Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, Sala V · Causa 134201
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaHacer lugar al recurso de casación interpuesto, casar la decisión recurrida y reenviar los autos al Tribunal de origen para que, debidamente integrado, fije la pena que corresponde imponer a B. G. R., teniendo en cuenta lo resuelto, sin costas (arts. 18 y 75 inc. 22 C.N; 40 C.D.N.; 4 Decreto 22.278; 106, 399, 448, 530 y concs., CPP; 1° y 36 ley 13.634).
0600-30755-23
134.201
En la ciudad de La Plata, se reúnen en acuerdo ordinario los señores jueces integrantes de la Sala Quinta del Tribunal de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires, Manuel Alberto Bouchoux y Daniel Alfredo Carral, a fin de resolver el recurso de casación interpuesto en la causa Nº134.201 a favor de B., G. J. R. Practicado el sorteo de ley, resultó que en la votación debía observarse el orden siguiente: BOUCHOUX-CARRAL.
El 4 de junio de 2024 el Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N°1 del departamento judicial La Plata, en la causa N°4619/2023, resolvió condenar a B., G. J. R. a la pena de seis años y ocho meses de prisión por resultar autor responsable del delito de robo agravado por el uso de arma de fuego apta para el disparo.
Contra dicha resolución, el Defensor Oficial titular de la Unidad de Defensa Oficial N°15 de dicho departamento judicial, Ricardo Fabián Berenguer, interpuso recurso de casación.
Cumplidos los trámites de rigor, esta causa se encuentra en condiciones de ser resuelta, por lo que el Tribunal decidió tratar y votar las siguientes:
Primera: ¿Es procedente el remedio de casación intentado?
Segunda: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión , el señor juez Bouchoux dijo:
I. El recurrente plantea que la decisión que cuestiona vulnera los arts. 18 y 75 inc. 22 de la Constitución nacional; 40 inc. segundo “b” de la CIDN; 4 del dec. ley 22.278; 17 de las Reglas de Beijing, 399 del CPP e inobserva la doctrina jurisprudencial del caso "Maldonado" de la CSN.
Considera que, tomando como base dicho precedente en cuanto a que la pena que se aplique al menor nunca podrá ser igual a la que se imponga a un adulto (considerando 40) señala que se pactó la aplicación de la pauta reductora al nivel de la tentativa y una pena única de cinco años y diez meses de prisión -teniendo en cuenta que en el caso la pena resultante debe unificarse con la de cinco años y seis meses de prisión dictada en la causa N°3514/2022R.I902 y su acumulada 4145, R.I. 911-.
Alega que el sentenciante debilitó el sentido del acuerdo al indicar que la solicitud fue para que "se analice la posibilidad de la reducción". Estima que la petición se hizo para que se aplicara ineludiblemente esa reducción.
Entiende que, en este proceso, corresponde que se aplique al joven una pena que permita arribar al número acordado al momento de su unificación. Estima que ello no sucedería si se impone -como hizo el a quo- una pena superior al monto unificado.
Argumenta que la pretensión fiscal fija un límite infranqueable (art.399, CPP.). Sin embargo, aduce que, pese a que el juzgador homologó el pacto de juicio abreviado, aplicó un monto que excede cuantitativamente el acuerdo de partes. Postula que resulta arbitrario y se aleja de los parámetros legales que debe seguir el proceso juvenil.
Por otra parte, señala que los informes valorados y la audiencia mantenida con el joven debieron llevar a considerar particularmente los señalamientos de nuestro máximo tribunal a los fines de la aplicación de una pena reducida.
Solicita que se reenvíen los autos a la instancia para que se realice una nueva determinación de la sanción aplicable a R.
II. La Sra. Fiscal Adjunta de Casación, Daniela Bersi, propicia el rechazo del recurso interpuesto.
Entiende que la reducción de la pena a la escala penal del delito tentado, de acuerdo a lo establecido por el art. 4 de la ley 22278, es una facultad privativa y exclusiva del Juez de la causa.
