Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, Sala V · Causa 124726
1500-31935-16
C. 124.726
En la ciudad de La Plata, se reúnen en Acuerdo Ordinario los señores jueces designados para integrar la Sala Quinta de este Tribunal de Casación Penal, doctores Daniel A. Carral y Carlos A. Natiello, a los efectos de resolver la causa nro. 124.726, caratulada "GOICOA AGRELO MARTÍN DANIEL S/ RECURSO DE CASACIÓN" , conforme al siguiente orden de votación: CARRAL – NATIELLO.
Llegan estas actuaciones para conocimiento del Tribunal a raíz del recurso de casación interpuesto por los defensores oficiales, Dres. Mariano Valentini y Adrián Lucuix, contra la sentencia dictada el 4 de abril de 2023 por el Tribunal en lo Criminal nro. 3 de San Martín, a través de la cual se condenó a MARTÍN GOICOA AGRELO a la pena de dieciseis (16) años de prisión, accesorias legales y costas por resultar autor responsable de los delitos de homicidio doblemente calificado por la relación de pareja y por mediar violencia de género en grado de tentativa, en concurso real con privación ilegítima de la libertad agravada por violencia, reiterada en dos oportunidades y amenazas coactivas (arts. 42, 55, 79, 80 inc. 1 y 11, 142 inc. 1 y 149 bis, segundo párrafo, Cód. Penal); y a la pena única de dieciseis (16) años y diez (10) meses de prisión, comprensiva de la anterior y la de un (1) año de prisión en suspenso impuesta por el TOC 9 de CABA por el delito de desobediencia reiterada.
1. En primer lugar, denuncian arbitrariedad en el razonamiento probatorio seguido por el tribunal al dar por probada la hipótesis acusatoria.
Explican que los hechos por los que Martín Goicoa fue condenado se ubican a mediados del año 2016 y marzo de 2017. Que Goicoa y P. V. mantuvieron una relación que finalizó en aquella época y no volvieron a tener trato personal. No obstante, observan que existieron varios conflictos entre ellos que terminaron judicializándose, pues las discusiones habrían continuado vía telefónica o por redes sociales (pág. 3 del registro informático del recurso).
2. Sobre el denominado Hecho 1 , donde se atribuyó a Goicoa haber privado ilegítimamente de la libertad a V., exponen que según el tribunal el relato de la mujer “obtuvo perfecta corroboración” en la constatación médica de sus lesiones y en lo manifestado por las testigos Nolasco, Ciconi, Mezger y Fernandez; cuando -en realidad- el informe médico del día 23/07/16 solo consignó las referencias de la mujer, mientras que las testigos no afirmaron lo que refleja el veredicto.
Explican que ese hecho “habría tenido dos secuencias” en las que Goicoa y V. “habrían mantenido una discusión de elevado tono en la vía pública dentro del rodado de Goicoa” (pág. 5, recurso), pero que no hubo una privación de la libertad.
Observan que las testigos de la primera secuencia, María Laura Ciconi y su madre María Cristina Nolasco, “reconocieron haber escuchado una fuerte discusión entre dos personas, como que se gritaban mutuamente”, pero “ninguna de ellas indicó que una mujer estuviera pidiendo auxilio o solicitando ayuda” (pág. 5, recurso).
Agregan que Nolasco ubicó al hombre fuera del automóvil e incluso dijo que lo vio “tranquilo”, mientras que Ciconi vio cuando la mujer salió del auto y volvió a subir con el sujeto, para retirarse juntos del lugar y, en consecuencia “ninguna de las testigos pudo advertir -más allá de la discusión de pareja-, que V. estuviera siendo retenida en el lugar contra su voluntad” (pág. 5, recurso).
Que Ciconi dijo que se acercó a la mujer para preguntarle “si sucedía algo dado los gritos escuchados” y “la propia V. respondió 'no pasa nada, no pasa nada', volviendo a entrar en el auto…” (pág. 6, recurso).
Agregan que, sobre esa primera secuencia, P. V. manifestó que se había quedado en el interior del auto, previo a colocar los seguros en las puertas, impidiendo el ingreso de Goicoa al rodado y, bajo esas circunstancias, nada le impedía salir del auto. Así, estiman que tampoco desde esa declaración puede probarse que “estuviera impedida de moverse libremente” (pág. 6, recurso).
En definitiva, exponen que en contra de lo que dijeron las testigos, el tribunal consideró suficiente la declaración de la denunciante y descartó, a la vez, el descargo que hizo el acusado.
3. Respecto del segundo tramo de la secuencia que describe el veredicto en el Hecho 1, exponen que declararon las testigos Micaela Fernández y su madre Andrea Mezger. Observan que Mezger sólo vio cuando el auto se retiraba del lugar y que el resto se lo contó su hija Fernández. Estiman que el tribunal debió examinar con mayor cautela la testifical de Fernández, pues V. la buscó para que saliera de testigo y le ofreció un trabajo cuando estaba desempleada.
