Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, Sala I · Causa 129475
La Sala I del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, integrada por los señores jueces doctores Ricardo Maidana y Daniel Carral (art. 451 del Código Procesal Penal), con la presidencia del primero de los nombrados, de conformidad con lo establecido en la Ac. 3975/2020 de la SCBA, procede al dictado de sentencia en el marco de la Causa N° 129.475 caratulada “G.A., J.A. y S.V., D.J. s/ Recurso de Casación (RPJ)”, conforme al siguiente orden de votación: CARRAL - MAIDANA.
I. El Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 1 del Departamento Judicial La Plata -con integración unipersonal y en el marco del procedimiento de juicio abreviado-, el día 14 de noviembre de 2023, en causa N° 2135/2023 (I.P.P. nro. 06-00-057842-22) seguida a los jóvenes G.A., J.A. y S.V., D.J. -ambos de nacionalidad chilena- declaró a los nombrados coautores responsables de los hechos ocurridos el día 24 de diciembre de 2022, en calle 13 A entre 474 y 476 nro. 39 de la localidad de City Bell, Partido de La Plata, en perjuicio de Carlos Mario Gómez (Hecho I), en calle 14 C entre 462 y 464 nro. 933 de la localidad de City Bell, Partido de La Plata, en perjuicio de Mario Nardin (Hecho II) y en calle 14 C entre 462 y 464 nro. 937 de la localidad de City Bell, Partido de La Plata, en perjuicio de Lidia Zurita y Luis Oscar Landolfi (Hecho III), de conformidad con lo normado en los artículos 1, 56 y concs. de la Ley 13.634, 371, 373, 399 y siguientes del Código Procesal Penal.
El mismo día, dictó sentencia en los términos de los artículos 58 de la Ley 13.634, 4 y 8 del Dec.-Ley 22.278, por la que calificó los hechos respecto de los cuales respondían en coautoría los nombrados en los delitos de robo calificado por ser cometido por efracción y por ser cometido en poblado y en banda, en concurso ideal (arts. 54, 167 inc. 2 y 167 inc. 4 en relación al art. 163 inc. 4 del C.P., Hecho I), robo calificado por ser cometido por efracción y en lugar poblado y en banda, en concurso ideal (arts. 54, 167 inc. 2 y 167 inc. 4 en relación al art. 163 inc. 4 del C.P., Hecho II) y robo calificado por ser cometido en poblado y en banda y por el uso de arma, en concurso ideal (arts. 54, 167 inc. 2 y 166 inc. 2 primer párr. del C.P., Hecho III), todos ellos en concurso real (art. 55 C.P.) y acaecidos en la localidad de City Bell, Partido de La Plata, el 24 de diciembre de 2022 -conforme lo resuelto en el auto de responsabilidad-, e impuso a G.A., J.A. la pena de cuatro (4) años y ocho (8) meses prisión de efectivo cumplimiento, más el pago de las costas del proceso y a S.V., D.J., la pena de la pena de cuatro (4) años y tres (3) meses prisión de efectivo cumplimiento, más el pago de las costas del proceso. Asimismo, en lo que aquí es oportuno destacar, resolvió posponer el tratamiento de la solicitud de inicio del trámite de expulsión del país del joven S.V., D.J. al momento procesal oportuno.
II. Frente a la sentencia dictada de conformidad con los artículos 58 de la Ley 13.634, 4 y 8 del Dec.-Ley 22.278, interpuso recurso de Casación la defensa oficial del joven S.V., D.J., agraviándose del monto punitivo alcanzado, por considerar que la decisión resulta arbitraria -conforme los argumentos que expone y que se desarrollan al momento de tratar los agravios- y contraviene la normativa nacional y convencional en la materia, el corpus iuris en materia de infancia y la doctrina emanada de nuestra Corte Suprema de Justicia Nacional. En ese marco, postula que se case la sentencia en punto a la pena establecida y se imponga a su pupilo el mínimo legal, que conforme la escala de la tentativa -aplicada al caso por la jurisdicción- implicaría una pena de dos (2) años y seis (6) meses de prisión.
