Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, Sala V · Causa 133273
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso de casación interpuesto por la defensa de Alfredo Alberto Cutaia, con costas.
RIGEN los artículos 18 y 75 inc. 22 de la Constitución Nacional; 168 y 171 de la Constitución Provincial 5, 12, 19, 29 inc. 3, 40, 41, 42 y 79 del Código Penal; 106, 209, 210, 371, 373, 395/399, 448, 450, 454, 460 -a contrario-, 530 y 531 del Código Procesal
0302-7020-23
La Sala V del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, integrada por los señores jueces Manuel A. Bouchoux y Mario E. Kohan, con la presidencia del primero de los nombrados, procede al dictado de sentencia en el marco de la Causa N° 133.273 caratulada “CUTAIA ALFREDO ALBERTO S/ RECURSO DE CASACION”, conforme al siguiente orden de votación: BOUCHOUX- KOHAN.
En lo que interesa destacar, el Tribunal en lo Criminal n° 1 de Dolores condenó, mediante el procedimiento abreviado, a Alfredo Alberto Cuataia a la pena de cuatro años de prisión, accesorias legales y costas, por hallarlo autor del delito de homicidio en grado de tentativa, de conformidad con lo establecido en los arts. 5, 12, 19, 29 inc. 3, 40, 41, 42 y 79 del Código Penal.
Contra ese fallo interpuso recurso de casación la defensa de Alfredo Alberto Cutaia, quien luego de alegar sobre la vía impugnativa escogida y de señalar las reglas del juicio abreviado, se agravia por considerar que el fallo ha valorado la prueba absurda y arbitrariamente, aplicando erróneamente el articulo 42 y 79 del Código Penal.
Luego de aludir a las constancias que tuvo en cuenta el órgano de juicio, concluye que no se ha podido determinar la acreditación del elemento subjetivo del tipo penal del homicidio tentado.
Cita jurisprudencia a favor de su postura y peticiona se recalifique el hecho por el de incendio previsto en el artículo 186 inc. 1° o en su defecto por el de incendio agravado según inciso 4° del mismo artículo, readecuando la pena en función de la escala penal aplicable.
Con la adjudicación por sorteo se radicó el recurso en la Sala y se notificó a las partes.
La fiscalía propone el rechazo del recurso en todos sus términos.
El tribunal se encuentra en condiciones de resolver, por lo que se plantean y votan las siguientes
Primera: ¿Es procedente el recurso interpuesto?
Segunda: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión, el señor juez Bouchoux dijo:
I. La sentencia recurrida fue dictada en el marco de un de juicio abreviado acordado por las partes.
Así las cosas, entiendo necesario realizar algunas consideraciones en orden a la naturaleza de este procedimiento y su impugnación ante esta instancia.
Corresponde inicialmente recordar que nuestro máximo tribunal ha dejado en claro la plena vigencia del derecho a la revisión judicial de la condena en este tipo de juicios, indicando expresamente que debe descartarse que en estos casos el pronunciamiento constituya “un mero acto homologatorio de lo convenido por el imputado, su defensa y el representante fiscal” , añadiendo además que “la sentencia del juicio abreviado no puede hallarse exenta de la debida motivación y, por ende, tampoco es posible predicar a su respecto la ausencia de revisión” (S.C.B.A., P.90327, sent. del 1-III-2006, voto del juez Soria).
En similar sentido, se ha sostenido acertadamente que “el hecho de que el imputado y su defensa prestara su conformidad para la celebración del juicio abreviado, renunciando a la realización del juicio oral y público, no implica que el sentenciante deba desentenderse de las obligaciones republicanas que impone no sólo la manda constitucional sino también la regulación del artículo 371 del ritual, en punto a que debe dar las explicaciones necesarias que permitan comprender cómo arriba a la solución pronunciada, de manera tal que la sentencia, es decir, el acto procesal mediante el cual se materializa el poder punitivo del estado, goce de la correspondiente autosuficiencia” (Sala III de este Tribunal, c. 42130, voto del Juez Carral, sent. 16-IX-2010).
Partiendo de ese marco de análisis, el procedimiento abreviado supone entonces que el imputado renuncie nada menos que a su derecho a ser juzgado en un juicio oral. Ello conlleva también permitir un fallo derivado de un procedimiento sin contradicción y, particularmente, implica renunciar al derecho a la confrontación de los testigos de cargo (8.2.f CADH; 14.3.e PIDCP), consintiendo la posibilidad de generar convicción de culpabilidad a partir de elementos probatorios sustentados en testimonios de personas que no declaran ante el juez que debe decidir sobre los hechos, que en ocasiones ni siquiera lo hacen en sede judicial, y que no son sometidos a la exigencia del examen cruzado de las partes. Obviamente, todo ello solo puede admitirse en tanto tal vía sea adoptada voluntariamente por el imputado a partir del asesoramiento recibido por su defensa técnica.
