Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, Sala V · Causa 133658
0501-16496-22
C.133.658
En la ciudad de La Plata, se reúnen en Acuerdo Ordinario los señores jueces designados para integrar la Sala V de este Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, Manuel Bouchoux y Fernando Luis María Mancini, a fin de dictar sentencia en la presente causa número 133.658, caratulada “BRIAN, JULIO JUAN O JULIO, BRIAN JUAN JOSE S/ RECURSO DE CASACIÓN” , conforme el siguiente orden de votación: BOUCHOUX-MANCINI .
El Tribunal en lo Criminal N° 2 del Departamento Judicial La Matanza, con fecha 8 de junio del año 2024, condenó a Brian Juan José Julio, a la pena de dieciocho años de prisión, accesorias legales, más la declaración de reincidencia y las costas del proceso, por resultar coautor penalmente responsable de los delitos de robo agravado por el uso de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no se tuvo por probada -HECHO I, ocurrido el 31/12/2022, en la localidad de Rafael Castillo, en perjuicio de Romina Gutiérrez- y de robo agravado por el uso de un arma de fuego en grado de tentativa y homicidio criminis causae en grado de tentativa -HECHO II, ocurrido el 31/12/2022, en la localidad de González Catán, en perjuicio de Alan Ibarra- y autor del delito de tenencia simple de estupefacientes -HECHO III, ocurrido el 31/12/22, en la localidad de González Catán, en perjuicio de la salud pública-, todos en concurso real.
Contra esa decisión interpuso recurso de casación el señor Defensor Particular, Gonzalo Robledo Marinich.
Efectuadas las vistas correspondientes y encontrándose la presente en condiciones de ser resuelta, este Tribunal decidió plantear y votar las siguientes:
Primera: ¿Es procedente el recurso de casación interpuesto?
Segunda: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada , el señor Juez Bouchoux dijo:
I. En primer lugar, la defensa denuncia la falta de motivación del pronunciamiento recurrido ya que, a su juicio, la sentencia se encuentra absolutamente infundada respecto a la acreditación de la coautoría penalmente responsable de Julio en los tres hechos atribuidos.
Indica que el plexo probatorio en el que se fundó la condena no posee la convicción suficiente para destruir el estado de inocencia que ampara a su pupilo procesal.
Puntualmente, sostiene que su intervención en los hechos I y II descansa principalmente en el testimonio brindado por las víctimas, quienes señalaron que los ilícitos ocurrieron de manera rápida y no obstante ello pudieron reconocer al imputado, circunstancia que también repitieron “casi de libreto” ante el Tribunal de Juicio.
En definitiva, el recurrente considera que las pruebas valoradas por el sentenciante no son suficientes para destruir el estado de inocencia que ampara a Julio, por lo que solicita se case la sentencia y ejerciendo competencia positiva se absuelva a su asistido por los hechos por los que ha sido condenado.
Subsidiariamente, peticiona que se modifique la calificación legal atribuida al hecho II por la de robo agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa en concurso ideal con lesiones graves.
Finalmente, solicita que “se absuelva al nombrado por el hecho III y se le imponga la pena de 6 años de prisión de efectivo cumplimiento”.
Además, se advierte en un pasaje de su interposición recursiva que cuestiona la mensuración punitiva efectuada, ya que considera que ante el cambio de la calificación del Hecho III que resulta ser favorable para su asistido, corresponde reducir el monto punitivo aplicado, ya que se aplicó la misma pena solicitada por el acuse que tenía una calificación más gravosa en relación a ese ilícito.
II. Ya en esta instancia, se expidió la Señora Fiscal Adjunta ante este Tribunal, Daniela Bersi, postulando el íntegro rechazo del recurso de casación interpuesto por la defensa particular.
