Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, Sala I · Causa 129668
La Sala I del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, integrada por los señores jueces doctores Ricardo Maidana, Daniel Carral y Víctor Violini, con la presidencia del primero de los nombrados, de conformidad con lo establecido en la Ac. 3975/2020 de la SCBA, procede al dictado de sentencia en el marco de la Causa N° 129668 caratulada “FERNANDEZ BRENDA NAHIR S/RECURSO DE CASACIÓN”, conforme al siguiente orden de votación: MAIDANA - CARRAL - VIOLINI.
1. El 29 de agosto de 2022, el Tribunal en lo Criminal nº 9 del Departamento Judicial Lomas de Zamora, en la causa n° 15693-18, condenó a Brandon Damián González a la pena de prisión perpetua , accesorias legales y costas, como autor responsable del delito de homicidio agravado por alevosía; y a Brenda Nahir Fernández a la pena de dieciocho (18) años de prisión , accesorias legales y costas, como autora responsable del delito de abandono de persona seguido de muerte agravado por el vínculo, cometido el 28 de septiembre de 2018 en Monte Grande Partido de Esteban Echeverría en perjuicio de su hija menor Z.D. (arts. 5, 12, 29 inc. 3, 40, 41, 45, 80 inc. 2° , 106, primer y tercer párrafo, y 107 del C.P.).
2. Impugnada la decisión mediante recurso de casación por las Defensoras Oficiales Dras. Vanina Palermo, en representación de Brandon González, y Patricia Babio, en favor de Brenda Fernández, esta Sala dictó sentencia el 6 de junio de 2023. Rechazó el recurso interpuesto en favor de Brandon González -por unanimidad- e hizo lugar parcialmente al recurso a favor de Brenda Fernández -por mayoría. En el segmento de la pena se casó la sentencia dictada por el Tribunal en lo Criminal n° 9 de Lomas de Zamora, por falta de fundamentación, y se dispuso el reenvío para que otro tribunal, previa audiencia de cesura, determine la pena a imponer a la nombrada como autora de abandono de persona seguido de muerte agravado por el vínculo.
3. El 23 de octubre de 2023, el Tribunal en lo Criminal nº 8 del Departamento Judicial Lomas de Zamora, mediante integración de los Jueces Nicolás Amoroso, Alejandro Claudio Sgarlata y Gustavo César Ramilo (primer voto), resolvió luego de la audiencia de cesura condenar a Brenda Nahir Fernández a la pena de diecisiete (17) años y seis (6) meses de prisión , accesorias legales y costas (arts. 5, 12, 29 inc. 3, 40, 41, 45, 106 tercer párrafo y 107 del C.P.).
4. Contra esta última decisión, la Defensora Oficial Dra. Patricia Babio, dedujo recurso de casación (presentación electrónica del 01/11/23).
La causa ingresó a la Sala I de este Tribunal con fecha 1° de febrero de 2024, se encuentra en estado de dictar sentencia, por lo que se dispone plantear y resolver las siguientes
Primera: ¿Es admisible el recurso interpuesto?
Segunda: ¿Es procedente el recurso interpuesto?
A la primera cuestión planteada el señor juez, doctor MAIDANA , dijo:
El recurso fue interpuesto por quien se encuentra legitimada, en debido tiempo y contra un pronunciamiento definitivo de juicio oral en materia criminal, por lo que se encuentran reunidos los recaudos formales y satisfechos los requisitos de admisibilidad previstos legalmente (arts. 18 y 75 inc. 22 CN; 8.2.h CADH; 14.5 PIDCP; 20 inc. 1, 450, primer párrafo, 451, y 454 CPP). VOTO POR LA AFIRMATIVA .
A la primera cuestión planteada el señor Juez, doctor CARRAL , dijo:
Adhiero al voto del doctor Maidana en igual sentido y por los mismos fundamentos. VOTO POR LA AFIRMATIVA .
A la primera cuestión planteada el señor Juez, doctor VIOLINI , dijo:
Adhiero al voto del doctor Maidana en igual sentido y por los mismos fundamentos. VOTO POR LA AFIRMATIVA .
