Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, Sala V · Causa 133659
Lo que resolvió el tribunal
I. Declarar admisible y procedente el recurso interpuesto por el Defensor Oficial en favor de Marcelo Gabriel Cortez.
II. Anular el resolutorio de la Sala II de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de Morón en cuanto confirmó la denegatoria a la solicitud de libertad condicional de Marcelo Gabriel Cortez.
III. Remitir copia de la presente al a quo , a fin de que dicte un nuevo pronunciamiento conforme a derecho.
Artículos 8.2.h de la CADH; 14.5 del PIDCP; 18 y 75.22 de la CN; 168 y 171 de la Const. De la Prov. De Bs. As., 13 del Código Penal; 1, 106, 210, 421, 448, 450, 461, 464, 530 y 531 del Código Procesal Penal; 6, 38, 40, 100, 101 y 161 de la ley 12256.
133659
En la ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires, Sede de la Sala Quinta del Tribunal de Casación Penal, se reúnen en Acuerdo Ordinario los señores jueces Manuel Alberto Bouchoux y Fernado Luis María Mancini , con la presidencia del primero de los nombrados, a los efectos de resolver en el marco de la causa N° 133659 caratulada “CORTEZ MARCELO GABRIEL S/ RECURSO DE CASACION”, conforme al siguiente orden de votación: BOUCHOUX - MANCINI.
I. Llega el presente legajo a consideración de este Tribunal como consecuencia del recurso de casación interpuesto por el señor Defensor Oficial del Departamento Judicial Morón, Carlos A. Lisa, contra la decisión pronunciada por la Sala II de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de la citada departamental, que confirmó la denegatoria a la solicitud de libertad condicional peticionada en favor de Marcelo Gabriel Cortez.
Considera que la resolución recurrida se equipara a sentencia definitiva, toda vez que causa un gravamen irreparable a su asistido. Cita en este sentido los fallos dictados por la CSJN "Strada" y "Di Mascio".
Entiende que Cortez ha cumplido con regularidad los reglamentos carcelarios imperantes desde el 14/09/2022, momento en que que fue sometido a la órbita penitenciaria.
Informa que su defendido se encuentra alojado en la U° 36 de Magdalena, incorporado allí en el régimen cerrado modalidad moderada. A su vez, se encuentra en lista de espera -por falta de cupos disponibles- para acceder al área laboral; en cuanto a lo educativo, no forma parte del área en virtud a su reciente ingreso a la unidad carcelaria, pero durante el año 2022 curso el primer año del ciclo secundario y lo hizo también durante el año 2023. Por otro lado, indica que Cortez ostenta una conducta calificada alfanuméricamente como ejemplar (10) y no registra sanciones disciplinarias. Además recibe la debida contención familiar y cuenta con certificado del domicilio fijo propuesto para residir en caso que el beneficio se otorgue.
Entiende que la resolución dictada por la Cámara injustificadamente impide el proceso de resocialización del causante mediante el rechazo de su libertad personal, lo que produce una cuestión federal que amerita sin lugar a dudas su revisión por parte de la instancia casatoria, toda vez que el beneficio tiene como fin que el interno pueda acceder a su libertad por contar con un pronóstico de reinserción social positivo y razonable.
La defensa entiende que el avance gradual del condenado, tal como se pretendía por la Cámara ha sido satisfactorio, debido al buen comportamiento y la adaptación de Marcelo Gabriel Cortez al entorno carcelario. Considera entonces que, la negativa a concederle la libertad basada en estos aspectos, contraviene lo establecido por el artículo 13 del Código Penal.
Por último, se agravia en cuanto al mérito que hizo la Cámara respecto del informe final elaborado por el D.T.C de la Unidad Penitenciaria n° 36 de Magdalena, respecto de la discrepancia que habría entre ese informe y lo manifestado por la Trabajadora Social de la U°36, Griselda Martinez, especialmente en lo que respecta al acompañamiento familiar del imputado Cortez, la escasa capitalización de las actividades que se brindan en la unidad de detención y las reservas emergentes del plano psicológico del imputado.