Asimismo, se haga o no lugar a su pedido, solicita se dé inicio al trámite de expulsión solicitado en los términos del artículo 64 de la Ley 25.871, atento los derechos internacionalmente reconocidos al niño y la demora que per se conlleva el trámite. Hace reserva del caso federal.
III. Por su parte, la defensa particular del joven G.A., J.A. interpone recurso de Casación frente a ambos actos jurisdiccionales. Respecto del auto de responsabilidad dictado en los términos de los artículos 1 y 56 de la Ley 13.634 y concordantes del Código de rito, en lo que aquí es oportuno destacar, denuncia que la sentencia es infundada e inmotivada, atento que el juez no ha dado cuenta de su raciocinio para decidir la coautoría de su pupilo, sino que se ha dedicado a transcribir de modo parcial la prueba -a su criterio escasa- reunida en la investigación, sin que haya elemento alguno que permita ubicar al joven en el escenario de los hechos, denunciando a su vez el absurdo valorativo en la apreciación de la prueba. Frente a ello, considera que debió operar el beneficio de la duda y postula, en consecuencia, su absolución, conforme el artículo 1° del Código Procesal Penal.
Subsidiariamente, adhiere al recurso de la defensa oficial del coimputado, al cual se remite en orden a la brevedad en todos sus términos. Hace reserva del caso federal.
IV. Practicado que fuera el sorteo de rigor y notificadas las partes, el recurso radicó en la Sala.
La representante del Ministerio Público Fiscal postuló el rechazo de ambos recursos por resultar improcedentes.
Respecto de la pena considera que “las argumentaciones de la defensa en torno a la justeza de la pena impuesta solo trasuntan su opinión personal a ese respecto, pero no demuestran que la sanción escogida resulte desproporcionada ni contraria a l[o]s principios invocados, ni tampoco a las pautas establecidas en la normativa y precedentes que se citan, y menos aún que atente contra la finalidad de resocialización”.
En cuanto a la solicitud de expulsión del país del joven S.V., D.J., entiende que asiste razón al magistrado, en cuanto a que no es este el momento procesal oportuno para su abordaje.
Finalmente, en cuanto a los agravios esgrimidos por la defensa del joven G.A., J.A., vinculados a su coautoría, considera que el juez abordó las probanzas que las partes acordaron se erijan como prueba en el marco de juicio abreviado, sin que la defensa pueda desvirtuar el razonamiento expuesto en la decisión jurisdiccional impugnada, pues el itinerario lógico seguido satisface -a su criterio- las exigencias del art. 210 del C.P.P..
El defensor ante esta Casación, al tomar vista, solicitó audiencia conforme lo establecido en el artículo 60 de la ley juvenil, la cual se llevó a cabo, respecto de ambos jóvenes, el día 7 de marzo de 2024.
Conforme lo expuesto, encontrándonos en condiciones de resolver, el Tribunal decide plantear y votar las siguientes
Primera: ¿Son procedentes los recursos de casación interpuestos por las defensas de G.A., J.A. y S.V., D.J.?
Segunda: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión el señor juez doctor Carral dijo:
Dado el contenido de los recursos presentados, invertiré el orden de tratamiento por razones expositivas.
En primer término, me expediré con relación al recurso impetrado por la defensa particular de G.A., J.A., en tanto cuestiona el auto de responsabilidad en punto a la participación del joven en los hechos endilgados y que se han dado por probados, sin que sea cuestionada, ni su existencia, ni la materialidad infraccionaria narrada.
En segundo término, abordaré en conjunto ambos recursos en punto al monto punitivo arribado, atento que así lo ha querido la defensa de G.A., J.A., al remitir en todos sus términos al recurso impetrado por su colega, ello, sin perjuicio de advertir dos limitaciones en tal proceder.