De todos modos, observan que Micaela Fernández “únicamente dijo haber observado como Goicoa agredía a V. en el interior del auto, para luego ver como el hombre sacaba a V. del auto y le arrojaba sus prendas personales para que se fuera” (pág. 7, recurso).
Agregan que ambas testigos recordaron que la mujer se fue del lugar caminando, pues estaba a dos cuadras de su casa, y vieron cuando el hombre “en medio del calor de la discusión callejera le entregaba a V. sus pertenencias para que se fuera del lugar” (pág. 7, recurso).
Establecido lo anterior, estiman que “el derrotero de V. en el rodado de Goicoa no habrá durado más de cinco minutos” (pág. 7, recurso) si se consideran las distancias entre la casa de V. y las distintas “paradas”. Explican que entre el domicilio de V. y el de Nolasco (primera parada) hay una distancia aproximada de cinco cuadras, entre ese lugar y la segunda parada otras cinco cuadras, y desde allí solo dos del lugar de partida, lo que permite inferir que Goicoa estaba regresando a la casa de V..
Reflejan esas distancias en un plano con el recorrido que “habría realizado el rodado de Goicoa con V.” (pág. 9, recurso).
En definitiva, observan que más allá de que el tribunal indicó que el juzgamiento con perspectiva de género no implicaría el menoscabo del derecho de defensa del acusado, denuncian que al valorar la prueba omitieron datos objetivos incompatibles con la hipótesis de la acusación, pues la prueba testifical no corroboró que la mujer estuviera retenida en contra de su voluntad dentro del rodado.
4. También cuestionan la comprobación del denominado Hecho 2. En lo esencial, denuncian que los jueces creyeron acríticamente la versión de la denunciante, cuando las lesiones que se constataron en su cuerpo no fueron compatibles “con las graves y contundentes agresiones” que detalló en el juicio.
Señalan que la mujer fue muy detallista al ilustrar cada una de las agresiones que Goicoa le habría dirigido el día 24/07/2016 en su domicilio, hasta llegar al “ahorcamiento por asfixia de tal magnitud que le provocó la pérdida del conocimiento”, describiendo que el acusado estaba “encima de ella (…) en el piso y con su manos presionándole su cuello con la clara finalidad de quitarle la vida” (pág. 13, recurso).
Exponen que, según el relato de V., Goicoa previamente la habría golpeado con los puños cerrados, la tomó del cabello y la arrastró por toda la escalera, impactando su cabeza en los escalones. Que también “empezó a golpear su cabeza y su cara contra el piso” de mármol, que seguidamente la levantó, “la llevó contra la pared y la empezó a asfixiar con su antebrazo en esa posición, accionar que le quitaba el aire para respirar” (pág. 14, recurso).
Dicho esto, los defensores no controvierten que “ocurrió una discusión” entre V. y Goicoa esa noche, como tampoco que en ese marco “se rompieron objetos materiales que se encontraban dentro de ese domicilio”, pero observan -en contra de lo sostenido por el tribunal- que “las agresiones descriptas por la denunciante no se condicen en absoluto con las lesiones que surgen de los informes médicos” practicados los días 25 y 27 de julio de 2016, es decir, a las pocas horas y a las 48 horas del hecho (pág. 14, recurso).
En lo central, advierten que el primer informe constató equimosis en distintas partes de su cuerpo, incluida una en la cara lateral del cuello; y el segundo informe médico también constató las equimosis y en el cuello una excoriación lineal, lesiones que fueron calificadas en ambos casos como leves.
Señalan que el testigo César Buero vio a V. dos días después y no observó ninguna lesión en la cara o cuello; y que A. F. (hijo de V.) la vio cinco días después, describiendo una lesión en el cuello incompatible con la que constataron los médicos y el propio Buero, pues dijo su madre tenía “tres moretones circulares de un lado de su cuello, de color verde, amarillo”, también dijo ver “como una marca corrida de un dedo en el cuello sin recordar de qué lado” (pág. 16, recurso). En opinión de los recurrentes, existía una duda sobre si el testigo F. realmente observó esas lesiones en el cuello de su madre.
Sobre la demora de V. en poner en conocimiento de la justicia un hecho de tal gravedad, observan que si bien el tribunal valoró que la mujer mencionó que fue tomada del cuello e intentó ser ahorcada ante el equipo interdisciplinario de la CSJN y en la Asociación Argentina de Prevención Contra la Violencia Familiar, consideran que esas manifestaciones no se asemejan a los graves hechos que relató en el juicio y ese no es un dato menor.
