Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, Sala IV · Causa 126238
En la ciudad de La Plata, se reúnen en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces de la Sala Cuarta del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, doctores Mario Eduardo Kohan y Carlos Ángel Natiello, bajo la Presidencia del primero de los nombrados, para resolver en causa n° 126.238 de este Tribunal, caratulada: "DURE, Nicolás Adolfo s/ Recurso de Casación" . Practicado el sorteo de ley, resultó que en la votación debía observarse el orden: KOHAN-NATIELLO , procediendo los mencionados magistrados al estudio de los siguientes
I.-La Sala III de este Tribunal de Casación Penal, en fecha 11 de septiembre de 2022, en causa n° 107.691, de su registro interno, “Duré Nicolás Adolfo s/ Recurso de Casación interpuesto por Agente Fiscal” resolvió, por mayoría, admitir el recurso de casación y casar el veredicto absolutorio dictado por el Tribunal en lo Criminal n° 1 del Departamento Judicial La Matanza respecto de Nicolás Adolfo Duré en el hecho calificado como tentativa de robo simple agravado por la calidad de policía, y ordenó la devolución a la instancia para que a partir de la comprobada participación del nombrado en el hecho juzgado, se dicte un nuevo pronunciamiento conforme a derecho. El día 30 de mayo del 2023 el Tribunal en lo Criminal n° 1, con nueva integración, y en cumplimiento de lo ordenado, condenó a Nicolás Adolfo Duré a la pena de un (1) año y seis (6) meses de prisión, inhabilitación especial por el mismo término y costas, como autor del delito de robo agravado por haber sido perpetrado por un miembro de las fuerzas de seguridad (art. 20 bis, 29, 40, 41, 45 y 167 bis del Código Penal).
II. Contra dicho pronunciamiento interpuso recurso de casación el defensor particular, abogado Alberto T. Fornaro (T°I Folio 217 CALM), a favor de Nicolas Adolfo Dure.
Sostiene que a su asistido le fue vulnerada la garantía del “non bis in ídem”, ya que en su concepción amplia se extiende al terreno del proceso, cubriendo el riesgo a una persecución penal renovada.
Señala que el primer juicio se desarrolló por completo en el Juzgado Correccional n° 4 del Departamento Judicial La Matanza, en fecha 7 de febrero de 2019, y que el mismo se frustró por motivos relacionados a la actividad del acusador al variar la calificación legal al final de la audiencia. Luego, al ser juzgado por el Tribunal Criminal, su asistido resultó absuelto, dicha resolución fue impugnada por el Fiscal y casada por la Sala III del Tribunal de Casación. Las actuaciones fueron devueltas al mismo Tribunal en lo Criminal (con nueva integración), y allí condenado a pena de prisión e inhabilitación.
Indica que el Estado no puede emplear todos sus recursos y esfuerzos repetidos para condenar a un individuo, que esta prohibición rige no solo cuando existe una sentencia firme, sino también cuando ya se celebró la audiencia de debate oral, y no se debe someter nuevamente a la persona a un nuevo debate oral por el mismo hecho.
Expresa que no hay lugar para retrotraer un proceso penal a etapas ya superadas cuando estas han sido cumplidas en forma, que la sentencia impugnada se aparta del precedente “Casal”, pues el principio de inmediación no aparece como límite a lo revisable, entiende que se perdió toda posibilidad de análisis de las pruebas producidas en el debate desde que Casación ordenó “Devolver jurisdicción a fin que de la comprobada intervención de Dure en el hecho descripto en la materialidad ilícita, jueces hábiles renueven los actos necesarios para el dictado de un procedimiento conforme a derecho”.
Que su asistido fue sometido en tres oportunidades a juicio por la misma imputación, la primera oportunidad por el Juzgado Correccional y dos veces por el Tribunal Criminal y que el último pronunciamiento condenatorio conculca la garantía que prohíbe la múltiple persecución, considerando lo allí resuelto nulo, de nulidad absoluta.
Cita jurisprudencia de la CSJN e interpreta que ella le asiste razón a su planteo.
