Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, Sala I · Causa 131044
La Sala I del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, integrada por los señores jueces doctores Ricardo Maidana y Daniel Carral (art. 451 del Código Procesal Penal), con la presidencia del primero de los nombrados, de conformidad con lo establecido en la Ac. 3975/2020 de la SCBA, procede al dictado de sentencia en el marco de la Causa N° 131044 (IPP 1302-4553-22) caratulada “COSTILLA JORGE ALDO S/ RECURSO DE CASACIÓN”, conforme al siguiente orden de votación: CARRAL - MAIDANA.
Llegan estas actuaciones para conocimiento del Tribunal a raíz del recurso de casación interpuesto por el Defensor Oficial, Dr. Matías Ituburu, contra la sentencia dictada el 14 de febrero de 2024 por el Tribunal en lo Criminal nro. 1 del Departamento Judicial de Quilmes, con sede en Florencio Varela, a través de la cual se condenó a Jorge Aldo Costilla a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas del proceso, por resultar autor responsable del delito de homicidio agravado por ser cometido en un contexto de violencia de género (art. 80 inc. 11, Cód. Penal).
Denuncia errónea aplicación del art. 80 inc. 11 del Código Penal pues entiende que la evidencia que valoró el tribunal no permitía justificar el contexto de violencia de género que exige aquella norma.
En su opinión, se probó el homicidio de una mujer en un contexto no femicida. En ese sentido, alega que “a pesar de la gravedad del homicidio, no se evidenció claramente una situación de dominación del hombre sobre la mujer ni una clara inferioridad de esta última en la relación” (pág. 6 del registro informático del recurso).
Observa que el tribunal dio por probada la violencia de género, en lo esencial, a partir de las testificales de Miguel Mamani, Estela Gonzalez y Rosa Córdoba, pero utilizando “valoraciones parciales de las declaraciones, ignorando el contexto completo” que expusieron (pág. 7, recurso).
En ese marco, denuncia que no se valoraron correctamente “ciertas circunstancias que podrían haber sido decisivas” para resolver la situación del acusado, entre ellas, el tramo donde Miguel Mamani describió que el trabajo de Ramona Murua “requería un esfuerzo importante, ya que realizaba el mantenimiento de flotas marítimas y, que era ella quien imponía las reglas en [la] casa”. Señala que la propia inclusión en la sentencia de los dichos de ese testigo cuando dijo que “siempre discutían cuando Aldo llegaba borracho y Ramona lo echaba, luego lo perdonaba y volvía otra vez a la casa", “es una muestra (…) de que ella decidía sobre la suerte de Aldo” y la expresión “lo perdonaba y volvía otra vez a la casa” evidencia, según la defensa, “un desequilibrio de poder de Ramona sobre Aldo, eliminando cualquier duda sobre el componente subjetivo misógino” (pág. 7, recurso).
Agrega que el testigo José Ramón Leguiza declaró que “Aldo, después de que Ramona lo echara de su domicilio, siempre se quedaba en la vereda llorando” y también que “Aldo le tenía miedo a Ramona” (pág. 7, recurso); mientras que José Velazquez, cuya declaración se incorporó por lectura al debate, expuso que vivió con el acusado y la víctima durante años, que “Ramona Murua era muy buena pero así también era loca. Cada dos por tres llamaba a la policía para que lo lleve a él. Después de tantas denuncias que le hacía, la policía le decía a Aldo que se vaya nomás, ni se lo llevaban. En una semana, Ramona podía llamar tres veces a la policía” (pág. 8, recurso).
Considera que esos datos permitían confirmar no solo la situación de superioridad de la mujer sobre Aldo, sino que Ramona Murua “conocía y articulaba los mecanismos del Estado para intervenir en el conflicto”. Sin embargo, advierte que los jueces, en forma arbitraria, consideraron que Velazquez no hizo más que corroborar la convivencia conflictiva entre la víctima y el acusado.