En consecuencia, estima que obran en la causa elementos suficientes para declarar el merecimiento y la necesidad de aplicación de la escala del delito consumado, teniendo en cuenta la modalidad violenta del hecho cometido mediante el empleo de armas de fuego, el resultado negativo del tratamiento tutelar y la impresión personal causada en la audiencia celebrada, todo lo cual hace necesaria, en su criterio, la sanción por cuanto fomenta una toma de conciencia en el joven en cuanto a las consecuencias de sus actos, esto es, que asuma su responsabilidad por los delitos cometidos como parte de su readaptación social.
III. El Sr. Defensor Adjunto de Casación, José María Hernández, se remite a la presentación original y peticiona en idéntico sentido.
Advierte que se produjo un claro apartamiento a la Doctrina Legal de la SCBA “Benítez” (P.132.174), cuyos fundamentos en su criterio resultan plenamente aplicables al caso en lo relacionado con la dosificación de la pena, al haberse apartado del mínimo legal de la escala aplicable,
Añade que no debe olvidarse que, tratándose de una causa del Fuero Penal Juvenil, rigen principios específicos que no pueden ser desconocidos porque integran el derecho constitucional-convencional en la materia.
Asimsimo, opina que la resolución puesta en crisis ha generado una cuestión de índole federal al violentar el debido proceso legal (art 18, Cons. nac.) y los principios rectores del proceso de menores en conflicto con la ley penal (arts. 33, la ley 13.634 y 3,37 y 40, CIDN).
IV. Adelanto que asiste razón a la defensa.
Conforme surge del acuerdo acompañado al presente legajo digital, las partes pactaron que se imponga a R. la pena de seis años y ocho meses de prisión por resultar coautor responsable del delito de robo agravado por el empleo de arma de fuego apta para el disparo.
Asimismo, se desprende de dicho acuerdo que peticionaron al magistrado “ que haga aplicación de lo normado por el art. 4 de la ley 22.278 y conforme criterio de la Corte Suprema de Justicia sentado al respecto en el fallo Maldonado, reduzca el monto de pena solicitado, de conformidad con la escala de la tentativa ”.
También solicitaron que la presente causa se acumule a la N°3514/2022 (acumulada a su vez a la N°4145). Por último, acordaron que “ se aplique la pena única de 5 (cinco) años y 10 (diez) meses de prisión de efectivo cumplimiento, comprensiva de la de 5 (cinco) años y 6 (seis) meses aplicada en la causa 3514/2022 R.I. 902 (I.P.P. 06-00-005089-22/00) y su acumulada 4145, R.I. 911 (I.P.P. 06-00-021798-22/00), y de la pena que aplique en la presente causa ”.
Al resolver la tercera cuestión de la sentencia, el Tribunal consideró que las partes solicitaron que, en virtud de lo normado en el artículo 4 del decreto ley 22278 y conforme al criterio de la Corte Suprema de la Nación, se analizara “ la posibilidad de reducción de la pena peticionada de conformidad con las reglas de la tentativa ”.
En ese andarivel, estimó que el artículo 4 de la ley 22.278 concede tres opciones: “ a) aplicar la pena que le correspondería; b) utilizar la escala penal de la tentativa o; c) la dispensa de la sanción ”.
Argumentó que la reducción de la pena a la escala penal del delito tentado, de acuerdo a lo establecido por el art. 4 de la ley 22278, es una facultad privativa y exclusiva del Juez de la causa. Como fundamento de su postura, citó el precedente "Maldonado" de la Corte nacional según el cual la reducción de la escala penal prevista en dicha norma es facultativa para los sentenciantes.
