Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, Sala V · Causa 133211
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar , con costas, los recursos de casación interpuesto por las defensas y confirmar la sentencia atacada en todo cuanto fuera materia de agravio.
Rigen los artículos 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 8.2.h del Pacto de San José de Costa Rica; 18 y 75, inciso 22 de la Constitución Nacional; 5, 12, 29 inc. 3°, 40, 41, 45 y 166 inciso 2°, último párrafo del Código Penal; 1, 106, 209, 210, 373, 398, 399, 434, 530 y 531, Código Procesal Penal.
1000-9142-24
C. 133.211
En la ciudad de La Plata, se reúnen en Acuerdo Ordinario los señores jueces de la Sala Quinta de este Tribunal de Casación Penal, integrada al efecto por Manuel Alberto Bouchoux y Mario Eduardo Kohan para dictar sentencia en la causa nro. 133.211, caratulada "SOSA CRISTIAN NAHUEL S/ RECURSO DE CASACIÓN" , conforme al siguiente orden de votación: BOUCHOUX–KOHAN .
1. El Tribunal en lo Criminal Nº 1 del Departamento Judicial Morón, condenó –en el marco de un juicio abreviado- a Cristian Nahuel Sosa a la pena de un (1) año y diez (10) de prisión accesorias legales y las costas del proceso, con declaración de reincidencia, por resultar coautor responsable del delito de robo agravado por el empleo arma de fuego cuya aptitud para el disparo no puede tenerse de ningún modo por acreditada en grado de tentativa; ello en razón del hecho cometido el 17 de febrero de 2024, en la localidad de Libertad, partido de Merlo, en perjuicio de Constanza Ariadna Farías.
2. Contra dicho pronunciamiento, el Defensor oficial, Luis Pablo Carpaneto, interpuso recurso de casación.
Cuestionó el monto de la pena aplicada, en razón de que, en su entender, debió aplicarse el mínimo legal previsto, valorando para ello como atenuante las condiciones en las que se encuentran las instalaciones de los establecimientos carcelarios, y postulando la inexistencia de agravantes, toda vez que en su criterio la multiplicidad subjetiva no se encuentra demostrada fehacientemente como indicio de mayor peligrosidad, añadiendo que la valoración de las condenas que registra su asistido infringen las pautas contenidas en los artículos 40 y 41 del CP.
Plantea la inconstitucionalidad de la reincidencia por considerarla violatoria de los arts. 1, 16, 18, 19 y 75 inc. 22 de la CN.
Solicita se case el fallo impugnado y se reduzca la sanción impuesta.
3. Arribadas las actuaciones a esta sede se expidió el señor Fiscal Adjunto de Casación, Fernando Luis Galán, quien postuló el rechazo del remedio incoado.
4. Cumplimentadas así las vistas correspondientes y, encontrándose la causa en estado de dictar sentencia, se acordó plantear y resolver las siguientes:
Primera: ¿Es procedente el recurso interpuesto?
Segunda: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada , el señor Juez Bouchoux dijo:
El recurso no prospera.
I. La sentencia recurrida fue dictada en el marco de un de juicio abreviado acordado por las partes.
Así las cosas, entiendo necesario realizar algunas consideraciones en orden a la naturaleza de este procedimiento y su impugnación ante esta instancia.
Corresponde inicialmente recordar que nuestro máximo tribunal ha dejado en claro la plena vigencia del derecho a la revisión judicial de la condena en este tipo de juicios, indicando expresamente que debe descartarse que en estos casos el pronunciamiento constituya “un mero acto homologatorio de lo convenido por el imputado, su defensa y el representante fiscal” , añadiendo además que “la sentencia del juicio abreviado no puede hallarse exenta de la debida motivación y, por ende, tampoco es posible predicar a su respecto la ausencia de revisión” (S.C.B.A., P.90327, sent. del 1-III-2006, voto del juez Soria).
En similar sentido, se ha sostenido acertadamente que “el hecho de que el imputado y su defensa prestara su conformidad para la celebración del juicio abreviado, renunciando a la realización del juicio oral y público, no implica que el sentenciante deba desentenderse de las obligaciones republicanas que impone no sólo la manda constitucional sino también la regulación del artículo 371 del ritual, en punto a que debe dar las explicaciones necesarias que permitan comprender cómo arriba a la solución pronunciada, de manera tal que la sentencia, es decir, el acto procesal mediante el cual se materializa el poder punitivo del estado, goce de la correspondiente autosuficiencia” (Sala III de este Tribunal, c. 42130, voto del Juez Carral, sent. 16-IX-2010).
