Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, Sala III · Causa 129685
En la ciudad de La Plata, Sede de la Sala III del Tribunal de Casación Penal, se reúnen en Acuerdo Ordinario los señores jueces doctores Víctor Horacio Violini y Fernando Mancini (conf. ACP 98/2024 del Cuerpo), con la presidencia del primero de los nombrados, a los efectos de dictar sentencia en la causa número 129.685 (IPP. 02-01-1009-21) caratulada: “ S., L. E. y S., K. M s/ recurso de casación ”, conforme al siguiente orden de votación: VIOLINI- MANCINI.
El Tribunal en lo Criminal número uno de Tres Arroyos condenó mediante juicio abreviado a L. E. S. a diez años de prisión, accesorias legales y costas del proceso, como autor de abuso sexual gravemente ultrajante, agravado por la situación de convivencia preexistente con una menor de dieciocho años de edad, y corrupción de menores agravada, en concurso real; y a K. M. S. a diez años de prisión, accesorias legales y costas como autora de abuso sexual gravemente ultrajante, agravado por el vínculo y por la situación de convivencia preexistente con una menor de dieciocho años de edad, y corrupción de menores agravada, en concurso real.
Contra ese pronunciamiento, según surge del sistema de gestión Augusta, interpuso recurso de casación el defensor particular doctor Maximiliano De Mira, y ofreció prueba en los términos del artículo 457 del Código Procesal Penal.
En primer lugar, peticionó la nulidad de la sentencia y reiteró el planteo de inconstitucionalidad del artículo 371 quater inciso 2° del Código Procesal Penal por violar la prohibición del doble juzgamiento y el debido proceso legal.
Luego, denunció el cercenamiento de prueba ofrecida por la defensa al serle denegada la reproducción de informes periciales de la hermana de la víctima, una pericia psicológica a la víctima y una que fuera realizada a su progenitor, con afectación de los artículos 338 y 211 del digesto ritual.
También denunció violación al principio de taxatividad al sostener que a los “abusos reiterados” endilgados se los hace concurrir en forma real, al igual que la corrupción de menores, conforme el artículo 55 del Código Penal, y “al margen de la arbitrariedad del tramo temporal en donde se habrían cometido los supuestos abusos”, no se sabe a ciencia cierta, cuántos hechos ilícitos se les endilgan a los causantes, causando dicha circunstancia agravio de índole constitucional por violar la garantía de la Defensa en Juicio.-
Añadió que el artículo 55 del Código Penal obliga a determinar, cuáles y cuantos hechos integran el concurso real, sin que, la sola frase de “reiterados” alcance para dar cumplimiento a la garantía de la individualización del hecho.
En orden al encaje, además sostuvo que no se encuentra acreditada la tipicidad del delito de corrupción de menores.
Finalmente consideró arbitrara la valoración de la prueba efectuada por el tribunal. Sostuvo que la única prueba que ponderó el tribunal para condenar a sus asistidos resulta ser la declaración de la menor, sin tener en consideración que tres pericias de especialistas en no convalidaron el relato de la menor en los términos del art.102 bis del C.P.P., que los testigos presenciales mencionados por la propia menor -su abuela y hermana- la desmienten, la conflictiva familiar existente, la violencia y el sometimiento que recibió -y recibe- del padre, la inexistencia de la foto o fotos a las cuales se refirió la niña, la manipulación que observara el Juez de Familia, ni que en relación a su hermana los peritos -oficial y de parte- hayan advertido que su relato “no es espontáneo"
Por lo expuesto, y de conformidad con lo establecido en el artículo 1 del Código Procesal Penal, por aplicación del principio de la duda a favor del reo, solicitó se revoque la sentencia y se absuelva a sus asistidos.
Concedido el recurso y radicado en Sala con debida noticia a las partes, la Fiscal Adjunta postuló su rechazo.
