Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, Sala V · Causa 133667
1901-4977-20
En la ciudad de La Plata se reúnen en Acuerdo Ordinario los señores jueces designados para integrar la Sala Quinta de este Tribunal de Casación Penal, doctores Manuel Alberto Bouchoux y Fernando Luis María Mancini, a los efectos de resolver la causa nro. 133.667 , caratulada "CORREA, JOSÉ NICOLÁS S/ RECURSO DE CASACIÓN" , conforme al siguiente orden de votación: BOUCHOUX – MANCINI .
I. El Tribunal en lo Criminal nro. 4 del Departamento Judicial Mercedes, con integración unipersonal, dictó sentencia en el marco de un juicio abreviado y -en lo que aquí interesa- condenó a José Nicolás Correa, como coautor funcional penalmente responsable de los delitos de robo agravado por el uso de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no ha podido acreditarse y por su comisión en lugar poblado y en banda reiterado -cuatro hechos- en concurso ideal con privación ilegítima de la libertad agravada reiterada -cuatro hechos- en concurso real con robo agravado por el empleo de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no ha podido acreditarse y por ser perpetrado en lugar poblado y en banda en grado de tentativa -declarándolo a su vez reincidente- a la pena de seis (6) años y seis (6) meses de prisión, accesorias legales y costas del proceso en los términos de los artículos 29 inc. 3º, 40, 41, 45, 50, 54, 142° inc. 1°, 166 inc. 2° tercer párrafo y 167 inc. 2° del Código Penal.
Contra dicho pronunciamiento, la Sra. Defensora Oficial departamental María Celina Bereterbide, interpuso recurso de casación que estructuró sobre tres agravios concretos.
Plantea la recurrente la existencia de absurdo en la valoración probatoria, lo que conlleva una decisión arbitraria por falta de motivación suficiente. Entiende que no existe prueba contundente y que no se logró desvirtuar la presunción de inocencia de su pupilo. Desacredita las declaraciones de aquellos testigos que identificaron al imputado, sosteniendo que resultan ser personas relacionadas sentimentalmente con uno de los coimputados y por ende, carentes de objetividad; testigos de oídas y con vínculos conflictivos y -por último- que dicen reconocer a Correa, pese a que en las imágenes aparece con el rostro parcialmente cubierto.
Señala la errónea aplicación de los arts. 40 y 41 del Código Penal, mediante una arbitraria imposición de la pena, vulnerante del principio de proporcionalidad y culpabilidad por el acto, la que resulta inmotivada.
Se agravia de la declaración de reincidencia, sosteniendo que la existencia o no de un delito, recién puede tenerse por acreditada a partir del dictado de una sentencia condenatoria que se encuentre firme, habiendo en autos transcurrido el plazo fijado en el art. 50 del C.P, sin que se dé tal circunstancia.
Solicita la absolución; en subsidio, se reduzca la condena al mínimo de la escala penal aplicable al concurso, dejándose sin efecto la declaración de reincidencia dictada.
Hace reserva del caso federal.
II. Arribadas las actuaciones a esta sede se expidió el Sr. Fiscal Adjunto de Casación, Fernando Luis Galán, quien postuló el rechazo del remedio incoado.
Cumplimentadas así las vistas correspondientes y, encontrándose la causa en estado de dictar sentencia, se acordó plantear y resolver las siguientes:
Primera: ¿Es procedente el recurso interpuesto?
