Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, Sala V · Causa 134813
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso de casación articulado por la defensa técnica de Nicolás Emanuel Batalla y confirmar la sentencia condenatoria impugnada en todo lo que fuera materia de agravio.
Rigen los artículos 18 y 75 inc. 22 de la Constitución Nacional, 8.2 h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 50, 55, 58 del Código Penal; 18, 434, 448, 450, 451 y 454 del Código Procesal Penal.
0800-18854-22
c. 134.813
En la ciudad de La Plata, se reúnen en acuerdo ordinario los señores jueces designados para integrar la Sala V de este Tribunal de Casación Penal, Manuel Alberto Bouchoux y Mario Eduardo Kohan, a los efectos de dictar sentencia en la causa 134.813 caratulada “Batalla Nicolás Emanuel s/ recurso de casación”, conforme al siguiente orden de votación: BOUCHOUX – KOHAN.
I. El Tribunal Criminal n°1 del departamento judicial de Mar del Plata dictó sentencia de unificación e impuso a Nicolás Emanuel Batalla la pena única de diez (10) años de prisión -accesorias legales y costas del proceso más la declaración de reincidencia-, comprensiva de la pena de seis (6) años y ocho (8) meses de prisión, accesorias legales y costas impuesta por el Tribunal Criminal n°1 en el marco de la causa 4706 respecto de los delitos de robo calificado por el empleo de arma de fuego y por arma impropia, lesiones leves y portación ilegal de arma de uso civil en concurso real; y de la pena de tres (3) años y seis (6) meses de prisión, accesorias legales y costas dictada por el mismo Tribunal en el marco de la causa 5928 (y su acumulada 6199) por los delitos de robo calificado por escalamiento en grado de tentativa y hurto calificado por vehículo dejado en la vía pública en concurso real, con arreglo a los artículos 42, 45, 50, 55, 58, 89, 163 incisos 4 y 6, 166 inciso 2 primer y segundo párrafo, 167 inciso 4, 189 inciso 2, tercer párrafo del Código Penal.
II. Contra dicho pronunciamiento, el Defensor Oficial del departamento judicial de Mar del Plata, Claudio Walter De
Miguel, interpuso recurso de casación y solicitó se case la sentencia atacada en función de los motivos de agravio desarrollados en el recurso.
III. Conferidos los traslados en los términos del art. 458 del Código Procesal Penal, se pronunció la Fiscal Adjunta de Casación, Daniela Bersi, y propició el rechazo de la impugnación realizada por el Defensor Oficial.
Cumplimentadas así las vistas correspondientes, y encontrándose la causa en estado de dictar sentencia, se acordó plantear y resolver las siguientes:
Primera : ¿Es procedente el recurso de casación interpuesto?
Segunda : ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada, el juez Manuel Alberto Bouchoux expresó:
I. La defensa técnica de Nicolás Emanuel Batalla acude a la vía casatoria y denuncia la errónea aplicación de los artículos 50, 55 y 58 del Código Penal.
Señala que el proceso de unificación de sentencia efectuado por el Tribunal ha sido arbitrario y contrario a las previsiones de los artículos 18 y 373 del Código Procesal Penal por haberse incluido, en el proceso de unificación, una pena que se encontraba agotada al momento del dictado del segundo pronunciamiento condenatorio y de la sentencia de unificación de penas.
Entiende que la sentencia unificadora vulnera los principios de preclusión procesal y de cosa juzgada y atenta, en ese sentido, contra la seguridad jurídica; asimismo, avanza contra la potestad del juez de ejecución que oportunamente declaró extinguida la pena posteriormente unificada.
En razón de ello, solicita se revoque la sentencia atacada, se declaren erróneamente aplicados los artículos 55 y 58 del Código Penal y 18, 373 y 375 del Código Procesal Penal y se deje sin efecto la unificación dispuesta por el Tribunal Criminal n°1 de Mar del Plata.
En segundo orden, plantea la errónea aplicación del artículo 50 del Código Penal que condujo a la respectiva declaración de reincidencia al momento de dictar la sentencia de unificación de penas pues la etapa procesal para el dictado de la reincidencia se encontraba -a criterio del Defensor Oficial- precluida.
Subsidiariamente, señala que de todos modos no se configuran los presupuestos para la declaración de reincidencia de Nicolas Emanuel Batalla en la medida en que el nombrado cumplió la pena impuesta en prisión domiciliaria y no recibió el tratamiento penitenciario que, de acuerdo al impugnante, exige el artículo 50 del Código Penal.
En función de lo expuesto, solicita la revocación parcial de la sentencia atacada y se deje sin efecto la declaración de reincidencia respectiva.
Adelanto que el recurso no habrá de prosperar.
