Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, Sala I · Causa 124974
La Sala I del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, integrada por los señores jueces doctores Ricardo Maidana y Daniel Carral (art. 451 del Código Procesal Penal), con la presidencia del primero de los nombrados, de conformidad con lo establecido en la Ac. 3975/2020 de la SCBA, procede al dictado de sentencia en el marco de la Causa N° 124974 (IPP 0201-2872-19) caratulada “SUAREZ, GUSTAVO ANDRES S/ RECURSO DE CASACION”, conforme al siguiente orden de votación: CARRAL - MAIDANA.
El Tribunal de Jurados se pronunció, con fecha 31 de marzo de 2023, dictando veredicto de culpabilidad respecto de Gustavo Andrés Suarez por los delitos de abuso sexual simple y abuso sexual con acceso carnal agravado por haber causado un grave daño en la salud mental de la víctima, en ambos casos por mayoría de diez votos. Celebrada la audiencia de cesura de juicio, la Dra. Verónica Vidal, jueza integrante del Tribunal en lo Criminal de Tres Arroyos, lo condenó a la pena de veinte (20) años de prisión, accesorias legales y costas (arts. 55, 119, incs. 1ero., 2do. y 4to. “a”, Cód. Penal).
1. La defensora oficial, Dra. Laura Pereyra, interpuso recurso de casación.
Explica que en los términos del art. 375 bis del CPP requirió la nulidad de del veredicto de culpabilidad que dictó el jurado, por contaminación y desviación de la decisión de sus miembros, planteo que fue rechazado en forma arbitraria por la jueza que dirigió el debate.
Insiste sobre la nulidad del juicio y, en consecuencia, del veredicto de culpabilidad de su asistido.
Alega que se vulneró el derecho a contar con un juez técnico imparcial, pues la magistrada “contribuyó con sus decisiones a incorporar información impertinente, dañina para el caso y de baja calidad, exponiendo al jurado a lidiar con (…) información sumamente sensible, por la materia que se debatía, lo que evidentemente generó un prejuicio insalvable en el ánimo de quienes debían arribar a una decisión” (pág. 3 del registro informático del recurso), a punto tal que al momento de dictar el veredicto se apartaron de la prueba rendida en el juicio, directamente vinculada al hecho que se estaba juzgando, o al menos de la que imponía una duda razonable en favor del acusado.
Agrega que de ese modo se vulneró el derecho a un juicio justo y a una defensa técnica eficaz, y el respeto a los principios que rigen el sistema adversarial, todas cuestiones de carácter constitucional (pág. 3 del registro informático del recurso).
En ese sentido, expone cual fue la teoría del caso que sostuvo a lo largo del proceso y durante el juicio: dijo que Suarez se encontraba privado de su libertad al momento en que la joven M.D. ubicó la comisión de los abusos sexuales de los que habría sido víctima.
Señala cómo se inició la investigación del caso (en el año 2019), por la denuncia de un médico del área de salud mental del hospital local, al que la adolescente le manifestó que había sido víctima de abuso sexual cuando era chica, sin mencionar al posible autor. También habló de los maltratos de su padre.
Que en el año 2021 se le recibe declaración a M.D. (en los términos del art. 102 bis, CPP), donde indica como autor de los abusos a Gustavo Suárez, que “habrían acontecido cuando ella tenía '5 y 6' años de edad y el nombrado era pareja de su abuela” (pág. 5, recurso).
Agrega que la videograbación de la cámara Gesell da cuenta que se hizo un receso, y al reiniciarse la declaración se le pregunta a M.D. “de manera indicativa”, “vos ibas a la Escuela en esa época?”, en referencia a la comisión de los delitos, respondiendo M.D. “al jardín, al de la Escuela 26” (pág. 5, recurso).
Seguidamente, señala que esa defensa acompañó como prueba comprobantes de que Suarez “estaba privado de su libertad cuando M.D. tenía esa edad” (5 o 6 años), y que conforme su certificado de nacimiento, M.D. “tenía ya 8 años de edad cuando él recupera su libertad” (pág. 5, recurso).