Evaluó que, en el caso, teniendo en cuenta la gravedad del delito juzgado sumado al resultado negativo del tratamiento tutelar, la condena firme que R. registra y la impresión causada por el joven, no resultaba procedente la reducción de la sanción a la escala penal de la tentativa, conforme la facultad conferida por el artículo 4 de la ley 22.278. Así, condenó a R. a la pena de seis años y ocho meses de prisión y tuvo presente la petición de unificación de penas para el momento procesal oportuno, en atención al diferente estadio procesal por el que transitaban ambas causas.
Reseñados los antecedentes del caso, en primer lugar, entiendo necesario realizar algunas consideraciones en orden a la naturaleza del juicio abreviado acordado por las partes, su impugnación ante esta instancia, y en especial lo referido al motivo de agravio: el ámbito de lo pactable en el caso de un proceso penal juvenil
Corresponde inicialmente recordar que nuestro máximo tribunal ha dejado en claro la plena vigencia del derecho a la revisión judicial de la condena en este tipo de juicios, indicando expresamente que debe descartarse que en estos casos el pronunciamiento constituya “un mero acto homologatorio de lo convenido por el imputado, su defensa y el representante fiscal” , añadiendo además que “la sentencia del juicio abreviado no puede hallarse exenta de la debida motivación y, por ende, tampoco es posible predicar a su respecto la ausencia de revisión” (S.C.B.A., P.90327, sent. del 1-III-2006, voto del juez Soria).
En similar sentido, se ha sostenido acertadamente que “el hecho de que el imputado y su defensa prestara su conformidad para la celebración del juicio abreviado, renunciando a la realización del juicio oral y público, no implica que el sentenciante deba desentenderse de las obligaciones republicanas que impone no sólo la manda constitucional sino también la regulación del artículo 371 del ritual, en punto a que debe dar las explicaciones necesarias que permitan comprender cómo arriba a la solución pronunciada, de manera tal que la sentencia, es decir, el acto procesal mediante el cual se materializa el poder punitivo del estado, goce de la correspondiente autosuficiencia” (Sala III de este Tribunal, c. 42130, voto del Juez Carral, sent. 16-IX-2010).
En particular, y específicamente en relación al fuero que nos incumbe, se ha dicho: "la circunstancia de que la determinación de la necesidad de imponer pena y su eventual reducción de acuerdo a la escala atenuada se dé en el marco de una sentencia dictada por medio del sistema de juicio abreviado (art. 395 y ss., ley cit.), en modo alguno implica que aquélla no deba -si fuera atacada recursivamente- ser revisada y de esta manera, dotada dicha impugnación de todas las prerrogativas constitucionalmente aseguradas. Toda vez que, no existe en la normativa constitucional distinción que autorice su discriminación frente a otra que tramite por vía del juicio común (conf. arg. P. 87.176, sent. del 6-IX-2006 y P. 90.327, sent. del 1-III-2007; P. 91.823, sent. del 18-II-2009, entre muchas otras)" (P 125.565, sent. del 4-VIII-2016).
Partiendo de ese marco de análisis, el procedimiento abreviado supone entonces que el imputado renuncie nada menos que a su derecho a ser juzgado en un juicio oral. Ello conlleva también permitir un fallo derivado de un procedimiento sin contradicción y, particularmente, implica renunciar al derecho a la confrontación de los testigos de cargo (8.2.f CADH; 14.3.e PIDCP), consintiendo la posibilidad de generar convicción de culpabilidad a partir de elementos probatorios sustentados en testimonios de personas que no declaran ante el juez que debe decidir sobre los hechos, que en ocasiones ni siquiera lo hacen en sede judicial, y que no son sometidos a la exigencia del examen cruzado de las partes. Obviamente, todo ello sólo puede admitirse en tanto tal vía sea adoptada voluntariamente por el imputado a partir del asesoramiento recibido por su defensa técnica.
