Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, Sala V · Causa 133610
0801-4184-21
C. 133.610
En la ciudad de La Plata, se reúnen en acuerdo ordinario los señores jueces designados para integrar la Sala 5 de este Tribunal de Casación Penal, Manuel Alberto Bouchoux y Mario Eduardo Kohan, a los efectos de dictar sentencia en la causa 133.610 caratulada “Marquestau Juan Domingo s/ recurso de casación”, conforme al siguiente orden de votación: BOUCHOUX – KOHAN.
I. El Tribunal Criminal n°4 del Departamento Judicial de Mar del Plata resolvió no hacer lugar a la nulidad articulada por el Defensor Oficial, rechazar la declaración de inconstitucionalidad de la prisión perpetua pretendida, y condenar a Juan Domingo Marquestau a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas como autor penalmente responsable del delito de homicidio calificado por el vínculo, por alevosía y por haber sido cometido por un hombre contra una mujer en un contexto de violencia de género en los términos del artículo 80 incisos 1, 2 y 11 del Código Penal.
II. Contra dicho pronunciamiento, el Defensor Oficial del departamento judicial de Mar del Plata, Mauro Ariel Giacomaso, interpuso recurso de casación y solicitó se case la sentencia atacada en función de los motivos de agravio desarrollados en el recurso.
III. Conferidos los traslados en los términos del artículo 458 del Código Procesal Penal, se pronunció la Fiscal Adjunta de Casación, Daniela Bersi, y propició el rechazo de la impugnación realizada por la defensa.
Cumplimentadas así las vistas correspondientes, y encontrándose la causa en estado de dictar sentencia, se acordó plantear y resolver las siguientes:
Primera: ¿Es procedente el recurso de casación interpuesto?
Segunda: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada, el juez Manuel Alberto Bouchoux expresó:
I. El Defensor Oficial del departamento judicial de Mar del Plata acude a la vía casatoria y denuncia la afectación del derecho de defensa en juicio con cita del artículo 18 de la Constitución Nacional.
Alega que la confesión realizada por su defendido -que culminó en su aprehensión y en el posterior hallazgo del cuerpo de la víctima-, fue realizada bajo coacción policial. Como contrapartida, señala que durante el debate el Agente Fiscal no logró acreditar que la confesión de Juan Domingo Marquestau lo fue en un contexto de libertad de acción.
Así las cosas, considera que las argumentaciones vertidas por el Tribunal para legitimar el procedimiento policial realizado el día 25 de diciembre de 2021 -en virtud del cual se produjo la confesión en rigor- resultaron contrarias a las reglas de la sana crítica racional.
Por esta razón, solicita se declare la nulidad del procedimiento policial y de todos los actos que son su directa consecuencia, y se absuelva a Juan Domingo Marquestau por el hecho constitutivo del delito de homicidio calificado por el vínculo, por alevosía y por haber sido cometido por un hombre contra una mujer en un contexto de violencia de género (art. 80 incs. 1, 2 y 11 del Código Penal).
En segundo lugar, denuncia la inconstitucionalidad de la pena de prisión perpetua impuesta a Juan Domingo Marquestau por colisionar, a su entender, con el principio de culpabilidad, con el principio republicano de división de poderes, con el mandato socializador de la pena, con el principio de individualización de la pena, con el principio de estricta legalidad y con la prohibición de imponer penas crueles, inhumanas y degradantes.
Para ello, alega la violación de los artículos 18, 19, 28 y 75 inciso 22, 116 de la Constitución Nacional, 5 y 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 7 y 10 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 26 de la Declaración de Derechos y Deberes del Hombre, 1 y 16 de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos y Degradantes.
A criterio del Defensor Oficial, prescribir una pena estandarizada para todos los casos que encuadran dentro de una figura legal suprime la posibilidad del juez de individualizar la pena aplicable al caso y configura la abrogación del legislador de facultades propias de la función judicial.
Además de atentar contra el principio de individualización de la pena, esgrime que la prisión perpetúa colisiona con los artículos 5 y 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en la medida en que no permite al condenado conocer cuándo se producirá el cumplimiento de la totalidad de la pena ni -por consiguiente- cuando operará el término para acceder a la libertad condicional.
En ese contexto, señala que la previsión del artículo 14 del Código Penal atenta contra el principio de progresividad receptado en el artículo 1 de la ley 24.660. Cita doctrina y jurisprudencia en pretendido apoyo a su postura.
Finalmente, considera que la pena de prisión perpetua, en los términos actuales, atenta contra la posibilidad real de la persona condenada de recuperar la libertad con el propósito de alcanzar la resocialización y transgrede los fines constitucionales de la pena.
