Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, Sala V · Causa 134927
2000-11342-22
C. 134.927
En la ciudad de La Plata se reúnen en acuerdo ordinario los señores jueces designados para integrar la Sala V de este Tribunal de Casación Penal, Manuel Alberto Bouchoux y Mario Eduardo Kohan, a los efectos de resolver la causa nro. 134.927 caratulada "Silva Matías Nahuel s/ recurso de casación" , conforme al siguiente orden de votación: BOUCHOUX-KOHAN.
I. En lo que aquí interesa destacar, el Tribunal en lo Criminal n°4 del Departamento Judicial de Avellaneda condenó -en el marco de un juicio abreviado- a Matías Nahuel Silva a la pena de cuatro (4) años y seis (6) meses de prisión, accesorias legales y costas, como autor penalmente responsable del delito de abuso sexual agravado por la convivencia preexistente (hechos reiterados), en concurso real entre sí, en los términos del artículo 119 primer y último párrafo en función del inciso f del Código Penal.
II. Contra dicho pronunciamiento, el defensor particular, Francisco Berrio Echavarría interpuso recurso de casación y solicitó se case la sentencia atacada.
III. Conferidos los traslados en los términos del artículo 458 del Código Procesal Penal, se pronunció la Fiscal Adjunta de Casación, Daniela Bersi, solicitando la aplicación de la perspectiva de género y de niñez, y el consiguiente rechazo de la impugnación realizada por la defensa.
IV. Cumplimentadas así las vistas correspondientes, y encontrándose la causa en estado de dictar sentencia, se acordó plantear y resolver las siguientes:
Primera: ¿Es procedente el recurso interpuesto?
Segunda: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada, el señor juez Manuel Alberto Bouchoux , expresó:
I. La defensa técnica de Matías Nahuel Silva acude a la vía casatoria y denuncia la infracción del artículo 448 inciso 1° del Código Procesal Penal.
Señala que la sentencia atacada no responde a los estándares de la sana crítica racional y que ha transgredido preceptos legales.
Añade que la sentencia condenatoria requiere certeza apodíctica y que la prueba recolectada en la etapa preliminar en forma alguna abastece este estado intelectual.
Más específicamente, postula que no logró acreditarse la consumación de las conductas investigadas en la medida en que la víctima contribuyó -mediante su consentimiento- a que se consumaran los hechos.
En este sentido, alega que entre la víctima y el imputado existía una relación sentimental en la cual la víctima permitía las conductas del inculpado, situación que excede la órbita del derecho penal e invade el ámbito de privacidad entre las partes.
II. En otro andarivel, postula que no logró acreditarse la configuración del agravante del artículo 119 inciso "f" del Código Penal. Ello, bajo el entendimiento de que en el domicilio donde acontecieron los hechos vivían un sinnúmero de personas y que con tan solo levantar la voz, la presunta acción abusiva podría haber sido evitada.
Esa circunstancia, a criterio del impugnante, impidió que el bien jurídico protegido por la figura en cuestión (libertad sexual) se encuentre en juego.
III. Finalmente, cuestiona el proceso de mensuración de la pena al cual tilda de incongruente por contener errores -relativos al nombre del imputado y a la cantidad de hechos delictivos- que se corresponden a otra causa.
Sostiene el defensor que tal extracto de la decisión no puede considerarse como fundamentado válido para agravar la pena más allá del mínimo legal y que tal pronunciamiento debe ser nulificado.
Formula reserva de caso federal y solicita se haga lugar al recurso de casación articulado.
Adelanto que el recurso no habrá de prosperar.
IV. Antes de comenzar, es importante señalar que la sentencia recurrida fue dictada en el marco de un juicio abreviado acordado por las partes.
Como he indicado anteriormente (c. 133.216, “Agüero”, sent. del 24-IX-2024), nuestro máximo tribunal ha dejado en claro la plena vigencia del derecho a la revisión judicial de la condena en este tipo de procedimientos indicando que: “...la sentencia del juicio abreviado no puede hallarse exenta de la debida motivación y, por ende, tampoco es posible predicar a su respecto la ausencia de revisión” (SCBA, P.90327, sent. del 1-III-2006, voto del juez Soria).
En nuestro sistema procesal, la adopción del procedimiento abreviado no exige admisión de los hechos y participación por parte del imputado, pero sí supone que el imputado renuncie nada menos que a su derecho a ser juzgado en un juicio oral.
Ello conlleva también permitir un fallo derivado de un procedimiento sin contradicción y, particularmente, implica renunciar al derecho a la confrontación de los testigos de cargo (8.2. f, CADH; 14.3 e, PIDCP), consintiendo la posibilidad de generar convicción de culpabilidad a partir de elementos probatorios sustentados en testimonios de personas que no declaran ante los jueces que deben decidir sobre los hechos, que en ocasiones ni siquiera lo hacen en sede judicial, y que no son sometidos a la exigencia del examen cruzado de las partes.
