Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, Sala III · Causa 121333
En la ciudad de La Plata, Sede de la Sala III del Tribunal de Casación Penal, se reúnen en Acuerdo Ordinario los señores jueces, doctores Víctor Horacio Violini, Ricardo Ramón Maidana y Daniel Carral, con la presidencia del primero de los nombrados, a fin de dictar sentencia en la causa Nº 121.333, caratulada “Palacios, Pablo Sebastián s/ recurso de casación”, conforme al siguiente orden de votación: VIOLINI - MAIDANA-CARRAL.
1. El Tribunal en lo Criminal Nº 1 de Quilmes condenó a Pablo Sebastián Palacios a tres años de prisión de ejecución condicional, cinco años de inhabilitación especial para conducir vehículos con motor, costas y reglas de conducta por dos años, por resultar autor responsable de homicidio culposo por la conducción imprudente y antirreglamentaria de un vehículo con motor agravado por fuga y por no intentar socorrer a la víctima.
2. Contra dicho pronunciamiento, interpuso recurso de casación la defensa particular de Palacios, por el cauce de los artículos 448 y concordantes del Código Procesal Penal, peticionando la absolución de su defendido pues la prueba reunida fue insuficiente para acreditar la autoría.
Luego, el letrado del particular damnificado, peticionó la recalificación en los términos de homicidio simple, tal como lo solicitara oportunamente. Ello toda vez que el imputado, considerando la velocidad excesiva con la que se desplazaba, se representó que podía lesionar o matar a una o varias personas, resultando inmotivada la sentencia al desatender la calificación por él requerida.
3. Radicadas las actuaciones en esta Sala con trámite abreviado, se notificaron las partes, presentando la fiscalía dictamen en el cual propició el rechazo del recurso.
5. Encontrándose la Sala en condiciones de dictar sentencia definitiva, se tratan y votan las siguientes,
Primera : ¿Es admisible el recurso interpuesto por el particular damnificado?
Segunda: ¿Son procedentes los recursos interpuestos por la defensa y el particular damnificado?
Tercera : ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada, el señor juez doctor Violini dijo:
I.-
Es mi opinión que la condena no puede exceder lo peticionado por el Fiscal, en un sistema de corte acusatorio como el que instaura la ley 11922, en la que se encuentran divididas las facultades de acusar y sentenciar, y en la que sólo el Ministerio Fiscal es el titular de la acción pública (artículo 1, ley 12061).
En este sentido, observo que la reforma introducida por la ley 13943, si bien otorgó amplias facultades al particular damnificado, lo ha hecho en forma supletoria a la actuación del fiscal. Así surge de la lectura de los artículos 6 (que establece que la acción penal pública sigue correspondiendo al fiscal), 79 inciso 4º y 7º, 334 bis, y 368, que supeditan la actuación del particular damnificado al hecho de que el Ministerio Público Fiscal no acuse, o solicite el sobreseimiento, en cuyo caso, lo reemplaza.
De tal forma, si como es el caso, el fiscal formuló acusación, aunque ostentando una calificación diferente y menos lesiva para la defensa, y la mantuvo, el tribunal se encuentra impedido de condenar “ultra petita”.
Siendo eso suficiente para rechazar el recurso, agrego, que la potestad asignada al Particular Damnificado para impugnar la eventual sentencia condenatoria a la que arribara el a quo se encuentra condicionada a la verificación del mismo recaudo al que el legislador ha supeditado la facultad recursiva del Agente Fiscal; esto es que la pena impuesta con motivo de la condena que se pretende recurrir no supere la mitad de la requerida por el acusador, pues de otro modo se presume que quien acusa ha obtenido un resultado satisfactorio o tolerable para los intereses que representa, aunque no se le hubiera concedido en el fallo todo lo solicitado, siendo esa la doctrina sentada por el Superior Tribunal Provincial en la causa P. 126.435, caratulada "Silva, Miguel Ángel; Moreno, Carlos Fabián; López, Luciano Leonel Mario; Juárez, Carlos Jordán. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley y Píparo, Carolina. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa Nº 60.550 -y sus acums. 60.573, 60.572, 60.571, 60.563- del Tribunal de Casación Penal, Sala I"; sent. del 16-VIII-2017.
