Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, Sala II · Causa 124700
En la ciudad de La Plata, sede del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, se reúnen en Acuerdo Ordinario los Jueces integrantes de la Sala Segunda, doctor Fernando Luís María Mancini y doctora María Florencia Budiño, para resolver la presente causa 124.700 , caratulada “VILLA LUIS ALBERTO S/ RECURSO DE CASACIÓN”. Practicado el sorteo de ley, resultó que en la votación debe observarse el orden MANCINI – BUDIÑO .
El tribunal de jurados, en el marco de la causa Nº 5820 del registro del Tribunal en lo Criminal nro. 3 del Departamento Judicial La Plata, se pronunció, con fecha 1 de abril de 2023, dictando veredicto de culpabilidad respecto del imputado Luis Alberto Villa, por unanimidad, en orden al delito de homicidio calificado por el vínculo.
Tras todo ello, y luego de celebrarse la correspondiente audiencia de cesura, el Juez, Andrés Vitali, integrante del órgano jurisdiccional señalado en el párrafo anterior, condenó, con fecha 11 de abril de 2023, a Luis Alberto Villa, a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas procesales, como autor penalmente responsable del delito de homicidio calificado por el vínculo, en los términos del art. 80 inc. 1 del Código Penal, perpetrado el día 4 de febrero de 2019.
Como consecuencia de ello, lo Sres. Defensores Particulares, doctores Juan Pablo Mazzeo y Ricardo Díaz, interpusieron el presente recurso de casación en favor del imputado Villa.
Efectuadas las vistas correspondientes, y hallándose la causa en estado de dictar sentencia, este Tribunal decidió plantear y votar la siguiente:
C U E S T IÓ N
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la cuestión planteada, el doctor Mancini dijo:
I. Los recurrentes impugnaron el veredicto en los términos de los arts. 448 y 448 bis incs. b) y d) del Código Procesal Penal.
Indicaron el pronunciamiento “colisiona con la exigencia de constituir una derivación razonaba del derecho vigente con arreglo a las constancias de la causa”, además de causar un “gravamen irreparable” y traer aparejada “gravedad institucional”, por cuanto vulnera las garantías constitucionales del debido proceso legal, la defensa en juicio y la ley de juicio por jurados.
Plantearon la nulidad del veredicto de culpabilidad denunciado la existencia de arbitrariedad por haber cercenado el derecho de defensa en juicio y condicionado la decisión del jurado.
Adujeron así que el planteo de nulidad radicaba en que el juicio no produjo una respuesta adecuada a la ley, habida cuenta que el jurado fue privado de prueba fundamental; que a esa parte no se le permitió desarrollar sobre los estudios de la vía aérea; que existieron interrupciones en la declaración del imputado, y que el médico autopsiante incurrió en contradicciones y falsedad, siendo que emitió -el jurado- su veredicto con un condicionamiento inaudito y grosero por parte de la fiscalía quien al momento de los alegatos pretendió inequívocamente inducir su decisión.
Argumentaron sobre el condicionamiento a la decisión del jurado, alegando que la producción de prueba de la defensa se vio impedida o limitada, impidiendo la exposición completa del perito criminalista Lic. Gonzalo Miguez Murillas, quien fue interrumpido constantemente en su relato y obligado a omitir tópicos fundamentales que hacían a la completa reconstrucción del caso. Indicaron que en todo su relato fue interrumpido y “retado como un niño de escuela” en más de una oportunidad por la Fiscalía, por abarcar temas que esa parte no quería que se exponga a los ojos del jurado.
Según la defensa, si dicha exposición pericial hubiera sido completamente expuesta, habría generado un conocimiento cierto y verdadero de la realidad de lo sucedido echando por tierra la endeble e insostenible teoría de la fiscalía, así como también hubiera permitido determinar la frecuencia de error de la prueba de la fiscalía.
Adujeron que de esa manera no se permitió demostrar contundentemente que los hechos imputados son falsos.