Encontrándonos en condiciones de dictar sentencia, se tratan y votan las siguientes
Primera : ¿Es admisible la prueba ofrecida? ¿Resulta procedente el recurso interpuesto?
Segunda : ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión el señor juez doctor Violini dijo:
Primero. Ofrecimiento probatorio . El recurrente ofrece capturas de pantalla de conversaciones mantenidas entre la imputada K. S. y una de sus hijas, posteriores al dictado de la sentencia.
Considero que la prueba ofrecida no puede ser acogida en esta instancia.
En efecto, conforme el juego de los artículos 465 inciso 5° y 457 del ritual, la prueba a producirse en casación deberá ser pertinente y útil, a los efectos de demostrar el quebrantamiento de las formas esenciales del proceso o la invocación de nuevos hechos, en cualquier caso, siempre que se ponga en discusión lo establecido en el acta de debate.
Y así, observo que el recurrente no demuestra cuáles serían los vicios o defectos concretos que pretende evidenciar con las capturas de pantallas de conversaciones producidas entre la imputada y su hija, con posterioridad a la sentencia, y tampoco fundamentó la necesidad de su incorporación.
El instituto regulado en el artículo 457 del ritual sólo opera excepcionalmente en esta instancia, y por ello, no tiene por objeto suplir las deficiencias de estrategia de las partes, ni permitir la realización de un segundo debate, idéntico al juicio, pero ante una instancia superior.
Segundo. El tribunal tuvo por acreditado:
Hecho I: "Que en fecha indeterminada pero ubicable entre los años 2015 y principios del 2020 aproximadamente, en el interior de la vivienda ubicada en calle […], una persona de sexo femenino mayor de edad, la imputada K. M. S., abusó sexualmente de su hija menor L. B. mediante tocamientos inverecundos en su vagina por debajo de la ropa, aprovechándose de la inmadurez en razón de la edad -al momento de los hechos tenía entre 8 y 13 años-, del vínculo por ser su progenitora y encargada de su guarda y de la convivencia preexistente con la menor. Que dichos abusos fueron reiterados y cometidos en forma habitual por la imputada, circunstancias éstas que implicaron un sometimiento gravemente ultrajante para la víctima".
Hecho II: "Que en fecha indeterminada pero ubicable entre los años 2015 y principios del 2020 aproximadamente, en el interior de la vivienda ubicada en calle […], una persona de sexo masculino mayor de edad, el imputado L. E. S. abusó sexualmente de la menor L. B. -hija de su pareja- mediante tocamientos inverecundos en sus partes íntimas, por encima de la ropa, aprovechándose de la inmadurez de la víctima en razón de la edad -quien al momento de los hechos tenía entre 8 y 13 años-, del vínculo por ser su hija afín y de la convivencia preexistente con la menor. Que dichos abusos, por su duración y circunstancias de realización, implicaron un sometimiento gravemente ultrajante para la víctima".
Hecho III: "Que en fecha indeterminada, pero ubicable entre el año 2019 y 2020 aproximadamente, dos personas mayores de edad, una de sexo masculino L. E. S. y otra de sexo femenino K. M. S., en el interior de la vivienda ubicada en calle […], hicieron participe a la menor L. B. de sus prácticas sexuales, consistiendo las mismas en mantener relaciones sexuales con la menor acostada en la misma cama, haciendo que la víctima observe cómo S. masturbaba a su pareja y, en al menos dos oportunidades, S. se masturbó frente a la menor ante la presencia de la coimputada S. Que dichas prácticas implicaron que la víctima tuviera conocimiento -sexual- en forma prematura, resultando inadecuadas para su madurez sexual, revistiendo entidad suficiente para desviar el normal desarrollo de su sexualidad".
Tercero. Inconstitucionalidad del artículo 371 quáter inciso 2 del Código Procesal Penal.
En el presente caso los imputados optaron por la realización de un Juicio por Jurados, conforme el resultado de la votación y al no haber podido el Jurado Popular arribar a un veredicto condenatorio, la jueza interviniente lo declaró estancado, dispuso su disolución y la realización de un nuevo juicio con otro jurado.