Segunda: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el señor Juez, doctor BOUCHOUX, expresó :
I. La sentenciante consideró debidamente probado la siguiente materialidad ilícita: " Hechos contra la propiedad y la libertad investigados en la IPP 19-01-004977-20/00: ... que el día 27 de agosto del año 2020, siendo aproximadamente las 01:23 horas, una banda compuesta por al menos 8 integrantes de sexo masculino armados con armas de fuego del tipo de puño y largas, vestidos con ropa similar a las que utilizan las fuerzas de seguridad, algunas de ellas con la inscripción de policía, gorras con visera, pasamontañas y otros con tapabocas, irrumpieron en la garita de seguridad de acceso de ingreso y egreso al Country Haras San Pablo, situado en la Ruta Provincial N 6, kilómetro 3,500 de la ciudad de General Rodríguez, y tras reducir prístinamente al primer vigilador que se encontraba en esa instancia solo, obrando igualmente con los restantes a medida que eran vistos en los distintos sectores o puestos de vigilancia del Barrio, utilizando para ello uno de los vehículos de la empresa de seguridad Giomon S.R.L., una vez encerrados en uno de los vestuarios del puesto principal de acceso, privándolos a todos de su libertad durante todo el tiempo en que acontecieron los ilícitos, quedando al cuidado de ellos por uno de los delincuentes, dieron comienzo a su raid delictivo, llevando consigo también privado de la libertad a otro de los vigiladores de la empresa de mención, el señor Rubén Darío Oddone, teniendo a su vez ya en su poder el aparato con botón de pánico, con rastreo GPS y el handy de comunicación con frecuencia interna.
En ese contexto, es que en primer término siendo alrededor de las 2:30hs, ingresaron a la vivienda del Lote N 28 en la que se encontraban sus moradores Virginia Nora Martínez Verdier y Miguel Fernando Marlaine, y tras sorprenderlos pernoctando en el dormitorio, mediante intimidación con las armas de fuego que portaban y ejerciendo violencia física en la persona de Marlaine, propinándole cachetadas, los maniataron con precintos plásticos, y les exigieron la entrega de sus pertenencias de valor, apoderándose ilegítimamente de varios colgantes dorados, una medalla de oro de 2,5 cm. de largo con el número 15 grabado en su parte trasera, con la fecha inscripta 18/8/1969, una cadena de oro con un medallón mexicano de 6 cm., plateada en su reverso, y en su anverso una figura aborigen azteca o maya, una pulsera de oro con dijes de 5 mm., en forma hexagonal, un dije con forma de corazón de oro de 4mm., un alicate de cutículas de acero inoxidable, la suma en efectivo de dólares estadounidenses seis mil trescientos quince (USD 6.315) y de pesos seis mil ($ 6.000), una linterna color negro, de unos 17 cm. por 30 mm. de diámetro, con encendido en un botón trasero, con dos luces en su parte frontal, un reloj de bolsillo de plata, sin cadena, marca LIP de 40 mm. de diámetro, un teléfono celular marca Motorola, modelo E, sin tarjeta SIM, para luego darse a la fuga.
Seguidamente, los integrantes de la banda continuando con su plan criminal, ingresaron a la vivienda del Lote N 158 donde se encontraban sus residentes Matías Nicolás Garro y su novia Jorgelina Ros, alrededor de las 3:00 horas, a quienes con igual modus operandi que el anteriormente descripto, sólo que no utilizando la violencia física, les sustrajeron la suma de dinero de efectivo de pesos ciento siete mil ($ 107.000) y dólares estadounidenses un mil quinientos (U$D 1.500), para posteriormente retirarse del lugar dejándolos maniatados con la misma clase de precintos plásticos.
Posteriormente, siendo aproximadamente las 3:10 horas, ingresaron al menos 6 de ellos a la finca del Lote N 34 donde se hallaban sus moradores Hernán Castrogiovanni, su pareja Cristina Haydee Mesa, y dos de los hijos de ésta última, Mauro Elías Mesa y Nicolás Mesa, a quienes una vez reducidos y maniatados con precintos, teniendo como rehén al empleado de seguridad Oddone, les sustrajeron dinero en efectivo por la suma de pesos cien mil ($ 100.000) y de dólares estadounidenses seis trecientos quince (U$D 6.315), dos relojes marca Casio, dos pistolas, una marca Glock, modelo 19, calibre 9mm, serie N 5403099, otra marca Colt, calibre 635mm., serie N 5920570, una escopeta marca Maverick, calibre 12/70 serie N 6405440, doce rebenques y un cabezal de montaje para equinos, una pulsera de oro, dos anillos de oro, varias cadenitas de oro y una camioneta marca Volkswagen, modelo Amarok, dominio LFR-060 en la que huyó parte de la banda del Country.
