " hdp me denunciaste, te voy a matar ".
Dijo que Abreu le había sacado el arma reglamentaria y que con esa arma la apuntaba al pecho, amenazándola en los siguientes términos: " hdp te voy a matar, y si salís del departamento y pedís ayuda te voy a matar ". Que luego se guardó el arma en la cintura y siguieron los golpes, mientras le recriminaba que le había “ cagado la vida ” (sic).
Que, ella se pudo meter en el baño con el celular y quiso llamar a la policía, pero que él intentó romper la puerta e ingresar y que, cuando la sacó del baño, la sacó de los pelos y le quitó el celular. Que él le dijo "hdp se que después de esto no voy a ver más a mi hija y te voy a enseñar a respetar a los hombre, me voy a llevar a mi hija por una hora y disfrutar de ella ", guardando la pistola.
Relató que, en ese momento, sintió que golpearon la puerta, y que era una policía, a quien le pidió que la ayudara porque la quería matar. Que la preventora así lo hizo y que llamaron la ambulancia, mientras su hija estaba con él. Que ella le decía que él tenía su arma, y que no sabe cuánto tiempo pasó hasta que obtuvo el arma y le devolvieron a su hija.
Que ella nunca les había contado a sus padres de lo que pasaba, aunque todos sabían que era una persona violenta.
Aclaró que donde se movía o pedía ayuda, la iba a matar. Que se tenía que quedar ahí una hora hasta que él volviera con su hija, porque sabía que después de esto él no la iba a ver nunca más. Que Abreu se sacó el arma y la apuntó en el pecho mientras le decía esto. Que él se iba a ir con la niña al departamento de su hermano y ella se tenía que quedar encerrada. Dijo que fue en ese momento que golpearon la puerta.
Asimismo, señaló, que ella era policía y que tenía un arma 9 mm Bersa, que la usaba con bala en recámara y sin seguro. Agregó que presentó lesiones pues le había dado un cachetazo bastante fuerte, siendo el imputado boxeador profesional. Añadió que tenía hematomas en el cuerpo, de la cabeza hacia abajo. Que en la cara le dio un único golpe -el primero-, y los otros puños y patadas en otras partes del cuerpo. Que la agarró de los pelos, le pegó en la cabeza, pero no en la cara.
Narró que, cuando la sacó del departamento del hermano, pensó que la iba a matar. Que ella ya le tenía miedo, y que en esta ocasión pensó que “no la contaba nunca más”.
Preguntada por la Fiscalía por las posibles secuelas posteriores, refirió que estuvo bajo asistencia psicológica y psiquiátrica durante dos o tres años, que tiene miedo y que tuvo ataques de pánico.
De modo concordante, la jueza de primera instancia ponderó la declaración de Walter López, comisario que tenía a su cargo a los empleados policiales Samuel Abreu y Débora Ruiz.
Respecto del día de los hechos contó que había un efectivo, hermano del imputado, de nombre David Abreu, que fue requerido por la Fiscalía para un procedimiento y que, como no concurrió, se comunicaron desde su base para su traslado compulsivo. Que, entonces, fueron con el móvil hasta su edificio y que, en tales circunstancias, el declarante permaneció en el móvil policial y subió a buscarlo otra agente. Que transcurrieron unos minutos y que descendió la oficial Parra junto con Débora Ruiz que lloraba manifestando haber tenido un altercado con su ex pareja. Que habían discutido y que tenía una hija retenida.
Señaló, que la retiraron por una cuestión de seguridad, que él se dirigió al lugar donde se dio la situación, y que estaba el imputado. Que le consultó lo que pasó y que Abreu le dijo que era un problema con su pareja, que tuvieron una discusión. Refrió que en el comando solían hacer comentarios acerca de que era una pareja que discutía mucho. Que el acusado dijo que no hacía nada malo, que era su casa, que era el dueño y que quería estar solo con su hija.
Agregó que Ruiz les manifestó que había sido agredida por Abreu y que solicitaron la presencia de una ambulancia. Que la nombrada también le manifestó que el encartado le había sacado el arma. Que subió nuevamente con el personal policial que arribó al lugar, que había una criatura de meses de edad y que, en ese momento, Abreu estaba muy convencido de no salir de la casa con su hija. Que trataron de no forzar la situación para no producir un mal mayor. Que le pidieron al hermano del acusado el favor de ingresar la a vivienda y revisar si estaba el arma, y que lo hizo y luego salió David (Abreu) con el adminículo en cuestión y que se la entregó. Refirió que en ningún momento tuvo contacto con la menor, que Samuel Abreu en ese momento estaba en el departamento del hermano y que salió la cuñada y fue la que dijo que tenía a la menor y que la iba a cuidar, que no le iba a pasar nada.
Frente a preguntas de cómo se encontraba la Sra. Ruiz, dijo que estaba exaltada, que tenía una fuerte crisis emocional con llanto, “como cuando una persona explota al pasarle algo fuerte ”. Respecto de Abreu dijo que lo vio natural, no lo vio como a la señora, no estaba en un estado emocional violento, tuvo la capacidad de aclararle que él era el dueño del lugar, como que era propiedad privada y que era el dueño. A preguntas aclaratorias dijo que Abreu iba a entregar a la nena cuando él quisiera, que pensó que esa situación iba a pasar a una toma de rehén y necesitar la presencia de un mediador. Refirió, por su conocimiento del imputado, que no tenía miedo ni se sentía intimidado por la presencia de uniformados, justamente por ser policía. El testigo consideró que, si hubiera querido que la situación se terminara allí, la lógica era la entregar de la criatura, pero que, en este caso, por el contrario, Abreu se negó manifestando que quería estar con ella porque no tenía restricciones ni algo que se lo impidiera y que se la iba a entregar cuando él quisiera.
En idéntico sentido, se valoró el testimonio del policía Zarlenga quien arribó al lugar y se reunió con el Comisario López y una mujer que les manifestó haber tenido una pelea con su pareja, quien permanecía en su departamento con su hija. Que ella “estaba shoqueada” (sic), que dijo que había sido golpeada y les mencionó que era policía y que el arma d
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