A la segunda cuestión planteada el señor juez, doctor MAIDANA , dijo:
La Defensa plantea como único motivo de agravio la inobservancia de los arts. 40 y 41 del CP en la determinación de la pena. Critica las pautas agravantes valoradas por el Tribunal -que acogió la pretensión fiscal- y el rechazo de las atenuantes requeridas por la Defensa. Sobre lo primero señala que la consideración como agravante del “sufrimiento extraordinario e innecesario de la menor víctima” fue erróneamente tenido en cuenta, ya que al declarar el Dr. Frías (médico autopsiante) respecto de la sintomatología que presentaba, mencionó que el sangrado del mesenterio no produce dolor, sino que se presenta como una indigestión y sólo un médico puede determinar la diferencia entre ambas patologías. Agrega que no hay pruebas que acrediten que su defendida Fernandez hubiera podido saber que su hija había sido agredida por su pareja, ni que la dolencia de la niña podría ser algo más que una indigestión. También critica la segunda agravante valorada por entender que la desatención a la hipoacusia de Z. y la falta de aseo no aportaron nada al desenlace fatal, ni se ha acreditado en qué forma incrementa la gravedad del hecho más allá del contenido del tipo penal aplicado. En torno a las atenuantes rechazadas por el tribunal señala que la juventud, entendida como inexperiencia de vida e inmadurez, refleja un menor grado de injusto. Fernandez era una madre inexperta que necesitaba impulso de la familia paterna de las menores y del personal docente de la escuela. Por último, agrega que la estrategia del Defensor de Casación que dejó firme el pronunciamiento anterior de esta Sala a pesar de que tenía agravio, perjudica a Fernández y resulta un dato a considerar pues el texto del art. 41 CP no es taxativo sino sólo enunciativo.
Requiere se haga lugar al recurso, se case la sentencia impugnada y se imponga el mínimo de la escala correspondiente al tipo penal aplicado.
El Defensor Oficial Adjunto, Dr. Ignacio Juan Domingo Nolfi, mantiene el recurso y solicita se haga lugar a la pretensión de la Defensa (presentación electrónica del 26/12/2023).
El Fiscal Adjunto de Casación, Dr. Fernando Galán, propicia el rechazo del recurso en base a los argumentos de su dictamen del 04/02/2024.
Con independencia de la garantía procesal que establece la exigencia de la doble conformidad judicial para ejecutar la pena si el condenado lo requiere, la circunstancia de ponerse en juego otra garantía como la del juicio público, única base de la condena, determina que, en el caso de no haberse observado el debate, no es posible controlar la valoración de la prueba practicada en el transcurso de la audiencia si el Tribunal diera cuenta circunstanciada de su empleo, para tener por acreditado cualquiera de los extremos de la imputación.
Los arts. 8.2.h de la Convención Americana y 14.5 del Pacto exigen la revisión de todo aquello que no esté exclusivamente reservado a quienes hayan estado presentes como jueces en el juicio oral, no sólo porque cancelaría el principio de publicidad (arts. 8.5 de la Convención Americana y 14.1 del Pacto), sino también porque directamente no lo conocen, o sea, que a su respecto rige un límite real de conocimiento, se trata directamente de una limitación fáctica, impuesta por la naturaleza de las cosas, y que debe apreciarse en cada caso, con lo que, no existe una incompatibilidad entre el debate y la revisión amplia en casación, ambos son conciliables en la medida en que no se exagere el resultado de la inmediación.
Limitados de tal modo los motivos de agravio consignados por la Defensa, el conocimiento del proceso se circunscribirá a los que fueran expuestos (art. 434 y ccs. del CPP; v. TCPBA, Sala I, c. 77.456 “Silva, Sergio Daniel s/ Recurso de Casación,” sent. del 8 de noviembre de 2016, reg. 949/16, entre otras).