Partiendo de ese marco de análisis, el procedimiento abreviado supone entonces que el imputado renuncie nada menos que a su derecho a ser juzgado en un juicio oral. Ello conlleva también permitir un fallo derivado de un procedimiento sin contradicción y, particularmente, implica renunciar al derecho a la confrontación de los testigos de cargo (8.2.f CADH; 14.3.e PIDCP), consintiendo la posibilidad de generar convicción de culpabilidad a partir de elementos probatorios sustentados en testimonios de personas que no declaran ante el juez que debe decidir sobre los hechos, que en ocasiones ni siquiera lo hacen en sede judicial, y que no son sometidos a la exigencia del examen cruzado de las partes. Obviamente, todo ello solo puede admitirse en tanto tal vía sea adoptada voluntariamente por el imputado a partir del asesoramiento recibido por su defensa técnica.
En ese contexto, y si bien la verdad judicial derivada de un proceso penal siempre resulta en cierto sentido limitada por las propias posibilidades de reconstrucción histórica que permite el juicio oral, tratándose del procedimiento abreviado, la ausencia de inmediación, contradicción y examen cruzado de testigos, ofrece un escenario más rudimentario, habilitando legalmente el dictado de un pronunciamiento -eventualmente- condenatorio derivado de una reconstrucción fáctica signada por una mayor cuota de precariedad, derivada de la ausencia de un litigio pleno.
Claro que el particular procedimiento abreviado instaurado en nuestra provincia no requiere la admisión de los hechos por parte del imputado. En esto se diferencia de otros sistemas provinciales, del procedimiento previsto específicamente para el debate oral en los juicios correccionales (art. 378 C.P.P., que habla específicamente de confesión) y del propio sistema inicial de la ley 11.922 (cf. art. 399 texto original) que sí preveía la admisión de los hechos y participación del imputado, y que fuera modificado antes de su entrada en vigencia por la ley 12.059. Esta decisión legislativa parece acertada, por cuanto todo juzgamiento penal que gire en torno a la confesión del imputado, aun enmarcado en un sistema procesal moderno y con una etapa de juicio adversarial, tiene un sospechoso aroma inquisitivo.
En nuestro sistema, la conformidad prestada por las partes implica aceptar como objeto de juzgamiento una hipótesis fáctica -el hecho materia de acusación-, su significación jurídica y el tope punitivo pactado, y -como acertadamente ya se ha dicho- la sentencia dictada no tiene naturaleza homologatoria, y debe fundarse en las evidencias legítimamente producidas durante la investigación (cf. C.81762, Sala IV de este Tribunal, voto del Juez Kohan, sent. del 16-V-2017), las que deberán valorarse según las reglas de la sana critica con expresión de las razones que motivan la decisión (art. 210 y 371 del C.P.P.).
En el caso del juicio abreviado criminal, la ley procesal habilita expresamente la vía casatoria para impugnar la decisión, pero a la par establece un procedimiento también abreviado en esta instancia, que se traduce esencialmente en que el fallo se dicta sin previo debate oral y que sus fundamentos se expresan sintéticamente (arts. 464 inc. 2 y 465 del C.P.P.). De modo que los agravios traídos ante este Tribunal deberán ser tratados concisamente por imperativo legal.
II. En función de lo dicho en el punto anterior, abordaré los planteos de la parte con el alcance allí indicado.
En concreto, el recurrente denuncia que la sentencia que ataca es arbitraria y carece de fundamentación en cuanto al proceso de formación de la pena impuesta.
Inicialmente observo que la defensa, al acordar el procedimiento abreviado pactó un tope punitivo, no señaló ninguna de las cuestiones traídas luego como motivos de agravio ante esta instancia, de modo que no existieron tales alegaciones y tampoco fueron consideradas en el fallo ahora impugnado.
La juzgadora explicitó que no fueron planteadas atenuantes, a la vez que de los tres parámetros aumentativos de la pena solicitados, valoró la pluralidad de intervinientes y la proclividad delictiva, descartando como tal la calidad de mujer víctima, toda vez que -según su criterio- en el caso no operó como un factor que aumentara su vulnerabilidad por haberse podido defender.
En este contexto, encuentro que la sanción que fijó la juzgadora no merece censura, a la vez que proporcional con el hecho atribuido a Sosa, el encuadre legal y la magnitud del injusto.
En orden al planteo vinculado con la imposibilidad de ponderar los antecedentes condenatorios como pauta agravante en la determinación de la pena, postulo que el mismo debe ser desechado.