Lógicamente, todo ello solo puede admitirse en tanto tal vía sea adoptada voluntariamente por el imputado a partir del asesoramiento recibido por su defensa técnica.
En el caso del juicio abreviado criminal, la ley procesal habilita expresamente la vía casatoria para impugnar la decisión, pero a la par establece un procedimiento también abreviado en esta instancia, que se traduce esencialmente en que el fallo se dicta sin previo debate oral y sus fundamentos se expresan sintéticamente (arts. 464 inc. 2 y 465 del CPP). De modo que los agravios traídos ante este Tribunal deberán ser tratados concisamente por imperativo legal.
V. En función de lo dicho en el punto anterior, abordaré los planteos de la parte con el alcance allí indicado.
Tal como se desprende de los antecedentes del caso, la existencia de los hechos y la participación del acusado en los mismos no ha sido controvertida por la defensa, siendo que los embates de la parte recurrente se dirigen a cuestionar: a) la ausencia de consentimiento de la víctima en los hechos; b) la configuración del agravante del artículo 119 inciso "f" del Código Penal y c) el proceso de mensuración de la pena.
VI. De acuerdo a los lineamientos planteados por el recurrente, corresponde analizar, en primer lugar, el agravio vinculado al razonamiento efectuado por la jueza a-quo que la condujo a afirmar la ausencia de consentimiento prestado por la victima J. P. G. en los hechos por los cuales fuera condenado Matías Nahuel Silva.
Sobre esta primera cuestión, estimo que el remedio impetrado no logra conmover el proceso de deducción lógica efectuado por mi colega de la instancia precedente para afirmar la imputación al tipo objetivo de la figura prevista en el artículo 119 primer párrafo del Código Penal.
Se aprecia, en efecto, que la jueza María Angélica Sayago del Castillo ha desarrollado un destacable análisis de todas las evidencias recolectadas durante la investigación, dentro de las cuales se encuentran numerosas pruebas directas acompañadas de otras evidencias complementarias que le permitieron arribar a tal conclusión.
Sin embargo, el impugnante se queja de lo decidido y postula un supuesto de atipicidad de las conductas atribuidas a su defendido (consentimiento), aunque prescinde cuestionar el análisis integral desarrollado por la sentenciante a la luz de todo el material probatorio producido durante la investigación que descarta tal hipótesis.
En este punto habré de coincidir, entonces, con la jueza de instancia en que las diferentes pruebas producidas durante la investigación respaldan la conclusión a la que arriba en la sentencia, esto es, la ausencia de consentimiento válido prestado por la víctima.
En efecto, el veredicto puesto en crisis exhibe un examen lógico de la prueba colectada en el cual se ha realizado un acabado análisis de las distintas declaraciones prestadas por la víctima J. P. G., de aquellas prestadas por su progenitora, Valeria Ines González, testigo presencial de los hechos; y del intercambio comunicacional entre esta última y el acusado Matías Nahuel Rodríguez en función de los mensajes de WhatsApp aportados por ella.
Ello sumado, al análisis del informe de el Ga.D.I.S. practicado respecto de la víctima con antelación a la Cámara Gesell emitido por la Licenciada Alejandra Latigana; el informe actuarial de la transcripción de la declaración prestada por la víctima en los términos del artículo 102 bis del Código Procesal Penal, declaración que, menciona la jueza, ha examinado directamente mediante su reproducción.
Así pues, en la segunda parte del veredicto la jueza valoró específicamente la declaración de la víctima, la cual: " ...pese a las dificultades que se supone implica propiciar una denuncia como la de la índole tratada, la joven ha podido, no inconsecuencias dicionales para su psiquis, contar una y otra vez los hechos que la ha tenido por víctima (..) Uno a uno ha ido relatando la joven aquellos episodios intrusivos que le fueran sucediendo a desde el 14 de agosto de 2021 al 15 de mayo de 2022 (...). El testimonio de [J] esta plagado de detalles respecto de días, lugares y modos en que se produjeron los abusos (...). La joven ha podido poner en palabras los miedos que le generaba la conducta del Acusado, no sólo por el daño ya provocado a esta sino por imaginar que su hermana podía enterarse y enojarse con ella, temiendo por sobre todo en el descreimiento de su familia y la vergüenza...".
Luego de arribar a tal conclusión, pasó a analizar la declaración de la progenitora de la víctima quien, en palabras de la jueza, pudo dar cuenta de los hechos porque logró observar directamente la última conducta de intromisión sexual a la que fuera sometida su hija J.P.G. y, por consiguiente, entiende la jueza, constituye una evidencia directa -al igual que el testimonio de la víctima- sobre la producción de los hechos.