El Tribunal en lo Criminal n° 8 de Lomas de Zamora, en la sustanciación de la audiencia de cesura, luego del reenvío de esta Sala, partió de la consideración de los hechos que acreditados por el Tribunal en lo Criminal n° 9 y confirmados por esta Sala, a saber:
" 1. Que el día 28 de septiembre de 2018, aproximadamente a las 12.30 horas, Brenda Nahir Fernández se retiró de su domicilio, sito en la calle Luis Vernet 2825, de Monte Grande, partido de Esteban Echeverría, y dejó a sus hijas mellizas, de cinco años de edad -Zamira y Huilén Domínguez- al cuidado de su pareja.
Así fue que en horario no determinado pero comprendido entre las 12.30 y 15.00 horas, en el interior del domicilio precedentemente mencionado, este sujeto de sexo masculino, mayor de edad, pareja de Brenda Nahir Fernández, al ver que se encontraba solo, al cuidado de niñas pequeñas; que Zamira era hipoacúsica y no sabía darse a entender por el lenguaje de señas convencional, y que, por tanto podía actuar sobre seguro y sin riesgo para su persona, tomó a esta última -quien se encontraba viendo televisión con su hermana Huilén- la apartó del lado de la otra niña y la llevó en forma artera a otra dependencia de la casa y cuando se encontraba a solas con ésta, con el fin de ultimarla, la agredió ferozmente propinándole golpes en la cabeza y el cuerpo que le provocaron múltiples lesiones -excoriaciones puntiformes a nivel de hipogastrio, cercano al Monte de Venus, y a nivel del codo izquierdo; hematoma con infiltrado hemorrágico en región posterior y externa del tercio inferior del muslo izquierdo, y hematomas a nivel frontal derecho, medio e izquierdo de aponeurosis epicraneana, con cerebro congestivo-, y también mediante el aplastamiento severo de la región tóraco abdominal producido por una pisada con fuerza que lesionó órganos internos allí alojados -equimosis en hígado, infiltrado hemorrágico en ambos riñones, hemoperitoneo, importante infiltrado hemorrágico en mesenterio, hematoma retroperitoneal y vías aéreas con contenido mucoso- causándole la muerte, ocurrida ese mismo día, aproximadamente a las 23.25 horas.
2. Que el día 28 de septiembre de 2018, siendo aproximadamente las 15.00 horas, arribó al domicilio de la calle Luis Vernet 2825 en el que residía, una persona de sexo femenino, mayor de edad, progenitora de la niña Z.D. quien, no obstante haber sido informada de que su hija había sido golpeada por su pareja; ser notorio el mal estado en el que se encontraba la pequeña, toda vez que no sólo presentaba marcas en el cuerpo compatibles con una agresión física sino que también tenía síntomas que así lo delataban -vómitos de color oscuro y dolor abdominal-; y haber sido instruida e intimada por el abuelo de las niñas, Julio Fernández, a que llevara al médico a la niña, la nombrada puso en peligro la vida de su hija, pues omitió procurarle oportuna asistencia médica, abandonando a su suerte a su hija pequeña, incapaz de valerse por sí misma, y a la que tenía el deber legal de cuidar en razón del vínculo de parentesco que las unía, siendo que, a consecuencia de dicho abandono, ocurrió la muerte de la niña ".
La Defensa critica por excesivo el monto de pena impuesto.
El recurso no es procedente.
Cabe destacar que la motivación o expresión de agravios es el razonamiento de censura que el impugnante formula contra la resolución cuestionada, sea para destruir las premisas y conclusiones o para demostrar su ilegalidad, por lo que debe ser clara, precisa y específica (cfr. CLARIÁ OLMEDO, Jorge A., Tratado de Derecho Procesal Penal, t. V: La Actividad Procesal, Bs. As., EDIAR, 1966, ps. 468/469); de este modo, si prescindió de formular una crítica concreta y eficaz contra los argumentos desarrollados, el recurso deviene inidóneo para alterar la decisión.
El sistema general de determinación de la pena adoptado por el Derecho Penal Argentino -de penas relativas-, en el que se mencionan pautas de orientación ejemplificadoras, sin determinar no sólo el sentido sino tampoco el valor de cada una de las circunstancias, sólo permite evaluar si las reglas seguidas cumplen con el deber de fundamentación explícita que posibilite el control critico–racional del proceso de decisión (Conf. Sala I TCPBA, causa "Valant" del 14/8/2018; "Carleo" del 21/2/2018; “Manzo” 5/5/20).
