Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, Sala I · Causa 125445
La Sala I del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, integrada por los señores jueces doctores Ricardo Maidana y Daniel Carral (art. 451 del Código Procesal Penal), con la presidencia del primero de los nombrados, de conformidad con lo establecido en la Ac. 3975/2020 de la SCBA, procede al dictado de sentencia en el marco de la Causa N° 125445 (IPP 1301-6500-18) caratulada “BRIZUELA, SABRINA FERNANDA S/ RECURSO DE CASACION”, conforme al siguiente orden de votación: MAIDANA - CARRAL.
El 14 de abril del año 2023, el Tribunal de Jurados dictó veredicto de culpabilidad, por unanimidad de sus doce (12) miembros, respecto de Sabrina Fernanda Brizuela, como autora del delito de homicidio calificado por el vínculo .
Tras ello, y celebrada la audiencia de cesura de juicio, la Jueza del Tribunal en lo Criminal N° 1 del Departamento Judicial Quilmes, Dra. María Cecilia Maffei, mediante sentencia dictada el 24 de abril de 2023, condenó a la nombrada, a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas (art. 80 inc. 1, CP), que, a la vez, se unificó con la de dos (2) años y diez (10) meses de prisión, cuya condicionalidad fue revocada, más accesorias legales y costas, impuesta por ese mismo Tribunal, el 3 de abril de 2017 en el marco de la causa n° 3214/2015 como autora del delito de robo (art. 164, CP), dictándose asi, en definitiva, la pena única de prisión perpetua (art. 58, CP).
Los Defensores Oficiales, Dr. Ignacio Tranquilini y Dra. María Mercedes Bussola, interpusieron recurso de casación.
La causa ingresó a la Sala I de este Tribunal con fecha 5 de octubre de 2023, se encuentra en estado de dictar sentencia, por lo que se dispone plantear y resolver las siguientes:
Primera: ¿Es admisible el recurso interpuesto?
Segunda: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada, el señor juez, doctor Maidana , dijo:
El recurso fue interpuesto por quienes se encuentran legitimados, en debido tiempo y contra una sentencia condenatoria dictada en juicio por jurados, por lo que se encuentran reunidos los recaudos formales y satisfechos los requisitos de admisibilidad previstos legalmente (arts. 18 y 75 inc. 22 CN; 8.2.h CADH; 14.5 PIDCP; 20 inc. 3, 448 bis, 450, primer párrafo, 451, y 454 inc. 1 CPP).
Voto por la afirmativa.
A la misma primera cuestión planteada el señor juez, doctor Carral , dijo:
Adhiero al voto de mi colega preopinante en igual sentido y por los mismos fundamentos.
Voto por la afirmativa.
A la segunda cuestión planteada el señor Juez, doctor Maidana , dijo:
Los impugnantes dedican un capítulo preliminar en el recurso, a desarrollar las razones por las cuales el presente caso debió ser tramitado y resuelto con “perspectiva de género”, lo que no ocurrió. Dan ejemplos que lo revelan, para concluir que, con esa omisión, se vio afectada la “imparcialidad” del jurado y, en consecuencia, el veredicto y el juicio precedente deben ser declarados nulos, por la vulneración de la citada garantía constitucional. Exponen, que la exigencia de un juzgamiento con perspectiva de género se refleja a partir de la historia familiar y el vínculo entre padre e hija, que incidió tanto en la formación de la personalidad de Sabrina, como así también fue el disparador que produjo su acción violenta en un pasaje al acto.
Detallan que, desde temprana edad, vivenció actos de violencia -física y verbal- por parte de su padre hacia su madre: Norma Aslan, que derivó en la condena de Raúl Brizuela por el delito de lesiones leves calificadas por el vínculo, en causa j-597 de fecha 6/11/2003 por el Juzgado en lo Correccional n.º 2 de Quilmes. Agregan que, a partir de allí, Sabrina fue alternando entre el domicilio de su madre y su padre, con quien vivió hasta los doce años de edad, que en dicha vivienda fue abusada sexualmente en forma reiterada -cuando su padre se emborrachaba-, mediando acceso vaginal y oral. Que la violencia de género la padeció luego en las relaciones de pareja que entabló con quienes fueron los padres de sus hijos.
Añaden que, las circunstancias derivaron en que la Fiscalía sostuviera, en un acuerdo de juicio abreviado, que el hecho de homicidio calificado que se le atribuye fue llevado a cabo bajo “circunstancias extraordinarias de atenuación”, en los términos del art. 80 inc. 1 y última parte del Código Penal, y pidió la pena de ocho años de prisión, que fue rechazado por extemporáneo. Manifiestan, que “este contexto, que fuera luego reproducido en la audiencia de debate, fue analizado sin perspectiva de género por parte del jurado popular, sea porque no les fue indicado en las instrucciones generales dictadas por la Jueza Directora, sea porque el veredicto de culpabilidad fue manifiestamente contrario a la prueba producida en el juicio…”.