La defensa planteó la inconstitucionalidad del artículo 371 quáter inciso 2 del ritual, por violar la prohibición de doble juzgamiento entendiendo que la única solución posible era la no culpabilidad de sus asistidos. Dicha petición fue rechazada por la jueza de origen.
Luego de ello, las partes arribaron a un acuerdo de juicio abreviado, por lo que se dejó sin efecto el nuevo debate. Dicho acuerdo fue admitido por el tribunal que luego condenó a los imputados conforme lo pactado.
La defensa reitera aquel planteo de inconstitucionalidad con los mismos argumentos.
Ahora bien, la resolución mediante la cual se lo rechazó, no fue recurrido, y si bien el defensor refiere haber efectuado la reserva de recurrir en casación, no concluyó con el trámite recursivo, por lo que el renovado planteo resulta extemporáneo.
A ello cabe adunar que si el recurrente nada dijo en punto a la repulsa constitucional que ahora renueva, en oportunidad de acordar las partes la realización de un juicio abreviado, ello implica su consentimiento, visto que nadie puede ponerse en contradicción con sus propios actos ejerciendo una conducta incompatible con otra anterior, deliberada, jurídicamente relevante y plenamente eficaz, por lo que el motivo no procede. (conf. Fallos: 307:1227 y 1602 y sus citas; 314:1459; 323:3765, entre otros)...” (CSJN, Fallos 331: 2799, "Alsogaray, María Julia s/ rec. de casación e inconstituc.", del 22 de diciembre de 2008, del dictamen del Procurador).
Cuarto. Cercenamiento de prueba.
El recurrente denuncia violación de los artículos 338, 211 y concordantes del Código Procesal Penal y de la garantía de defensa en juicio y debido proceso legal (art.1 del Código Procesal Penal; 18 Constitución Nacional y 29 de la Constitución Provincial), pues solicitó en el ofrecimiento probatorio la reproducción de informes periciales realizados a la hermana de la presunta víctima y una pericia psicológica de la víctima de autos L.B. y de su padre.
Una vez más la defensa pretende volver sobre etapas precluídas, pues si ofreció prueba en los términos del artículo 338 del digesto ritual, y como vimos luego se realizó el Juicio por Jurados, que conforme la votación obtenida y por aplicación de lo normado por el artículo 371 quáter inciso 2° del mismo cuerpo normativo se declaró estancado el jurado, disponiéndose la realización de un nuevo juicio con otro jurado, que en definitiva no se llevó a cabo por el acuerdo de las partes de someter el caso al procedimiento de juicio abreviado, el que fue homologado por la jueza de origen, no puede ahora el defensor agraviarse de la denegatoria de prueba ofrecida para ser incorporada al debate oral, al que, en definitiva renunció al firmar un acuerdo de juicio abreviado.
No está demás poner de resalto que el sometimiento al instituto de juicio abreviado, trae aparejada la resolución del caso con lo plasmado por escrito en la investigación penal preparatoria.
Quinto. Arbitrariedad de la sentencia. Errónea valoración probatoria .
El recurrente considera arbitraria la sentencia pues, a su ver, se desentendió de los informes periciales que desacreditan los dichos de la víctima, no tuvo en cuenta la conflictiva familiar preexistente, que los restantes medios de prueba no respaldaron los dichos de L.B., las pericias no dieron cuenta de síntomas de abuso y refirieron un relato objetivizado, que los testigos que según la víctima habrían presenciado los abusos denunciados no lo confirmaron, y sólo encontró fundamento en el relato de L.B. que, en definitiva, resultó ser la única prueba dirimente que ponderó el tribunal para arribar a una sentencia condenatoria, a lo que sumó que el mismo no fue recepcionado de conformidad con los protocolos vigentes.