No existe norma que establezca determinado método de dosificación de la pena.
En tal sentido la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires ha dicho que: “...Si lo que la defensa pretendía era que además de ello, la decisión hubiera asignado un valor numérico a cada pauta, sumando y restando cada una de ellas sobre algún punto de ingreso a la escala penal, corresponde señalar que esta Corte ha declarado invariablemente que ese método no resulta impuesto por norma alguna...” (SCBA P. 125.464, del 22/12/15, entre otras).
La evaluación conjunta del ilícito, el grado de culpabilidad de la imputada con el correctivo de la peligrosidad y las reglas de los arts. 40 y 41 del Código Penal, no permiten arribar a un monto con exactitud matemática.
Además, cabe mencionar que el principio de proporcionalidad es un elemento distintivo de todo ordenamiento jurídico sometido a los principios del Estado de derecho, compuesto por criterios de idoneidad (para la consecución de su objetivo), necesidad (atendiendo al derecho penal como ultima ratio o in dubio pro libertate) y exigibilidad, que se establece con el fin último de lograr un trato justo y de gravamen adecuado para el ciudadano (HASSEMER, Winfried, “El principio de proporcionalidad como límite de las intervenciones jurídico-penales”, en El principio de proporcionalidad penal, Editorial Ad-Hoc, 2014).
Encuentro razonable y ajustada a las exigencias legales la valoración como agravantes del sufrimiento de la víctima previo al deceso y de la conducta precedente de la imputada en la desatención de su hija menor con problema de hipoacusia. Asimismo el rechazo de las atenuantes pretendidas (la juventud de la imputada y la estrategia de la Defensa en esta sede) deriva de una racional y lógica valoración de las pruebas de la causa y su aplicación acorde a derecho.
En primer lugar, el sufrimiento de la niña en las horas previas al deceso, al menos ocho entre las 15 y las 23 hs. del 28/9/18 -lapso en que estuvo al cuidado de su madre- fue correctamente estimado, en tanto las lesiones externas que presentaba (según el testigo Julio Fernández -su abuelo- tenía “picaduras en la cara y en el brazo”, chorreaba mocos y presentaba una mancha roja en el pecho como si fuera una pisada de una zapatilla, además de las constataciones de la autopsia) y los síntomas como vómitos de color oscuro y decaimiento, observados por la imputada pero ignorados, resultan indicadores múltiples y concordantes en un mismo sentido: que la niña estaba atravesando un dolor físico considerable. Esta situación, sumada a la condición de hipoacusia que dificultaba la comunicación con el entorno, reflejan una defectuosa e insuficiente evaluación de la situación de riesgo y la omisión de la acción debida -llevar a su hija al médico- prolongada en el tiempo permitió la intensificación de ese padecimiento, en un claro incumplimiento de su posición de garante. En definitiva, el estado de la niña fue deteriorándose lentamente con claros signos de esa desmejoría que fueron desatendidos por la imputada.
Por otra parte, en el caso la omisión de brindar los cuidados que su hija menor requería, integra la conducta precedente según el art. 41 CP. La falta de cobertura de las necesidades básicas, como el aseo y la atención de su discapacidad auditiva, así también el dejarla expuesta a la violencia de su pareja, en un estado prácticamente de indefensión -dada su corta edad y las referidas dificultades para comunicarse con el entorno en función de la debilidad auditiva, así lo reflejan.
Las atenuantes pretendidas no son viables.
En igual sentido al indicado en la sentencia, la juventud de la imputada (21 años al momento de los hechos) no importa un menor grado de injusto en sí mismo y, en este caso, la Defensa no demuestra cómo esa sola circunstancia se conecta con la conducta imputada. La alegada inexperiencia e inmadurez de Fernández sólo reflejan un rasgo personal y una interpretación -más benévola- de su contexto, más no comprueba una incidencia para atenuar la gravedad e intensidad de su omisión. En particular, cabe destacar que Julio Fernández (su padre) le recomendó, de manera explícita, que emprenda un curso de acción: que lleve al médico a Z., lo que fue ignorado por la aquí imputada.