2. Sobre la actuación de la jueza técnica:
Expone que, en el ofrecimiento de prueba, la fiscal propuso como testigos para examinar frente al jurado -entre otros- a N. A., “víctima de un hecho anterior de índole sexual por el cual fue condenado Gustavo Suárez”, y a tres familiares de ella (Sandra Martínez, Juan Marcelo Araujo y María del Carmen Martínez). Que previamente la fiscal había ofrecido como prueba documental la incorporación del expediente judicial donde se condenó a Suarez (causa 284 del mismo Tribunal).
Explica que en la audiencia preliminar (del 06 de abril de 2022), esa defensa se opuso a la incorporación por lectura de aquella prueba documental y de las testificales mencionadas, “no sólo por su impertinencia, sino por lo altamente dañino en términos de generar prejuicio en el jurado”, pues los testigos iban a declarar sobre un hecho anterior ya juzgado y recordó la “sensibilidad de la sociedad frente a los delitos de índole sexual”. En similar sentido, argumentó sobre la información que contenía del expediente requerido.
Señala que en la resolución dictada el 8 de abril de 2022, la magistrada admitió que declaren en el juicio los testigos cuestionados.
2.1. Explica que se realizó una segunda audiencia preliminar (el día 28 de marzo de 2023), días antes del juicio, donde se trataron nuevamente aquellas cuestiones. Que solicitó la grabación de la audiencia, sin éxito, por lo que procedió -con aviso a los intervinientes- a grabar parte de ella con su teléfono celular. Afirma que el acta no refleja con plenitud lo discutido y resuelto en esa oportunidad.
Recuerda que allí argumentó sobre el “test de ofensividad” que cabe realizar sobre la información dañina que -en caso de ser introducida al juicio- puede generar un grave y potencial daño en el ánimo de los jurados, citando un precedente de este TCP sobre el tema (“Mazzón”).
En particular, expone que en la grabación aludida se puede escuchar con amplitud el argumento que dio la magistrada al resolver la cuestión, donde sostuvo se podían limitar las preguntas a los testigos pero no sus respuestas y que no iba a imponerles ninguna mordaza sobre lo que quisieran decir en el juicio, salvo que fuera ofensivo para los presentes. Que formuló reserva de recurrir esa decisión en Casación.
Agrega que en la misma audiencia se retomó la discusión de los testigos de la causa anterior, reiterando la jueza que no se iba a indagar sobre algo ya juzgado pero la testigo podía mencionar lo que quisiera (minuto 13:35) y más adelante informó a la fiscal que no podía preguntar sobre la causa anterior pero también que no iba a aplicar ninguna mordaza a los testigos, que esperaba un juicio fluido y que no iba a aceptar objeciones (minuto 17:33). Que formuló reserva de recurrir en casación esas decisiones.
En definitiva, explica que la magistrada dejó en claro que los testigos cuestionados podrían hablar sobre lo que quisieran y adelantó a esa defensa que no iba a aceptar objeciones sobre el particular; decisión “ilegal” conforme el art. 342 bis -inciso 4, párrafo quinto- del CPP que, en su remisión al último párrafo del mismo artículo, acarrea la nulidad del juicio.
2.2. Vincula el sentido de esa decisión con lo posteriormente ocurrido en el juicio, donde se permitió que la madre y la abuela de M.D. se extendieran sobre circunstancias ajenas al caso juzgado pero vinculadas a otros abusos sexuales de los que habrían sido víctimas esas testigos. En particular, señala que N. M. (ex-pareja de Suarez y abuela de M.D.) terminó declarando que fue víctima de un supuesto abuso sexual que habría cometido Suarez en su contra, cuando ella estaba dormida, circunstancia que nunca había declarado antes.