Sin perder de vista que el defensor asiste a los imputados dando ambos conformidad a la propuesta de abreviado que el tribunal homologa y ahora ataca el recurso, la solución de origen respeta la calificación y pena pactadas.
El tribunal expuso las razones conducentes a la comprobación del hecho cuestionado y puesto en cabeza de los imputados, para formar convicción tanto de la materialidad ilícita como de su autoría y respetó el encaje pactado.
Tal como afirma el recurrente, el órgano de origen valoró fundamentalmente y en primer lugar el testimonio de la niña víctima L.B. quien refirió situaciones de tocamientos de su vagina por parte de su madre y de la pareja ésta, L. S., contó que tenían sexo al lado de ella, que S. se masturbaba enfrente suyo, o bien lo hacía su madre.
Agregó que se bañaba con su progenitora y en una oportunidad S. ingresó al baño y le sacó una foto desnuda, ubicando tales hechos entre el año 2015 y principios del 2020, fecha en que se fue junto con su hermana a vivir con su papá.
Sin embargo, advierto que, a diferencia de lo sostenido por el recurrente, el tribunal no pasó por alto la problemática familiar existente y la judicialización de muchas cuestiones trascendentales para la niña, y mas bien lo contrario, pues destacó que L.B. hizo la denuncia con la abogada del Niño en el marco de las causas del Juzgado de Familia, y consideró que si bien esa conflictiva familiar se evidencia en forma clara, a su ver, no debilita las palabras de L.B.
Enlazó con ello que la anterior abogada que intervino en dichos procesos, con antelación a la denuncia, ya había informado que las niñas referían “situaciones de vulneración de su intimidad” por parte de su madre.
A ello cabe agregar que la niña le contó lo que le sucedía de manera coincidente dentro del ámbito familiar: a la pareja de su padre K. G. I., a D. A. D. -hija de I.- y a su progenitor; además y aunque sin brindar mayores detalles, tal como surge de la sentencia impugnada también pudo manifestarse al respecto en el ámbito escolar, conversando con las autoridades, con sus compañeros y mediante trabajos de su autoría.
Asimismo, mantuvo su relato ante su psicóloga particular, Licenciada Vanesa Pallavicini y ante la abogada del niño Micaela Gómez Salvi -quien la acompañó cuando decidió realizar la denuncia., cuando le realizaron el reconocimiento médico legal y ante la Perito Psicóloga del Cuerpo Técnico Auxiliar del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, Licenciada Adela María Moreno, encargada de la evaluación de L.B.
La psicóloga mencionada señaló que la niña se encontraba en condiciones de prestar declaración en Cámara Gesell e informó que la figura materna aparecía rechazada en su discurso, con características de arbitrariedad, ubicada como agente de malos tratos y actos violentos de diferente tipo, y que por el contrario, la figura paterna aparecía idealizada, asociada a la contención y a lo afectivo.
Consideró el relato como un indicador especifico de abuso y expuso que no se detectaron rasgos fantasiosos (en el sentido de “vagos” al modo de una ensoñación) ni fabulatorios.
El tribunal tuvo en cuenta el descargo realizado por la imputada S., donde refirió que el padre de la menor la involucró en temas de adultos, diciéndole que ella era mala, que debía irse a vivir con él.
Expuso que ella era quien ponía los límites y que su hija estaba enojada por ella porque su madre le había dicho que ella no quería tenerla, que habría querido abortarla.
Describió la personalidad de su hija como manipuladora, alejada de lo emocional y que necesita ayuda psicológica.
Refirió que su ex pareja la acusa de ser la culpable de la separación, existiendo problemas económicos entre ellos, y que siempre la maltrató, tanto a ella como a sus hijas, siendo una persona violenta a la que no pudo denunciar por miedo.
A su vez, el tribunal consideró que L. S. negó los hechos y expuso situaciones similares respeto de la personalidad de la niña y los conflictos con su madre.
