Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, Sala V · Causa 133639
Lo que resolvió el tribunal
I. Rechazar , con costas, los recursos de casación interpuesto por las defensas y confirmar la sentencia atacada en todo cuanto fuera materia de agravio.
II. Regular los honorarios del del defensor Gastón Alfredo Daneri por su labor en esta sede como abogado defensor del inculpado Ledesma, en la suma del 25% de lo fijado en la instancia de origen.
Rigen los artículos 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 8.2.h del Pacto de San José de Costa Rica; 18 y 75, inciso 22 de la Constitución Nacional; 5, 12, 29 inc. 3°, 40, 41, 42 a contrario sensu, 45 y 166 inciso 2°, segundo párrafo del Código Penal; 1, 106, 209, 210, 373, 398, 399, 434, 530 y 531, Código Procesal Penal; 16 y 31 de la ley 14.967.
0705-6222-24
C. 133.639
En la ciudad de La Plata, se reúnen en Acuerdo Ordinario los señores jueces designados para integrar la Sala Quinta de este Tribunal de Casación Penal, doctores Manuel Bouchoux y Mario Kohan a los efectos de dictar sentencia en la causa nro. 133.639, caratulada "FERNANDEZ, AGUSTIN GABRIEL Y LEDESMA, BRANDON JOAQUIN S/ RECURSO DE CASACIÓN" , conforme al siguiente orden de votación: BOUCHOUX–KOHAN .
1. El Tribunal en lo Criminal Nº 2 del Departamento Judicial Lomas de Zamora, condenó –en el marco de un juicio abreviado- a Brandon Joaquín Ledesma y a Agustín Gabriel Fernández López a la pena cinco (5) años de prisión accesorias legales y las costas del proceso, por resultar coautores responsables del delito de robo agravado por el empleo de arma blanca; ello en razón del hecho cometido el día 23 de febrero de 2024, en la localidad de Burzaco, partido de Almirante Brown, en perjuicio de Máximo Gómez Lucio.
2. Contra dicho pronunciamiento, la defensa particular del imputado Ledesma, representada por Gastón Alfredo Daneri y la defensa oficial del imputado Fernández, a cargo de Luciano Augusto Noli, interpusieron sendos recursos de casación.
Como motivo común de agravio, los recurrentes cuestionan la calificación asignada al hecho y postula la inobservancia de lo dispuesto por el art. 42 del Código Penal toda vez que –a su juicio- no ha sido suficientemente acreditada en autos la consumación del robo.
Solicitan se case el fallo impugnado y se recalifique el robo como tentado en los términos del art. 42 del Código Penal.
Por su parte, el defensor de Ledesma, cuestiona, también en relación a la asignación jurídica impuesta al caso, la aplicación de la agravante del uso de arma en el hecho, ya que considera que tal extremo no se encuentra debidamente acreditado, por lo que la calificación debe mutarse a la figura básica del art. 164 del CP.
Dejan expresamente planteada, a todo evento, la reserva del caso federal (art. 14, ley 48).
3. Arribadas las actuaciones a esta sede se expidió la Sra. Fiscal Adjunto de Casación, Daniela Bersi, quien postuló el rechazo del remedio incoado.
4. Cumplimentadas así las vistas correspondientes y, encontrándose la causa en estado de dictar sentencia, se acordó plantear y resolver las siguientes:
Primera: ¿Es procedente el recurso interpuesto?
Segunda: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada , el señor Juez Bouchoux dijo:
Los recursos no prosperan.
I. La sentencia recurrida fue dictada en el marco de un de juicio abreviado acordado por las partes.
Así las cosas, entiendo necesario realizar algunas consideraciones en orden a la naturaleza de este procedimiento y su impugnación ante esta instancia.
Corresponde inicialmente recordar que nuestro máximo tribunal ha dejado en claro la plena vigencia del derecho a la revisión judicial de la condena en este tipo de juicios, indicando expresamente que debe descartarse que en estos casos el pronunciamiento constituya “un mero acto homologatorio de lo convenido por el imputado, su defensa y el representante fiscal” , añadiendo además que “la sentencia del juicio abreviado no puede hallarse exenta de la debida motivación y, por ende, tampoco es posible predicar a su respecto la ausencia de revisión” (S.C.B.A., P.90327, sent. del 1-III-2006, voto del juez Soria).
En similar sentido, se ha sostenido acertadamente que “el hecho de que el imputado y su defensa prestara su conformidad para la celebración del juicio abreviado, renunciando a la realización del juicio oral y público, no implica que el sentenciante deba desentenderse de las obligaciones republicanas que impone no sólo la manda constitucional sino también la regulación del artículo 371 del ritual, en punto a que debe dar las explicaciones necesarias que permitan comprender cómo arriba a la solución pronunciada, de manera tal que la sentencia, es decir, el acto procesal mediante el cual se materializa el poder punitivo del estado, goce de la correspondiente autosuficiencia” (Sala III de este Tribunal, c. 42130, voto del Juez Carral, sent. 16-IX-2010).