En suma, solicita como planteo subsidiario la declaración de la inconstitucionalidad de la pena de prisión perpetua y el reenvío del caso al Tribunal de origen a fin de que determine una nueva sanción penal a la luz de las previsiones de los artículos 40 y 41 del Código Penal.
Formula reserva de interponer recurso extraordinario federal.
Adelanto que el recurso no habrá de prosperar.
II. De acuerdo a los lineamientos planteados por el recurrente, corresponde analizar en primer lugar el agravio vinculado al planteo de nulidad del procedimiento policial y la tacha de arbitrariedad al respectivo rechazo por parte del Tribunal.
Entiendo que el recurso de casación promovido por la defensa carece de una crítica eficaz y razonada de los argumentos de la sentencia que ataca siendo que sus fundamentos no son más que una reedición de aquellos efectuados durante el debate que ya fueron resueltos por el Tribunal con sólidos fundamentos que colocan a la sentencia a cubierto de la tacha de irrazonabilidad pretendida por el impugnante.
En la primera cuestión del veredicto el sentenciante analizó la validez del procedimiento inicial que -afirmó desde el planteo de la cuestión- incluyó la indicación del imputado del lugar donde se encontraba el cuerpo de la víctima y sus pertenencias.
Para sostener la validez del procedimiento cuestionado, el juzgador construyó un razonamiento sustentando en diversos análisis probatorios y plurales conclusiones jurídicas.
En primer lugar, dando respuesta al planteo defensista en sentido contrario, analizó el a quo las razones invocadas por el Comisario Larroca para justificar su presencia en el campo "Haras La Providencia". Luego de desmenuzar pormenorizadamente sus dichos en el debate, el sentenciante concluyó que las razones alegadas por él para presentarse allí aparecían como verosímiles, en la medida que procuraban la eficacia de un futuro rastrillaje a realizarse en una zona rural y en un caso relevante.
Ello establecido, consideró la cuestión principal: la posibilidad de que los dichos de autoincriminatorios de Marquestau fueran producto de coacción. Sobre el punto el juzgador consideró que resultaba plausible que el imputado se acercara a los funcionarios policiales y -ante la inminencia de un nuevo rastrillaje al día siguiente que culminara con el hallazgo del cuerpo de la víctima- admitiera el hecho. Consideró además que dicha admisión se produjo en el ámbito de mayor confianza del imputado y no en una dependencia policial o en el marco de un procedimiento intimidante, desechando fundamente las alegaciones defensistas sobre el punto, descartando en consecuencia la hipótesis de coacción sobre Marquestau, y afirmando que se trató de un procedimiento válido "y en el marco del mismo, el imputado libremente indicó el lugar donde se hallaba el cuerpo de Nicole Peña y sus pertenencias"
Más adelante, examinó el sentenciante la declaración del imputado en el juicio en la que afirmó la existencia de coacción pero a su vez -a diferencia de lo sostenido por su defensa- negó la admisión de los hechos. En ese marco descartó el juzgador la versión del imputado en cuanto al modo en que fue abordado y aclaro que el propietario del campo autorizó expresamente el ingreso al mismo, explicando que de todos modos tal consentimiento no alcanzaba a la vivienda interna que habitaba el acusado. Seguidamente, expresó el sentenciante cuales eran las razones que lo llevaban a descreer de los dichos del acusado en torno a a la existencia de coacción, entre las cuales explicó que no resultaba creíble que temiera por su familia en la medida que se acreditó que carecía de todo vínculo familiar, como así también que la falsedad de sus dichos se evidenciaba por el hecho de referir -en contradicción con el planteo probatorio de la defensa- que no habría admitido los hechos y que esperaba que encuentren a Nicole.
En síntesis, el juzgador consideró probado que en el procedimiento en cuestión existieron manifestaciones autoinculpatorias del imputado pero consideró que éstas fueron producidas voluntariamente y en el ámbito de la vivienda rural que habitaba.
Aun cuando la existencia de las manifestaciones del acusado no resulten dirimentes para decidir el caso, y ello conforme a la segunda conclusión del juzgador -que enseguida analizaré- en torno a la existencia de actos de investigación independientes que hubieran conducido al mismo resultado probatorio, de todos modos no sobra decir que el recurrente no logra rebatir las conclusiones sobre las circunstancias en que aquellas manifestaciones se produjeron, a lo que debe añadirse que esos dichos -que, como dije, se tuvieron por existentes- no fueron de ningún modo considerados probatoriamente en el fallo aquí analizado.
Ahora bien, el juzgador indica una segunda -y en mi criterio concluyente- razón para descartar el planteo nulificatorio defensista.
