Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, Sala V · Causa 133216
1302-24821-22
En la ciudad de La Plata, se reúnen en acuerdo ordinario los señores jueces de la Sala V del Tribunal de Casación Penal, Manuel Bouchoux y Fernando Luis María Mancini, con el fin de resolver el recurso presentado en la causa nro. 133.216 caratulada “AGÜERO DANIEL ANTONIO O AGÜERO VICTOR DANIEL O AGÜERO VICTOR ORLANDO S/ RECURSO DE CASACIÓN". Practicado el sorteo de ley, resultó que en la votación los jueces deberán observar el orden siguiente: BOUCHOUX-MANCINI.
El Tribunal en lo Criminal N° 1 del departamento Judicial Quilmes, con sede en Florencio Varela condenó, en el marco de un juicio abreviado, a Víctor Daniel Agüero, a la pena de cinco (5) años de prisión, multa equivalente a cuarenta y cinco (45) unidades fijas, accesorias legales y costas, declarándolo reincidente por segunda vez, por encontrarlo autor responsable del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, en concurso real con robo agravado por el uso de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no puede tenerse por acreditada.
Contra dicha sentencia interpuso recurso de casación la defensora oficial, Mariana Yeregui.
Efectuadas las vistas correspondientes, la Fiscalía de Casación solicitó el rechazo de la impugnación, conforme a los argumentos expuestos en el respectivo memorial.
De tal modo, notificadas las partes de la integración, y hallándose la causa en estado de dictar sentencia, este tribunal decidió plantear y votar las siguientes
Primera: ¿Es procedente el recurso interpuesto?
Segunda: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada, el Sr. Juez Manuel Bouchoux dijo:
I. La sentencia recurrida fue dictada en el marco de un de juicio abreviado acordado por las partes.
Así las cosas, entiendo necesario realizar algunas consideraciones en orden a la naturaleza de este procedimiento y su impugnación ante esta instancia.
Corresponde inicialmente recordar que nuestro máximo tribunal ha dejado en claro la plena vigencia del derecho a la revisión judicial de la condena en este tipo de juicios, indicando expresamente que debe descartarse que en estos casos el pronunciamiento constituya “un mero acto homologatorio de lo convenido por el imputado, su defensa y el representante fiscal”, añadiendo además que “la sentencia del juicio abreviado no puede hallarse exenta de la debida motivación y, por ende, tampoco es posible predicar a su respecto la ausencia de revisión” (S.C.B.A., P.90327, sent. del 1-III-2006, voto del juez Soria).
En similar sentido, se ha sostenido acertadamente que “el hecho de que el imputado y su defensa prestara su conformidad para la celebración del juicio abreviado, renunciando a la realización del juicio oral y público, no implica que el sentenciante deba desentenderse de las obligaciones republicanas que impone no sólo la manda constitucional sino también la regulación del artículo 371 del ritual, en punto a que debe dar las explicaciones necesarias que permitan comprender cómo arriba a la solución pronunciada, de manera tal que la sentencia, es decir, el acto procesal mediante el cual se materializa el poder punitivo del estado, goce de la correspondiente autosuficiencia” (Sala III de este Tribunal, c. 42130, voto del Juez Carral, sent. 16-IX-2010).
Partiendo de ese marco de análisis, el procedimiento abreviado supone entonces que el imputado renuncie nada menos que a su derecho a ser juzgado en un juicio oral. Ello conlleva también permitir un fallo derivado de un procedimiento sin contradicción y, particularmente, implica renunciar al derecho a la confrontación de los testigos de cargo (8.2.f CADH; 14.3.e PIDCP), consintiendo la posibilidad de generar convicción de culpabilidad a partir de elementos probatorios sustentados en testimonios de personas que no declaran ante el juez que debe decidir sobre los hechos, que en ocasiones ni siquiera lo hacen en sede judicial, y que no son sometidos a la exigencia del examen cruzado de las partes. Obviamente, todo ello solo puede admitirse en tanto tal vía sea adoptada voluntariamente por el imputado a partir del asesoramiento recibido por su defensa técnica.
En ese contexto, y si bien la verdad judicial derivada de un proceso penal siempre resulta en cierto sentido limitada por las propias posibilidades de reconstrucción histórica que permite el juicio oral, tratándose del procedimiento abreviado, la ausencia de inmediación, contradicción y examen cruzado de testigos, ofrece un escenario más rudimentario, habilitando legalmente el dictado de un pronunciamiento -eventualmente- condenatorio derivado de una reconstrucción fáctica signada por una mayor cuota de precariedad, derivada de la ausencia de un litigio pleno.