Observan que V. respondió, ante preguntas de esa defensa, que no lo mencionó inmediatamente por temor, circunstancia atendible pero que no explica por qué no lo hizo con posterioridad, si declaró en fiscalía y comisaría varias veces. Agregan que V. negó en el juicio haber llamado al 911 esa noche, mientras supuestamente estaba retenida en su domicilio, pero confrontada con su declaración previa lo recordó. No obstante, la fiscalía no corroboró objetivamente ese dato.
En definitiva, entienden que la evidencia disponible no permite dar por probado que la vida de V. estuvo en riesgo y menos aún que la intención de Goicoa haya sido la de quitarle la vida.
5. En subsidio, plantean la inobservancia del art. 43 del Código Penal.
Exponen que el tribunal argumentó que no existió un desistimiento voluntario sino una “postergación” en la comisión del homicidio, pero justificó ese razonamiento en una mera conjetura que no se ajusta a las evidencias del caso.
En ese sentido, observan que según lo relató P. V., al momento de la agresión no había nadie más en la casa y permanecieron en el lugar desde la mañana al anochecer, por lo que si Goicoa hubiera querido consumar el delito, nada se lo hubiera impedido.
Así, alegan que incluso si se diera por probado que Goicoa tuvo la intención de matar a V., su conducta no sería punible, pues el delito no se consumó por el desistimiento voluntario del imputado.
6. Por otro lado, cuestionan la calificación del hecho como homicidio agravado por mediar violencia de género (pág. 24, recurso). Luego de exponer diversas consideraciones teóricas sobre esa figura penal, observan que “no puede considerarse que V., al momento de los hechos, ni luego de ellos, se tratara de una mujer sin plena autonomía, económica, laboral, habitacional, social, etc, como para que pudiera ser considerada inmersa en un contexto de violencia de género irradiado por el yugo opresivo de Goicoa”. Agregan que “el propio accionar de la particular damnificada -con actividad constante en el expediente-” se encontraba lejos de aquella situación en “que se encuentran las mujeres sometidas que pretende proteger el tipo agravado de homicidio del art. 80 inc. 11 del CP” (pág. 26, recurso).
7. Exponen que tampoco se acreditó la existencia de una relación del pareja en los términos que exige el art. 80 inc. 1 del Código Penal. Observan que para su delimitación el intérprete debe remitirse a los arts. 509 y 510 del Código Civil y, bajo esas condiciones, no es posible incluir a una pareja ocasional o de características informales. Recuerdan que Goicoa y V. al momento en que habrían ocurrido los hechos “llevaban apenas un año de contacto, no convivían, no compartían gastos, ni tenían una relación de dependencia mutua, solamente compartían salidas y encuentros íntimos” (pág. 33/34, recurso).
8. Dicho esto, cuestionan la decisión del tribunal que no hizo lugar a la nulidad de la acusación del denominado Hecho III, calificado como amenazas agravadas. Insisten en la indeterminación del hecho que se le atribuyó a Goico y, como consecuencia, la imposibilidad de ejercer en forma efectiva el derecho de defensa del acusado.
Agregan que al dar por probado ese hecho, el tribunal utilizó evidencia que correspondería a otras manifestaciones supuestamente amenazantes de Goico a V. que no estaban incluidas en la acusación.
De todos modos, observan que tampoco se pudo probar que en marzo del año 2017 Goicoa haya amenazado a V. para que retire la denuncia penal ya realizada.
Exponen que el perito Ricardo Said, de la Procuración General de la Nación, al declarar sobre la pericia que realizó en la causa de trámite en la Ciudad de Buenos Aires, informó que en marzo de 2017 solo hubo un llamado telefónico de Goicoa a V., que no fue respondido.
Agregan que de los listados de llamadas y mensajes incorporados por lectura a la causa no surge aquella amenaza y que el comisario Claudio Cabral tampoco pudo aportar claridad sobre este punto, pues solo observó la pantalla del celular de V., sin establecer la procedencia de los mensajes o su contenido.
En resumen, alegan que el tribunal recurrió a comunicaciones anteriores entre el acusado y V., donde aquel se habría dirigido a la mujer de “manera poco cordial”, pero que nada prueban sobre el hecho motivo de acusación (pág. 29, recurso).
9. Finalmente, denuncian inobservancia de los artes. 40, 41 y 58 del Código Penal en el proceso de formación de la pena; y hacen reserva del caso federal.
10. Practicado que fuera el sorteo de rigor y notificadas las partes, el recurso radicó en la Sala.
El Dr. Ignacio Nolfi, Defensor ante esta Sala, mantuvo el recurso interpuesto.
Por su parte, denunció que el tribunal incurrió en “un prejuzgamiento en orden a la configuración en autos (…) de un supuesto de violencia de género” (pág. 4 de su presentación electrónica), pues si bien hizo lugar a la prescripción de los delitos de lesiones leves y amenazas (como cuestión preliminar al inicio del debate), estableció que ello no impedía “a la Fiscalía la producción de su prueba respectiva, la que como bien dijo en los delitos sobrevivientes pudieron haber formado parte del contexto de violencia imperante en aquellos hechos descriptos como I y II” (según transcripción del acta de debate).