En primer lugar, y con especial cuidado en el fuero penal juvenil, la determinación punitiva adquiere ribetes específicos dado el fin pedagógico y resocializador de la pena en la justicia especializada, que excede el juicio a realizar en punto a la necesidad de la pena, sino que atravesado positivamente el mismo, impone a la jurisdicción la consideración del resultado del tratamiento tutelar llevado adelante por cada joven, a fin de determinar, en aras a los principios rectores del fuero y con base en el interés superior del niño (arts. 4 y 10 Ley 13.298, 33 y 36 Ley 13.634), cual es la respuesta adecuada a cada caso; a lo que se aduna la situación personal, el contexto y su mayor o menor vulnerabilidad, como así también la impresión personal que le ha causado al sentenciante; en tanto, ese grupo de consideraciones van a permitir vislumbrar en concreto las necesidades de cada joven en la respuesta propiciada, siempre teniendo en miras que la privación de libertad en la justicia juvenil no solo es excepcional, sino que en caso de proceder, debe hacerlo por el tiempo más breve posible (art. 75 inc. 22 C.N., 3 y 37 de la C.I.D.N.).
En ese marco, como se verá en detalle al abordar este tramo del recurso, las situaciones contextuales de cada joven deben ser ponderadas subjetivamente.
La segunda limitación de la remisión subsidiaria realizada por la parte al recurso impetrado respecto de S.V., D.J., atiende al reclamo vinculado al trámite de expulsión del país. Dada la naturaleza personalísima del trámite, los derechos irrenunciables que involucra y las constancias de la causa que dan cuenta que G.A., J.A., sí se halla acompañado en el país por su círculo familiar inmediato, a diferencia de la situación contextual de S.V., D.J., quien carece de todo acompañamiento, no es posible que tal remisión genérica alcance este tramo.
El Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 1 de La Plata, al momento de resolver el auto de responsabilidad, tras declarar la admisibilidad de la propuesta de juicio abreviado presentada (cuestión previa), tuvo por probados los siguientes hechos (cuestión primera), cuya existencia y materialidad infraccionaria narrada no ha sido cuestionada:
Hecho I: “… el día 24 de diciembre de 2022, siendo aproximadamente la hora 16.00, en las calles 13 A entre 474 y 476 nro 39 de la localidad de City Bell Partido de La Plata, cuatro personas de sexo masculino, dos de ellos menores de edad, ingresaron al domicilio mencionado, propiedad de Gómez Carlos Mario, previo violentar la puerta de ingreso y reja delantera, y una vez en su interior reducen bajo amenazas al propietario para apoderarse ileg[í]timamente de un teléfono celular Samsung Galaxi J7 y la suma de aproximadamente 2.000 d[ó]lares para emprender la fuga del lugar a bordo de un vehículo Ford modelo fiesta de color blanco dominio AA285RL” .
Hecho II: “ Luego de cometido el hecho I, el mismo día 24 de diciembre de 2022 a la hora 16:30 aproximadamente en el domicilio sito en calle 14 c entre 462 y 464 nro 933 de la localidad de City Bell las mismas cuatro personas de sexo masculino previo violentar y dañar dos puertas de ingreso a la vivienda, ingresan al domicilio propiedad de Mario Nardin, y al arribar a la propiedad sus vecinos Lidia Zurita y Luis Oscar Landolfi son sorprendidos por los sindicados, quienes golpean en la cabeza al señor Landolfi, quien perdió el conocimiento en el acto, utilizando una barreta, golpes de puños, profiriéndoles amenazas con cuchillos a este y su esposa les sustraen las llaves de ingreso al domicilio propiedad de Lidia Zurita y se apoderan ilegítimamente de cadenas de plata y oro, anteojos de sol y la suma de dinero de aproximadamente 30.000 pesos habidos en el interior del inmueble, propiedad de Nardin”.