Ponderó que ambos encausados fueron evaluados por dos profesionales de la Asesoría Pericial Departamental, esto es el Perito Psicólogo Jorge Daniel Rabadán, y el Perito Psiquiatra Enrique Grimi, concluyendo el primero de ellos que en S. no se observaron “las características que suelen verse en personas acusadas de abuso de la intimidad de terceros”, y el segundo, que S.“No presentó durante la evaluación rasgos perversos, psicopáticos, ni disfunciones sexuales (problemática en el área de la vivencia de la sexualidad). No presentó características de sujetos con conductas perversas o psicopáticas y/o disfrute del sufrimiento de terceros”.
La sentenciante expuso que los testigos de descargo hicieron mención a las situaciones conflictivas existentes entre el matrimonio S.-B., al comportamiento de la niña L.B., al trato dispensado por su progenitor y a los motivos por los cuales sus hijas habían decidido vivir con él.
En definitiva, a contramano de lo sostenido por el recurrente, el tribunal no fundó la sentencia condenatoria únicamente en la declaración de la víctima, y si bien la consideró prueba fundamental y dirimente, lo cierto es que la misma se encuentra corroborada por el resto de la prueba reseñada (declaración de su progenitora, informe médico, informe psicológico).
La defensa efectúa un análisis parcializado y sesgado de los elementos de prueba reunidos, sin tener en cuenta los antes mencionados, a lo que cabe agregar que las circunstancias aludidas por el recurrente no revisten la entidad suficiente como para desvirtuar la fuerza probatoria de aquellos elementos.
Los informes de los psicólogicos de parte, que el recurrente cita en apoyo de su postura, realizados por las Licenciadas Paula Kraser, Margarita C. Marsan y Betania Xamo, fueron elaborados a partir de la visualización de la Cámara Gesell y de otros elementos acompañados al expediente, tales como el intercambio de correos electrónicos entre L. B. y su mamá, mas no se entrevistaron con la menor.
La circunstancia relativa a que no se haya encontrado la foto que la niña dice que S. le sacó desnuda, no es suficiente para tildar de mendaz su relato, principalmente teniendo en cuenta que tal como expone el sentenciante que no todos los dispositivos lograron ser encendidos, o bien fueron encendidos pero no se logró dar inicio al sistema operativo, lo que impidió obtener información alguna.
Con relación a los dichos de la hermana de la víctima, también puso de resalto el tribunal que los mismos no resultan hábiles para quitar entidad a los de L.B., toda vez que fue la misma Perito Oficial que llevó a cabo su pericia psicológica -lo que habla del profesionalismo y objetividad de su trabajo-, quien señaló que lo que V. no pudo decir no quita a valor a lo que sí pudo contar L.B.; a la misma conclusión arribó respecto del testimonio de la abuela, pues que la abuela no haya observado el hecho de abuso que la niña contó cuando aquella se encontraba en la cocina, no le quita entidad al relato de la niña, pues la misma al ser preguntada si desde la cocina ,-lugar donde se encontraba su abuela- se puede visualizar el sitio donde ella estaba refirió que no; lo que explica por qué la abuela no percibió con sus sentidos el hecho que relató la niña.
En síntesis, expuesta la prueba de descargo, observo que la misma resulta insuficiente para conducir a la solución que propone la defensa, pues lo cierto es que la valoración integral de la totalidad de las constancias producidas a lo largo de la causa, permiten arribar a la solución acordada por las partes y plasmada en la sentencia.
Es momento de recordar que nos encontramos ante un procedimiento que transitó por las normas del juicio abreviado, y si bien ello no obsta a este Tribunal a efectuar una revisión de las constancias probatorias introducidas que sirvieron de base al pronunciamiento de condena, lo cierto es que la incorporada durante la investigación penal preparatoria y que no fue cuestionada, resultó suficiente en el caso para desechar los cuestionamientos traídos.
Por lo expuesto, con la comprobada comisión de los hechos por parte de los acusados, lucen indemostradas
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