Requirió se designe una nueva Sala para que se expida al respecto y se absuelva a Nicolás Dure.
En subsidio se agravia por la falta de fundamentación de la resolución impugnada, señala que su motivación es aparente, y por ende debe considerarse arbitraria.
Expone que el monto de pena es excesivo teniendo en consideración que se consideraron agravantes y se estimaron como atenuantes la carencia de antecedentes y la excesiva duración del proceso.
Efectúa reserva de recurrir ante la Corte Federal (art. 14 Ley 48).
III. Las partes fueron notificadas, la señora Fiscal Adjunta, María Laura D’Gregorio, presentó un dictamen propiciando el rechazo de la impugnación en trato.
IV. Cumplidos los trámites de rigor y hallándose en estado de dictar sentencia, la Sala IV del Tribunal decidió plantear y votar las siguientes:
1ra.) ¿Es admisible el recurso de Casación?
2da.) ¿Resulta procedente?
3ra.) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el Señor Juez, doctor Kohan, dijo:
El presente recurso fue interpuesto tempestivamente contra una sentencia definitiva, mediante escrito fundado en el cual se ha dado cumplimiento a los requisitos formales establecidos en los arts. 450 y 451 del CPP.
Asimismo, y conforme lo dispuesto en el art. 454 inciso 1° de dicho cuerpo normativo, la impugnante se encuentra subjetivamente legitimada para recurrir.
Por ello, corresponde declarar formalmente admisible el recurso de casación interpuesto en la presente causa.
Voto por la afirmativa.
A la misma primera cuestión planteada el Señor Juez, doctor Natiello, dijo:
Adhiero al voto del doctor Kohan, expidiéndome en igual sentido y por los mismos fundamentos.
Voto por la afirmativa.
A la segunda cuestión planteada el Señor Juez, doctor Kohan, dijo:
El Tribunal tuvo por acreditado que: “el día 27 de junio del año 2.018, siendo aproximadamente las 17:30 horas, en la intersección de las calles Avenida Rivadavia y Rodríguez de la localidad de Ramos Mejía, Partido de La Matanza, Provincia de Buenos Aires, dos sujetos identificados a la postre como Duré Nicolás Adolfo y Landriel Alejandro, funcionarios policiales todos ellos y en cumplimiento de sus funciones ya que estaban realizando un control vehicular ordenado por la superioridad, interceptaron el paso de Jhoan Camilo Ortiz Arango quien circulaba por la Avenida Rivadavia en sentido hacia provincia, en el moto rodado marca Yamaha Modelo SZ150 dominio AO58GF, quien luego de exhibirle la documentación de la motocicleta en la que se desplazaba, los mismos mediante intimidación, consistente en amenazas tales como trasladarlo a la seccional donde perdería sus pertenencias y deportarlo, y abusando de su cargo le exigieron la entrega de dinero en efectivo que este llevaba distribuida entre sus prendas y en la mochila que portaba, el que fue descubierto por los efectivos del orden al requisar sus pertenencias, y que los mencionados, previa división de tareas, procedieron a tomar de la mochila un fajo con la suma de quince mil pesos, sin posibilidad de la víctima a oponerse a dicha sustracción por el temor que los mismos le infundían, suma que tenía como único destino el provecho propio de los intervinientes”.
Previo al ingreso de los agravios paso a citar los antecedentes de la resolución impugnada:
El titular del Juzgado Correccional ° 4 del Departamento Judicial La Matanza, en fecha 7 de febrero de 2019, con motivo de un cambio de calificación del acusador púbico al momento de alegar, resolvió declararse incompetente y remitir las actuaciones para que un Tribunal Criminal juzgue los hechos.
Las actuaciones se radicaron en el Tribunal en lo Criminal n°1, donde en fecha 6 de noviembre del 2020, se dicto veredicto absolutorio, a favor de Nicolás Duré. Contra lo allí resuelto, el Fiscal interpuso recurso de casación.