Peticiona se case la resolución en crisis y se otorgue a Marcelo Gabriel Cortez el beneficio de libertad condicional.
II. Concedido y elevado el recurso de casación por el órgano “a quo” fue radicado en Sala por prevención y notificadas las partes -conforme las constancias digitales obrantes en el sistema informático Augusta-, oportunidad en que la Sra. Fiscal Adjunta ante esta Sede, Dra. Daniela Bersi, se expidió por su rechazo.
III. Poner acápite sobre el cumplimiento de lo dispuesto por la ley 15232.
IV. Conforme surge del informe de actuario efectuado el 4 de Septiembre de 2024, el Juzgado de Ejecución interviniente dio cumplimiento a lo dispuesto por la ley de víctimas 15232, en relación a su derecho a ser informada respecto de la libertad asistida peticionada por la defensa.
V. Hallándose la presente en estado de resolverse, los jueces de la Sala dispusieron plantear y decidir las siguientes:
Primera: ¿Es admisible y, en su caso, procedente el recurso de Casación interpuesto?
Segunda: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el Señor Juez Bouchoux dijo:
I. Nuestra ley procesal dispone en su artículo 433 del ritual -cf. ley 13.943- que corresponde al órgano que dictó la resolución analizar si el remedio casatorio se interpuso oportunamente, si el recurrente tiene legitimidad subjetiva y si la decisión es objetivamente recurrible.
Inicialmente corresponde señalar que, tratándose de resoluciones que, como la aquí impugnada, deniegan o limitan la libertad personal, se impone la necesidad de un doble conforme, con base en el derecho al recurso previsto en los artículos 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, con el alcance asignado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en tanto lo extiende a todos los autos procesales importantes (C.I.D.H, informe N° 55/97).
Asimismo, el artículo 450 contempla estos supuestos -y específicamente se refiere a la etapa de ejecución- como resoluciones recurribles, de modo que deben entenderse como equiparables a sentencia definitiva a la hora de decidir sobre su admisibilidad. Por lo demás, la materia en análisis -denegatoria de libertad condicional- genera un gravamen que potencialmente exige una tutela inmediata por la imposibilidad de una eficaz reparación ulterior.
Dicho lo anterior, la regla del tercer párrafo del artículo 450 debe ser interpretada en tanto habilitación legal para que este Tribunal intervenga en aquellos casos en los que la alzada de garantía revoque la decisión de primera instancia, o bien en supuestos en los que -aun cuando exista el doble conforme- se advierta un agravio de naturaleza federal, sea por discutirse el contenido y alcance de una norma constitucional o bien porque se presente una situación de arbitrariedad manifiesta, entendiendo por tal aquella que suponga una omisión o desacierto de gravedad extrema que descalifique el pronunciamiento como acto jurisdiccional (Fallos 250:348 entre muchos otros).
II. Ahora bien, aún cuando en el caso el requisito del doble conforme se encuentra abastecido, se presenta un supuesto de arbitrariedad y falta de fundamentación en los términos del art. 106 del CPP, que habilita su tratamiento por ante esta instancia casatoria.
De la lectura de las presentes actuaciones, puede advertirse que Marcelo Gabriel Cortez fue condenado a una pena única de dos años y nueve meses de prisión y costas, por la comisión del delito de robo agravado por fractura de puerta de lugar habitado en grado de tentativa y hurto agravado por escalamiento y hurto simple, ambos en concurso real entre sí. Dicha sanción vencerá el 22 de Marzo de 2025.
Para denegar el beneficio de libertad condicional peticionado, la Alzada local se basó en el informe desfavorable elaborado por el Departamento Técnico Criminológico de la Unidad Penitenciaria N° 36 -Acta N° 150/2024-, en función de que el encartado no cuenta con el acompañamiento de su familia y la falta de participación en las áreas de tratamiento. Además, merituaron reservas que emergen del plano psicológico, considerando pertinente que continúe evolucionando y profundizando el camino de reflexión que inició recientemente, y que todavía adeuda esfuerzos en el ámbito de capitalización del tiempo en encierro. Por otra parte, los magistrados consideran prudente que continúe la evaluación en el régimen que se encuentra, de acuerdo a los principios de progresividad y resocialización.