En ese sentido, tampoco encuentra viabilidad el recurso, pues la impuesta por el Tribunal no resultó inferior a la mitad de la requerida por el fiscal -cinco años de prisión-.
Con todo lo hasta aquí expuesto, la presentación recursiva interpuesta por los particulares damnificados resulta inadmisible (448, 450, 451 y 453 en función del 452 inciso 2° del Código Procesal Penal).
En función de lo expuesto, a esta primera cuestión VOTO POR LA NEGATIVA.
A la primera cuestión el señor juez doctor Maidana dijo:
Si bien me he pronunciado en anteriores oportunidades en favor de la amplitud recursiva del particular damnificado, he modificado mi criterio a partir de lo resuelto por la Suprema Corte en “Nicoletti” (P. 118.280, sentencia del 26/3/15) fallo en el que, siguiendo de lo expresado por Corte Suprema de la Nación en “Juri” (sent. del 27/XII/2006, cons. 9, con remisión a “Arce”, sent. del 14/X/1997), revocó un pronunciamiento de esta Sala considerando que la facultad de recurrir de quien se halla presentado como tal no se encuentra alcanzada por la garantía del artículo 8.2.h de la CADH -consagrada en beneficio exclusivo del imputado- sino por los artículos 8.1 y 25 de ese instrumento, de manera que no puede prescindirse de las limitaciones establecidas por los artículos 452 inciso 2° y 453 del Código Procesal Penal.
Sentado lo anterior, sin embargo, no coincido con la interpretación que de esas normas efectúa el doctor Violini, puesto que el artículo 453 se limita a establecer que el particular damnificado sólo puede recurrir en los mismos casos que el Fiscal pero no que no puede hacerlo cuando no se encuentra habilitado –en concreto- el acusador.
A mi ver, esta postura armoniza mejor con el rol que han ido asignando las sucesivas reformas al código ritual, pues si el texto vigente otorga al particular damnificado las facultades de recurrir aun cuando el representante del Ministerio Público Fiscal no lo haga (artículo 79 inciso 7mo. del Código Procesal Penal), solicitar pena y sostener la acusación en caso de desistimiento del fiscal (artículo 368, párrafos primero y último del código citado), va de suyo que, aún con limitaciones, ejerce la acción independientemente de aquél.
Luego, si la parte solicitó que se condenase a Palacios a quince años de prisión como autor del delito de homicidio simple, la pena impuesta (tres años de prisión de ejecución condicional) resulta inferior a la mitad de la requerida, por lo que el recurso, a mi ver, resulta admisible, lo que así postulo al Acuerdo se decida (artículos 448, 451, 452 inciso 2° y 453 del Código Procesal Penal).
Por tales fundamentos, a esta cuestión VOTO POR LA AFIRMATIVA.
A la primera cuestión el señor juez doctor Carral dijo:
A la segunda cuestión el señor juez doctor Violini dijo:
La base fáctica y la intervención de Palacios en el suceso que se le endilga, es descripta en el veredicto recurrido en los siguientes términos: “El día 29 de septiembre de 2018 siendo aproximadamente las 05.30 horas, un sujeto masculino condujo de manera imprudente y violando la normativa vigente, un rodado marca Chevrolet modelo Astra, dominio FWB-317, circulando por la arteria Senzabello con sentido cardinal de oeste a este, de la localidad y partido de Florencio Varela.