Por su parte, la Fiscal Daniela Bersi postuló el rechazo del recurso, por los argumentos que desarrolló en el dictamen presentado.
Así, el Tribunal se encuentra en condiciones de resolver, decidiendo plantear y votar las siguientes
Primera: ¿Es procedente el recurso de casación interpuesto?
Segunda: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión el señor juez doctor Carral dijo:
1. En lo que interesa destacar, luego de la sustanciación del debate, el tribunal tuvo por probado “los siguientes hechos, tal y como fueron motivo de acusación”:
Hecho 1: “que en el contexto de una relación de pareja que se iniciara con posterioridad al mes de mayo del año 2015, y entre los días 23 y 24 de julio de 2016, el imputado Martín Daniel Goicoa luego de pasar a buscar a P. V. por su domicilio sito en la calle Artigas 5137 piso 1ro. Depto A de la localidad de Villa Ballester, Ptdo. de San Martín, a bordo de un vehículo VW Gol de color gris de su propiedad, tras comenzar a discutir con la víctima, la privó ilegalmente de su libertad ambulatoria, impidiéndole mediante el tironeo de sus prendas de vestir, bajar del mencionado vehículo en reiteradas oportunidades durante el recorrido en inmediaciones de la localidad de Villa Ballester, y mediando violencia de género la agredió en la mano, con golpes de puño, para luego agarrarla de los hombros y golpearla contra la puerta del vehículo, y con uno de sus antebrazos ejercer presión sobre el cuello de P. V. a la vez que la insultaba diciéndole "puta, hija de puta, puta de mierda, te querés ir", deponiendo su actitud al acercarse transeúntes que circulaban por el lugar, para acto seguido y prosiguiendo la marcha hasta la intersección de las calles Aristóbulo del Valle y Almirante Brown de la misma localidad, a unas quince o veinte cuadras de la casa de la víctima, volvió a agredirla físicamente mediante golpes de puño presionándola contra la puerta del vehículo, ejerciendo presión sobre el cuello de la víctima con uno de sus antebrazos ocasionando con su accionar lesiones en su integridad física de leve carácter, pudiendo descender P. V. del vehículo en momentos que una vecina del lugar lo sorprendiera al imputado en su accionar y solicitara la intervención policial (pág. 2/3 del registro informático del veredicto).
Hecho 2 : “posteriormente ese mismo día desde horas de la noche y tras permanecer en el domicilio hasta el día siguiente, en el interior de la vivienda de V. (…), el aquí imputado luego de revisar el celular de P. V. y mediando violencia de género la tiró de la cama, la arrastró hasta la puerta de la habitación y luego de levantarla y apoyarla contra el marco de la puerta, la sujetó con su antebrazo presionando el cuello mientras que con la otra mano le efectuaba golpes de puño en el pecho, arrojándola contra un mueble en donde se encontraba el televisor y el DVD prosiguiendo con los golpes de puño en el pecho y patadas en la zona vaginal y piernas ocasionando con su accionar además de daños en el televisor, DVD, mueble producto de los golpes que no había acertado a la víctima, a la vez que le manifestaba que la iba a matar, diciéndole "te voy a reventar, te voy a cortar, hija de puta, te voy a matar" "sabes qué?, mientras hacía un movimiento con uno de sus dedos en el cuello, "en un segundo, así, te voy a cortar", logrando en esa instancia la víctima escapar y refugiarse en el interior del baño, para el aquí imputado tras lograr su ingreso, continuó agrediendo a la víctima mediante golpes de puño siendo que con el fin de impedir que P. V. se escapara bajando las escaleras, la tomo de los cabellos y la subió tres escalones arrastrándola por los escalones hasta el piso superior, en donde se le subió encima tras tomarla de las orejas y de los cabellos le golpeó la cabeza en reiteradas oportunidades contra el piso mientras le decía "llora puta, ahora lloras?, ni se te ocurra, ya vas a ver", y con la intención de causarle la muerte, con el antebrazo ejerció presión sobre el cuello ocasionando la pérdida de conocimiento de P. V., no logrando su cometido por circunstancias ajenas a su voluntad, permaneciendo privada ilegalmente de su libertad ambulatoria hasta horas de la noche donde en un descuido del nombrado pudo salir de su vivienda y requerir ayuda (pág. 2/3, veredicto).
Hecho 3 : “que en día indeterminado del mes de marzo de 2017, el aquí imputado y con el fin de amedrentar a P. V., y con intenciones que cesara en sus denuncias, le profirió nuevas amenazas manifestándole que retirara la denuncia, que lo pensara,
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