En ese contexto, y si bien la verdad judicial derivada de un proceso penal siempre resulta en cierto sentido limitada por las propias posibilidades de reconstrucción histórica que permite el juicio oral, tratándose del procedimiento abreviado, la ausencia de inmediación, contradicción y examen cruzado de testigos, ofrece un escenario más rudimentario, habilitando legalmente el dictado de un pronunciamiento -eventualmente- condenatorio derivado de una reconstrucción fáctica signada por una mayor cuota de precariedad, derivada de la ausencia de un litigio pleno.
Claro que el particular procedimiento abreviado instaurado en nuestra provincia no requiere la admisión de los hechos por parte del imputado. En esto se diferencia de otros sistemas provinciales, del procedimiento previsto específicamente para el debate oral en los juicios correccionales (art. 378 C.P.P., que habla específicamente de confesión) y del propio sistema inicial de la ley 11.922 (cf. art. 399 texto original) que sí preveía la admisión de los hechos y participación del imputado, y que fuera modificado antes de su entrada en vigencia por la ley 12.059. Esta decisión legislativa parece acertada, por cuanto todo juzgamiento penal que gire en torno a la confesión del imputado, aun enmarcado en un sistema procesal moderno y con una etapa de juicio adversarial, tiene un sospechoso aroma inquisitivo.
En nuestro sistema, la conformidad prestada por las partes implica aceptar como objeto de juzgamiento una hipótesis fáctica -el hecho materia de acusación-, su significación jurídica y el tope punitivo pactado, y -como acertadamente ya se ha dicho- la sentencia dictada no tiene naturaleza homologatoria, y debe fundarse en las evidencias legítimamente producidas durante la investigación (cf. C.81762, Sala IV de este Tribunal, voto del Juez Kohan, sent. del 16-V-2017), las que deberán valorarse según las reglas de la sana critica con expresión de las razones que motivan la decisión (arts. 210 y 371 del C.P.P.).
Tratándose del proceso del fuero penal juvenil, y en lo que interesa al agravio traído por la defensa, el procedimiento de juicio abreviado presenta algunas particularidades.
En efecto, en este caso el margen de lo acordable por las partes se amplia en los términos del anteúltimo párrafo del artículo 4 del Decreto 22.278, en cuanto permite -para el caso de que se decida que procede una sanción- reducir la escala penal penal en los términos de la tentativa.
Entiendo que en orden al alcance de la función jurisdiccional sobre el punto -determinación de la pena- la normativa mencionada complementa con simillar esencia el artículo 41 del C.P., de modo que en ambos casos resulta aplicable la restricción expresamente prevista por el artículo 399 del C.P.P., cuestión esta -la de la acotación del margen individualizador en el juicio abreviado- largamente analizada por este Tribunal en el Plenario 6467 (12-XII-2002), con antigua integración, donde se decidió que la petición fiscal no limita al juez en la determinación del monto de la pena, salvo en los casos legalmente previstos (con explicitación en los fundamentos del fallo en orden al procedimiento abreviado -v.g., votos de los jueces Mancini y Celesia, entre otros-.).
La interpretación según la cual en el proceso penal juvenil las partes pueden acordar la sanción con la reducción prevista por la normativa específica es en mi criterio una aplicación de aquel principio reconocido oportunamente por nuestra Corte Suprema -según el cual "los niños poseen los derechos que corresponden a todos los seres humanos, menores y adultos, y tienen además derechos especiales derivados de su condición" (precedente "Maldonado", CSJN; Fallos 328:4343, sentencia del 7-XII-2005, considerando 32). La traducción de tal principio a la problemática que aquí analizamos -cercana pero distinta a la debatida en aquel precedente- implica que además de la posibilidad que tienen los adultos (acordar un tope punitivo con el fiscal en el marco de la escala penal prevista por la ley sustancial), los niños tienen una posibilidad añadida derivada de su condición (acordar un tope punitivo que de cuenta de la reducción que autoriza la legislación especial).