Al llegar a la altura del numeral 1434 de aquella arteria, entre las calles Ameghino y Clorinda de la misma localidad, el conductor embistió con la parte frontal izquierda del rodado a Daniela Ayelén Méndez, en circunstancias en que egresaba del salón de fiestas “FM” allí ubicado y cruzaba la avenida Senzabello, posicionándose el cuerpo de la nombrada sobre el capot y golpeando la cabeza en el parabrisas, saliendo despedida y cayendo a la cinta asfáltica, lo que le ocasionó la muerte por un traumatismo cráneo encefálico grave con fractura de base de cráneo, en politraumatismo. La conducción imprudente del rodado por el sujeto consistió en haberla llevado a cabo sin tener el cuidado y la prevención debida, no manteniendo en todo momento el dominio del vehículo, teniendo en consideración que del local de fiestas egresaban varios jóvenes que se hallaban en las veredas y calzada, siendo que alguno de ellos se enfrentaban entre sí, arrojándose piedras y elementos contundentes.
Ante tales circunstancias, el conductor debió actuar con prudencia, la que le aconsejaba aminorar e incluso detener la marcha; por el contrario se desplazó a una velocidad de al menos 60 km/h., que le impidió controlar el vehículo, embistiendo a Méndez, y continuando la conducción sin detenerse, dándose a la fuga”.
Sin cuestionar el suceso, advierte la defensa sin mayores fundamentos, que no se acreditó en autos la intervención de su pupilo. Para así afirmarlo, se limita a referenciar citas jurisprudenciales y doctrinarias, omitiendo todo análisis sobre la prueba concreta valorada por el juzgador, no señalando siquiera mínimamente dónde, a su entender, radica el quiebre en el razonamiento del a quo para arribar a la condena que ahora dogmáticamente cuestiona.
De la lectura del veredicto traído, surge que la testigo del hecho, Mercedes Marinelli, hija de los propietarios del salón de fiestas, se encontraba en la vereda del frente cuando observó a la aquí víctima cruzando la calle, siendo que en ese momento la embistió un Chevrolet Astra, color oscuro, que se desplazaba en dirección a ruta 2.
Señaló que la mujer cruzó sola, caminando, y en ese momento la calle estaba tranquila, no circulaban otros autos.
Sostuvo que había un grupo de chicos peleándose, a media cuadra.
Detalló que el auto embistió a la chica con la trompa, quien saltó por el aire y cayó sobre el capot, fue arrastrada con el paragolpe toda la cuadra y quedó tendida sobre la arteria Ameghino. Contó que el vehículo “venía rápido”, avanzó cruzando en rojo, viendo solo una persona en su interior. Señaló que no llovía cuando sucedió el hecho.
Luego pidió ayuda al conductor de un Chevrolet Corsa que transitaba, siendo quien trasladó a la declarante a la comisaría y el SAME arribó a los cinco minutos.
Por su parte, declaró Jonathan Guillermo Roa, quien en ese momento iba conduciendo el colectivo de la línea 148.
Contó que vio un grupo de personas que se peleaban sobre la arteria Senzabello, deteniéndose en la calle Braile pues el semáforo estaba rojo, advirtió que delante había dos autos. Relató que al habilitarse la señal, avanzó y a los 20 o 30 metros, vio un grupo que peleaba frente al colectivo y los autos.
Advirtió que uno de los autos continuó la marcha despacio mientras los chicos peleaban entre la vereda y la calle de la mano izquierda. Recordó que en la vereda del salón de fiestas había tres chicas, y dos de ellas cruzaron hacia el lugar. Fue entonces que la última fue embestida por el auto.
Señaló que la nombrada cruzó “medio corriendo, caminando rápido por delante del auto que estaba adelante mío”; y un vehículo que circulaba en dirección contraria, la chocó de frente, en el medio. Aclaró que lo vio “de atrás”, como así también que el auto levantó a la víctima “como tres metros y medio”. Señaló a la vez que no observó la marca del automóvil, y aclaró que estaba oscuro, lloviendo cuando pasó todo.
Federico Gayoso Méndez, primo de la víctima, contó, en lo que hace al punto en cuestión, que en un momento en que había un colectivo detenido y su prima estaba por cruzar, así lo hizo y la atropelló un auto. Aclaró que el rodado que la atropelló salió por detrás de otro auto que allí se encontraba, embistiéndola en el primer carril pues no llegó a cruzar, quedando tirada en la esquina.