Así, indica el sentenciante que de todos modos se hubiera producido el hallazgo del cuerpo de Nicole Peña y pedazos de bicicleta dentro del aljibe, como también sus ojotas y teléfono celular detrás de los árboles sobre el fondo del predio. Para arribar a tal conclusión consideró que Rosa Pérez sospechaba que su hija estaba en ese lugar, y que por ello se dirigió en la madrugada del 24 de diciembre junto con su nieto a preguntarle al acusado por ella. Su hermana intuía lo mismo. Empleados de la estación de trenes y un vecino vieron a Nicole en bicicleta en zona compatible con el campo habitado por Marquestau. De todo ello podía concluirse -afirma el sentenciante- "que Nicole Peña, a las 19 horas del 23 de diciembre, se había dirigido en la bicicleta que le prestara su tío a encontrarse con Juan Domingo Marquestau en el establecimiento donde éste trabajaba" .
Añadió el sentenciante que todas esas evidencias justificaron la organización de un nuevo rastrillaje con más recursos técnicos y humanos. De ello deduce que en ese procedimiento ya proyectado, el hallazgo del celular roto y las ojotas de Nicole se hubiera producido, que ello hubiera dirigido indudablemente la investigación contra Marquestau, y que también se habrían encontrado en el aljibe -atento la ausencia de complejidad acreditada- el cuerpo de Nicole y la bicicleta. Concluye en definitiva que "el hallazgo resultaba inevitable e inmediato".
La decisión del juzgador no merece censura, en la medida en que está adecuadamente fundada desde el punto de vista fáctico, y en consecuencia puede afirmarse en el caso la existencia de un cauce investigativo distinto al -pretendidamente- ilegítimo, de modo que como bien concluye el sentenciante, puede sostenerse la posibilidad cierta e inmediata de adquirir los elementos cuestionados por aquel camino lícito (cf. precedente "Alarcón", c 9911, sent. 23-12-2004, voto del juez Celesia).
De este modo coincido con los argumentos esgrimidos por los colegas de la instancia precedente para receptar una de las excepciones a la doctrina consolidada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente “Rayford”, en donde, tal como ha sucedido en el caso, existe “...la posibilidad de adquisición de las evidencias por otras fuentes distintas de las que se tengan por ilegítimas..." (CSJN, sent. del 13-V-1986).
No sobra decir que el deber de la debida diligencia para sancionar y erradicar los hechos de violencia contra la mujer (artículo 7. b de la Convención de Belém Do Pará), imponía en el caso el agotamiento de la línea de investigación vinculada con la desaparición de la víctima en razón de su condición de mujer, y que la línea de investigación que venía siguiendo la policía en función de los rastrillajes realizados y proyectados en el predio donde habitaba el acusado deben vincularse con el cumplimiento del deber de la debida diligencia reforzada.
Conforme la reseña de los elementos valorados se advierte entonces que la desestimación de la nulidad decidida por el a quo resulta ajustada a derecho.
En consecuencia, el agravio de la defensa sobre este punto debe ser rechazado.
III. Finalmente, el planteo vinculado con la inconstitucionalidad de la pena de prisión perpetua tampoco puede prosperar.
La declaración de inconstitucionalidad de una norma es la ultima ratio del orden jurídico y exige máxima prudencia al momento de ejercer el necesario control de constitucionalidad.
Ello requiere además que la parte acredite en el caso concreto una incompatibilidad entre la norma legal y el plexo constitucional que resulte imposible de soslayar, lo que no ha ocurrido en el supuesto traído a revisión puesto que el impugnante se ha limitado a reeditar el planteo realizado ante el Tribunal de origen sin lograr ilustrar el modo en que se habrían producido las transgresiones legales denunciadas.
Por esta razón, considero que el recurso adolece de una crítica fundada sobre la decisión adoptada por los jueces del Tribunal Criminal precisamente en respuesta a lo pretendido por el Defensor Oficial al momento de presentar su alegato de clausura.
En tal sentido, observo que el recurrente no se ha encargado de demostrar por qué la pena de prisión perpetua impuesta resultaba desproporcionada respecto del contenido del injusto y el grado de culpabilidad asignado a la conducta atribuida a Juan Domingo Marquestau.
En este sentido, resulta necesario reparar en los delitos cometidos por el acusado -homicidio calificado por la relación de pareja, por alevosía y por ser de un hombre hacia una mujer en un contexto de violencia de género-, y en el significante contenido de injusto (desvalor de acción y de resultado) que justifica el preponderante grado de reproche cristalizado en la magnitud de la pena prevista por el Código Penal.