Por último, la estrategia asumida por la Defensa en esta sede es un dato totalmente desvinculado de la decisión sobre la determinación de la pena. De ninguna manera se ha probado una situación de indefensión en el trámite procesal y la interpretación de la recurrente sobre las posibilidades recursivas sólo refleja una opinión subjetiva y personal sobre el caso.
Por todo ello, partiendo de la gravedad del hecho y su calificación legal, la calidad de autor (art. 45, CP), la atenuante contemplada (falta de antecedentes penales, p. 3) y las agravantes valoradas (el sufrimiento de la víctima previo al deceso y la conducta precedente en el cuidado de su hija menor con discapacidad, p. 5/6), el monto de diecisiete años y seis meses de prisión fijado, se encuentra dentro del marco penal correspondiente (de seis años y ocho meses a veinte de prisión, conf. arts. 45, 54, 106 tercer párrafo y 107 del CP), ajustándose así, a la necesidad, idoneidad y exigibilidad como criterios propios del principio de proporcionalidad y constituyendo la medida de la culpabilidad de los actos atribuidos (arts. 40 y 41, CP). No compruebo motivos fundados, ni han sido alegados, para imponer el mínimo de la escala, como pretende la Defensa.
Por todo ello, propongo al Acuerdo rechazar el recurso de casación interpuesto en favor de Brenda Nahir Fernández, con costas (arts. 40, 41, 45, 54, 106 tercer párrafo y 107 del CP; 20 inc. 1, 106, 209, 210, 373, 448, 454 inc. 1°, 530, 531, cits. y ccs., CPP). VOTO POR LA NEGATIVA .
A la segunda cuestión planteada el señor juez, doctor CARRAL, dijo:
1. Abro respetuosa disidencia respecto del sufragio del colega que lidera el acuerdo, Dr. Ricardo Maidana, en tanto considero que el tribunal no justificó razonablemente los motivos que lo llevaron a determinar la pena de la acusada.
2. A fin de lograr un correcto abordaje de los agravios de la defensa, corresponde repasar cuáles fueron las agravantes y atenuantes que se discutieron en la audiencia de cesura.
En ese sentido, constato que la fiscal solicitó como agravantes:
(i) “se tenga en cuenta el extraordinario e innecesario sufrimiento que la imputada permitió que su hija padeciera, por alrededor de 8 horas”. En opinión de la fiscal, esa situación excedió al tipo penal y evidenció “la falta de amor o desamor de la imputada hacia su hija, [pues] más allá de conocer o no el cuadro de gravedad, lo cierto es que la dejó sin atención mientras la niña sufría” (pág. 2/3 del registro informático del acta de la audiencia de cesura).
(ii) también solicitó “se tenga en cuenta el incumplimiento de los deberes de madre durante toda la vida de la menor, ya que se constató que la misma estaba sucia, desprolija, con piojos, y no por falta de dinero, y sin intención de mejorar la vida de la hija, ya que era hipoacúsica y nunca le reguló los audífonos que le habían conseguido, permitiendo que la menor viva en un contexto de violencia con su pareja, circunstancias que aumentan el disvalor de acción” (pág. 3, acta audiencia cesura).
2.1. La defensa controvirtió las agravantes requeridas:
(i) En cuanto al “extraordinario e innecesario sufrimiento” invocado por la contraparte, alegó que de la declaración del Dr. Farías, valorada en el veredicto de condena, surgía que la “lesión en el mesenterio que padeció la niña a lo largo de las horas y la hemorragia interna provocada no puede ser observada por cualquier persona, ya que lo único que produce es entumecimiento del abdomen, y solo puede ser determinado por un facultativo y no por una madre” (pág. 3, acta audiencia cesura).
Agregó “que el grado de afecto” que Brenda Fernández “tenía hacia su hija” no era un elemento que pudiera agravar la pena, pues “no llev[ó] al resultado muerte”.
(ii) En cuanto a “los deberes de asistencia que [Brenda Fernandez] no habría cumplido”, enumerados por la fiscal, observó que “no se relaciona
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