Como un dato más en favor de su argumentación observa que la víctima “se desenvolvía con independencia del imputado, incluso en lo económico” (pág. 9, recurso) y, en definitiva, solicita la recalificación del hecho como homicidio simple.
En subsidio, advierte que “la pena de prisión perpetua, en este caso, podría ser desproporcionada y contraria a los principios fundamentales del derecho penal y los derechos humanos”, “injusta y contraproducente en términos de justicia y rehabilitación”, por lo que solicita se declare su inconstitucionalidad y se imponga una pena “que promueva la rehabilitación y la reintegración de Jorge Aldo Costilla en la sociedad” (pág. 9, recurso).
Practicado que fuera el sorteo de rigor, y notificadas las partes, el recurso radicó en la Sala.
El Defensor ante esta Sede, Dr. José María Hernandez, mantuvo el recurso de casación interpuesto, remitiéndose a los argumentos del recurrente.
A su turno, la Fiscal ante esta Sala, Dra. Daniela Bersi, postuló el rechazo del recurso, por los argumentos desarrollados en el dictamen presentado.
Así, el Tribunal se encuentra en condiciones de resolver, decidiendo plantear y votar las siguientes
Primera: ¿Es procedente el recurso de casación interpuesto?
Segunda: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión el señor juez doctor Carral dijo:
1. El Tribunal de la instancia anterior, luego de la sustanciación del debate, tuvo por probado que “el día 09 de marzo del año 2022, en horario indeterminado pero entre las 02.45 horas y las 19.40 horas, en el interior del domicilio sito en la calle Brochero nro. 755 de la localidad de Bosques, partido de Florencio Varela, Jorge Aldo Costilla golpeó violentamente en múltiples ocasiones a la Ramona del Carmen Murua con un elemento contundente, duro y romo y con golpes de puño, provocándole (…): herida contuso cortante ubicada en región témporo occipital levemente desviado a la derecha con forma de 'cruz" con las siguientes medidas: eje mayor de 9,5 cm, una de su transversal con 4cm y la otra con 1 cm, herida contuso cortante lineal en región parietal izquierdo con un largo de 5 cm aproximadamente, herida contuso cortante con un largo de 3 cm aproximadamente, excoriación de 1 cm en región temporal izquierda a 1 cm del pabellón auricular izquierdo, herida contuso cortante de 2 cm en arco supraciliar izquierdo, excoriaciones y equimosis múltiples en región frontal de rostro, excoriaciones y equimosis múltiples en región nasal, excoriaciones y equimosis múltiples en ambos pómulos, herida contuso cortante en mucosa yugal de labio superior de la boca, excoriación en comisura bucal bilateral, excoriación en región mentoneana, excoriación en número de 2 de 0,5 cm cada una por debajo del pabellón auricular izquierdo, equimosis múltiples en cara anterior de brazo izquierdo, excoriación en tercio inferior distal de antebrazo izquierdo en cara posterior, equimosis múltiples en cara anterior de brazo derecho, equimosis en hemitorax derecho a 3 cm de línea media y a 3 cm de clavícula derecha, equimosis en línea axilar anterior a 7 cm por debajo del pezón izquierdo, equimosis en hipocondrio derecho de abdomen a 4 cm línea media, excoriación a 5 cm por debajo de cresta ilíaca derecha, equimosis en rodilla izquierda, excoriación en cara anterior de ambos pies y excoriaciones en número de 2 en región dorsal de espalda en forma de "L". Que dichas lesiones le produjeron a Murua traumatismo encéfalo craneal grave y fractura de parietal derecho en cuero cabelludo con hundimiento del mismo que ocasionó hemorragia cerebral masiva y hematoma subdural, heridas que a la postre determinaron la muerte de la damnificada por un paro cardiorespiratorio traumático" (pág. 7/9 del registro informático del veredicto).
2. La base fáctica establecida en el veredicto no fue cuestionada por el recurrente y llega firme a esta instancia, al igual que la autoría de Jorge Aldo Costilla, que tampoco viene controvertida.