Cuestionan la ausencia de instrucción a los jurados sobre perspectiva de género y el modo de valorar el testimonio de peritos, con afectación de la imparcialidad del juzgador y un grave error de procedimiento. Destacan al respecto, que la trascendencia de esta omisión en las instrucciones finales, resulta reveladora a partir del contenido del alegato de clausura de la Fiscal, pues efectuó diversas consideraciones que van en contra de un razonamiento libre de prejuicios y estereotipos contra las mujeres víctimas de violencia de género, concretamente al poner especial énfasis -y haber centrado en ello sus interrogatorios- en que los dichos de las psicólogas tenían como fuente sólo el relato de la imputada y remarcar que ésta última volvía al domicilio de su padre una y otra vez.
En la misma línea, advierten que las instrucciones finales generales elaboradas por la Juez, "adolecieron de otra omisión que para el caso resultaba indispensable para que el jurado se motivara fundadamente, cual es en el caso instrucciones específicas sobre cómo se deben valorar los testimonios de los peritos". Aclaran, que la ausencia de pedido expreso de la Defensa de incluir esas dos instrucciones generales, no impide que la casación ingrese a evaluar los defectos antes reclamados, pues son de una entidad tal que condicionaron gravemente el dictado del veredicto de culpabilidad. Señalan que no hubo instancia de debate sobre las instrucciones finales generales, sino que fueron elaboradas de oficio por la Juez técnica, de modo tal que, en concreto, no se cumplió con el art. 371 bis del CPP.
Consideran, que las omisiones apuntadas son de una entidad tal que permiten superar la ausencia de reclamo previo. Por otra parte, plantean que al dictar el veredicto el jurado se apartó manifiestamente de la prueba producida (art. 448 bis inc. d), CPP). Así, reiteran que la teoría del caso de la defensa encontró respaldo en el debate mediante: la declaración de la imputada; de su madre, Norma Aslan; de la pareja de ésta última, Orlando Coria; como de la primera, José Luna; de la hermana de la encausada e hija de la víctima, Laura Brizuela: de quien estaba al cuidado de L. -hija menor de la inculpada-, Karina Altares; de María Laura Bianchini, que se desempeñaba como coordinadora del ex Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad de la Nación; y, fundamentalmente, de las psicólogas, Liliana Camarón (perito del Equipo Técnico de la Defensoría General de Quilmes), Patricia Leyes (perito de la Asesoría Pericial), y Florencia Borgoglio (psicóloga del Anexo Psiquiátrico Femenino de la Unidad Carcelaria nº 45 de Melchor Romero y el médico psiquiatra Rodolfo Fernández Trillo, de la misma Unidad.
Sostienen que, frente a ese cuadro probatorio contundente, la prueba de la Fiscalía para desvirtuarla se centró en el testimonio de las psiquiatras Adriana Leban (de la Asesoría Pericial) y Sandra Ricagno (del Equipo Técnico de la Defensoría General de Quilmes), cuyas conclusiones califican de inconsistentes, dando las razones en que se basan. Invocan, a todo evento, la existencia de “duda razonable”. En subsidio, expresan que "toda la prueba del debate demostró que la acción de Sabrina, de considerarla imputable, enmarcaba sin lugar a dudas en la figura atenuada del art. 80 último párrafo del Código Penal", tal como lo propició la fiscal en el acuerdo de juicio abreviado. Conforme todo lo expresado, en definitiva, solicitan que se haga lugar al recurso y se revoque el veredicto del jurado por apartarse en forma manifiesta de la prueba producida durante la audiencia de debate.
Subsidiariamente, se decrete la nulidad del veredicto por haberse afectado la imparcialidad del jurado (artículos 202.1 y 203 del C.P.P., 18 y 75.22 de la Constitución Nacional, en función de los artículos 8.1 de la CADH, 14.1 del PIDCP y 7.b de la Convención de Belem do Pará). Hacen reserva del caso federal.
La Defensora Adjunta de Casación, Dra. Ana Julia Biasotti, interinamente a cargo de la Defensoría de Casación Penal, solicita se resuelva en el sentido requerido en el recurso de casación por los fundamentos traídos en él, que mejora, y que se adopten las soluciones allí reclamadas (cfr. escrito del 10/9/2023).
La Fiscal Adjunta de Casación, Dra. Daniela Bersi, en su memorial de fecha 29/09/2023, propicia el rechazo del recurso interpuesto.