Desde aquelángulo fue que analizó la importante cantidad de mensajes que esta última intercambió con el acusado de donde extrajo serios indicios que daban cuenta de la autoría de Matías Emanuel Silva en los hechos investigados.
La sentenciante continuó examinando el contenido del informe de Ga.D.I.S. emitido por la Licenciada Latigana en el cual se consigna que el relato de la víctima es coherente y no presenta contradicciones ni inconsistencias; empero, fundamentalmente, se concluye que: "...el relato de [J] presenta indicadores compatibles con el relato de niños que han padecido Abuso Sexual en la infancia presentando un relato correlativo con relato verosímil".
Luego de citar los tramos mas significativos del informe, la jueza concluyó que la licenciada logró: "... establecer aquellos elementos que dan verosimilitud a los dichos de la víctima en cuanto a que testimonio se corresponde con la emocionalidad demostrada en la entrevista, que le permitieron a la profesional establecer indicadores de distintos tipos de violencia que el Acusado ejercía sobre la joven víctima de autos las que facilitaron no solo que los hechos materia de la imputación se perpetraran sino que el silencio, miedo, control entre otros aspectos se mantuvieran en el tiempo y facilitaran la continuidad de la intromisión sexual que resulta víctima Julieta en manos de quien debía cuidarla".
En lo que aquí interesa, la jueza a-quo descartó la posibilidad de que haya existido consentimiento válido por parte de J. P. G. Desde esa perspectiva, tuvo en cuenta la edad de la víctima cuando comenzaron los eventos de intromisión sexual (14 años) sumado al vínculo de poder asimétrico que el acusado tenía respecto a la víctima adolescente por ser el novio de su hermana mayor.
Ello establecido, consideró una cuestión fundamental: que los hechos se desarrollaron en un marco de reducida libertad y necesidad caracterizado por la baja edad de la víctima, la desproporción entre la capacidad física y psíquica del imputado y J. P. G. circunstancias que, de acuerdo a lo argumentado por la sentenciante, franquearon los actos abusivos de los que se valió Silva para someter la voluntad de la adolescente.
Comparo la conclusión a la que arriba mi colega de la instancia precedente y aduno a ello que, tal como sostiene la Fiscal Adjunta de Casación en su dictamen, el caso sometido a estudio debe ser examinado a la luz de la perspectiva de género y de niñez conforme lo dispone la Convención de los Derechos del Niño y la Convención de Belém Do Pará, teniendo en consideración la situación de múltiple vulnerabilidad de J.P.G. por su condición de mujer y de adolescente.
En el contexto argumental en el que han sido expresadas las valoraciones de prueba señaladas, resultan compatibles con las recomendaciones emanadas por el Comité de Expertas del MESECVI (Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará), en cuanto intima a los Estados a revisar los elementos constitutivos de la violencia sexual, así cómo es valorada por los sistemas de administración de justicia en pos de la comprensión real del fenómeno pero, también, a fin de evitar la revictimización y sancionar a los responsables de esta clase de conductas.
Fundamentalmente, en lo que hace al concepto del consentimiento en casos de violencia sexual, el Comité ha manifestando su preocupación por como esta figura ha sido utilizada, en muchos casos, como un mecanismo de impunidad frente a delitos cometidos en contra de las mujeres, adolescentes y niñas por razones de género, como grupos especialmente vulnerables frente a esta especie de delitos.
Desde esa narrativa, en el marco de la conceptualización del consentimiento como instituto que impide la imputación al tipo objetivo dela figura del artículo 119 del Código Penal, el Cómite de Expertas en el Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI) recomienda la utilización de criterios desarrollados desde la dogmática penal y la jurisprudencia internacional para determinar la ausencia de consentimiento en un acto sexual. Dentro de estos especiales parámetros cobra relevancia aquel vinculado con la coacción o el temor de la víctima a la violencia o a sus consecuencias.
Desde su punto de vista: "El temor a la violencia o a las consecuencias, hace referencia al impacto que la situación de violencia genera en la vida de la víctima. Al estar bajo un estado inminente de sometimiento, la víctima modifica su comportamiento y accede a ciertos actos o situaciones por miedo a las consecuencias que se derivan de no aceptar (...). Así, las víctimas se someten con consentimiento viciado o sin consentimiento a los actos sexuales por temor a las consecuencias o a que el victimario ejerza conductas coercitivas y más violencia si no accede " ("La figura del consentimiento en casos de violencia sexual contra las mujeres por razones de género", Recomendación General del Comité de Expertas del MESECVI n°3; OEA, Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará, 2021).