Ahora bien, entiendo que el temperamento adoptado por el a quo no puede ser confirmado, toda vez que los fundamentos esgrimidos resultan insuficientes para sustentar una denegatoria del beneficio requerido.
Según surge del resolutorio del juez de grado, el Acta de Dictamen elaborada por la unidad carcelaria indica que el interno ha logrado un adecuado desenvolvimiento institucional, registrando conducta ejemplar 10 y concepto bueno, carece de sanciones disciplinarias y no registra actuaciones administrativas. En cuanto a las actividades realizadas por Cortez, surge de los informes que se encuentra en lista de espera para trabajar. Asimismo, frente a un eventual egreso " (...) el interno para su futuro en libertad planea vivir con su madre. También es relevante mencionar que personal del SPB mantuvo una comunicación telefónica con la referente de CORTEZ y aque la confirmó la información del domicilio y sus deseos de recibirlo en la vivienda. (…) ”
Ahora bien, entiendo que el temperamento adoptado por la Alzada local no puede ser confirmado, toda vez que los fundamentos esgrimidos resultan insuficientes para sustentar una denegatoria de libertad condicional. En este sentido, si los informes elaborados por el Departamento Técnico Criminológico carecen de razonabilidad y fundamentación, no pueden ser valorados en los términos del art. 13 del CP., dado que los mismos no resultan vinculantes para el órgano jurisdiccional. En el caso de autos, el pronóstico inconveniente fue basado en supuestos que no revisten la entidad suficiente para arribar a tal conclusión.
En efecto, obturar la posibilidad de la libertad condicional del penado con única base en un informe criminológico carente de sustento razonable, implicaría tanto como renunciar al control judicial de la ejecución de la pena, por cuanto la función jurisdiccional se vería sustituida por la administrativa.
En este sentido, se ha sostenido acertadamente: " En efecto, el rol del Juez de Ejecución es garantizar el cumplimiento de las normas constitucionales y los tratados internacionales ratificados por la República Argentina (art. 10 ley 12.256), a lo que debe adunarse que constituye uno de los postulados del Derecho Penal actual el control total de la ejecución penal por parte de los órganos jurisdiccionales, principio llamado de "judicialización" que ha sido plenamente recogidos por nuestro ordenamiento jurídico (CSJN fallos, 327:388 "Romero Cacharane", 9/3/04) " (voto de Daniel Carral en causa N° 114803 " Medina, Nahuel Emiliano s/ recurso de casación ", sentencia de la Sala I del TCPBA del 15/07/2022).
Los magistrados de la Cámara local dejaron de lado los progresos del interno que corresponde ser estimados como aspectos positivos. El desenvolvimiento institucional, la ejemplar conducta y concepto bueno, la falta de sanciones disciplinarias, son parámetros de gran importancia para evaluar un pronóstico de reinserción social favorable. Por otro lado, es necesario destacar que Cortez no forma parte del área educativa dado su reciente ingreso a la unidad carcelaria, pero durante el año 2022 cursó el primer año del ciclo secundario.
Sumado a ello, y sin perjuicio de que las actividades tratamentales no son una obligación sino un derecho de los condenados que el Estado debe garantizar (arts. 38, 40 y concs. de ley 12256), el imputado manifestó que tiene intenciones de trabajar pero que no hay cupos disponibles actualmente. Se debe destacar en este sentido que, las deficiencias del estado –en este caso, del sistema penitenciario- no pueden recaer sobre los penados.
En cuanto a las reservas psicologicas, debo decir que eventualmente, la necesidad de un tratamiento terapéutico no resulta determinante para denegar el beneficio, dado que al momento de conceder las salidas transitorias, el juez interviniente tiene la facultad de estipular las normas que considere que el penado debe observar (art. 147 Ley 12.256 y Art. 13. inc. 6 del CP)
En virtud de lo expuesto, entiendo que el pronóstico efectuado por la Alzada local y las reservas aludidas no revisten la entidad suficiente para alertar sobre un pronóstico inconveniente de reinserción social en relación a un proceso libre de conflictos. Ello descalifica al pronunciamiento como acto jurisdiccional válido (cfr. arts. 106 y 210 del CPPBA).