2.3. Concluye que aquella decisión generó un daño irreparable a la defensa, porque ya no importaba solo la prueba disponible del caso bajo juzgamiento sino que debía enfrentarse con información sobre los antecedentes penales de Suarez y con testigos que se sentaron a realizar nuevas denuncias en medido del juicio, “contribuyendo con todo ello a generar un sentimiento negativo en el ánimo de los jurados y sin posibilidad alguna de ensayar defensas al respecto” (pág. 10, recurso).
3. En resumen, expone que aun cuando su teoría del caso fue que Suarez estaba privado de su libertad al momento en que M.D. dijo que fue abusada por él; insistió a lo largo de las audiencias preparatorias “en lo contaminante que era introducir la información sobre la índole del delito por el cual había estado preso”, por la potencialidad de ese dato para generar un prejuicio en el ánimo de los jurados, no obstante la jueza tomó decisiones que se orientaron en sentido contrario (pág. 11, recurso).
Explica que considerando las resoluciones de la jueza sobre la evidencia cuestionada tuvo que afrontar la audiencia de selección de jurados y, en particular, hacer referencia en su alegato inicial a la prueba testifical que la fiscalía iba a presentar en el juicio (es decir, a la víctima del caso anterior).
Destaca la arbitrariedad con la que se manejó la magistrada en sus decisiones, pues ya superados los alegatos de apertura e iniciada la práctica de la prueba, en la segunda jornada del juicio resolvió “que no iba a permitir que los testigos de la causa anterior declaren y ante la queja de la Fiscalía, le manifestó que si quería lo dijera en los alegatos” (pág. 11, recurso). Expone que las vacilaciones de la magistrada sobre la admisión y exclusión de esa prueba generó diversos perjuicios en la estrategia de la defensa, en especial porque se vio obligada a hacer referencia a los testigos que la fiscalía iba a sentar en el juicio y “porque la ausencia posterior de esos testigos -por decisión de la magistrada- [le] hizo perder credibilidad”, al adelantar algo que finalmente no sucedió.
4. Sobre la actuación de la fiscal durante el juicio:
Expone que en el alegato de apertura, la fiscal se dirigió a los miembros del jurado poniéndolos en conocimiento de la naturaleza del delito anterior, por el que Suárez fue condenado. En particular, les dijo “Suárez estuvo 9 años preso por violar a N. y sale y a los poquitos meses viola a M.D.”, entre otras expresiones similares.
Explica la dificultad de ejercer una defensa eficaz frente a esa información, altamente perjudicial y con potencial para nublar la vista de cualquier juzgador.
Señala que la fiscal había sido advertida en la audiencia preliminar acerca de que no podía preguntar a los testigos sobre el hecho anterior, pero se le permitió informar sobre él, abiertamente, en el alegato de apertura.
En su opinión, “existió un desgobierno de las reglas del litigio, con el permiso explícito e implícito de la magistrada” (pág. 12, recurso).
Recuerda que la jueza ya había advertido a esa parte que no iba a aceptar objeciones sobre la materia discutida.
Observa que “permanentemente, cuando algún testigo hacía referencia a la privación de libertad del Suárez, la [fiscal] Dra. Ramos, preguntaba: ¿Y por qué estaba preso? O ¿sabe por qué estaba preso?” (pág. 12, recurso).
Agrega que en el alegato de clausura, nuevamente la fiscal hace mención al hecho anterior, en términos tendenciosos: “M.D. era la víctima en esta causa como también lo fue N.. N. A. fue la primer víctima de Suárez, al menos la primer víctima que denunciaba” (pág. 12, recurso).
Explica que objetó ese tramo del alegato y fue rechazado por la magistrada. Que la fiscalía continuó su alegato en términos similares, con el permiso de la jueza.
5. Dicho lo anterior, observa que existe una tendencia natural del ser humano a proteger a aquel que se encuentra en situación de vulnerabilidad, y sin duda alguna los niños y las niñas conforman uno de los colectivos que por excelencia despiertan ese ánimo en el ciudadano o ciudadana común.