Los defensores, asimismo alegaron que se ha causado un gravamen irreparable a su defendido; que el surco de ahorcadura fue suficientemente probado; y que el jurado no pudo apreciar dicha circunstancia en razón de la falsedad en la que incurrió el médico autopsiante, las contradicciones con la autopsia leída, y la arbitrariedad de negar la exposición del perito en criminalística.
Criticaron también la labor de la fiscalía por las interrupciones a la declaración del imputado, la que habría quedado coaccionada y desnaturaliza, obstaculizando al imputado ejercer con libertad su derecho de defensa.
Del mismo modo esgrimieron como queja que se le haya impedido hacer mención al estudio de la vía aérea el que nunca se realizó y que resultaba prueba de vertebral trascendencia para determinar la diferencia entre estrangulamiento y ahorcamiento. Destacaron que al momento en que ese estudio fue solicitado, no tuvo oportunidad de hacerlo pues aun Villa no se encontraba imputado. Sostienen que no es una carga de la defensa, sino del MPF impulsar ese estudio fundamental para poder determinar si el hueso hioides había sido fracturado por maniobra de estrangulamiento, como así también en qué posiciones del doble surco quedara el cordal.
Indicaron que ese hecho no pudo hacerlo valer la defensa debido a la oposición a hacer preguntas al médico autopsiante por un estudio indispensable que debió realizarse y no se hizo, todo argumentando que esto confundiría al jurado, cuando, en realidad arrojaría luz sobre la verdad objetiva de los hechos, haciendo notar que estamos ante una acusación sin el más básico sustento científico y fáctico.
Puntualizaron que el médico autopsiante en su declaración dijo que recordaba que Luján tenía un surco horizontal, que, ante ello, al advertir una contradicción con el acta preliminar y el informe de autopsia donde consignó que el surco es doble escoriativo oblicuo y levemente ascendente de abajo hacia arriba de adelante hacia atrás incompleto en la región posterior izquierda del cuello, surco este de características netamente compatibles con una maniobra suicida por ahorcadura, admitió haber expresado eso, pero no se desdijo y habla de un surco horizontal que nunca lo había nombrado anteriormente pretendiendo instalar algo que nada tenía que ver con los hallazgos de la autopsia.
Consideraron que esto resulta una maniobra claramente distorsionadora de la verdad y que produjo un engaño directo al jurado, que además fue refutada en forma parcial por la exposición del perito Lic. en Criminalística donde reconoce que lo descripto en la autopsia es un signo compatible con ahorcadura.
Esgrimieron el quebrantamiento de las formas procesales por parte de la Fiscalía lo que habría aparejado un supuesto de gravedad institucional.
Denunciaron que la fiscal presionó e indujo al jurado, afectando su naturaleza jurídica y las garantías constitucionales de defensa en juicio, y el debido proceso legal.
En este punto argumentaron que la fiscal condicionó al jurado con sus advertencias haciendo notar la gran cantidad de gente que había adentro y fuera del juicio, paseándose en el recinto con la soga al cuello. Consideraron que esta presión indebida sobre el jurado influyó en su veredicto, afectando su imparcialidad y el apego a las pruebas en la decisión del jurado, lo cual es causal de la nulidad del juicio.
Sostuvieron que el veredicto y sentencia se habrían apartado de la correcta fundamentación y la debida valoración de los elementos probatorios arrimados al caso, inobservando principios y normativas de raigambre constitucional como el derecho de defensa y el in dubio pro reo (art. 18, CN).
En este punto, dejaron entrever que la teoría fiscalista había sido desvarada por las consideraciones del perito en criminalística Miguez Murillas. Agregaron que no existen en el proceso elementos conectivos capaces de dar consistencia a la construcción delictual que se imputada
Solicitaron se declara la nulidad del juicio y se disponga la libertad de su defendido. En subsidio, se convoque a un juicio.
Plantearon la existencia de una cuestión federal e hicieron reserva del caso federal (art. 14, ley 48)
II. En el marco de la audiencia celebrada para el informe oral (art. 456, CPP), la defensa expresó mantener el recurso de casación deducido a cuyos fundamentos se remitió. En esa ocasión reiteró manifestaciones contenidas en la presentación recursiva, solicitando se haga lugar a cada uno de los agravios
Por su parte, la señora Fiscal Adjunta de Casación, doctora Daniela Bersi, acompañó memorial sustituvo en el que se expidió sobre los agravios defensista, explayándose sobre las razones por las cuales peticionó el rechazo de la impugnación traída.