III. a) El Tribunal tuvo por acreditado que: (HECHO 1) “…el 31 de diciembre de 2022, aproximadamente a las 5.45 hs, en momentos que Romina Daniela Gutiérrez se encontraba estacionada a bordo de su vehículo marca Volkswagen Gol Trend de color blanco, dominio AC036FH, en la intersección de las calles Polledo y Luis Vernet, localidad de Rafael Castillo, partido de La Matanza, fue sorprendida por cuanto menos dos sujetos masculinos, quienes circulaban a bordo de un rodado marca Ford Eco Sport color negro, uno de los cuales descendió de dicho vehículo y tras intimidarla con un arma de fuego no habida a la fecha, la desapoderaron ilegítimamente del rodado y un teléfono celular de marca Samsung modelo A32 abonado nro. 1161031334, para darse a la fuga a bordo de ambos automotores pudiendo disponer libremente del botín”.
(HECHO 2) “…Seguidamente a la comisión del suceso anterior, en momentos que Alan Santiago Ibarra, arribaba a su domicilio sito en la calle Besares 1750, localidad de González Catán, partido de La Matanza, a bordo de su vehículo marca Ford Focus dominio EAF-745, el nombrado fue sorprendido por al menos dos sujetos masculinos que descendieron del rodado sustraído en el hecho previo -marca Volkswagen Gol Trend dominio AC036FH-, quienes mediante intimidación con arma de fuego no habida a la fecha intentaron desapoderarlo ilegítimamente del rodado y, al no poder lograr su cometido, le efectuaron al menos un disparo de arma de fuego con claras intenciones de provocarle la muerte, que impactó en su rostro, ocasionándole lesiones de carácter grave, no logrando su cometido por razones ajenas a su voluntad”.
(HECHO 3) “…el 31 de diciembre de 2022 a partir de las 7.30 h en circunstancias en que personal policial recorría el ámbito jurisdiccional de la localidad de González Catán, partido de La Matanza, provincia de Buenos Aires, a los fines de dar con los posibles autores del hecho ilícito anterior, un sujeto masculino -cuya fisonomía y vestimenta respondía a los datos obtenidos por los efectivos con relación al hecho anoticiado- quien circulaba a pie por la arteria Azul, en dirección hacia su par Lavalleja, en la localidad citada, tenía ilegalmente en su poder bajo su esfera de custodia y a su disposición -más precisamente en el interior de una mochila de color negro que llevaba consigo- sustancias estupefacientes; a saber: cuatro envoltorios de nylon que contenían: el primero 66 envoltorios de nylon con 15,2 g de cocaína; el segundo 64 envoltorios de nylon con 14,7 g de cocaína; el tercero 64 envoltorios de nylon con 14,8 g de cocaína; y el cuarto 81 envoltorios de nylon con 12 g de cocaína".
Sentado ello, corresponde estar al hecho relatado y razonar conforme al mismo y ello teniendo en cuenta que el eje central del cuestionamiento efectuado por la defensa se relaciona con la intervención de Julio.
b) En primer lugar, corresponde mencionar que los motivos traídos por la defensa resultan una reedición de los motivos expuestos en la audiencia de debate, sin hacerse cargo el recurrente de los argumentos expuestos por el “a quo” en la primera y segunda cuestión del veredicto y en consecuencia, no pueden progresar.
En esa senda y para dar por acreditada la participación de Julio, el Tribunal ponderó las testificales de las víctimas del Hecho I y II, Romina Daniela Gutiérrez y Alan Santiago Ibarra, los que reconocieron al nombrado como uno de los coautores del evento que los damnificó. Ambos se manifestaron en forma contundente y concordante, otorgando los fundamentos concretos de esa identificación pese a la rapidez propia del desarrollo del delito.
Explicaron detalladamente el rol concreto que Julio tuvo en el hecho, tratándose en los dos casos del sujeto que bajó del rodado en el que se desplazaban los coautores y los abordó a una corta distancia, apuntándolos con un arma de fuego.