Partiendo de ese marco de análisis, el procedimiento abreviado supone entonces que el imputado renuncie nada menos que a su derecho a ser juzgado en un juicio oral. Ello conlleva también permitir un fallo derivado de un procedimiento sin contradicción y, particularmente, implica renunciar al derecho a la confrontación de los testigos de cargo (8.2.f CADH; 14.3.e PIDCP), consintiendo la posibilidad de generar convicción de culpabilidad a partir de elementos probatorios sustentados en testimonios de personas que no declaran ante el juez que debe decidir sobre los hechos, que en ocasiones ni siquiera lo hacen en sede judicial, y que no son sometidos a la exigencia del examen cruzado de las partes. Obviamente, todo ello solo puede admitirse en tanto tal vía sea adoptada voluntariamente por el imputado a partir del asesoramiento recibido por su defensa técnica.
En ese contexto, y si bien la verdad judicial derivada de un proceso penal siempre resulta en cierto sentido limitada por las propias posibilidades de reconstrucción histórica que permite el juicio oral, tratándose del procedimiento abreviado, la ausencia de inmediación, contradicción y examen cruzado de testigos, ofrece un escenario más rudimentario, habilitando legalmente el dictado de un pronunciamiento -eventualmente- condenatorio derivado de una reconstrucción fáctica signada por una mayor cuota de precariedad, derivada de la ausencia de un litigio pleno.
Claro que el particular procedimiento abreviado instaurado en nuestra provincia no requiere la admisión de los hechos por parte del imputado. En esto se diferencia de otros sistemas provinciales, del procedimiento previsto específicamente para el debate oral en los juicios correccionales (art. 378 C.P.P., que habla específicamente de confesión) y del propio sistema inicial de la ley 11.922 (cf. art. 399 texto original) que sí preveía la admisión de los hechos y participación del imputado, y que fuera modificado antes de su entrada en vigencia por la ley 12.059. Esta decisión legislativa parece acertada, por cuanto todo juzgamiento penal que gire en torno a la confesión del imputado, aun enmarcado en un sistema procesal moderno y con una etapa de juicio adversarial, tiene un sospechoso aroma inquisitivo.
En nuestro sistema, la conformidad prestada por las partes implica aceptar como objeto de juzgamiento una hipótesis fáctica -el hecho materia de acusación-, su significación jurídica y el tope punitivo pactado, y -como acertadamente ya se ha dicho- la sentencia dictada no tiene naturaleza homologatoria, y debe fundarse en las evidencias legítimamente producidas durante la investigación (cf. C.81762, Sala IV de este Tribunal, voto del Juez Kohan, sent. del 16-V-2017), las que deberán valorarse según las reglas de la sana critica con expresión de las razones que motivan la decisión (art. 210 y 371 del C.P.P.).
En el caso del juicio abreviado criminal, la ley procesal habilita expresamente la vía casatoria para impugnar la decisión, pero a la par establece un procedimiento también abreviado en esta instancia, que se traduce esencialmente en que el fallo se dicta sin previo debate oral y que sus fundamentos se expresan sintéticamente (arts. 464 inc. 2 y 465 del C.P.P.). De modo que los agravios traídos ante este Tribunal deberán ser tratados concisamente por imperativo legal.
II. En función de lo dicho en el punto anterior, abordaré los planteos de la parte con el alcance allí indicado.
Los planteos no proceden en tanto resulta incensurable la decisión del juzgador que estimó consumado el robo. Veamos.
a) Mi colega de la instancia anterior tuvo por acreditado –y llega incólume a esta sede- la siguiente plataforma fáctica: “…Que el día 23 de febrero de 2024, aproximadamente a las 03:20 horas, en la vía pública, más precisamente en Avenida Hipólito Yrigoyen en cercanías de la intersección con calle Dardo Rocha, de la localidad de Burzaco, Partido de Almirante Brown, dos personas de sexo masculino actualmente individualizados como Agustín Gabriel Fernández y Brandon Joaquín Ledesma, ambos coactuando al efecto, mediante el empleo de un arma consistente en arma blanca tipo cuchillo, con la cual intimidaron a Máximo Gómez Lucio, se apoderaron ilegítimamente de un celular marca Samsung modelo A10, un reloj de color plateado marca Tressa y una tarjeta Sube nro. 6061 2885 2078 5060, todas cosas muebles estas que les resultaban totalmente ajenas..."
b) El agravio común invocado por los impugnantes –el que por una cuestión metodológica responderé de manera conjunta- se asentó en la ausencia de consumación del apoderamiento atribuido a los encausados en función de haber sido aprehendidos a pocas cuadras del lugar del hecho.