Al igual que lo hizo en el debate, el recurrente niega que el acusado haya realizado la conducta que expresa la infracción del art. 80 inc. 11 del CP. Sin embargo, no examina ni controvierte el razonamiento probatorio seguido por el tribunal, sino que intenta descalificarlo a partir de diversos argumentos que -en su opinión- demostrarían que el elemento “violencia de género” no pudo probarse.
No hay duda que se trató de una muerte violenta de una mujer. Eso no está en discusión, y quedó probado por la cantidad y gravedad de las lesiones que presentó la víctima y la causa de su muerte (traumatismo encéfalo craneal grave y fractura con hundimiento de parietal derecho que ocasionó hemorragia cerebral masiva y hematoma subdural).
Seguidamente, los jueces recrearon el contexto en que se cometió el homicidio, en particular, las discusiones y peleas constantes que había entre los intervinientes motivadas en el control que Costilla quería ejercer sobre la víctima, en aspectos específicos de su vida personal y que fueron el factor desencadenante de la agresión en contra de la mujer.
Así, el tribunal dio por probado que el acusado y Ramona Murua convivieron “bajo el mismo techo durante el lapso aproximado de veinte años”, conforme lo declaró Juan Ramón Leguiza, quien “explicó que su vecina Ramona (…) quería cumplir con su palabra hacia su difunto marido Oscar y por esa razón permitía que Jorge Aldo Costilla viviera en su domicilio y que se encargara del cuidado de los perros y de la casa para evitar que le roben, período en el cual el imputado ejerció diversas manifestaciones de violencia sobre la víctima” (pág. 30/31, sentencia).
Según lo valoró el tribunal, el testigo Miguel Angel Mamani corroboró las peleas constantes y las amenazas cuando manifestó que “Ramona tenía miedo que le hiciera algo a él y a su hermano, porque Aldo estaba armado, tenía en la casa varios proyectiles” y “ella estaba golpeada a veces” pero no se lo contaba a él “porque sabía que si se enteraba terminaba mal”; y en similar sentido valoró la declaración de José Ramón Leguiza cuando expuso que “existieron discusiones en la vereda del domicilio donde convivían”, que la policía se presentó en varias oportunidades y que “siempre discutían cuando Aldo llegaba borracho y Ramona lo echaba, luego lo perdonaba y volvía otra vez a la casa” (pág. 31, sentencia).
3. Los jueces dieron por probado “que el imputado siempre llamaba a la víctima, haciéndole planteos por celos ”. Así lo declaró el testigo Mamani (“Aldo la llamaba exigiéndole cosas”) y en similar sentido Estela Sotelo (vecina de la víctima) cuando expuso que el acusado sentía celos de la relación que ella tenía con Ramona, al punto de preguntarle si eran pareja, pero ellas solamente viajaban juntas por trabajo.
Agregaron que también Rosa Córdoba, sobrina de la víctima, expuso que “Aldo le hacía escenas de celos porque llegaba tarde a la casa”, que estaba “obsesionado” con ella, que Ramona le había dicho que “no tenía nada con él” y que ella era “libre de estar con quien sea” pero que “Costilla se molestaba cuando llegaba con chocolates y eran de otro tipo”.
En similar sentido, valoraron la declaración de José Murua, hermano de la víctima, cuando dijo que había denuncias “en la policía por peleas, porque llegaba a la casa y Aldo quería algo más con ella, se adueñó de Ramona”. Precisó que “él quería algo más, y ella no, y ahí las agresiones, una vez lo sacó y vino la policía y Aldo pidió de rodillas volver a la casa”.
4. Seguidamente, los jueces concluyeron que “Jorge Aldo Costilla se ubicó en una situación de superioridad respecto de Ramona del Carmen Murua, realizándole distintos planteos y exigiéndole determinadas conductas por celos, accionar que demuestra que estaba convencido que tenía algún derecho sobre ella”. Estimaron que esa conducta llevabaínsita “un componente subjetivo misógino, el cual guio la conducta del autor” al cometer el homicidio y también consideraron como “demostrativo del contexto de violencia de género”, “la voluntad del autor de limitar su relación con otro hombre” (pág. 33/34, sentencia).