II. De acuerdo a los lineamientos planteados por el recurrente, corresponde analizar en primer lugar el agravio vinculado a la errónea aplicación de los artículos 50, 55 y 58 del Código Penal.
Entiendo que la unificación de penas cuestionada no adolece de los déficits denunciados por la defensa técnica de Nicolás Emanuel Batalla; por el contrario, juzgo acertada la decisión adoptada por el Tribunal de instancia para proceder a la unificación tal como lo hizo.
Pues bien, con acierto el Tribunal advierte que el causante comete el segundo delito (causa 5928) mientras gozaba del régimen de libertad asistida en el marco de la causa primigenia y, lógicamente, de forma previa al vencimiento de la pena allí fijada.
Bajo ese carril, concluye que al momento de la comisión del segundo delito, la condena previa no se encontraba extinguida siendo esta circunstancia la que tornaba procedente la unificación de penas dispuesta a requerimiento del Ministerio Público Fiscal. Citando en su respaldo, jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia en donde se establece que, en el proceso de unificación de penas, debe computarse la fecha del hecho delictivo.
Sentado ello, es importante señalar que el caso traído a examen versa sobre una de las hipótesis de unificación de penas contemplada en el artículo 58 –primer supuesto– del Código Penal en donde la segunda sentencia objeto de la unificación (causa 5928) fue dictada respecto a un hecho ocurrido antes del vencimiento de la pena impuesta en la primera causa (4706).
En ese contexto, la circunstancia alegada por el impugnante -agotamiento de la pena al momento se la sentencia de unificación- resulta irrelevante frente al carácter declarativo (y no constitutivo) de la sentencia condenatoria respecto del día del hecho delictivo en el cual la pena de seis años y ocho meses se encontraba en plena vigencia.
La Suprema Corte de Justicia se ha expedido sobre esta cuestión y ha dicho que: " ...la doctrina mayoritariamente ha interpretado esta cuestión del mismo modo en que lo han hecho ambas instancias, esto es (...) que la obligación de unificar pena surge desde la comisión del delito y no desde el momento en que se dicte la segunda condena... " (SCBA, "Chaile, Edgardo Matías. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa 67.931 del Tribunal de Casación Penal. Sala II, 6-XII-2017).
Tal como afirma el Tribunal de instancia, el día 30 de junio de 2020 se concedió a Nicolás Emanuel Batalla el ingreso al régimen de libertad asistida, y el día 2 de agosto de 2022 el nombrado cometió un nuevo hecho delictivo por el que resultó condenado posteriormente a la pena de tres (3) años y seis (6) meses de prisión.
Lógicamente, el régimen de libertad asistida en el marco de la causa primigenia no fue revocado -tal como sostiene el impugnante- a consecuencia del estado de inocencia que amparaba a Batalla hasta ese momento; pero una vez dictado el veredicto condenatorio, el efecto declarativo de la sentencia -que hace caer tal estado- habilitaba la unificación de la forma en la que lo hizo el Tribunal.
Conforme la reseña efectuada se advierte que los argumentos del Defensor Oficial sobre la errónea aplicación de los artículos 50, 55 y 58 del Código Penal y 18 y 373 del Código Procesal en el procedimiento de unificación de penas carecen de sustento para ser receptados favorablemente.
II. Tampoco puede prosperar el planteo defensista vinculado con la imposibilidad de dictar la reincidencia del causante de oficio y en una etapa precluida.
Sobre la potestad del juzgador de declarar de oficio la reincidencia de la persona condenada aun en etapas posteriores, ya se ha expedido este Tribunal de Casación Penal en acuerdo plenario dictado en la causa nº 77.660 caratulada “Miranda Lobos, Manuel Alejandro s/ Recurso de Casación” con fecha 27 de septiembre de 2017, por lo que debo aplicar la doctrina plenaria sobre ese punto.
Sin perjuicio de ello, no sobra señalar que el dictado de la reincidencia de Nicolás Emanuel Batalla estuvo precedida por la posibilidad de la defensa de expedirse sobre este punto con arreglo a todas las garantías del debido procesal y a la luz del derecho de defensa en juicio (art. 18, CN).
Fue precisamente en ocasión del traslado conferido por el Tribunal -previo a la sentencia cuestionada- que el Defensor Oficial intentó rebatir los argumentos esgrimidos por el fiscal para impedir el dictado de la reincidencia de su defendido. En efecto, se observa que el recurrente ya hizo valer la misma tesitura que ahora trae en su escrito recursivo y obtuvo una respuesta fundada por parte del Tribunal, aunque no en el sentido pretendido.
En estas condiciones, entiendo que la declaración de reincidencia efectuada por el Tribunal fue ajustada a derecho al producirse en pleno respeto de las reglas del contradictorio y en cumplimiento del derecho de defensa en juicio, por lo cual, el motivo de agravio articulado no puede prosperar.