Hecho III: “… luego de cometido el Hecho II , las mismas personas de sexo masculino que se habían apoderado de las llaves del domicilio de Lidia Zurita y Luis Oscar Landolfi sito en calle 14 c entre 462 y 464 nro 937 de la localidad de City Bell, y arrastrando de los pelos a la Sra. Zurita a quien exigían decir donde estaba el dinero, se apoderan ilegítimamente de un celular marca Apple mini 13 con funda transparente, un reloj digital Huawei con malla de goma rosa, las llaves de sus dos vehículos, joyas, notebook Apple, notebook Access o Dell, 6 esclavas de oro, un celular Apple 8 Plus, un celular Apple 7, dinero en efectivo, 30.000 pesos aproximadamente, 10.000 d[ó]lares y aproximadamente 1.600 euros, unas joyas familiares a saber : dos anillos de oro con un diamante, anillo de oro con rub[í] grande, un anillo de oro con una amatista, tres alianzas de oro, un pastillero de plata con un Cristo tallado, una anillo de platino con diamantes, un reloj electrón sin tapa, es un reloj antiguo, un reloj Enigma antiguo, un reloj con pulsera elástica de plata y oro, un reloj Omega de oro, un traba corbata con las iniciales L.O.L y otro que dec[í]a Oscarcito, un reloj Vulcan, un llavero con cadena de oro y uno con 10 francos de plata, un reloj Ecodriver Citizen, un reloj Swatch, un reloj con cadena de la NASA, es un reloj de bolsillo, esclava de oro, una caja con tres botellas de champagne pintadas por pintores reconocidos, un frasco de perfume Invictus y un perfume Y de Yves Saint Laurent, dos mochilas una Samsonite y una Adidas celeste o azul y una funda de almohadón que se encontraban en el interior del inmueble.
Que alertado personal policial, se comienza la búsqueda del rodado Ford Fiesta Dominio AA285RL y al avistarlos se inicia una persecución que finaliza en las calles 1 y 50 de Villa Elisa, momentos en que las cuatro personas de sexo masculino emprenden la fuga a pie, siendo posteriormente aprehendidos; incautándose parte de la res furtiva”.
Conforme surge del acta de audiencia a tenor del artículo 398 del Código Procesal Penal y concordantes de la ley especial, que tengo a mi vista, la misma se celebró el 7 de noviembre de 2023 con presencia de las partes involucradas, prestando conformidad las defensas y los imputados al acuerdo propiciado, la calificación y la pena que como tope máximo de impuso (5 años de prisión), sin perjuicio de adelantar la defensa oficial la solicitud de aplicación de la escala de la tentativa en la determinación punitiva -de corresponder-, de conformidad con lo normado en el artículo 4 del Dec.-Ley 22.278 y, conforme ello, la imposición de una pena de dos (2) años y seis (6) meses de prisión, mínimo legal resultante de la aplicación de la escala propuesta. También surge del acta respectiva que solicitó que se diera inicio al trámite de expulsión del país de S.V., con lo cual se deduce que ha dado cuenta -conforme expresa en su escrito recursivo- de la situación familiar personal que rodea al joven.
Por su parte, la defensa particular de G.A., se remitió a los planteos realizados por su colega preopinante, lo cual es importante destacar en este punto, dado que no ha cuestionado en la oportunidad que tuvo al efecto la participación del joven en los hechos.
Cabe recordar, tal como lo he dejado sentado en anteriores pronunciamientos, que el procedimiento adoptado no impide a la defensa introducir aquellas cuestiones que estime pertinentes a los efectos de la consideración del tribunal de mérito; por lo cual, la conformidad prestada en el acuerdo de juicio abreviado, sin que se introdujera alguna objeción respecto de las circunstancias que -en esta instancia- cuestiona, implicó la aceptación de aquéllas tal como han sido receptadas en la sentencia en crisis.
Al respecto ha señalado nuestro máximo tribunal provincial que “…la doctrina de los actos propios enseña que la adopción de un temperamento discrecional importa ausencia de gravamen atendible, ya que nadie puede ponerse en contradicción con sus propios actos ejerciendo una conducta incompatible con otra anterior deliberada, jurídicamente relevante y plenamente eficaz (conf. mis votos en causas P. 125.050, sent. de 22-VI-2016; P. 126.850, sent. de 19-IV-2017 y P. 135.436, sent. de 29-X-2021 también aplicada por la Corte federal en Fallos: 285:410 y sus citas; 297:27;.299:89; 305:568; 307:599, 635 y 1582; 308:1175 y 2405; 310:884; 315:369 y 317:655)” (del voto de la Dra. Kogan, con adhesión de sus colegas, causa P. 135.113, rta. 15/02/2023).