En ese contexto, y si bien la verdad judicial derivada de un proceso penal siempre resulta en cierto sentido limitada por las propias posibilidades de reconstrucción histórica que permite el juicio oral, tratándose del procedimiento abreviado, la ausencia de inmediación, contradicción y examen cruzado de testigos, ofrece un escenario más rudimentario, habilitando legalmente el dictado de un pronunciamiento -eventualmente- condenatorio derivado de una reconstrucción fáctica signada por una mayor cuota de precariedad, derivada de la ausencia de un litigio pleno.
Claro que el particular procedimiento abreviado instaurado en nuestra provincia no requiere la admisión de los hechos por parte del imputado. En esto se diferencia de otros sistemas provinciales, del procedimiento previsto específicamente para el debate oral en los juicios correccionales (art. 378 C.P.P., que habla específicamente de confesión) y del propio sistema inicial de la ley 11.922 (cf. art. 399 texto original) que sí preveía la admisión de los hechos y participación del imputado, y que fuera modificado antes de su entrada en vigencia por la ley 12.059. Esta decisión legislativa parece acertada, por cuanto todo juzgamiento penal que gire en torno a la confesión del imputado, aun enmarcado en un sistema procesal moderno y con una etapa de juicio adversarial, tiene un sospechoso aroma inquisitivo.
En nuestro sistema, la conformidad prestada por las partes implica aceptar como objeto de juzgamiento una hipótesis fáctica -el hecho materia de acusación-, su significación jurídica y el tope punitivo pactado, y -como acertadamente ya se ha dicho- la sentencia dictada no tiene naturaleza homologatoria, y debe fundarse en las evidencias legítimamente producidas durante la investigación (cf. C.81762, Sala IV de este Tribunal, voto del Juez Kohan, sent. del 16-V-2017), las que deberán valorarse según las reglas de la sana critica con expresión de las razones que motivan la decisión (art. 210 y 371 del C.P.P.).
En el caso del juicio abreviado criminal, la ley procesal habilita expresamente la vía casatoria para impugnar la decisión, pero a la par establece un procedimiento también abreviado en esta instancia, que se traduce esencialmente en que el fallo se dicta sin previo debate oral y que sus fundamentos se expresan sintéticamente (arts. 464 inc. 2 y 465 del C.P.P.). De modo que los agravios traídos ante este Tribunal deberán ser tratados concisamente por imperativo legal.
II. En función de lo dicho en el punto anterior, abordaré el único agravio esgrimido por el recurrente con el alcance allí indicado.
El magistrado que integra el Tribunal en lo Criminal nº 1 de Dolores tuvo por acreditada la siguiente materialidad ilícita: “…el 8 de octubre de 2023, siendo alrededor de las 18:30 horas aproximadamente, un sujeto adulto de sexo masculino identificado posteriormente como -ALFREDO ALBERTO CUTAIA-, se dirigió al local de rubro fiambrería de nombre de fantasía “LO DE MARY” sito en calle Santiago del Estero N° 2827 entre Avenida San Bernardo y Hernandarias de la localidad de San Bernardo, en el cual se encontraba la Sra. María Esther Amarilla acompañada por su hijo y su nieto ambos menores de edad, y una vez en el lugar, previo a manifestarles “TOMA” “MUERANSE”, con el fin de darle muerte a los nombrados arrojó hacia el interior de dicho comercio un bidón el cual contenía en su interior un acelerador de combustión, iniciado el focoígneo sobre los bienes existentes en el interior de dicho local, no logrando consumar el delito descripto por razones que fueran ajenas a su voluntad”.
III. Tal como quedó consignado previamente, la defensa en lo puntual considera que la prueba testimonial valorada por el juzgador revela cierta intencionalidad para agravar la situación de su asistido.
Critica la ponderación que realiza el sentenciante respecto a las características del lugar del hecho, insistiendo que su asistido no tenía manera de conocerlas, con lo cual no pudo tener el objetivo de causar la muerte de alguien, añadiendo que tampoco se encuentra acreditada la idoneidad de la acción de incendio para matar.
Menciona la conducta de su pupilo, vinculándola como una eventual reacción por una pelea previa que existió entre la damnificada y el imputado, afirmando que de ningún modo puede concluir en la existencia de un dolo homicida.
IV. Los lineamientos reseñados, ponen a la vista que la defensa sustenta su hipótesis en la ausencia de dolo homicida en la acción desplegada por el imputado.