Entiendo que la existencia de una condena firme -jurídicamente computable- al momento de cometer un delito, engendra un mayor reproche en términos de culpabilidad, en tanto apunta a evidenciar una más intensa indiferencia personal frente a la vigencia del ordenamiento jurídico. Ello sin perjuicio de que en algún supuesto -que no es el del caso- pudiera acreditarse que la heterogeneidad de las imputaciones, o bien otra circunstancia relevante, sirviera para neutralizar la mayor reprochabilidad derivada de aquella circunstancia.
Por lo demás, lo relativo a la posibilidad de computar los antecedentes condenatorios como pauta aumentativa de la sanción, por evidenciar un mayor grado de culpabilidad, ha sido resuelto por la Corte Suprema de la Nación (caso "Gago", c.2175, sent. del 6-V-2008, por remisión al dictamen del Procurador).
A ello debe añadirse que, aun cuando la condena anterior se tome como base para una posterior declaración de reincidencia, ello no implica afectación de ne bis in idem, y al respecto resulta adecuada a la doctrina arraigada por la SCBA que establece que, "ponderar los antecedentes condenatorios como agravante de pena (en los términos del art. 41 inc. 2º, C.P.) y utilizarlos -a su vez- como base jurídica para la declaración de reincidencia, no implica doble valoración de una misma circunstancia pues la reincidencia resultante de los antecedentes, como en el caso ha sido ponderada, conlleva otras consecuencias diferentes que no guardan relación con la cuantía de la pena impuesta (conf. por muchos, voto del doctor Soria en P. 97.574, sent. del 10/XII/2008; P. 105.743, sent. del 26/X/2010; P. 126.320, sent. del 22/II/2017, entre tantos otros)" .
Tampoco merece censura la valoración de la pluralidad subjetiva, puesto que aun cuando se trate de una decisión ocasional, dicha pluralidad implica objetivamente un mayor contenido de injusto que hace a la gravedad del hecho y que resulta computable en los términos del artículo 41 del C.P.
Por lo demás, y en lo que respecta a la petición de reducción de la pena impuesta al mínimo previsto en la escala penal del delito imputado, corresponde formular las siguientes consideraciones.
Estimo que los jueces se encuentran facultados para valorar el monto punitivo dentro de los límites específicos fijados por las escalas penales obrantes en la ley sustantiva, considerando los dos criterios que resultan de una interprtación legal respetuosa de nuestro plexo constitucional: la magnitud del injusto y el grado de culpabilidad. Así, siendo graduable el injusto y consecuentemente el reproche, la pena debe ajustarse a dichos parámetros, en el marco de la determinación legislativa reflejada en la escala penal aplicable al caso.
Así las cosas, y sin perjuicio de que la ley no contiene un punto de ingreso a la escala penal (SCBA, P. 116.788), en el caso concreto la sanción impuesta a Sosa, teniendo además en consideración las pautas agravantes ponderadas, fue fijada dentro de los parámetros analizados, no mereciendo entonces censura, lo que sella la suerte de este tramo de la queja.
En orden al planteo vinculado con la inconstitucionalidad del instituto de la reincidencia, estimo que el mismo no puede proceder.
Entiendo que, aun cuando los efectos de la declaración de reincidencia se verifiquen en la etapa de ejecución de la pena, corresponde ahora analizar el planteo por haber sido traído en esta oportunidad y por tratarse de una decisión integrante del fallo impugnado.
Como se señaló ante el planteo anterior, la declaración de inconstitucionalidad de una norma es la ultima ratio del orden jurídico y exige máxima prudencia al momento de ejercer el necesario control de constitucionalidad.
Ello requiere además que la parte acredite en el caso concreto una incompatibilidad entre la norma legal y el plexo constitucional, lo que no ha ocurrido en el supuesto, donde además la aplicación del artículo 50 del C.P. no presenta particularidades que justifiquen un análisis distinto.
Por lo demás, y como se ha resuelto oportunamente en este Tribunal la validez constitucional de la reincidencia ha sido ratificada en diversos fallos de los tribunales superiores, tanto nacional como provincial (cf. c.84069, "Mansilla", sent. del 15-II-2017, Sala I, voto del juez Maidana).
Allí se señaló que "la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene dicho que el principio constitucional del ne bis in idem no impide al legislador tomar en cuenta la anterior condena –entendida ésta como un dato objetivo y formal-, a efectos de ajustar con mayor precisión el tratamiento penitenciario que considere adecuado para aquellos supuestos en los que el individuo incurra en una nueva infracción criminal (Fallos 311:1451, 311:552)."