Finalmente, siendo alrededor de las 3:15 horas, intentaron ingresar con igual finalidad de robo a la morada del Lote N 35 donde reside la Sra. María de Los Ángeles Choulet, no logrando hacerlo por circunstancias ajenas a su voluntad, decidiendo luego de ello huir a las 3:23 horas del Country a bordo de la camioneta marca Volkswagen, modelo Amarok propiedad de Mesa, la cual abandonaron en el Acceso Oeste en sentido a Capital Federal, más precisamente entre el cruce con la Ruta Provincial N 6 y el Peaje Troncal Luján, con una de las puertas abiertas, quedando en el suelo, entre los pastizales, un teléfono celular marca Samsung color plateado, con funda color dorado, despintada, IMEI N 353108081915302, ID C-16959, con batería colocada y chip de la empresa Claro N 8954310182018034802, subiéndose los acriminados a otros vehículos de apoyo que utilizaron, un automotor marca Volkswagen, modelo Gol Trend, color blanco, 5 puertas, y uno marca Renault, modelo Sandero, color blanco, logrando ser visualizados por las cámaras del lugar cuando se detuvieron unos breves instantes al lado de la camioneta propiedad de uno de los damnificados, y cuando pasaron por las cabinas del Peaje Acceso Oeste Ramal Luján a las 3:31horas, esperando un breve lapso de tiempo uno de los rodados el arribo del otro, huyendo en caravana.
Hecho contra la propiedad motivo de la IPP 19-01-005011-20/00: … que, al menos tres sujetos de sexo masculino, entre la noche del día diecinueve de agosto a las 23:00 horas y el día veinte de agosto del 2020 a las 00:30 horas, tras romper la cerradura de la puerta de ingreso a la vivienda sita en calle Iguazú N 272, entre Río Negro y Los Cedros de la ciudad de General Rodríguez, ingresaron a la misma con vestimentas similares a la de la policía, armados con armas de fuego del tipo de puño, y vociferando ser tales, sorprendieron a las víctimas moradoras del lugar, las señoras Yoana Gisela Torrilla y Ermelinda Elisa Cisneros, a quienes en todo momento les exigían la entrega del dinero propiedad de un narcotraficante, y como no hallaron, luego de maniatarlas y encerrarlas en una habitación, se apoderaron ilegítimamente de un televisor led de 50 pulgadas marca TLC, color negro, dos televisores led de 40 pulgadas de la marca aludida del mismo color, un equipo de música marca Philips, modelo Max 500, color negro, dos estufas eléctricas marca Nex y un teléfono celular marca Samsung, modelo J5 Prime, abonado N 11-23606194 propiedad de la señora Cisneros, para luego darse a la fuga del lugar" .
II. La sentencia recurrida fue dictada en el marco de un de juicio abreviado acordado por las partes.
Así las cosas, entiendo necesario realizar algunas consideraciones en orden a la naturaleza de este procedimiento y su impugnación ante esta instancia.
Corresponde inicialmente recordar que nuestro máximo tribunal ha dejado en claro la plena vigencia del derecho a la revisión judicial de la condena en este tipo de juicios, indicando expresamente que debe descartarse que en estos casos el pronunciamiento constituya “un mero acto homologatorio de lo convenido por el imputado, su defensa y el representante fiscal” , añadiendo además que “la sentencia del juicio abreviado no puede hallarse exenta de la debida motivación y, por ende, tampoco es posible predicar a su respecto la ausencia de revisión” (S.C.B.A., P.90327, sent. del 1-III-2006, voto del juez Soria).