Gutiérrez explicó que le abrió la puerta de su auto, la apuntó y la obligó a bajarse, para subirse él a la conducción y huir. Por su parte, Ibarra describió que bajó del automotor que bloqueó su paso, que estaba a cinco pasos de distancia, lo apuntó con un arma de fuego para desapoderarlo de su vehículo e inclusive le gatilló al cuerpo.
Puntualmente, la víctima del Hecho I lo señaló el mismo día del robo cuando lo visualizó al tiempo de su ingreso en sede policial.
Según se tuvo por cierto en el fallo se trató de un acto esponténeo, y entonces se trata de un dato cuya ocurrencia el Tribunal tuvo por acreditada en base a los testimonios del juicio prestados por la víctima y los funcionarios policiales, por lo que corresponde otorgarle significación probatoria según las reglas que rigen la valoración de la prueba, sin que por otro lado se acredite en el caso la existencia de alguna afectación constitucional.
Por su parte, Alan Santiago Ibarra sostuvo que al sujeto que descendió lo pudo observar, que no lo conocía y que no volvió a verlo hasta que en la Fiscalía Descentralizada de Laferrere fue convocado para una rueda de reconocimiento de personas y allí lo reconoció como la persona que ocupaba la posición número 4. Al serle consultado en el debate específicamente a partir de qué rasgos lo reconoció en la rueda de personas, afirmó “…por su cara, su rostro, el pelo, no me la olvido más la cara…” . Aclaró que no había observado cambios físicos entre el día del hecho y cuando se realizó esta medida tenía el mismo corte de pelo.
Tiene dicho el Tribunal de Casación que la esencia del procedimiento de individualización en rueda de personas, consiste en la imputación de una persona a otra cuando la primera desconoce la identidad de la segunda y sólo puede identificarla por su fisonomía. Asimismo el resultado positivo de un reconocimiento en rueda resulta una presunción fuerte de autoría, ya que la víctima identifica al sujeto directamente como el autor sin que quepan otras posibilidades de interpretación.
Entonces resulta válida la valoración que el órgano de la instancia hizo de la diligencia de reconocimiento practicada conforme la previsiones de la ley. El reconocimiento en rueda de personas no constituye una formalidad sacramental que impida identificar a la persona acusada por otros medios, ni introduce modificación alguna al principio general de sana crítica que rige la valoración de la prueba.
A mayor abundamiento, surge de la sentencia que ambas victimas en la sala de audiencias mantuvieron su plena convicción, se expresaron claramente, incluso giraron hacia él durante sus testimonios y lo señalaron frente a todos los presentes.
Si bien es cierto que la nueva redacción del art. 362 del CPP (texto según ley 15.001) dispone que el reconocimiento durante el debate debe realizarse en los términos del art. 259 del CPP, no es menos cierto que la propia norma supedita ello a la posibilidad de que quien deba practicar la medida no vea al imputado antes de tal diligencia, lo que entiendo exige -además de la diligencia del tribunal- que la parte tome las decisiones procesales necesarias para arribar a ese escenario.
En este contexto, y sin perjuicio de la especial importancia probatoria que exhiben las sindicaciones previas -ya mencionadas-, la diligencia ocurrida en el debate aparece como un dato relevante y corroborante.
En abundancia, el sentenciante dejó en claro que no se invocó ni se verifica circunstancia o motivo alguno que pudiera poner en crisis la espontaneidad y credibilidad de sus dichos, o revelar interés o intención de perjudicar; repárese que, ni siquiera, existía conocimiento o vínculo anterior entre las partes.