La Sala III del Tribunal de Casación el día 11 de febrero del año 2022 resolvió casar la sentencia impugnada, y en virtud de que se encontraba acreditada la participación de Duré en el hecho, envió la causa para que jueces hábiles dicten un nuevo pronunciamiento conforme a derecho.
En razón de ello, el Tribunal en lo Criminal n° 1, con nueva integración, fijó audiencia para el día 30 de mayo del año 2023, a los efectos de ventilar las cuestiones relativas a los incisos 3 a 5 del artículo 373 del CPP. Luego de celebrada la audiencia el Tribunal dictó veredicto condenatorio, e impuso a Nicolás Adolfo Duré la pena de un (1) año y seis (6) meses de prisión, e inhabilitación especial por el mismo plazo.
Adelanto que no le asiste razón a la defensa, en el trámite de la causa no se ve comprometida la garantía del “ne bis in ídem”, y no existieron tres juicios como alega el impugnante.
La declaración de incompetencia del Juez Correccional y su remisión a un Tribunal Criminal, lo fue en razón de la calificación del evento que el acusador público hizo al momento de alegar, lo cual se ajusta a derecho.
La competencia es la aptitud que tiene un órgano judicial para ejercer la jurisdicción, es decir, para llevar a cabo la función como Poder Judicial del Estado. A su vez la jurisdicción para ser ejercida se divide en razón del territorio, de la materia o fuero, del grado -como en este caso, donde el juez correccional advierte que conforme la acusación que enfrentaba el imputado, el hecho debía ser juzgado por un Tribunal Criminal-, y en razón del tiempo o turno, como garantía del juez natural.
De tal manera, la competencia se establece como una forma de organización de la tarea que debe llevar a cabo el Poder Judicial y a su vez, opera como garantía del encausado.
El juicio criminal correccional expresó una necesidad basada en la producción de la prueba ante los jueces que deben, inmediación mediante, juzgar en definitiva el objeto procesal en estudio.
A posteriori, ante el Tribunal en lo Criminal n° 1, y luego del debate oral, Nicolás Duré resultó absuelto. Dicho pronunciamiento fue recurrido por el Fiscal.
La Sala III de éste Tribunal de Casación casó por mayoría el pronunciamiento absolutorio y entendió que la participación de Nicolás Duré se encontraba acreditada, por lo que ordenó remitir las actuaciones a la instancia anterior, para que jueces hábiles se pronuncien conforme a derecho. Fue así que el Tribunal en lo Criminal n° 1, con nueva integración se pronunció en los términos del artículo 371 incisos 3 al 5 del CPP.
La Sala casatoria dejó claro, sin lugar a dudas, que se encontraban reunidos los elementos convictivos para determinar la materialidad infraccionaría y la autoría penal de Duré, y ordenó la remisión de las actuaciones al a quo , lo que no implica bajo ningún concepto, que la renovación de los actos necesarios para el dictado de un nuevo pronunciamiento, signifique retrotraer el proceso para la reedición de actos ya cumplidos. La actividad desarrollada por la alzada vino a ser completada por el Tribunal de origen, debiendo verse ambas resoluciones como parte del resultado de una única actividad impugnativa impulsada por el acusador, en este caso. Ergo, no es atendible la propuesta del recurrente cuando plantea la renovación o la celebración de un nuevo juicio.
El fallo de la Sala III selló lo que es el veredicto de culpabilidad, y lo que se ordenó realizar no es otra cosa que el juicio de cesura que tiene como única finalidad la dosificación de la pena. Así es que la culpabilidad decretada se vio complementada con el aludido juicio de cesura del Tribunal en lo Criminal n° 1, constituyéndose así la sentencia completa que hoy es menester revisar.
No hubo, insisto, múltiples juicios sino distintas etapas de uno solo que fueron cumplidas por los órganos jurisdiccionales llamados a decidir.
No comparto lo sostenido por el recurrente en cuanto alega que su asistido fue sometido en tres oportunidades a juicio.
La posibilidad de que el fiscal recurra una absolución no lesiona la prohibición de la doble persecución
No está prohibida la remisión del proceso a instancias anteriores siempre que medien razones que así los justifiquen y que ello sea producto de un recurso de la contraparte de quien se vea beneficiado por esa sentencia en crisis, para su reedición.