En similar sentido, se ha sostenido acertadamente que “el hecho de que el imputado y su defensa prestara su conformidad para la celebración del juicio abreviado, renunciando a la realización del juicio oral y público, no implica que el sentenciante deba desentenderse de las obligaciones republicanas que impone no sólo la manda constitucional sino también la regulación del artículo 371 del ritual, en punto a que debe dar las explicaciones necesarias que permitan comprender cómo arriba a la solución pronunciada, de manera tal que la sentencia, es decir, el acto procesal mediante el cual se materializa el poder punitivo del estado, goce de la correspondiente autosuficiencia” (Sala III de este Tribunal, c. 42130, voto del Juez Carral, sent. 16-IX-2010).
Partiendo de ese marco de análisis, el procedimiento abreviado supone entonces que el imputado renuncie nada menos que a su derecho a ser juzgado en un juicio oral. Ello conlleva también permitir un fallo derivado de un procedimiento sin contradicción y, particularmente, implica renunciar al derecho a la confrontación de los testigos de cargo (8.2.f CADH; 14.3.e PIDCP), consintiendo la posibilidad de generar convicción de culpabilidad a partir de elementos probatorios sustentados en testimonios de personas que no declaran ante el juez que debe decidir sobre los hechos, que en ocasiones ni siquiera lo hacen en sede judicial, y que no son sometidos a la exigencia del examen cruzado de las partes. Obviamente, todo ello solo puede admitirse en tanto tal vía sea adoptada voluntariamente por el imputado a partir del asesoramiento recibido por su defensa técnica.
En ese contexto, y si bien la verdad judicial derivada de un proceso penal siempre resulta en cierto sentido limitada por las propias posibilidades de reconstrucción histórica que permite el juicio oral, tratándose del procedimiento abreviado, la ausencia de inmediación, contradicción y examen cruzado de testigos, ofrece un escenario más rudimentario, habilitando legalmente el dictado de un pronunciamiento -eventualmente- condenatorio derivado de una reconstrucción fáctica signada por una mayor cuota de precariedad, derivada de la ausencia de un litigio pleno.
Claro que el particular procedimiento abreviado instaurado en nuestra provincia no requiere la admisión de los hechos por parte del imputado. En esto se diferencia de otros sistemas provinciales, del procedimiento previsto específicamente para el debate oral en los juicios correccionales (art. 378 C.P.P., que habla específicamente de confesión) y del propio sistema inicial de la ley 11.922 (cf. art. 399 texto original) que sí preveía la admisión de los hechos y participación del imputado, y que fuera modificado antes de su entrada en vigencia por la ley 12.059. Esta decisión legislativa parece acertada, por cuanto todo juzgamiento penal que gire en torno a la confesión del imputado, aun enmarcado en un sistema procesal moderno y con una etapa de juicio adversarial, tiene un sospechoso aroma inquisitivo.
En nuestro sistema, la conformidad prestada por las partes implica aceptar como objeto de juzgamiento una hipótesis fáctica -el hecho materia de acusación-, su significación jurídica y el tope punitivo pactado, y -como acertadamente ya se ha dicho- la sentencia dictada no tiene naturaleza homologatoria, y debe fundarse en las evidencias legítimamente producidas durante la investigación (cf. C.81762, Sala IV de este Tribunal, voto del Juez Kohan, sent. del 16-V-2017), las que deberán valorarse según las reglas de la sana critica con expresión de las razones que motivan la decisión (art. 210 y 371 del C.P.P.).
En el caso del juicio abreviado criminal, la ley procesal habilita expresamente la vía casatoria para impugnar la decisión, pero a la par establece un procedimiento también abreviado en esta instancia, que se traduce esencialmente en que el fallo se dicta sin previo debate oral y que sus fundamentos se expresan sintéticamente (arts. 464 inc. 2 y 465 del C.P.P.). De modo que los agravios traídos ante este Tribunal deberán ser tratados concisamente por imperativo legal.
III. En función de lo dicho en el punto anterior, abordaré los planteos de las partes con el alcance allí indicado.
Recordemos que, en lo central, la defensa cuestionó la faena del juzgador en lo que a la valoración probatoria se refiere en relación a la acreditación del extremo de autoría del incuso. En esta senda, efectuó tres cuestionamientos, en el primero de ellos, señalando la falta de objetividad de una testigo.