Limitados de tal modo los motivos de agravio consignados por los impugnantes, el conocimiento del proceso se circunscribirá a lo que fuera expuesto (art. 434 y ccs., CPP; v. TCPBA, Sala I, c. 77.217, “Sosa, Leandro Ezequiel s/ Recurso de Casación”, sent. del 06 de julio de 2016, reg. 558/16; c. 79.219, “Amarilla Bruno Ezequiel s/ Recurso de Casación”, sent. del 15 de noviembre de 2016, reg. 973/16; c. 79.427, “Díaz Nuñez, Jonathan Gonzalo s/ Recurso de Casación”, sent. del 15 de noviembre de 2016, reg. 979/16; entre muchas otras).
El recurso habrá de prosperar parcialmente.
Conforme el contenido de la impugnación en tratamiento, y atento a lo vertido en su capítulo preliminar, como por una cuestión de orden lógico, se impone primero determinar si el jurado recibió las instrucciones necesarias que el caso exigía, para decidir en el marco de las garantías constitucionales, genérica del debido proceso y específica de imparcialidad; concretamente, la relativa al juzgamiento del caso con "perspectiva de género"; para luego, de corresponder, proceder a la revisión de la suficiencia probatoria (arts. 5, 18, 28, 31, 33 y 75 inc. 22, CN; 371 ter, CPP).
Ello sin perjuicio de advertir que la teoría del caso de la Defensa en el juicio no resulta coherente con el eje central sobre el que se asienta el recurso interpuesto, con lo que omitió plantear la posibilidad de evaluar desde la perspectiva de género cuestiones relevantes vinculadas al caso, en desatención -entre otras- de la doctrina de la CSJN en la causa "Romero" del 29/10/2019 o del Tribunal de Casación, sala 6, en "López", n° 69965 y Acum. n° 69966, sent. del 5 de julio de 2016; ya sea para decidir sobre la antijuridicidad, en un supuesto de no confrontación inmediata, por reconducción del daño al propio lesionado, en cuyo caso hubiera sido competente por aquél, o alguna situación de inexigibilidad.
La Defensa, en sus intervenciones en el debate, solo hizo alusiones tangenciales a la necesaria tramitación del caso con un enfoque de género como condición de legitimidad del enjuiciamiento a llevarse a cabo por parte de los integrantes del jurado, sin que de sus alegatos e intervenciones se desprenda con la necesaria nitidez lo que implica dicha actividad, sus características diferenciadoras, déficit que se cristaliza con la falta de propuestas de instrucciones que los ilustren y den cuenta de ello, siguiendo los lineamientos establecidos sobre la materia por la CSJN (CSJ 3073/2015/RH1 "Pérez, Yésica Vanesa s/ homicidio simple", sent. 10/12/2020; L. 421. XLIV. "Leiva, María Cecilia s/ homicidio simple", sent. 1/11/2011; CSJ 733/2018/CS1 "R, C E. — s/ recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 63.006 del Tribunal de Casación Penal, Sala IV, sent. 25/10/19").
Tampoco la Jueza profesional que dirigía el debate cumplió en el caso con el deber constitucional de impartir dichas instrucciones, que es lo que lleva, en definitiva, a que la impugnación resulte parcialmente procedente..
El fundamento jurídico de lo dispuesto se desprende, esencialmente, de lo prescripto por el art. 75 inc. 22 de la CN, al otorgar jerarquía constitucional a la "Convención de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW, 1979)", y jerarquía superior a las leyes a la "Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer o Convención de Belém Do Pará (1994)", en consonancia con el principio de jerarquía normativa del art. 31, y el texto de su art. 5, que obstan la convalidación de cualquier normativa provincial o interpretación de la misma, en su caso del CPPBA, con un alcance contrario.
Así, las obligaciones internacionales asumidas por la República Argentina a través de la ratificación y jerarquización constitucional de ciertas normas del derecho internacional de los derechos humanos (art. 75 inc. 22), establecen la necesidad de cambios coyunturales en las leyes y la administración de justicia. Dentro de dicha normativa se encuentra la Convención de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW, 1979). Esta Convención tiene el objetivo, ni más ni menos, de incorporar la mitad femenina de la humanidad a la esfera de los derechos humanos, en palabras propias de su texto. Esta incorporación implica no sólo la reafirmación de la igualdad de género frente a los derechos y, en consecuencia, el respeto de la dignidad humana, sino también la incorporación de medidas o planes de acción que los Estados deben llevar a cabo con el fin de cumplir con los requisitos establecidos en dicho instrumento jurídico. De estos fines normativos, de garantizar las obligaciones estatalmente asumidas, es de donde surge el concepto de “perspectiva de género.”
Lo propio surge de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer o Convención de Belém Do Pará (1994), de cuyo texto se infiere la necesidad de aplicar una perspectiva de género, a raíz del reconocimiento de que los patrones socioculturales y las relaciones históricamente desiguales han generado la violencia contra la mujer en todas sus formas. Así queda también expresamente establecida esta perspectiva en la legislación nacional a través de su incorporación expresa en la Ley 26.485 de Protección Integral de las Mujeres.