Este planteo, vinculado con la significación jurídica los hechos, se refiere a un aspecto del pronunciamiento que releva el acuerdo de las partes sobre el punto, es decir, sobre la calificación legal que corresponde asignar a la hipótesis fáctica materia de juzgamiento.
Aun así, y considerando especialmente la particular técnica utilizada para describir la materialidad ilícita, pasaré a dar respuesta al planteo común.
De la evidencia colectada en la investigación y elevada al rango de prueba con la suscripción del acuerdo de juicio abreviado, se destaca en primer lugar, lo declarado por Máximo Lucio Gómez quien brindó precisiones sobre el hecho del que resultó víctima e indicó los objetos que fueron sustraídos por los perpetradores (celular marca Samsung modelo A10, un reloj de color plateado marca Tressa y una tarjeta Sube nro. 6061 2885 2078 5060).
En esa senda, ponderó el a quo, el relato coincidente de la víctima en cuanto a la mecánica del despojo sufrido, así como la descripción de las características de los perpetradores y el posterior conocimiento de sus pertenencias y del elemento filoso incautado como el instrumento con el que fue intimidado.
Asimismo, se tuvo en consideración, entre otros elementos, el acta de procedimiento labrada por el personal policial que, alertado por la “operadora del turno del centro de operaciones” al que había acudido la víctima, se constituyeron en el lugar de los hechos y lograron dar con las personas sindicadas “…observan la presencia de dos masculinos de similares características los cuales al observar la presencia del móvil policial, los mismos se tornan nerviosos sentándose en las escalinatas de la estación (…) realizan una breve requisa de entre sus pertenencias observando que en las escalinatas en donde se encontraban sentados estos sujetos, se encontraba la presencia de un cuchillo con mango de plástico y envolturas de cinto y a pocos metros se encontraba la presencia de un banco de cemento debajo del cual observamos la presencia de un teléfono celular de color azul Marca: SAMSUNG, modelo: A10...” .
Luego, en la comisaria, la víctima pudo reconocer el celular, como así también la tarjeta sube y el reloj que le habían sustraído.
Sentado ello, no está discutido que los imputados ejecutaron el hecho que aquí se juzga, despojando a la víctima de sus pertenencias y dándose a la fuga del lugar, para luego ser aprehendidos por personal policial a pocas cuadras del lugar del robo. Lo que esencialmente plantean las defensas es la falta de consumación del robo en razón de la cercanía entre el lugar del hecho y el sitio donde fueron aprehendidos, así como la inmediatez temporal entre ambas situaciones fácticas.
La subsunción que el Tribunal hiciera de la conducta del acusado en la forma de apoderamiento consumado resulta correcta debiéndose rechazar el agravio fundado en la inobservancia del art. 42 del Código Penal.
El delito de robo se consuma cuando el sujeto activo logra la libre disponibilidad de la res furtiva, es decir, cuando la cosa sustraída es sacada de la esfera de custodia del dueño y éste carece de la posibilidad inmediata de recuperarla.
La libre disposición no abarca únicamente actos de empleo de la cosa para su fin específico, y en el caso concreto los recurrentes no logran rebatir la conclusión del juzgador que -relevando el acuerdo sobre el punto- consideró el hecho consumado a partir de ponderar que las cosas salieron del poder de la víctima.
A la luz de las circunstancias fácticas descriptas, la huida del lugar de los hechos con las pertenencias sustraídas por parte de los implicados y su posterior detención “a pocas cuadras”, da cuenta de la pérdida de poder sobre las cosas por parte de la víctima sin que tampoco pueda afirmarse en el caso concreto alguna posibilidad de recuperarlo de manera inmediata.
En definitiva, el robo perpetrado por Fernández y Ledesma, se consumó, dando lugar a la configuración del delito tipificado en el art. 166, inc. 2° del C.P.
Entonces, no advirtiéndose la existencia de vicio invalidante alguno y apareciendo las críticas defensistas como una mera disconformidad con las conclusiones arribadas por el magistrado interviniente, considero que los fundamentos esgrimidos para sostener la calificación escogida, abastecen las exigencias de motivación del art. 106 del C.P.P.
c) Tampoco puedo acompañar la crítica formulada por la defensa de Ledesma en la que cuestiona la utilización del arma blanca.
La acreditación del empleo de un arma blanca se apoya en la valoración del testimonio de la víctima ya referido. Ésta fue clara y directa al señalar que el sujeto que la agredió físicamente tenía un cuchillo. Como indiqué más arriba, sus dichos formaron plena convicción en el sentenciante a partir de la evaluación minuciosa de la información aportada. La ley procesal no establece estándares probatorios para acreditar los extremos de la imputación, de modo que la justificación racional y lógica, conforme las reglas de la experiencia resulta suficiente para la aplicación del tipo penal cuestionado.