En ese sentido manifestó: “La veo volar y corro detrás de ella, vuela y cae al piso, no frenó el auto que la embistió, que era un corsa negro u oscuro”. Por lo demás, sostuvo que el clima en ese momento estaba bien, llovió después. Aclaró que había cruzado a “tres cuartos de cuadra”, no por la esquina.
También dijo haber visto chicos peleándose.
Juan Andrés Herrera señaló que la víctima estaba a tres cuarto de calle cuando fue embestida, que había un colectivo estacionado en la misma dirección de circulación del auto, al cual pasó y no frenó, tenía luces apagadas.
Aclaró que la chica cruzó con un trote leve, como cruzan todos, recordando que en ese momento había una discusión entre amigos, que se estaban peleando.
Manifestó que la vio a ella, “el auto pasó a alta velocidad, rebasó al colectivo cuando atropella a Ayelén”, invadiendo el carril contrario.
Ahora bien, reseñadas las declaraciones efectuadas, quedó acreditado en definitiva que la víctima estaba cruzando la calle –no exactamente por la esquina-, cuando fue embestida por la trompa de un vehículo oscuro, el cual circulaba velozmente y no se detuvo. Algunos de los testigos señalaron que no poseía las luces encendidas.
Por su parte, del acta de procedimiento surge que se secuestraron en el lugar una escobilla marca Bosh y trozos de plástico color negro.
Asimismo el informe técnico mecánico dio cuenta que el vehículo resultó ser un Chevrolet Astra cuyos datos se describen en el veredicto, en el cual se constató abolladura en el capot izquierdo, desprendimiento de paragolpe derecho y astillado de parabrisas izquierdo. Todo documentado en fotografías.
Al realizarse el informe de accidentología vial, se detallaron daños compatibles con los provocados por un accidente de tránsito del tipo “atropellamiento peatonal”, lo cual también fue señalado en los otros informes.
Así, en el efectuado por la perito Lourdes Barro, se determinó la mecánica del hecho y la velocidad de impacto del automóvil: aproximadamente entre 60 y 80 km, siendo 60 la velocidad en avenidas. A la vez se constató que no se relevaron huellas de frenado, corroborando así que el rodado embistió a la víctima y se dio a la fuga.
Con lo expuesto, y considerando la totalidad de las constancias probatorias hasta aquí expuestas, razonó el sentenciante, con lógica acumulativa que comparto, que la víctima cruzó intempestivamente la arteria, no por la esquina, apareciendo el automotor descripto a una velocidad que cuanto menos coincide con el máximo permitido, 60 km/h, descartándose en virtud del principio favor rei, que la haya hecho a más velocidad pues no existió precisión al respecto.
Lógicamente tal velocidad no fue precautoria pues, aun considerando que fue a 60 km/h lo cierto es que la acreditada presencia de jóvenes que egresaban del salón de fiestas, otros que mantenían una pelea en la vía pública, permitió sostener la violación del deber de cuidado por parte del conductor del vehículo, consistente en el manejo imprudente de su vehículo automotor en esas condiciones, creando una situación de riesgo que no entraña el conocimiento de la producción del resultado letal.
Y si bien no se cuestiona desde el recurso defensista la calificación endilgada, sino dogmáticamente la intervención de Palacios como autor de tal maniobra, lo cierto es que ello surgió a partir de su espontánea presentación en la comisaría, donde llorando señaló que había embestido algo en el preciso lugar del hecho que nos ocupa, pensando en el momento que se trataba de una rama, para luego enterarse que era una persona, y por eso quiso averiguar su estado.
Ello mismo manifestó al oficial Varela.
Más allá de la ausencia de agravio al respecto pues solo se refiere que Palacios no fue el autor, con acierto consideró el juzgador que esas manifestaciones espontáneas no revistieron carácter de confesión, sino que fueron voluntariamente realizadas. Todo ello, aunado a la propiedad del automotor a nombre del padre de quien nos convoca, y las pericias que determinaron que el vehículo tenía signos compatibles con el accidente padecido por la víctima.