La perspectiva de género implica, entonces, “el proceso de evaluación de las consecuencias para las mujeres y los hombres de cualquier actividad planificada, inclusive las leyes, políticas o programas, en todos los sectores y a todos los niveles. Es una estrategia destinada a hacer que las preocupaciones y experiencias de las mujeres, así como de los hombres, sean un elemento integrante de la elaboración, la supervisión y la aplicación de las políticas y los programas en todas las esferas políticas, económicas y sociales, a fin de que las mujeres y los hombres se beneficien por igual y se impida que se perpetúe la desigualdad. El objetivo final es lograr la igualdad [sustantiva] entre los géneros” (ONU Mujeres, 2016). Continúa afirmando la ONU que “la incorporación de una perspectiva de género integra la igualdad de género en las organizaciones públicas y privadas de un país, en políticas centrales o locales, y en programas de servicios y sectoriales. Con la vista puesta en el futuro, se propone transformar instituciones sociales, leyes, normas culturales y prácticas comunitarias que son discriminatorias” (Ob. cit.).
El análisis exhaustivo de la situación de desigualdad global de los géneros, ha concluido que la concepción androcéntrica de la humanidad dejó fuera a la mitad del género humano, es decir, a las mujeres. Y a pesar de existir en un mundo genéricamente desigual, las mujeres han sido realmente relevantes en cada uno de los aspectos propios de las distintas sociedades que se fueron desarrollando a lo largo de la historia. La perspectiva de género tiene como uno de sus fines contribuir a la construcción subjetiva y social de una nueva configuración a partir de la resignificación de la historia, la sociedad, la cultura y la política desde una perspectiva inclusiva de las mujeres.
Esta perspectiva reconoce, asimismo, la diversidad de géneros y la existencia de las mujeres y los hombres, como un principio esencial en la construcción de una humanidad diversa y democrática. Sin embargo, esta perspectiva plantea a su vez, que la dominación de género produce la opresión de género y ambas obstaculizan esa posibilidad. Una humanidad diversa y democrática requiere que mujeres y hombres (refiriéndonos puramente al sistema binario al solo efecto de clarificar conceptualmente para el presente caso) seamos diferentes de quienes hemos sido, para ser reconocidos en la diversidad y vivir en la democracia genérica (Larrauri, E., “Desigualdades sonoras, silenciosas y olvidadas: género y derecho penal.” Anuario de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid, ISSN 1575-8427, Nº. 13, 2009, págs. 37-55).
El derecho y la administración de justicia no pueden ser ajenos a ello. Y en consecuencia, la perspectiva de género debe ser entendida como comprensiva también del derecho en general y del derecho penal en particular. En lo que respecta a la perspectiva de género en el campo puramente legal, cabe destacar la doctrina jurisprudencial surgida en los países escandinavos en la década del 70, que se fundamenta en la determinación discriminadora de la ley actual y en la necesidad de un cambio con una perspectiva de género en la interpretación judicial, ya que facilitaría velozmente la adecuación del sistema jurídico a la igualdad empírica. Esta corriente doctrinaria, sostiene que la jurisprudencia existente es masculina porque responde a la conexión entre las leyes de un sistema patriarcal y los seres humanos, leyes que presumen que dichos seres humanos son hombres (Patricia A. Cain, “Feminist Jurisprudence: Grounding the Theories,” 4 Berkeley Women's L.J. 191 (1989), 2013. Disponible online en: http://scholarship.law.berkeley.edu/bglj/vol4/iss2/1).
Así pues, corresponde a la ley incluir a todos quienes pertenecen a la sociedad en diversidad de género, pero también a quienes formamos parte del sistema de justicia corresponde realizar una interpretación legal abarcativa de esta perspectiva.
Cuando abordamos el análisis de la perspectiva de género particularmente en el derecho penal, las distintas posturas tendientes a la igualdad de género han sostenido que tanto las normas penales como la aplicación que de ellas hacen los jueces, están dotadas de contenido desigual, porque normalmente los requisitos que rodean su interpretación han sido elaborados por hombres pensando en una determinada situación o contexto. Por consiguiente, cuando el juez aplica la norma tal como ésta ha sido comúnmente interpretada en la doctrina y precedentes, la norma reproduce los requisitos y contextos para los cuales ha sido ideada y desde este punto de vista tenderá a discriminar a la mujer, puesto que ni su género ni el contexto en el cual la mujer necesita de la norma, han sido tenidos en consideración al elaborar los requisitos.
Entonces, la aplicación de una perspectiva de género en el análisis de la normativa, persigue el fin de crear un derecho verdaderamente igualitario e inclusivo –de la otra mitad de la población-, en donde los paradigmas propios de las sociedades androcéntricas sean finalmente destruidos.
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.