Ello además ha sido ratificado luego -con nueva integración- en el precedente de la causa N° 2175, “G., D. A. s/ recurso de hecho”, sent. 06-V-2008, G.704.XLIII, con remisión al dictamen del Procurador Fiscal y luego en el caso “Arévalo, Martín Salomón s/ causa n° 11.835” (27-V-2014), que mantienen el criterio sobre la validez constitucional del instituto de la reincidencia.
En similar sentido, nuestra Suprema Corte Provincial se ha pronunciado afirmando -con similares argumentos- que los artículos 14 y 50 del Código Penal no vulneran la garantía del "non bis in idem", como así tampoco el principio de culpabilidad (causas P. 100.577, sent. de 22-X-2008; P. 102.267, sent. de 29-XII-2008; P. 99.832, sent. de 1-XII-2008; P. 106.677, resol. de 25-XI-2009; P.103.293, resol. de 17-II-2010; P. 112.353 y P. 112.597, resol. de 16-II-2011; e.o.).
En definitiva, y sin que se aporten, ni tampoco advierta, argumentos válidos que me lleven a discrepar con el criterio sentado por nuestra Corte Suprema, en punto a que el instituto de la reincidencia no afecta los principios de culpabilidad y ne bis in idem, estimo que corresponde decidir que no se presenta la incompatibilidad constitucional denunciada. III. Así, en virtud de las consideraciones expuestas, propongo al Acuerdo rechazar, con costas, el recurso de casación interpuesto por la defensa del acusado, y confirmar la sentencia atacada en todo cuanto fuera materia de agravio (artículos 5, 12, 29 inciso 3°, 40, 41, 45, 50 y 166 inc. 2° último párrafo del CP; y 106, 210, 371, 373, 375, 399, 530 y 531 y ccdtes. del CPP).
Por lo que a esta primera cuestión VOTO POR LA NEGATIVA.
A la primera cuestión planteada el señor Juez Kohan , dijo:
Con excepción de lo que reseña el voto que antecede a titulo de "obiter dictum" en lo relativo a lo adecuado que resulta no exigir la confesión del imputado en el procedimiento de juicio abreviado señalado por el colega Dr. Bouchoux, resultando una apreciación de corte personal sin incidencia en el caso a decidir, adhiero al voto que antecede por sus fundamentos. ASÍ LO VOTO.
A la segunda cuestión el señor Juez Bouchoux expresó:
Que, en orden al resultado arrojado en el tratamiento de la cuestión precedente, corresponde rechazar, con costas, el recurso de casación interpuesto por la defensa y confirmar la sentencia atacada en todo cuanto fuera materia de agravio.
Artículos 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 8.2.h del Pacto de San José de Costa Rica; 18 y 75, inciso 22 de la Constitución Nacional; 5, 12, 29 inc. 3°, 40, 41, 45 y 166 inciso 2°, último párrafo del Código Penal; 1, 106, 209, 210, 373, 398, 399, 434, 530 y 531, Código Procesal Penal. Así lo voto.
A la segunda cuestión el señor Juez Kohan dijo:
Que, en virtud de lo expuesto, adhiere al voto del Juez Bouchoux. Así lo voto
Con lo que terminó el Acuerdo dictándose la siguiente:
Por lo expuesto en el Acuerdo que antecede, el Tribunal resuelve:
Rechazar , con costas, los recursos de casación interpuesto por las defensas y confirmar la sentencia atacada en todo cuanto fuera materia de agravio.
Rigen los artículos 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 8.2.h del Pacto de San José de Costa Rica; 18 y 75, inciso 22 de la Constitución Nacional; 5, 12, 29 inc. 3°, 40, 41, 45 y 166 inciso 2°, último párrafo del Código Penal; 1, 106, 209, 210, 373, 398, 399, 434, 530 y 531, Código Procesal Penal.
Regístrese, notifíquese a las partes y oportunamente remítase al Tribunal de origen.
VB
Firmas
Funcionario Firmante: 07/11/2024 13:23:04 - BOUCHOUX Manuel Alberto - JUEZ
Funcionario Firmante: 07/11/2024 13:32:09 - KOHAN Mario Eduardo - JUEZ
Funcionario Firmante: 07/11/2024 13:33:07 - ESPADA Maria Andrea - SECRETARIO DEL TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS el 07/11/2024 14:22:08 hs. bajo el número RS-1128-2024 por ESPADA MARIA ANDREA.
Fin de la sentencia