En conclusión, y en conocimiento del criterio de mi colega sobre el alcance de las sentencias pronunciadas en este aspecto, voy a proponer al Acuerdo -en el caso concreto- anular el resolutorio de la Sala II de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de Morón en cuanto confirmó la denegatoria a la solicitud de libertad condicional de Marcelo Gabriel Cortez, y remitir copia de la presente al a quo , a fin de que dicte un nuevo pronunciamiento conforme a derecho. (Artículos 8.2.h de la CADH; 14.5 del PIDCP; 18 y 75.22 de la CN; 168 y 171 de la Const. De la Prov. De Bs. As., 13 del Código Penal; 1, 106, 210, 421, 448, 450, 461, 464, 530 y 531 del Código Procesal Penal; 6, 38, 40, 100, 101 y 161 de la ley 12256).
VOTO POR LA AFIRMATIVA.
A la misma primera cuestión, el señor Juez Mancini dijo:
Adhiero al voto de mi colega preopinante, expidiéndome en igual sentido y por los mismos fundamentos.
VOTO POR LA AFIRMATIVA.
A la segunda cuestión, el señor Juez Bouchoux dijo:
En atención al resultado que arroja el tratamiento de la cuestión precedente corresponde: 1) declarar admisible y procedente el recurso interpuesto por el Defensor Oficial en favor de Marcelo Gabriel Cortez, 2) anular el resolutorio de la Sala II de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de Morón en cuanto confirmó la denegatoria a la solicitud de libertad condicional de Marcelo Gabriel Cortez, y 3) remitir copia de la presente al a quo , a fin de que dicte un nuevo pronunciamiento conforme a derecho. (Artículos 8.2.h de la CADH; 14.5 del PIDCP; 18 y 75.22 de la CN; 168 y 171 de la Const. De la Prov. De Bs. As., 13 del Código Penal; 1, 106, 210, 421, 448, 450, 461, 464, 530 y 531 del Código Procesal Penal; 6, 38, 40, 100, 101 y 161 de la ley 12256).
A la misma segunda cuestión, el señor Juez Mancini dijo:
Adhiero al voto de mi colega preopinante, expidiéndome en igual sentido y por los mismos fundamentos.
Así lo voto.
Por lo que no siendo para más se dio por terminado el Acuerdo dictando el Tribunal la siguiente
I. DECLARAR ADMISIBLE Y PROCEDENTE el recurso interpuesto por el Defensor Oficial en favor de Marcelo Gabriel Cortez.
II. ANULAR el resolutorio de la Sala II de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de Morón en cuanto confirmó la denegatoria a la solicitud de libertad condicional de Marcelo Gabriel Cortez.
III. REMITIR copia de la presente al a quo , a fin de que dicte un nuevo pronunciamiento conforme a derecho.
Artículos 8.2.h de la CADH; 14.5 del PIDCP; 18 y 75.22 de la CN; 168 y 171 de la Const. De la Prov. De Bs. As., 13 del Código Penal; 1, 106, 210, 421, 448, 450, 461, 464, 530 y 531 del Código Procesal Penal; 6, 38, 40, 100, 101 y 161 de la ley 12256.
Regístrese. Notifíquese. Oportunamente devuélvase.
Firmas
Funcionario Firmante: 31/10/2024 11:33:37 - BOUCHOUX Manuel Alberto - JUEZ
Funcionario Firmante: 04/11/2024 13:19:49 - MANCINI HEBECA Fernando Luis Maria - JUEZ
Funcionario Firmante: 04/11/2024 13:44:47 - ESPADA Maria Andrea - SECRETARIO DEL TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS el 04/11/2024 13:48:52 hs. bajo el número RS-1066-2024 por ESPADA MARIA ANDREA.
Fin de la sentencia