Pues bien, habiéndose acreditado sin absurdo, por vía testimonial, que el imputado utilizó un arma blanca para intimidar, la calificación legal aplicada por mi colega de la instancia, no admite variación sumado a que dicho adminiculo ha sido secuestrado.
Así las cosas, no merece reparos la calificación legal asignada al hecho bajo juzgamiento, encuadre jurídico que, por otra parte, resultó respetuoso del acuerdo de juicio abreviado suscripto voluntariamente por las partes.
III. En virtud del desarrollo precedente, propongo al Acuerdo rechazar, con costas, los recursos de casación interpuestos por las defensas y confirmar la sentencia atacada en todo cuanto fuera materia de agravio. Asimismo, propongo regular los honorarios del defensor Gastón Alfredo Daneri por su labor en esta sede como abogado defensor del inculpado Ledesma, en la suma del 25% de lo fijado en la instancia de origen.
Rigen los arts. 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 8.2.h del Pacto de San José de Costa Rica; 18 y 75, inciso 22 de la Constitución Nacional; 5, 12, 29 inc. 3°, 40, 41, 42 a contrario sensu, 45 y 166 inciso 2°, primer párrafo del Código Penal; 1, 106, 209, 210, 373, 398, 399, 434, 530 y 531, Código Procesal Penal; 16 y 31 de la ley 14.967.
Por todo lo expuesto, a esta primera cuestión voto por la negativa .
A la primera cuestión planteada el señor juez Kohan , dijo:
Con excepción de lo que reseña el voto que antecede a titulo de "obiter dictum" en lo relativo a lo adecuado que resulta no exigir la confesión del imputado en el procedimiento de juicio abreviado señalado por el colega Dr. Bouchoux, resultando una apreciación de corte personal sin incidencia en el caso a decidir, adhiero al voto que antecede por sus fundamentos.
Así lo voto.
A la segunda cuestión el señor juez Bouchoux expresó:
Que, en orden al resultado arrojado por el tratamiento de la cuestión precedente, corresponde rechazar, con costas, los recursos de casación interpuestos por las defensas y confirmar la sentencia atacada en todo cuanto fuera materia de agravio. Asimismo, propongo regular los honorarios del defensor Gastón Alfredo Daneri por su labor en esta sede como abogado defensor del inculpado Ledesma, en la suma del 25% de lo fijado en la instancia de origen.
Artículos 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 8.2.h del Pacto de San José de Costa Rica; 18 y 75, inciso 22 de la Constitución Nacional; 5, 12, 29 inc. 3°, 40, 41, 42 a contrario sensu, 45 y 166 inciso 2°, primer párrafo del Código Penal; 1, 106, 209, 210, 373, 398, 399, 434, 530 y 531, Código Procesal Penal; 16 y 31 de la ley 14.967.
Así lo voto.
A la segunda cuestión el señor Juez Kohan dijo:
Que, en virtud de lo expuesto, adhiere al voto del doctor Bouchoux.
Así lo voto
Con lo que terminó el Acuerdo dictándose la siguiente:
Por lo expuesto en el Acuerdo que antecede, el Tribunal resuelve:
I. Rechazar , con costas, los recursos de casación interpuesto por las defensas y confirmar la sentencia atacada en todo cuanto fuera materia de agravio.
II. Regular los honorarios del del defensor Gastón Alfredo Daneri por su labor en esta sede como abogado defensor del inculpado Ledesma, en la suma del 25% de lo fijado en la instancia de origen.
Rigen los artículos 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 8.2.h del Pacto de San José de Costa Rica; 18 y 75, inciso 22 de la Constitución Nacional; 5, 12, 29 inc. 3°, 40, 41, 42 a contrario sensu, 45 y 166 inciso 2°, segundo párrafo del Código Penal; 1, 106, 209, 210, 373, 398, 399, 434, 530 y 531, Código Procesal Penal; 16 y 31 de la ley 14.967.
Regístrese, notifíquese a las partes y oportunamente remítase al Tribunal de origen.
Ante mi.-
MM
Firmas
Funcionario Firmante: 07/11/2024 13:23:11 - BOUCHOUX Manuel Alberto - JUEZ
Funcionario Firmante: 07/11/2024 13:32:14 - KOHAN Mario Eduardo - JUEZ
Funcionario Firmante: 07/11/2024 13:33:15 - ESPADA Maria Andrea - SECRETARIO DEL TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS el 07/11/2024 14:22:14 hs. bajo el número RS-1130-2024 por ESPADA MARIA ANDREA.
Fin de la sentencia