Tal como lo ha entendido la Suprema Corte de Justicia: “...dado que la pena debe guardar proporcionalidad con la magnitud del contenido ilícito del hecho, o sea, con la gravedad de la lesión al bien jurídico concretamente afectado por el hecho (conf. CSJN Fallos: 329:3680), el reclamo queda huérfano de sustento pues se devela como puramente dogmático y no abandona nunca el plano teórico si el recurrente no realiza un análisis circunstanciado del contenido injusto del hecho a fin de demostrar que la reacción punitiva rígida impuesta a los autores es contraria a las normas constitucionales y convencionales que cita" (SCBA, P. 137.820, sent. de 20-X-2023).
Las circunstancias particulares del caso bajo examen habilitaban la solución propiciada, todo lo cual expone la ineficacia del planteo al limitarse a efectuar comparaciones en abstracto con una importante cantidad de citas doctrinarias y jurisprudenciales sin lograr ilustrarlas en el caso particular, inhabilitando así el ingreso de un procedimiento de excepción.
En igual sentido, las críticas efectuadas sobre la división de poderes y la asimilación de la prisión perpetua con un acto cruel, inhumano y degradante -además de ser una reproducción de aquellas expuestas en su alegato de clausura- solo esbozan una opinión discrepante a la del legislador al momento de imponer la sanción a los hechos traídos a estudio y no explican por qué en el caso bajo examen la prisión perpetúa configuraba un pena cruel.
La prisión perpetua impuesta a Marquestau fue consecuencia del debido proceso legal y conforme lo establecido en la ley sustancial. En estas condiciones, aun cuando el recurrente postule que la sanción impuesta a su asistido transgreda la previsión del artículo 16.1 de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, en contra de tal postura se ha sostenido que: “…el propio texto de su artículo 1.1 permite desvirtuar esa afirmación. En efecto, luego de definir el significado del término "tortura", este precepto prevé que "no se considerarán torturas los dolores o sufrimientos que sean consecuencia únicamente de sanciones legítimas, o que sean inherentes o incidentales a éstas" (CSJN, “Maldonado", Fallos: 328:4343).
Por lo demás, es importante señalar que la única cuestión traída por el impugnante fuera de las apreciaciones dogmáticas y abstractas desarrolladas en torno a la pena perpetúa se esgrime alrededor de la pretendida afectación al principio de individualización de la pena con base en la imposibilidad de ver reflejado en el quantum punitivo, el atenuante computado por el Tribunal Criminal de Mar del Plata (carencia de antecedentes penales).
Entiendo que aun cuando la pauta atenuante valorada por el Tribunal no pueda verse reflejada en el quantum punitivo final de la pena impuesta, ello de ningún modo atenta contra el principio en rigor ni importa la abrogación legislativa -tal como pretende el impugnante- de la función judicial de imponer penas.
Por el contrario, es en virtud de tal cometido que la situación de la persona condenada deba ser evaluada a la luz de las pautas de los artículos 40 y 41 del Código Penal incluso cuando el legislador haya fijado una pena indivisible como lo es, naturalmente, la prisión perpetua.
En este sentido, la sentencia atacada muestra un desarrollo lógico en el cual se valoraron atenuantes y se rechazaron las pautas agravantes propuestas por el Ministerio Público Fiscal -a consecuencia del contradictorio- garantizando de este modo el proceso de determinación judicial de la pena.
Finalmente, debo señalar que el recurrente tampoco logra evidenciar el agravio actual que le genera la decisión del Tribunal sobre el diferimiento del tratamiento de la cuestión a la etapa de ejecución de la pena respectiva. Es que, tal como sostiene el Tribunal Criminal n°4 de Mar Del Plata, la pena de prisión perpetua cumplirá sus fines constitucionales (art. 5.6, CADH), siempre y cuando se conceda a la persona condenada la oportunidad de retornar al medio libre en algún momento, circunstancia que tal como afirman los colegas de la instancia precedente, deberá ser evaluada cuando el condenado se encuentre en condiciones de solicitar la libertad condicional.
Pues bien, recién allí y ante una eventual denegatoria del acceso a la libertad condicional -o de alguno de los institutos previstos para el período de prueba-, cobrarían actualidad los reclamos postulados, fundamentalmente, los vinculados a la violación de los principios de reinserción social y de progresividad a la luz de la prohibición del artículo 14 inciso 1 del Código Penal.
En este sentido se ha pronunciado la Suprema Corte de Justicia al postular que: “...la pretendida necesidad de fijar un límite temporal surgiría, eventualmente, al momento de peticionar la libertad por considerar agotado su cumplimiento o serle negado algún instituto del régimen de progresividad propio de la etapa de ejecución de la pena, circunstancias no concurrentes en el caso, lo que evidencia la ausencia de interés actual en el reclamo” (SCBA, P. 135.924, 17-V-2024).
En definitiva, el impugnante no ha aportado argumentos válidos que me lleven a discrepar con la imposición de la pena de prisión perpetúa por parte del Tribunal
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