Claro que el particular procedimiento abreviado instaurado en nuestra provincia no requiere la admisión de los hechos por parte del imputado. En esto se diferencia de otros sistemas provinciales, del procedimiento previsto específicamente para el debate oral en los juicios correccionales (art. 378 C.P.P., que habla específicamente de confesión) y del propio sistema inicial de la ley 11.922 (cf. art. 399 texto original) que sí preveía la admisión de los hechos y participación del imputado, y que fuera modificado antes de su entrada en vigencia por la ley 12.059. Esta decisión legislativa parece acertada, por cuanto todo juzgamiento penal que gire en torno a la confesión del imputado, aun enmarcado en un sistema procesal moderno y con una etapa de juicio adversarial, tiene un sospechoso aroma inquisitivo.
En nuestro sistema, la conformidad prestada por las partes implica aceptar como objeto de juzgamiento una hipótesis fáctica -el hecho materia de acusación-, su significación jurídica y el tope punitivo pactado, y -como acertadamente ya se ha dicho- la sentencia dictada no tiene naturaleza homologatoria, y debe fundarse en las evidencias legítimamente producidas durante la investigación (cf. C.81762, Sala IV de este Tribunal, voto del Juez Kohan, sent. del 16-V-2017), las que deberán valorarse según las reglas de la sana critica con expresión de las razones que motivan la decisión (art. 210 y 371 del C.P.P.).
En el caso del juicio abreviado criminal, la ley procesal habilita expresamente la vía casatoria para impugnar la decisión, pero a la par establece un procedimiento también abreviado en esta instancia, que se traduce esencialmente en que el fallo se dicta sin previo debate oral y que sus fundamentos se expresan sintéticamente (arts. 464 inc. 2 y 465 del C.P.P.). De modo que los agravios traídos ante este Tribunal deberán ser tratados concisamente por imperativo legal.
II. En función de lo dicho en el punto anterior, abordaré los planteos de la parte con el alcance allí indicado.
La defensa plantea los siguientes motivos de agravio: 1) entiende que no se ha acreditado la afectación del bien jurídico, ante la falta de cuantificación, en dosis umbrales, del material estupefaciente incautado; 2) discrepa con la valoración de la prueba, en lo que concierne a ambos hechos; y 3) solicita la declaración de inconstitucionalidad, tanto de la pena de multa como de la declaración de reincidencia.
III. El tribunal tuvo por acreditada la materialidad ilícita en los siguientes términos:
Hecho I: "… el día 15 de diciembre de 2022 el aquí imputado en autos Daniel Antonio Agüero tenía en su poder estupefacientes para la ultrafinalidad de comercializar al menudeo, sin la debida autorización de autoridad competente, a ocasionales compradores. En la fecha indicada en el párrafo que antecede, a partir de las 17:30 horas, personal de la División Motorizada del Comando de Patrullas de Florencio Varela, realizando recorrida operativa en prevención de ilícitos y faltas en todas sus gamas, en un domicilio ubicado en la calle 404 A y 447 de la localidad de Dante Ardigo, partido de Florencio Varela, procedieron a reducir al encartado Agüero, quien momentos previos fuera visto por los funcionarios policiales realizar un movimiento de pasamanos con otro sujeto del sexo masculino, no identificado y quien al notar la presencia de los preventores realizó ademanes con intención de ocultar para luego ingresar a la vivienda antes mencionada con intenciones de emprender su huida; siendo que de su requisa personal se secuestraron cuatro (4) envoltorios de nylon, de color verde, con 1,2 gramos de sustancia identificada a través del test de orientación como pasta base de clorhidrato de cocaína, mientras que del registro de la finca en la que fuera reducido Agüero se incautaron siete bolsas de nylon, transparentes, conteniendo entre todas ellas un total de doscientos veinte (220) envoltorios de nylon, de color verde, con un total de 93,4 gramos de sustancia identificada según el reactivo como pasta base de clorhidrato de cocaína, una bolsa de nylon transparente, conteniendo varios recortes de nylon, de color verde, elemento utilizado para el fraccionamiento de las dosis de estupefaciente destinadas a la venta, y dinero en billete, de moneda nacional y curso legal, siendo la suma total de once mil ciento sesenta pesos ($ 11.160) fruto de la actividad ilícita que realizaba el nombrado …".
Hecho II: "… el día 1 de noviembre de 2021, siendo las 00.30 hs. aproximadamente, dos masculinos, uno de ellos no identificado al momento, y otro identificado como Agüero, Víctor Orlando, mediante intimidación con arma de fuego cuya aptitud para el disparo no puede tenerse de ningún modo por acreditada, procedieron a apropiarse ilegítimamente del rodado conducido por el Sr. Romero, Brian Miguel, de tipo motovehículo marca Zanella 110, dominio colocado 948-LAY, mientras el mismo lo conducía sobre calle 1331, altura catastral 545, de Florencio Varela, logrando así la libre disponibilidad de lo ilegítimamente sustraído …".