Expone que al permitir el ingreso de información referida a un antecedente por un delito contra la integridad sexual, se contribuyó a contaminar al jurado con elementos de gran potencial para activar esa conciencia colectiva innata de protección de los niños, respecto de la persona que se señala como responsable de agredirlos, colocando a los miembros del jurado en una especie de bifurcación del camino que transitaban para la elaboración de la decisión sobre la culpabilidad o no de su defendido.
Advierte que aun cuando se desconoce el peso que tuvo esa información en la deliberación, es razonable pensar que sí contribuyó en la decisión de condena, pues la audiencia de depuración de posibles jurados tampoco permite evitar ese concreto y serio riesgo, por cuanto aquella tendencia humana es inconsciente, difícilmente reconocida e imposible de desterrar mas allá de las directivas que a los jurados se les impartan en las instrucciones finales.
En definitiva, afirma que se causó a esa parte un perjuicio indebido al “condicionar y llevar a confusión al jurado al momento de dar su veredicto, y consecuentemente, era altamente probable -y así sucedió- arribar a una condena basada en prejuicios y no como resultado de la prueba producida sobre los hechos materia de la acusación” (pág. 13, recurso).
Cita reglas de evidencia de otros ordenamientos jurídicos, de mayor experiencia en jurados, sobre la pertinencia, admisibilidad y exclusión de la prueba (“Reglas de Evidencia de Puerto Rico” similares a la “Federal Rules Of Evidence” de EEUU), “a modo de ejemplo de las salvaguardas legales que en otros países se adoptan a los fines de que el ingreso de cierta prueba no influya en la decisión del jurado, socavando la imparcialidad del juzgador por prejuicio o miedo al elaborar su decisión” (pág. 15, recurso).
Observa que el análisis de la pertinencia y admisibilidad de la prueba es una labor crucial de los jueces técnicos que intervengan en el juicio por jurados, pues de sus decisiones dependerá si se cuenta con información legítimamente obtenida, confiable o de baja calidad, o que pueda generar prejuicios o confusiones evitables.
Expone que todos los sistemas adversariales poseen reglas de evidencia para evitar la inclusión de prueba que pueda generar un perjuicio indebido, confusión o desorientación del jurado.
En ese sentido, explica que toda prueba que se presenta en el juicio busca perjudicar o dañar el caso de la contraparte, pero que hay perjuicios legítimos (o debidos) y “perjuicios indebidos” que se presentan “cuando un medio de prueba produce un daño innecesario que es sustancialmente superior a su valor probatorio” (pág. 16, recurso). Vincula el perjuicio indebido con la imparcialidad del juzgador, pues un medio que prueba poco o nada, y solo logra imponer un prejuicio en los jurados, impresionarlos indebidamente, exacerbar sus ánimos o generarles cualquier impacto ajeno al poder probatorio, configuraría aquel tipo de perjuicio y convertiría a esa prueba a indebidamente perjudicial.
En definitiva, expone que las decisiones de la jueza sobre la prueba y la conducta que asumió la fiscal con los testigos y durante los alegatos, con la autorización de la magistrada, no solo condicionaron la actuación de esa defensa sino que permitieron que el antecedente de Suarez “sobrevuele permanentemente durante el juicio”, contaminando el ánimo de los jurados, generando un perjuicio indebido que condicionó su decisión.
6. Observa que, bajo esas condiciones, la prueba que practicó la defensa quedó en notoria desventaja pues conforme la regla de comprobación basada en el concepto de duda razonable, no existía suficiencia probatoria como para arribar a un veredicto de culpabilidad. En su opinión, al momento de dictar el veredicto, los jurados tuvieron en cuenta datos ajenos al hecho juzgado.
En ese sentido, repasó la teoría del caso de esa defensa y las proposiciones fácticas que tuvieron corroboración empírica, entre ellas: M.D. dijo que fue abusada cuando tenía entre cinco y seis años; que preguntada si iba a escuela, recordó que iba al jardín de infantes de la Escuela 26; que M.D. nació en agosto de 2003; que Suarez recuperó su libertad el 8 de septiembre de 2011 y para esa fecha M.D. ya contaba con ocho años, por lo que no era posible que concurriera al jardín de infantes.