El dolo, como voluntad realizara del tipo penal guiada por el conocimiento de sus elementos, es un extremo de la imputación que no puede presumirse y que por el contrario debe ser acreditado en el caso concreto. Por su naturaleza subjetiva, para su prueba muy frecuentemente habrá que acudir a inferencias unívocas que sirvan para extraer, a partir de aspectos objetivos de la conducta del agente, el conocimiento y voluntad subjetivamente requerido por el tipo penal del que se trate.
En el presente caso, las diversas circunstancias externas que rodearon al suceso investigado no hacen más que acreditar con el grado de certeza exigido el carácter doloso del accionar emprendido por Cutaia.
En efecto, si el imputado se presentó en el kiosco de Amarilla -victima-, con quien había tenido una pelea previamente, llevando un bidón que contenía -según informe pericial de Bomberos de Costa del Este- “liquido combustible acelerante derivado de hidrocarburos (nafta, alcoholes, etc), expresando -según las declaraciones de los testigos Amarilla, Tomás Maximiliano Villalba y Joaquín- a los gritos frases tales como “tomá”, “muéranse”, se infiere entonces que al momento de su accionar, sabía que había mas de una persona en el comercio, y que pese a ello, prendió fuego el local, que -además- según el croquis y fotos tenia una única puerta de entrada y salida, resultando entonces esta conducta potencialmente idónea para que los allí presentes se quemen y mueran, lo que en el caso no ocurrió por el accionar de los vecinos y por la rápida llegada de los bomberos que evitaron el desenlace fatal.
Frente a lo reseñado, resulta razonable afirmar que el imputado obró con el dolo requerido por el tipo subjetivo del delito de homicidio, y en este punto comparto el razonamiento del juzgador con base en considerar que el incendio fue intencional y que -a partir de la ponderación de las circunstancias mencionadas en el párrafo anterior- existió además voluntad de causar la muerte a las personas allí presentes.
Entiendo en consecuencia que lo resuelto por el sentenciante no puede censurarse, coincidiendo con la significación jurídica asignada al hecho bajo juzgamiento, que, por otra parte, no es otra que la pactada por las partes en orden a la hipótesis fáctica que dio sustento al acuerdo de juicio abreviado suscripto.
En tal inteligencia, y con el alcance indicado en los acápites que anteceden, a esta primera cuestión VOTO POR LA NEGATIVA.
A la misma primera cuestión, el señor juez Kohan dijo:
Con excepción de lo que reseña el voto que antecede a titulo de "obiter dictum" en lo relativo a lo adecuado que resulta no exigir la confesión del imputado en el procedimiento de juicio abreviado señalado por el colega Dr. Bouchoux, resultando una apreciación de corte personal sin incidencia en el caso a decidir, adhiero al voto que antecede por sus fundamentos.
VOTO POR LA NEGATIVA.
A la segunda cuestión, el señor juez Bouchoux dijo:
En atención al resultado que arroja el tratamiento de la cuestión precedente, corresponde RECHAZAR el recurso de casación interpuesto por la defensa de Alfredo Alberto Cutaia, con costas (artículos 18 y 75 inc. 22 de la Constitución Nacional; 168 y 171 de la Constitución Provincial 5, 12, 19, 29 inc. 3, 40, 41, 42 y 79 del Código Penal; 106, 209, 210, 371, 373, 395/399, 448, 450, 454, 460 -a contrario-, 530 y 531 del Código Procesal).
A la misma segunda cuestión, el señor juez Kohan dijo:
Adhiero al voto del juez Bouchoux en igual sentido y por los mismos fundamentos.
Por lo que no siendo para más se dio por terminado el Acuerdo dictando el Tribunal la siguiente
RECHAZAR el recurso de casación interpuesto por la defensa de Alfredo Alberto Cutaia, con costas.
RIGEN los artículos 18 y 75 inc. 22 de la Constitución Nacional; 168 y 171 de la Constitución Provincial 5, 12, 19, 29 inc. 3, 40, 41, 42 y 79 del Código Penal; 106, 209, 210, 371, 373, 395/399, 448, 450, 454, 460 -a contrario-, 530 y 531 del Código Procesal
Regístrese electrónicamente. Notifíquese y oportunamente radíquese en el órgano de origen.
Firmas
Funcionario Firmante: 17/10/2024 12:14:54 - BOUCHOUX Manuel Alberto - JUEZ
Funcionario Firmante: 17/10/2024 15:26:08 - KOHAN Mario Eduardo - JUEZ
Funcionario Firmante: 17/10/2024 20:24:46 - ESPADA Maria Andrea - SECRETARIO DEL TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS el 17/10/2024 20:26:17 hs. bajo el número RS-930-2024 por ESPADA MARIA ANDREA.
Fin de la sentencia