IV. 1. Sostiene la defensora, en torno del primer motivo, que no se verifica la afectación del principio de lesividad, pues no se justificó cómo es que se infringiría el art. 19 de la Constitución Nacional, por cuanto el material estupefaciente secuestrado no ha sido cuantificado, sino que simplemente se ha determinado su calidad de clorhidrato de cocaína, sin que ello baste para determinar su capacidad lesiva.
Argumenta que, para poder afirmar que nos encontramos ante sustancias que causen dependencia física o psíquica, es necesario que al menos se alcance una “dosis umbral”, es decir, el mínimo de sustancia necesaria para ocasionar efecto adictivo propio de un estupefaciente.
Solicita el dictado de la absolución, en lo que respecta al ilícito en cuestión.
IV. 2. En primer lugar corresponde señalar que la significacion jurídica de los hechos que ahora cuestiona la defensa está contenida en el acuerdo de juicio abreviado que oportunamente convinieron las partes, donde se estableció que a la hipótesis fáctica a juzgar le correspondía -en lo que ahora interesa- la calificación de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización (art. 5 inc. c, Ley 23.737).
Ello establecido, la cuestión que introduce ahora la defensa -la pretendida inexistencia de afectación del bien jurídico relevado en el tipo penal por ausencia de cuantificación del material secuestrado- no fue objeto de discusión porque no hubo un juicio contradictorio atento el acuerdo antes referido.
Sin perjuicio de lo expuesto, en el fallo se hizo una breve referencia al dictamen pericial concretado en el caso, al decir la magistrada de grado que “… sobre la sustancia estupefaciente incautada se realizó pericia química en fecha 15 de agosto de 2023, en el Laboratorio de Cromatografía Gaseosa del Instituto de Investigación Criminal y Ciencias Forenses La Plata, la cual concluyó que las muestras analizadas e identificadas como M0, M1, M2, M3, M4, M5, M14, M15, M24, M25, M34, M35, M44, M45, M54, M55, M64 Y M65 se ha constatado la presencia de cocaína …”.
Ahora bien, para dar respuesta al nuevo planteo defensista corresponde señalar primero que para nuestra ley penal se entiende por estupefaciente, según lo dispone el art. 77 del Código Penal, las “… sustancias susceptibles de producir dependencia física o psíquica, que se incluyan en las listas que se elaboren y actualicen periódicamente por decreto del Poder Ejecutivo nacional …”.
Ello establecido, en el caso se ha probado pericialmente la presencia de cocaína en la sustancia incautada, y -según surge de la materialidad ilícita- también que se secuestró al imputado 4 envoltorios con 1,2 gramos y luego en la finca 220 envoltorios con un total de 93,4 gramos, en ambos casos de aquel elemento que -como se dijo- fuera peritado oportunamente, todo lo cual determina que en el caso concreto la afectación al bien jurídico salud pública aparezca suficientemente acreditada.
Comparto el criterio que sostiene que “… debe repararse que cuando nos referimos a la tutela del “bien jurídico” salud pública en el marco de las infracciones que prevé la ley de estupefacientes, la orientación normativa de los comportamientos prohibidos no está dirigida a la preservación de la salud de una persona en particular (esas reglas se encuentran articuladas en los ilícitos de lesiones), como tampoco se trata de la preservación de determinado nivel de tasas de salubridad de la población en general, sino de garantizarle a la población determinadas prestaciones básicas en el contexto de los servicios de salud …” (Juez Carral, causa nro. N° 99.624, caratulada “Salomone Néstor Fabián S/ Recurso de Casación”, RDS nro. 1236)
Por estas razones, el planteo no prospera.
V.1. En cuanto al segundo de los motivos de agravio, en lo referido a la tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, y luego de repasar la forma en que procedió el personal policial, sostiene que la versión del hecho se asienta, pura y exclusivamente, en los dichos de los funcionarios que actuaron en el caso.
Refiere que de la declaración del testigo de actuación, Luis Carlos Arguello, surge que, a su arribo al lugar de la aprehensión, los preventores ya se hallaban en el interior de la finca y que tenían reducido al causante en el lugar.
Luego, expresa que los policías observaron un "pasamanos", sin que surja cuál de los sujetos sería el supuesto comprador y cuál el vendedor. Posteriormente, señala que no se encuentra fundamentada la urgencia para que el personal policial procediera de la forma en que lo hizo.
Argumenta que no existen tareas de inteligencia ni procedimientos de compradores previos que permitan acreditar que el encausado, o en la edificación, se desarrollaba la actividad de comerciar estupefacientes. Expuso que su defendido sostuvo que reside en otro domicilio, distante del lugar.
Finaliza concluyendo que el fallo no aparece motivado en torno a la relación de disponibilidad con la sustancia incautada, y reclama la absolución.
V.2. La magistrada de grado efectuó un examen lógico de la prueba, sin que la defensa consiga poner en evidencia la falta de fundamentación que denuncia en forma genérica.