Es que si no es posible un reenvío, una vuelta atrás, deberían vedarse todos los recursos existentes en el digesto de rito, con excepción de los de la defensa. Esta consecuencia es, cuanto menos, extraña, si uno observa que la Corte todos los días trata recursos que vienen cuestionando absoluciones y no los rechaza con el argumento de que abrirlos implicaría una violación del “ non bis in idem” (valga de ejemplo, C.S.J.N., causa L.328 –XLIII–, “Luzarreta, Héctor José y otros”, sentencia del 16 de noviembre de 2009, que deja sin efecto una absolución dictada por un Tribunal Oral en lo Criminal de la Capital Federal, por los recursos de casación y extraordinario federal interpuestos por los Fiscales de juicio y de casación respectivamente).
Sin embargo, suele invocarse que por precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Fallos “Alvarado”, “Sandoval”, “Olmos” y “Kang” entre otros) parece estar vedada la posibilidad de reenviar a la instancia para la realización de un nuevo juicio, mas ello no es así por las razones que seguidamente expondré.
El análisis de la cuestión es prístinamente efectuado por Javier De Luca al cual habré de remitirme por resultarme imposible resumirlo de mejor manera, dada la precisión del citado autor. Dijo que es muy posible que la prohibición de reeditar un juicio por reenvío emana de la imposibilidad que debe tener el Ministerio Fiscal de impugnar sentencias absolutorias siendo que dichas conclusiones “…hayan sido incentivadas por el dictado de la sentencia de la Corte en el caso ‘Sandoval’, ya citado. También aparece en escena el caso ‘Olmos’, citado por la primera mayoría en ‘Sandoval’, al que se remite la sentencia dictada en ‘el segundo Kang’ que estamos comentando. Sin embargo, debe advertirse que ‘Olmos’ no es similar al asunto planteado aquí porque se trata de un supuesto de reformatio in pejus, emparentado con el non bis in ídem, pero no igual. En el caso ‘Olmos los imputados habían obtenido una primera condena que los acusadores no habían apelado y que había llegado a la alzada por recurso de la defensa. Al prosperar este recurso y volver la causa a tramitar ante un nuevo tribunal para que dictase una nueva sentencia, este segundo tribunal dictó una más gravosa que la primera. Es decir, el segundo tribunal, equivocadamente, se creyó libre de dictar cualquier sentencia ante la ausencia de la primera que había sido revocada.
En ‘Kang’, con remisión a ‘Sandoval’, los magistrados Lorenzetti, Fayt y Petracchi consideraron que la impugnación de una sentencia absolutoria violaba el ne bis in idem. Lo hicieron mediante la cita de los fundamentos de la disidencia de Petracchi y Bossert en el caso ‘Alvarado’.
Ahora bien, un primer problema aparece en cuanto se analice la remisión de estos tres magistrados al considerando 17 de la disidencia del juez Petracchi en el ya reseñado caso ‘Olmos’, porque allí el magistrado había votado por separado y en forma coincidente con su conocida posición de la prohibición contra el doble juzgamiento o sometimiento a riesgo de nuevo juzgamiento.
Pero por el contrario, los otros dos jueces, Lorenzetti y Fayt, no habían votado en ‘Olmos’ de esa manera, sino que su voto había integrado el de la mayoría que se expidió por el problema existente en la causa, ya mencionado renglones más arriba: la sentencia anterior había quedado firme en el punto cuya revisión se pretendía.
Cabe recordar, además, que el juez Fayt en ‘Alvarado’ había votado con la mayoría, es decir, de manera no coincidente con el voto en disidencia de los jueces Petracchi y Bossert al que ahora remitió. Es decir, dos de los jueces que conformaron parte de la mayoría en ‘Sandoval’ y ahora en ‘Kang’, cambiaron su posición histórica sin dar motivos de ello.