Recuerdo por lo demás que no existe absolutamente nada que indique que su espontánea presentación en sede policial haya sido efectuada bajo algún tipo de coacción, no revistiendo lógicamente carácter de declaración indagatoria, siendo inexistente su valoración en ese sentido, pues de otra forma aparecería contrario a las normas procesales vigentes en la materia. De tal modo, se visualizó como un indicio que apuntaló la investigación, sin afectación de garantía constitucional alguna, que por cierto tampoco observa el recurrente.
En definitiva, acreditada la autoría genéricamente controvertida, aparece correcta la calificación peticionada por la fiscalía -y con ello doy respuesta al agravio traído por el particular damnificado en cuanto pretende enmarcar el suceso en los términos de homicidio simple-, pues sin dolo eventual probado, el ilícito culposo se impone ante el manejo imprudente del vehículo automotor, haciéndolo a una velocidad que le impidió controlar el vehículo, detenerlo o realizar una maniobra de esquive de la víctima, desatendiendo así el deber de cuidado a su cargo consistente en desplazarse a una velocidad inferior –aun dentro de lo permitido- si se considera la presencia de peatones en el lugar, el movimiento existente de personas en dicha cuadra y la pelea de la que dieron cuenta los testigos, que Palacios no podía desconocer. Sin olvidar que luego de atropellar a la víctima continuó su marcha.
Con todo lo que se viene de exponer y sin que albergue margen de duda alguno sobre la intervención del imputado en los términos descriptos, siendo correcta como se expuso la calificación traída corresponde rechazar los agravios invocados en sendos recursos (artículos 18 de la Constitución Nacional; 84 bis del Código Penal; 210, 373, 448, 450, 454, 465 del Código Procesal Penal).
II.-
Por último, inamovible la atenuante valorada –ausencia de antecedentes penales- y correctas las fundadas agravantes relativas a la corta edad de la víctima -18 años- con fundamento en el inicio de su trayectoria vital, aparecen justas las penas impuestas y por ello propongo al Acuerdo rechazar los recursos interpuestos por la defensa y por el particular damnificado, con costas y diferir la regulación de los honorarios del doctor Luis Roberto Logran hasta tanto se regulen en origen (artículos 18 de la Constitución Nacional; 12, 19, 29 inciso 3°, 40, 41, 84 bis segundo párrafo del Código Penal; 210, 373, 448, 450, 454, 456, 465, 530, 531 y 534 del Código Procesal Penal; artículos 13, 15, 16, incisos “b” y “e”, y 31 de la ley 14.967).
Por lo expuesto, a esta segunda cuestión VOTO POR LA NEGATIVA.
A la segunda cuestión planteada, los señores jueces doctores Maidana y Carral dijeron:
Que adhieren por sus fundamentos al voto del doctor Violini. ASÍ LO VOTAN.
A la tercera cuestión planteada, el señor juez doctor Violini dijo :
Tal como ha quedado resuelta la cuestión precedente, corresponde declarar admisible el recurso del particular damnificado, con costas, y rechazar por improcedentes los interpuestos por la defensa y el particular damnificado, con costas; correspondiendo corregir la calificación impuesta a Pablo Sebastián Palacios quien queda condenado a tres años de prisión de ejecución condicional, cinco años de inhabilitación especial para conducir vehículos con motor, costas y reglas de conducta por dos años, por resultar autor responsable de homicidio culposo por la conducción imprudente y antirreglamentaria de un vehículo con motor agravado por fuga y por no intentar socorrer a la víctima. Asimismo corresponde diferir la regulación de los honorarios del doctor Luis Roberto Logran hasta tanto se regulen en origen (artículos 18 de la Constitución Nacional; 12, 19, 29 inciso 3°, 40, 41, 84 bis segundo párrafo del Código Penal; 210, 373, 448, 450, 453, 454, 456, 459, 462, 530, 531 y 534 del Código Procesal Penal; artículos 13, 15
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