Así, los embates recursivos, en lo que concierne al presente hecho, se limitan a una visión meramente dispar de la valoración probatoria efectuada en la instancia anterior.
En efecto, fue expuesto en el veredicto que surge del acta de procedimiento que, el día del suceso, personal policial se encontraba recorriendo la zona, de modo que “… observaron la presencia de dos sujetos de sexo masculino realizando maniobras de pasamanos …”, de modo que, para no poner en evidencia el descubrimiento de la operación considerada sospechosa, realizaron unos metros más y retornaron hacia el lugar. En ése entonces, notaron que uno de los sujetos ya no se encontraba, pero sí el restante, el cual “… realizaba ademanes como si ocultaría algo entre sus prensas a la altura de la cintura, ante ello aceleraron la marcha debido a que se encontraban distantes unos 30 metros aproximadamente de la esquina y al impartirle la vos de "ALTO POLICIA" (sic) este masculino se tomó la cintura e ingresó a la carrera a un domicilio del lugar, procedieron a ingresar detrás del masculino y sin perderlo de vista y mientras iban detrás del masculino éste se descartó de una cuchilla e ingresó al interior de la edificación donde lograron reducirlo haciendo uso de la fuerza mínima e indispensable, donde a simple vista notaron sobre una repisa ubicada en el interior de la vivienda varias bolsas con envoltorios y dinero …”; luego de lo cual, se produce el hallazgo del material que, dicho sea de paso, no aparece cuestionado.
Dijo la recurrente, en un tramo del recurso, si “… se puede válidamente poner en tela de juicio la conducta de un adquirente de estupefacientes para propio consumo que lleve consigo, al encuentro con su proveedor, un elemento para su eventual defensa …”; para luego afirmar que “… mal puede reprocharse la acción de mi asistido de emprender la huida a la carrera al notar la presencia de uniformados en el lugar …”.
Sin perjuicio de que la modalidad de juzgamiento adoptada por las partes, como antes dije, no hace posible la discusión propia del debate oral, donde en el marco del contradictorio las partes plantean y producen prueba en orden a sus teorías del caso, lo cierto es que la exposición defensista aparece en este caso como una mera hipótesis indemostrada, despojada de elementos de prueba que acompañen o corroboren la mera afirmación, lo que sella la suerte de este tramo de la queja (comparto el criterio sentado en causa nro. 115.434 de esta Sala, caratulada “ Cacace Miguel Darío S/ Recurso de Casación ” , RS-802-2022, conforme el voto del Sr. Juez Daniel Carral).
Luego, el sistema adoptado por el código ritual, a partir del principio de libertad probatoria –art. 209 del CPP-, que permite al tribunal fundar su convicción sincera y razonada en cualquier medio de prueba, torna claramente insuficiente el agravio conforme al cual se esgrime que el juicio de mérito sólo se afinca en elementos vinculados al personal policial que intervino en el caso de marras, pues, precisamente, la magistrada no ha hecho otra cosa que valorar el material probatorio existente, en este caso, las constancias de la investigación erigidas en prueba, conforme al art. 399 del ritual.
En cuanto a su valor convictivo, las circunstancias en las cuales se produjo la aprehensión del imputado, luego de que el personal policial observara un pasamanos entre dos personas de sexo masculino –una de ellas el causante-, y pocos segundos después, una vez advertida la presencia policial, el ahora imputado procurara esconder algo entre sus ropas y emprendiera la fuga, siendo localizado en el interior de la vivienda en donde no sólo había una considerable cantidad de envoltorios con clorhidrato de cocaína, sino también elementos para el fraccionamiento del material, resultan todos ellos datos que -complementados por los otros elementos ponderados- son útiles para acreditar la hipótesis fáctica postulada por la fiscalía.
En orden a su validez, el planteo defensista vinculado con la legalidad del procedimiento policial -por no configurarse en su criterio un supuesto del artículo 294 del rito-, no puede ser atendido en esta instancia.
En efecto, -como ya se dijo- las partes han acordado un procedimiento abreviado, a lo que debe añadirse que no invoca la defensa haber realizado planteo alguno sobre el punto en el momento oportuno (art. 205 inc. 1 del C.P.P.) sin que tampoco se explique la existencia de una afectación constitucional -la parte se limita a cuestionar la aplicabilidad al caso del art. 294 del rito-, ni se alegue ni se advierta la existencia de un perjuicio concreto (art. 201, 2° párrrafo del C.P.P.), todo lo cual impide activar el control casatorio sobre el punto.
Sin más, y no evidenciándose arbitrariedad en el razonamiento del tribunal al ponderar la prueba vinculada al delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, no se configura la denunciada violación del principio “ in dubio pro reo ”, con lo que no ha de prosperar el planteo abso
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