Así, la defensa pretendió desacreditar los dichos de Verónica Alicia Sandoval, sosteniendo -por un lado- que la misma mantenía una mala relación vecinal con el imputado. Sin embargo, no avizoro que ello pueda ser óbice para el señalamiento que efectuó en oportunidad de declarar en sede judicial, toda vez que la misma no pretendió solapar dicha circunstancia, antes bien, apuntó el nombre del aquí encartado, no sin antes efectuar puntual referencia a estos asuntos vecinales.
Pero más allá de eso -y ya respondiendo a la agraviada- la propia testigo a través de su relato indica que la notitia criminis llega a su esfera de conocimiento por propia boca del aquí enjuiciado.
Por otras palabras, no resulta lógico afirmar que por falta de objetividad la testigo habla mal de la persona del imputado debido a que mantenían una relación conflictiva, sino que es el propio Correa quien -como lo atestigua haber escuchado Sandoval- “… vocifera cuando está drogado o borracho, jactándose de los robos que comete. Y por lo que él mismo dijo hace unos 15 días atrás tenía planeado el robo a un Country con varios, entre ellos, una ex pareja [el coimputado Canda] (…) alardeando de todos los robos que comete. En otras palabras, "…se va de boca… ”.
Por otra parte, nótese que la testigo dice esto a partir del factum que importa habitar frente a la morada del imputado y la proximidad física existente entre ambas propiedades (“… en diagonal a su casa, de la mano de enfrente …”), la que es tal que -amén lo apuntado- le ha permitido -de manera directísima- visualizar las actividades que su vecino desplegaba, entre ellas las que, de conformidad con su relato, resultan reveladoras de un actuar delictivo, debido no sólo a “…las personas con las que [Correa] se junta, sino por los movimientos que efectúa en horas de la madrugada, entrando y saliendo gente y objetos robados… ”, tal su testimonio.
Similar razonamiento cabe aplicar respecto del siguiente planteo que enarboló la defensora, puntualmente en relación a la carencia de objetividad del señalamiento efectuado por esta testigo hacia su ex pareja -Canda- como miembro integrante de la banda y relacionado con el aquí imputado. Sin perjuicio de que Sandoval, en efecto, oportunamente se ha visto unida sentimentalmente con el nombrado, la conexión con los hechos aquí juzgados -y, particularmente, con Correa- no se nutre tan solo a partir de ese hecho como única fuente de origen, sino debido a la sencilla razón que Canda, además “… vive casa de por medio con la suya… ”. Es decir que -una vez más- es también la proximidad y la vecindad con el mentado lo que permite a la testigo dar cuenta de ello y -por ende- se impone que la valoración de su testimonio no deba ser tildada de antojadiza o arbitraria, tal como lo plantea la agraviodicente.
De seguido la defensa puso de resalto que resulta arbitrario sostener que esta testigo haya logrado reconocer al imputado a partir de imágenes del mismo cuando, de hecho, aquel llevaba su rostro cubierto. Pasa por alto la agraviada que la testigo afirmó reconocer tanto a su ex pareja (Canda) como a Correa, en principio, señalando particularmente que en las imágenes “… el segundo que se ve avanzado y que pasa por delante de la cámara con el rostro no completamente cubierto es Correa, en tanto uno de los que se ve más robusto, casi sin poder correr bien, es Jonathan […] que lo reconoce por la forma de correr, afirmando que actualmente está obeso, estima que debe pesar unos 140 kilogramos” (el destacado me pertenece).
Entonces, vemos que en realidad -a diferencia de lo proclamado por la casacionista- el rostro de Correa resultaba reconocible, ello a partir de que sus facciones no se hallaban totalmente ocultas a la vista de la observadora que -como en el particular- lo conocía y podía identificar de quien se trataba. Ello aunado a que el nombrado aparece junto a la imagen de otro individuo a quien la testigo identificó por rasgos físicos que resultan ser muy particulares, como lo es su tamaño, su falta de agilidad para correr y el modo en que lo hace, esto debido a la restante característica, que es el exceso de peso
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.