Es posible concluir que tal parámetro se presenta en el caso sin dificultades, precisamente, de acuerdo a lo declarado por la víctima en cuanto a que el acusado le exigía que no cuente nada de lo sucedido, pues, sí lo hacía, él se encargaría de que su familia no le crea a ella sino a él; circunstancia que le generaba miedo, en palabras de la jueza, por imaginar que su hermana podía enterarse y enojarse con ella "temiendo sobre todo en el descreimiento de su familia...".
Bajo un prisma coincidente, la Corte Interamericana de Derechos ha establecido que son las circunstancias del acto las que permiten determinar la existencia o no del consentimiento y, para ello, resulta trascendental atender a la declaración de la víctima así como al contexto en el que se presentan las agresiones sexuales (CIDH, "Caso J. Vs. Perú, 27 de noviembre de 2013). Dentro de este contexto, el Tribunal Internacional entiende que resulta fundamental detectar si existe entre víctima y victimario una relación desigual de poder, por ejemplo, por la diferencia etaria entre ellos, y un aprovechamiento del autor de la situación de vulnerabilidad de la víctima (CIDH, "Caso Guzmán Albarracín y Otras Vs. Ecuador", sentencia de 24 de junio de 2020).
En fiel cumplimiento de las directrices emanadas por el máximo tribunal internacional a la luz de la normativa internacional en materia de género, se aprecia que la asimetría de poder y el temor demostrado por la víctima fueron factores determinantes en el caso para descartar la posibilidad de que J.P.G. pudiera consentir los abusos sexual perpetrados por su cuñado.
Efectuadas estas aclaraciones, en contra de lo que sugiere el impugnante, estimo que el auto atacado se encuentra debidamente fundamentado y abastece, por consiguiente, las exigencias de motivación del ritual, al haber expresado la jueza su convicción sincera sobre la prueba de cargo en que fundó, en lo que aquí interesa, la ausencia de consentimiento brindado por la víctima, y la consiguiente subsunción de la conducta de Matías Nahuel Silva en la figura de abuso sexual calificado.
VI. Tampoco prospera el planteo defensista relativo a la falta de configuración del agravante del artículo 119 inciso "f" del Código Penal.
Corresponde señalar, ante todo que la significación jurídica de los hechos que ahora cuestiona la defensa está contenida en el acuerdo de juicio abreviado que oportunamente convinieron las partes, donde se estableció que a una de las hipótesis fáctica a juzgar se susbsumía en esa figura (art. 119 primer y último párrafo en relación al inciso "f", CP).
Entonces, la cuestión que introduce ahora la defensa, no fue objeto de discusión porque no hubo un juicio contradictorio atento el acuerdo antes referido. A ello debe añadirse que no invoca la defensa haber realizado planteo alguno sobre el punto en el momento oportuno.
Independientemente de lo expuesto, se observa que la jueza fundó debidamente la calificación legal asignada a los hechos al establecer que: "Se ha corroborado a través de los testimonios vertidos en el presente, que el acusado aprovechaba las oportunidades en que se encontraba a solas con la joven, o sin la mirada de los otros adultos que tenían a su cargo el cuidado. Esta "disponibilidad" al abuso era posible porque precisamente Silva vivía con la joven en el mismo predio, con quien si bien no compartía la habitación, si todas las demás dependencias de la vivienda".
Es importante recordar que los cuestionamientos del impugnante respecto a la configuración del agravante del inciso "f" se centraron en argumentar que, dado que en el domicilio residían numerosas personas, bastaba con levantar la voz para evitar la presunta conducta abusiva. De acuerdo al recurrente, esta circunstancia impidió la afectación del bien jurídico protegido por la figura: la libertad sexual de la víctima.
A partir de tales consideraciones, se observa que el impugnante confunde cuestiones que se relacionan, en realidad, con las exigencias típicas de la figura del artículo 119 primer párrafo del Código Penal y no con los requisitos típicos de la agravante contemplada en el inciso "f".
No obstante, si bien en el punto anterior se abordó la cuestión de la afectación del bien jurídico en juego, al afirmar la imputación al tipo objetivo del delito y, como contrapartida, desechar la hipótesis del consentimiento hipotéticamente prestado por la víctima; lo cierto es que el argumento articulado por el defensor para desestimar la calificante que él mismo consintió en el acuerdo de juicio abreviado, de ningún modo puede proceder.
El inciso "f" del artículo 119 del Código Penal establece que la pena se agrava cuando el hecho se comete contra un menor de dieciocho (18) años, aprovechando la situación de convivencia preexistente.
Ambas proposiciones fácticas fueron acreditadas en el caso particular además de no haber sido cuestionadas por la defensa: la víctima tenía 14 años y vivía en la misma vivienda que el acusado al momento de los hechos. Ello, sumado a que el acusad
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