Con relación a los cuestionamientos de la existencia de testigo único (en el caso las víctimas de ambos ilícitos) y el hipotético demérito que conlleva su solitaria valoración, con antelación se ha dicho que la comprobación de un hecho no tiene fijada una forma especial de prueba y en consecuencia, no hay obstáculo para que se edifique una imputación con base en la declaración de un único testigo y una serie de elementos indirectos que, por unívocos y coincidentes entre sí, bajo las reglas de la lógica, la psicología y la experiencia, adquieran la aptitud y eficacia para obtener plena convicción al respecto
Sentado ello, corresponde señalar que no es cierto que la condena se basa en la solitaria declaración de las víctimas, ya que, a su vez, concurren indicios de oportunidad, desde que lo mentados hechos se encuentran relacionados dada su comisión en un muy limitado lapso temporal -quince minutos entre sí- y espacial -treinta cuadras, que en un vehículo se recorren en menos de diez minutos-.
También, se tuvo en cuenta la utilización del vehículo robado en el primer hecho para concretar el segundo ilícito, sumado a la idéntica modalidad y la correspondencia de la cantidad de intervinientes y rodados utilizados.
Además, como dije, el encausado fue aprehendido a menos de cinco cuadras del último ilícito y vestido de la manera que recordaban las víctimas; recorrido que, por la distancia y el poco tiempo transcurrido, se deduce que iba en dirección al barrio donde reside.
Por otra parte, debo señalar que la defensa se centró en tratar de demostrar, con apoyo en la declaración del imputado y de los testigos de descargo, que Julio estuvo ininterrumpidamente en una fiesta de cumpleaños desde la noche anterior hasta que fue aprehendido.
A contrario de ello y con sobrados argumentos, el sentenciante determinó la inverosimilitud de los relatos y las severas contradicciones incurridas entre los testimonios, fundamentalmente con relación al aspecto temporal, motivo por el cual desechó, sin más, la estrategia defensista.
Finalmente, en cuanto al Hecho III, el a quo determinó que su intervención se vislumbra de las pruebas documentales y testimonios producidos durante el debate, que recrearon de manera concordante las circunstancias en que Julio fue avistado en las inmediaciones del lugar en el que se abandonó el rodado sustraído, portando una mochila negra y al darse a la fuga, ante la voz de alto policial, fue perseguido de modo continuo hasta su aprehensión muy poco tiempo después.
A contrario a lo argumentado por el recurrente, considero que el a quo tuvo correctamente acreditada la intervención de Julio. La alegada orfandad probatoria no deja de ser una mera afirmación de la parte recurrente, que se desentiende del complejo probal reseñado en el fallo.
Aquí, es necesario tener presente aspectos centrales de la epistemología que guían a la sana critica racional. Desde este punto de vista no sólo es importante la persistencia de la imputación y su coherencia interna, sino que es preciso corroborar otros aspectos ajenos a la credibilidad subjetiva de los testigos.
Desde este atalaya, debe repararse en lo que se conoce como “hechos probatorios” que, en términos de relación de acreditación, son aquellos que, probados, sirven de base como hechos notos para partir desde allí en un juicio inferencial que nos lleve a corroborar los hechos ignotos que integran la plataforma fáctica de imputación, esencia de la hipótesis de la acusación.
Aquí entran en juego las corrobaciones periféricas, las predicciones en el razonamiento que permiten no sólo corroborar la hipótesis de la acusación sino también refutar con suficiencia las hipótesis alternativas planteadas desde la defensa que pueden encontrar explicación en el mismo material disponible.
De tal modo, es que el sentenciante ha tenido por cierto todo ello, fundamentalmente a través de evidencias capitalizadas en el curso del debate oral desarrollado, en donde el agravio traído a esta sede casatoria, ha sido tratado y contestado dando una fundada respuesta, a través de la contundente prueba que lo acredita.
En esa senda, se verifica que las pruebas valoradas por el a quo son suficientes para tener por acreditado el hecho, inclusive con los extremos que el recurrente pone en cuestionamiento, donde se advierte que la prueba ha sido asociada en forma lógica y con apego a la sana crítica racional.
Tampoco el desarrollo del agravio es suficiente, ni permite demostrar cual es la forma que se puede derribar esta prueba de cargo valorada.