En ese sentido, el tribunal valoró el contenido de los mensajes hallados en el teléfono celular atribuido al acusado (dato no controvertido por la defensa), en particular las conversaciones del día del hecho (9 de marzo de 2022), donde Costilla escribió al abonado terminado en 6221: “Vos. Sabés Lo que. La. Pasé yo. Me tenía. Podrido” ; y al contacto agendado como “Nuku”: “ no, que no vaya nadie a mi casa. Está toda la gorra. La enganché a la veintidós con un vigilante y la pasé a fierro”, “no pasa nada. La empujé y dió la nuca contra la pare nunca pensé que me iva pasare esto ”.
También valoraron el mensaje enviado por Facebook a Jorge Costilla, donde el acusado expresó: “Me mandé una cagada grande. Te cuento la historia. Quiero hablar clnvo aver que ago. Le volé la cabeza a Ramona me estaba metiendo lo cuerno con Miguel Nacache de tu fuerza” ; el enviado a Rosa Elena Córdoba (sobrina de la víctima) , a quien escribió : “Discupapa. Pero me tenía podrido mucho maltrato. me mandaba agarrar los regamlo delo nlvio" y al contacto “Ramona Murua ID 100005146544305 , en la que (…) expresó: "si alguien tiene la culpa es Miguel Nacache que se venía a encamar con ella" (10/3/2022 18:22:51)”.
Finalmente, los jueces señalaron las conversaciones por Whatsapp con el agendado “Peke Lore”, a quien el acusado refirió : “Me tenía podrido. Podrido”, “a vos te gustaría que agarre y te maltraten así, que encontrés tu jermu ahí encamada con un vigilante, todo”; “a mí no me gustó eso, bueno. Listo y encima te dice a vos que te importa si yo cojo con cualquiera” , “yo me tenía que aguantar todo eso”; “Explicame porque yo hace veinte años que estoy con la mina. Me denunció como cuarenta veces” ; y con el abonado terminado en 6145, agendado como “Ramona”, en el que Costilla dice: “si querés encamarte ahí, encamate, no me rompas las pelotas” y “Ramona” responde: “sos un abuso. Y yo me di cuenta que sos un enemigo mío acá dentro de mi casa, yo soy una pelotuda. No se puede tener un enemigo acá adentro de la casa. el infierno que estoy viviendo con vos todos los días es un desastre ya. Ya cada vez aguanto menos, me estas cansando” (pág. 36, sentencia).
5. Constato que el recurrente no controvierte la fiabilidad de la evidencia disponible, ni las inferencias probatorias que los jueces formularon a partir de esa prueba, sino la significación jurídica del hecho a partir de diversos argumentos que -en su opinión- demostrarían que el elemento “violencia de género” no pudo probarse.
Sin embargo, analiza aspectos que no resultan decisivos para descartar la aplicación del art. 80 inc. 11, y omite otros relevantes, que ponen de manifiesto una falta de comprensión del fenómeno implicado.
En efecto, que la víctima no fuera una persona sumisa (en la visión que propone el recurrente), que tuviera un trabajo que exigía fuerza física o que fuera económicamente independiente, no impiden la configuración del tipo agravado del 80 inc. 11 y reflejan, además, una visión estereotipada de la mujer que puede ser víctima de violencia de género, al reforzar la idea de debilidad con la que tradicionalmente han sido caracterizadas las mujeres víctimas de ese tipo de violencia.
La defensa no repara en el contexto que se dio por probado, en particular, las diversas formas de control que el acusado ejerció sobre la víctima (que los testigos mencionaron, en general, como escenas de celos) y la interpretación que en términos de significado realizó el tribunal sobre esas conductas, en tanto reflejaron el sentido de propiedad sobre la mujer y fueron el factor desencadenante del homicidio.