III. Idéntica suerte corre el planteo defensista que pretende impedir el dictado de la reincidencia de su asistido articulado en forma subsidiaria.
Ello así, puesto que el recurso no contiene una crítica fundada sobre la decisión adoptada por el Tribunal precisamente en respuesta a lo pretendido por el Defensor Oficial al momento de contestar el traslado conferido por el Tribunal, y en oportunidad de oralizar los fundamentos en la audiencia celebrada a tenor del artículo 41 del Código Penal.
Efectuada esa salvedad, es importante señalar que el artículo 50 del Código Penal, establece como requisitos de la condena fundante de tal declaración, los siguientes: que tenga por objeto un delito cometido con anterioridad al que se juzga; que la condena por ese delito anterior al que se juzga, haya sido dictada también con anterioridad a la comisión del nuevo hecho en juzgamiento y que esa condena anterior haya sido cumplida total o parcialmente con anterioridad a la comisión del nuevo hecho en juzgamiento.
Conforme lo expuesto y atendiendo a la resolución ahora en crisis, se advierte que Nicolás Emanuel Batalla fue condenado a la pena de seis años y ocho meses de prisión bajo la modalidad de prisión domiciliaria con salidas laborales, régimen que cumplió durante más de dos años mientras la sentencia se encontraba firme y la causa radicada en el Juzgado de Ejecución.
Sin perjuicio de que la prisión domiciliaria con salidas laborales -que derivó en la posterior concesión del régimen de libertad asistida- fue cumplida por el causante a la luz del tratamiento progresivo de reinserción social al que aluden los artículos 18 de la Constitución Nacional y 5.6 de la Convención Americana de Derechos Humanos; lo cierto es que, tal como afirma el Tribunal, Batalla cumplió pena dentro de una Unidad Penitenciaria por un período de casi dos meses mientras el régimen de prisión domiciliaria fue momentáneamente revocado.
Es decir, aunque por un breve lapso de tiempo, el causante permaneció privado de su libertad mientras la condena recaída en su contra se encontraba firme. En consecuencia, la discusión en torno a los efectos de la prisión domiciliaria y su impacto en la declaración de reincidencia, pierde entidad frente al dato insoslayable del cumplimiento parcial de la pena dentro de la unidad carcelaria.
Conforme lo expuesto en la resolución que aquí se critica, entiendo que se han observado los requisitos exigidos para la declaración de reincidencia, la que debe permanecer impertérrita.
Sin más agravios que tratar y no hallándose configuradas las infracciones legales denunciadas por la defensa, considero que corresponde el rechazo del recurso de casación interpuesto, por lo que a la primera cuestión planteada VOTO POR LA NEGATIVA.
A la primera cuestión planteada, el señor juez KOHAN dijo:
Adhiero al voto de mi colega preopinante, en igual sentido y por los mismos fundamentos, y también me pronuncio por la NEGATIVA.
A la segunda cuestión, el señor juez BOUCHOUX expresó:
En orden al resultado arrojado por el tratamiento de la cuestión precedente, entiendo que corresponde rechazar el recurso de casación interpuesto por la defensa técnica de Nicolás Emanuel Batalla y confirmar la sentencia condenatoria impugnada en todo lo que fuera materia de agravio (arts. 18 y 75 inc. 22 de la Constitución Nacional, 8.2 h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 50, 55, 58 del Código Penal; 18, 434, 448, 450, 451 y 454 del Código Procesal Penal).
ASÍ LO VOTO.
A la segunda cuestión el Sr. Juez KOHAN dijo:
En virtud de lo expuesto, adhiero al voto del Sr. Juez Bouchoux.
Con lo que terminó el Acuerdo dictándose la siguiente:
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, el Tribunal resuelve:
Rechazar el recurso de casación articulado por la defensa técnica de Nicolás Emanuel Batalla y confirmar la sentencia condenatoria impugnada en todo lo que fuera materia de agravio.
Rigen los artículos 18 y 75 inc. 22 de la Constitución Nacional, 8.2 h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 50, 55, 58 del Código Penal; 18, 434, 448, 450, 451 y 454 del Código Procesal Penal.
Regístrese, notifíquese a las partes y devuélvase oportunamente al Tribunal de origen.
Firmas
Funcionario Firmante: 11/12/2024 13:39:07 - BOUCHOUX Manuel Alberto - JUEZ
Funcionario Firmante: 12/12/2024 10:56:02 - KOHAN Mario Eduardo - JUEZ
Funcionario Firmante: 12/12/2024 11:01:22 - ESPADA Maria Andrea - SECRETARIO DEL TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS el 12/12/2024 11:03:50 hs. bajo el número RS-1386-2024 por ESPADA MARIA ANDREA.
Fin de la sentencia