En consecuencia, por los argumentos brindados, el agravio debe ser rechazado.
c) Por otro lado, en cuanto al planteo subsidiario, relacionado al cambio de calificación del Hecho II, tampoco debe prosperar.
Es que considero que de la descripción de los hechos contenida en el veredicto, surge con claridad la existencia de las particulares exigencias subjetivas del art. 80 inc. 7º del Código Penal en grado de tentativa.
Desde este andarivel, no es cierto que dicha figura requiera siempre en forma previa una preordenación o meditada reflexión. Por el contrario, la exigencia de la conducta incriminada se ciñe a que el fin delictuoso funcione como motivo determinante del homicidio, resultando que será suficiente una decisión, que puede darse incluso súbitamente, siempre que concurran los motivos antes señalados.
De tal forma, entiendo apropiado considerar que Julio ha realizado el hecho típico con una determinada intención, motivación o impulso que permite establecer la presencia del designio especial que requiere la figura en estudio.
Es por lo hasta aquí expuesto que la conducta del agente constituye -según mi parecer- un incuestionable homicidio “criminis causae”, en la inteligencia que su accionar fue dirigido en desmedro del bien jurídico “vida”, para de esta manera facilitar el robo e intentar no ser descubierto.
En el caso de autos, resulta claro que Julio en los Hechos I y II abordó a ambas víctimas, y específicamente en el hecho que aquí se cuestiona, acometió al damnificado con un arma de fuego cargada, le apuntó de cerca y le terminó disparando hacia una zona vital. Accionar que desarrolló al ver frustrado el desapoderamiento, en atención a la resistencia opuesta por el damnificado y para procurar su impunidad.
Por lo demás, las difusas críticas que ensaya el recurrente en orden a la concurrencia de los hechos imputados no alcanzan para desvirtuar la conclusión del sentenciante en orden a que se trata de hechos independientes (art. 55 del CP).
En consecuencia, estimo que corresponde desestimar los cuestionamientos relacionados con la aplicación al caso de la calificante del art. 80, inc. 7°, del Código Penal, y rechazar, en consecuencia, el cambio de calificación legal propiciado por la defensa.
d) Finalmente, en cuanto a la mensuración punitiva efectuada, tampoco se advierte la existencia de un agravio que permita casar el decisorio en crisis.
En relación a ello, debo mencionar que en nuestra ley sustancial la determinación judicial de la pena se apoya en las pautas establecidas por el art. 41 del C.P, las que deben ser ponderadas por el juzgador con base en los criterios rectores que derivan de una interpretación de la norma compatible con nuestro plexo constitucional: la magnitud del injusto y el grado de culpabilidad.
Efectuada esa aclaración, diré que no comparto la alegada falta de proporcionalidad del monto sancionatorio impuesto a Julio toda vez que el Tribunal ha individualizado la pena dentro de lo que legítimamente incumbe a sus facultades, seleccionando un quantum mucho más cercano al mínimo que al máximo de la escala prevista para los delitos imputados, sin que en ello se advierta o aparezca demostrada arbitrariedad o transgresión a norma legal alguna, en tanto se respetó en tal tarea el sistema de los arts. 40 y 41 del C.P.
En este punto, no pierdo de vista que los extremos estipulados en los artículos 40 y 41 del Código Penal deben ser empleados por el órgano juzgador para erigir con meridiana objetividad la pena a imponer, delimitando los amplios márgenes que las distintas escalas punitivas previstas en la parte especial del citado digesto fijan.
Finalmente, y más allá de lo infructuoso que resultó la crítica al juicio de determinación judicial de la pena elaborado por el a quo, cito lo sostenido por el doctor Carral acerca de la administración de las escalas penales.
En la causa Nº 55.550, caratulada "VALLEJOS, Alejandro Benjamín s/ recurso de casación" -y su acumulada N° 55.551 caratulada "VALLEJOS, Aleja
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