Sentado lo expuesto, huelga precisar que conforme emerge del auto de responsabilidad, las partes no han planteado eximentes, ni el juez las ha encontrado, ni se han postulado atenuantes y agravantes, expidiéndose en igual sentido la jurisdicción.
Al momento de dictar la sentencia que importa definir la calificación atribuida a los hechos dados por probados y la necesidad de pena y, en caso positivo, su determinación, la atribución jurídica asignada a los eventos coincide con la postulada en el acuerdo y no ha sido objeto de agravio por parte de las defensas, con lo cual, arriba firme a esta instancia.
Si bien la defensa de S.V. -con adhesión de su colega- ha planteado en la audiencia realizada que no correspondía expedirse en esta instancia respecto a la necesidad de pena y determinación en su caso, el juez ha explicitado en su sentencia que se cumplen los requisitos establecidos en el artículo 4 del Dec.-Ley 22.278, al haberse decretado la responsabilidad de los jóvenes, contar con 18 años de edad al momento de la decisión, y encontrarse privados de libertad desde el día de los hechos (esto es, desde el 24 de diciembre de 2022) y como tal, sujetos al abordaje socio-educativo que permite ponderar la prisión preventiva sufrida en los términos del año tutelar, adicionando a ello que el artículo 8 de la norma especial habilita, en el caso, suplir el tratamiento tutelar por un amplio informe, con lo cual está en condiciones de decidir.
Efectivamente, en igual sentido se ha expedido nuestro Máximo Tribunal provincial en causas nro. P. 112.915, sent. 30/10/2013; P. 113.672, sent. 11/06/2014; P. 121.683, sent. 11/04/2018; P. 119.086 y acum. P. 120.982, sent. 19/09/2018; P. 126.770, sent. 10/10/2018, entre otras. En todo caso, las partes no han cuestionado la decisión jurisdiccional de expedirse respecto al tópico, ni la necesidad de pena resuelta en el caso concreto, con lo cual la cuestión queda zanjada.
Sí han cuestionado la determinación punitiva alcanzada, a la cual, adelanto, haré lugar, conforme abordaré oportunamente.
III. Recurso impetrado por la defensa de G.A., J.A., en el tramo correspondiente al agravio vinculado a la acreditación de su coautoría en los hechos que se han dado por probados
1. La defensa de G.A., ha postulado de modo intempestivo en esta instancia, la resolución que tiene por acreditada la coautoría de su pupilo, ello así por considerar que la sentencia no se autoabastece, no ha explicitado el razonamiento llevado a cabo para decidir, sino que, por el contrario, la instancia a su entender se “limitó a transcribir algunos testimonios (victimas, personal policial) sin dar explicaciones de por qué excluyo otros (la falta de elementos que acrediten la presencia de mi asistido en el lugar de los hechos, la detención horas más tarde sin elementos en su poder, etc.), cuando existe simetría de interés, y cuáles fueron las razones por las que se decidió en tal sentido. Es decir, si bien es el juez el encargado de seleccionar la prueba que le resulta más convictora, dicha selección no lo exime de explicar porque excluye la prueba de descargo del imputado (defensa material)”.
Ahora bien, sin perjuicio que lo expuesto precedentemente no se compadece con la operación realizada por el magistrado, la parte no solo no da cuenta de cuál es su hipótesis alternativa, sino qué tampoco reseña que elementos de descargo el magistrado excluyó, ni a partir de qué elementos puede refutar la decisión que ataca.
Veamos qué elementos ha ponderado el juez a los fines cuestionados, sin dejar de recordar que los elementos de convicción reunidos se erigen como prueba con motivo del acuerdo alcanzado y no han sido ni en el escrito recursivo, ni con antelación al mismo, cuestionados en su fiabilidad.
2. El juez ha ponderado que los hechos -que huelga reiterar, no han sido cuestionados en su existencia- se dieron en flagrancia y de modo sucesivo, siendo alertado el personal policial vía el 911, realizando un operativo cerrojo a fin de lograr la reducción de los suje
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