En este sentido, entiendo que la mención que se hace en el fallo impugnado en orden a que "la Suprema Corte de la Provincia ha sostenido reiteradamente que del fallo 'Maldonado' de la Corte Nacional no surge que la reducción de la escala penal de la tentativa prevista en el art. 4 de la ley 22278 sea obligatoria, sino que es facultativa para los sentenciantes (conf. causas P 126089 sent del 21-III-2018, P 128089, sent. del 26-XII-2018, entre otras)", resultaría correcta y plenamente aplicable si se tratara de una sentencia dictada en el marco de un juicio oral contradictorio, en cuyo caso el juez no estaría limitado en relación a una solicitud de aplicación de la escala atenuada, pero en cambio no da cuenta de la problemática planteada en el caso en donde se peticionó conjuntamente -es decir, se acordó en el marco de lo pactable en el procedimiento abreviado- que se haga aplicación de lo normado en la legislación específica y se reduzca la pena conforme la regla de la tentativa (cf. Requerimiento de trámite especial de juicio abreviado , punto VII, acápite A, 2° párrafo).
No sobra decir que, también, tal conclusión es adecuada en tanto se entienda que en la base del procedimiento abreviado está la garantía para el imputado de que su voluntaria renuncia al juicio oral constitucional vaya acompañada de certeza respecto del tope punitivo pactado, evitando entonces que tan importante decisión lo coloque en una situación de incertidumbre respecto de los límites derivados del acuerdo suscripto.
En definitiva, en el caso, luego de declarado admisible el acuerdo de juicio abreviado se dictó una sanción que violó el tope punitivo oportunamente acordado por las partes, de modo que se transgredió lo dispuesto en el art. 399 del C.P.P.
En función de lo expuesto, propongo al Acuerdo hacer lugar al recurso de casación interpuesto y reenviar los autos al Tribunal de origen para que, debidamente integrado, fije la pena que corresponde imponer a B. G. R., teniendo en cuenta lo resuelto, sin costas (arts. 18 y 75 inc. 22 C.N; 40 C.D.N.; 4 Decreto 22.278; 106, 399, 448, 530 y concs., CPP; 1° y 36 ley 13.634).
Así lo voto.
A la misma cuestión planteada, el señor juez Carral dijo:
Adhiero al voto del señor juez Bouchoux en igual sentido y por los mismos fundamentos.
Así lo voto.
A la segunda cuestión planteada, el señor juez Bouchoux dijo:
En atención al resultado que arroja el tratamiento de la cuestión precedente, corresponde hacer lugar al recurso de casación interpuesto y reenviar los autos al Tribunal de origen para que, debidamente integrado, fije la pena que corresponde imponer a B. G. R., teniendo en cuenta lo resuelto, sin costas (arts. 18 y 75 inc. 22 C.N; 40 C.D.N.; 4 Decreto 22.278; 106, 399, 448, 530 y concs., CPP; 1° y 36 ley 13.634).
Así lo voto.
A la misma cuestión planteada, el señor juez Carral dijo:
Adhiero al voto del señor juez doctor Carral en igual sentido y por los mismos fundamentos.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, la Sala V del Tribunal
HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto, casar la decisión recurrida y reenviar los autos al Tribunal de origen para que, debidamente integrado, fije la pena que corresponde imponer a B. G. R., teniendo en cuenta lo resuelto, sin costas (arts. 18 y 75 inc. 22 C.N; 40 C.D.N.; 4 Decreto 22.278; 106, 399, 448, 530 y concs., CPP; 1° y 36 ley 13.634).
Regístrese, notifíquese a la Defensa y al Ministerio Público Fiscal y oportunamente devuélvase.
GS
Firmas
Funcionario Firmante: 15/10/2024 11:58:43 - BOUCHOUX Manuel Alberto - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/10/2024 12:23:10 - CARRAL Daniel Alfredo - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/10/2024 12:26:19 - ESPADA Maria Andrea - SECRETARIO DEL TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS el 15/10/2024 12:29:36 hs. bajo el número RS-885-2024 por ESPADA MARIA ANDREA.
Fin de la sentencia