En especial, expone que interrogó a la perito psicóloga Adela Moreno “acerca de las circunstancias de referencias temporales para anclar los hechos del pasado en las personas, y de los niños en particular”, respondiendo la perita que mencionar la concurrencia al jardín “era una clara referencia” en aquel sentido. En su opinión, esa conclusión refutó la hipótesis de la fiscalía “acerca de que los niños no recuerdan bien las fechas” (pág. 17, recurso).
Agregó que el contraexamen de M. T., madre de M.D., reflejó que nunca constató que la niña haya presentado lesiones compatibles con la magnitud de los hechos denunciados (acceso carnal vaginal y anal con ataduras de manos).
7. En función de las argumentaciones expuestas, solicita se declare la nulidad del debate y, en consecuencia, el veredicto de culpabilidad del acusado y se absuelva a su asistido por no haberse superado el estándar de duda razonable o, en subsidio, se ordene la realización de un nuevo juicio.
8. En subsidio, denuncia infracción de los arts. 40 y 41 del Código Penal en el proceso de formación de la pena.
9. Practicado que fuera el sorteo de rigor, y notificadas las partes, el recurso radicó en la Sala.
La defensa desistió de la audiencia de informes y la Fiscal ante esta instancia, Dra. Alejandra Moretti, postuló el rechazo del recurso interpuesto, por los argumentos desarrollados en el dictamen presentado.
Así, el Tribunal se encuentra en condiciones de resolver, decidiendo plantear y votar las siguientes
Primera: ¿Es procedente el recurso de casación interpuesto?
Segunda: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión el señor juez doctor Carral dijo:
Los términos en que fue formulado el agravio principal de la defensa obliga a realizar la reseña de los aspectos relevantes del caso pues, en lo central, denuncia que la infracción al juicio justo e imparcial de su asistido se configuró a partir de una serie de decisiones de la jueza técnica, antes y durante el debate, que en su conjunto condicionaron la decisión del jurado.
1. Ofrecimientos de prueba y primera audiencia preliminar al juicio.
De las constancias que se adjuntan al legajo digital surge que se practicaron dos audiencias preliminares.
En la primera (6 de abril de 2022), las partes establecieron cuáles eran sus teorías del caso y discutieron sobre los ofrecimientos de prueba que habían presentado por escrito.
En lo esencial, la fiscalía afirmó que Gustavo Suarez, en fecha indeterminada pero ubicable en el año 2011, cuando recuperó su libertad, abusó sexualmente de M.D. (de aproximadamente siete años y nieta de su pareja), en al menos dos oportunidades. El primer abuso consistió en tocamientos en la vagina de la niña, por debajo de la ropa, en el interior del vehículo en el cual se trasladaban a la iglesia en la localidad de Tres Arroyos. El segundo abuso, también cometido en fecha indeterminada pero ubicable por las mismas referencias temporales, ocurrió -según su hipótesis- dentro del interior de casa de la abuela de M.D. y consistió en haberla accedido carnalmente en dos oportunidades, una vía vaginal y otra vía anal. En ambas casos y previamente, Suarez sujetó las manos de la niña a la cama y la amenazó con matar a su abuela si contaba lo sucedido.
Según el acta de la audiencia, la fiscal explicó, con relación a los testigos ofrecidos en el escrito de fs. 449, “que son testigos que los propone porque se relacionan con la causa nro. 284 caratulada 'Suarez Gustavo Andrés s/abuso sexual con acceso carnal”, que había tramitado ante el mismo tribunal, y que realizaba ese ofrecimiento porque la defensa se había opuesto a la incorporación por lectura de aquella causa judicial (pág. 2, registro informático del acta de la audiencia). Se trataba de los testigos N. A. (víctima de la causa anterior en la que Suarez fue condenado), Sandra Martínez, Juan Marcelo Araujo y María del Carme
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