Vuelvo al precedente ‘Sandoval’. El cuarto juez que conformó la mayoría lo hizo con distintos argumentos. Se trata de Zaffaroni, que se decidió por la anulación de la sentencia con fundamento en que el tribunal de juicio había violado el principio acusatorio y el in dubio pro reo. Sólo al pasar habló del non bis in ídem que estaría dispuesto a considerar en casos de impugnaciones contra absoluciones pero en tanto y en cuanto se atendiese al criterio (la causa o motivo) por el cual el tribunal anterior anuló una absolución y mandó a realizar un nuevo juicio. Son argumentos que hacen recordar a lo sucedido en el caso ‘Polak’ (Fallos: 321:2826) que allí mismo se cita. Es decir, el juez Zaffaroni conformó la mayoría pero por argumentos distintos, y fue coherente con su posición que no ve óbices constitucionales a la habilitación de recursos contra absoluciones en algunos casos. Tanto es así que, ahora, en ‘Kang’, conjuntamente con la jueza Highton de Nolasco, se remite a los argumentos del Procurador General que propiciara la validez de la apelación fiscal y la revocación de la sentencia apelada” . (De Luca, Javier, “Recurso Fiscal contra absoluciones y nuevo debate” , publicado como “Recurso Fiscal contra Absoluciones y Nuevo Debate” -comentario al fallo “Kang” de la Corte Suprema-, publicado en AA.VV., “Jurisprudencia penal de la Corte Suprema de Justicia de la Nación” -dirigida por Leonardo Pitlevnik-, Número 13, edit. Hammurabi, Buenos Aires, 2012, p. 186-).
Por lo tanto, el remanido argumento relativo a la autoridad que emana de los fallos de la Corte no puede ser invocado porque, como ha sido demostrado por el doctrinario antes citado, no existe doctrina del Alto Tribunal en tal sentido.
Además de lo dicho, siendo que los aludidos principios expuestos literalmente por los Jueces que componen la primera mayoría de “Sandoval” y la de “Kang”, no puede ser considerado de una manera terminante y absoluta porque el mismo no puede hacerse extensivo al tratamiento de cuestiones federales en tanto no puede existir una sentencia (absolutoria o no), de cualquier instancia anterior a la Corte Nacional, que pueda decidir en forma final un punto atingente a las aludidas causas.
En consecuencia, opino que mientras que la sentencia absolutoria no está firme y pase en autoridad de cosa juzgada (arts. 8.4 CADH y art. 14.7 PIDCyP) es posible su revocación sin violación al “non bis in idem”, porque no se está frente a un nuevo proceso o juicio, sino de la reedición de una etapa del mismo, de un único proceso y no la realización de uno nuevo y de distinto por el mismo hecho.
Y para poner coto a la retrogradación que sufre el proceso a raíz de un recurso que prospere contra un pronunciamiento judicial, habré de citar nuevamente el trabajo de De Luca, que hace gala nuevamente de una envidiable claridad conceptual al sostener que “La garantía (del ‘non bis in idem’) encuentra su límite en las etapas válidamente cumplidas. Pero lo que confunde, es que el principio no puede ser esbozado a ‘contrario sensu’, algo así como sostener que si la etapa del debate fue válidamente cumplida, no corresponde su reproducción. Esto lleva a una falacia, porque la reproducción del debate no está causada porque fue nulo, sino por el principio de inmediación” dado que en caso de anularse la sentencia, los Jueces hábiles que la deben dictar no han tenido contacto con la prueba por no haber celebrado la audiencia de juicio.
Por tanto, el agravio ha de ser rechazado.
b.- En subsidio alega que la resolución impugnada adolece de falta de fundamentación, señala que su motivación es aparente. Adelanto que no comparto el planteo efectuado por el impugnante.
En lo que se refiere a la valoración de la prueba, como ya lo he sostenido en numerosos precedentes (causas nro. 54.780, 55.341, 55.510 entre muchos otros), corresponde a esta instancia casatoria el control de legalidad y logicidad de la prueba utilizada por el sentenciante, como resultado del equilibrio entre una revisión eficaz e integral de la senten
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