En ese sentido, es la conducta de Costilla la que permite reconocer la presencia de una visión estereotipada de la mujer, que debe ser obediente y no desafiar las órdenes de quien se coloca en una posición de superioridad, a riesgo de recibir correctivos por medio de distintos actos de violencia; y en los que subyace una noción de mujer como propiedad y posesión.
La propia “justificación” que dio el acusado sobre el homicidio de la mujer, a diversos interlocutores, corrobora la dimensión del razonamiento seguido por el tribunal.
En efecto, las expresiones con las que Costilla explicó por qué mató a Ramona Murua (“l a enganché con un vigilante y la pasé a fierro”, “le volé la cabeza, me estaba metiendo los cuernos”) y el intento de justificarse en que ya no podía aguantar todo eso, tanto maltrato, no hacen más que reflejar la idea de dominación del hombre sobre la mujer, al desconocer sus derechos mínimos de libertad y capacidad de decisión, negando su más esencial autonomía en el ámbito personal.
En otras palabras, la conducta que exteriorizó Costilla refleja -en términos de significado- una especie de derecho de propiedad del hombre “herido”, sobre la mujer, cuando -como en el caso- se probó que desató una violencia extrema en su contra al enterarse que había mantenido relaciones sexuales con otra persona, lo que permite vincular el homicidio -en su modo concreto de comisión- con la violencia específica que exige la norma.
La cantidad y gravedad de las lesiones que presentó la víctima tampoco resulta un dato menor, pues la utilización de una violencia excesiva es un signo o indicio que se asocia al femicidio y, en igual sentido, se afirma que la violencia contra la mujer se desata usualmente cuando sus acciones no encajan en las expectativas de quienes ejercen sobre ellas algún tipo de control y son corregidas, por medio de distintos grados de violencia (conf. Modelo de protocolo latinoamericano de investigación de las muertes violentas de mujeres por razones de género, ONU, párr. 217 y 106).
En definitiva, los jueces constataron, en el caso concreto, la presencia de ciertas características constantes de la violencia contra la mujer: el intento de control, como sinónimo de posesión y con la idea de dominarla, datos que el recurrente directamente omite.
En ese sentido, recuerdo la pauta interpretativa propuesta por la Sala II de la Cámara Nacional de Casación Criminal y Correccional de la Capital Federal para vincular el homicidio con la violencia de género, que le otorga a la figura su carácter agravado: “la manera en que las víctimas pueden evitar la agresión del autor es sometiéndose a su voluntad. La contracara es que son muertas por no haberse sometido. En este sometimiento y cosificación de la víctima reside una de las claves para interpretar a la violencia de género y el femicidio” (con remisión a la causa CCC 29907/2013/TO2/CNC2, caratulada “Mangeri, Jorge Néstor s/recurso de casación).
6. Dicho esto, constato que el planteo de inconstitucionalidad fue introducido tardíamente por la defensa.
En efecto, es regla que el planteo de inconstitucionalidad de una norma debe deducirse en la primera oportunidad posible, es decir, cuando se vislumbra razonablemente que va a ser aplicada, para permitir que se pronuncie el juez de la causa. La determinación de cuándo es la primera oportunidad depende del caso concreto, pues hay situaciones en que la cuestión constitucional aparece durante el curso del proceso, imponiendo su articulación en forma inmediata en la instancia que sobreviene.
La ausencia de cuestionamiento alguno por parte de la defensa sobre la pena de prisión perpetua en la discusión final del debate, donde la fiscalía requirió su imposición, se presenta como determinante para impedir el planteo de inconstitucionalidad en esta instancia.
La doctrina de los propios, recepcionada desde antiguo por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, advierte que nadie puede ponerse en contradicción con sus propios actos y ejercer una conducta incompatible con otra anterior, deliberada, jurídicamente relevante y plenamente eficaz. Esta regla no sólo es aplicable al derecho privado, sino que alcanza a todas las disciplinas jurídicas.
En consecuencia, el planteo debió originarse en la instancia anterior, frente a la eventual imposición de una pena de prisión perpetua.
En un sentido similar se pronunció recientemente la SCBA, cuando estableció que “la parte
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.