III. El recurso de casación merece ser rechazado.
Entiendo que ninguno de los planteos nulificantes articulados en el primer tramo del recurso merece prosperar.
La Defensa alegó, inicialmente, la causal prevista en el art. 448 bis inc. b) del Código Procesal Penal.
El motivo casatorio invocado exige que “ se hubiera cercenado el derecho de defensa en juicio y condicionado la decisión del jurado ”, en virtud de la denegación arbitraria de producción de pruebas en el debate.
Anticipo que, no apareciendo lo suficientemente justificado el agravio, el mismo no habrá de prosperar.
Así en lo que refiere a haber impedido la exposición completa y armónica del perito criminalista Gonzalo Miguez Murillas, cabe señalar que no surge del debate, ni del acta que lo documentó y tampoco de la presentación de la defensa que haya formulado ante el tribunal alguna observación respecto de la recepción del testimonio del perito, de todo lo cual resulta con claridad su anuencia con las formas en que se procedió a la recepción del testimonio en cuestión.
En otro orden de ideas tampoco resultan procedentes las genéricas postulaciones formuladas en el recurso, las que no encuentran sustento probatorio, siendo un planteo que aparece como insubstancial, indefinido y realizado con excesiva generalidad, lo que hace a la insuficiencia del reclamo y obsta su progreso.
Cabe referir que el perito se explayó sobre los puntos objeto de pericia, los indicios detectados y brindó las explicaciones y pudo dar su propia conclusión sobre la reconstrucción del hecho en la que se basó la defensa.
La defensa presentó su postura frente al caso y el experto se expidió sobre si pudo haber sido posible. Conforme se puede apreciar de los videos, declaró por un espacio de tiempo considerable, fue sometido al interrogatorio de las partes y no ha habido consulta de la defensa que el perito no haya podido responder.
Por otro lado, las intervenciones que se fueron generando en el transcurso del desarrollo de su deposición estuvieron encaminadas a ordenar la exposición de los puntos a tratar, los que fueron generados a instancias de las partes y resueltos en privado por el juez a los fines de no hacer incurrir en error al jurado, siendo que las resoluciones no merecieron ninguna protesta por parte de los defensores.
Por lo demás, y aun cuando nada resulta del caso que ponga en evidencia el cercenamiento de algún derecho del acusado ni del debido ejercicio de su defensa (arts. 18 y 75 inc. 22º, C.N.); cabe indicar que el agravio fue puesto con evidente generalidad en tanto no concretiza sobre qué tema o aspectos específicos se le habría coartado la posibilidad de exponer.
Lo mismo ocurre con relación a las supuestas interrupciones de las habría sido objeto el imputado en su declaración siendo que el cuestionamiento resulta además de tardío e insuficiente, inexacto.
En efecto, si, como en el caso anterior, la defensa no formuló en el juicio ninguna observación formal respecto de la recepción de la declaración del imputado, no es posible reabrir el análisis sobre la actuación pues, vale volver a decir, la audiencia en la que el imputado declaró se llevó a cabo con la plena conformidad de la asistencia técnica del acusado.
Más allá de esa consideración de índole formal, también cabe advertir que contrariamente a lo alegado por la defensa se puede observar que no hubo más interrupciones en la deposición que la que efectuara el magistrado que presidió el debate, por un corto interregno, reanudándose la declaración. Así se puede advertir que luego de dos horas de declaración el Juez técnico, dispuso un cuarto intermedio de cinco minutos, conforme surge de la grabación de la cuarta jornada 1 (hora 2.08.42), para luego continuar con la exposición, en la que, en todo momento, el imputado se explayó libremente, no solo sobre los hechos materia de juicio sino también de otras cuestiones periféricas, sin cortapisas y sin limitaciones, hasta que dio por finalizado el acto culminado el interrogatorio de la defensa. No advierto entonces, cómo la mencionada intervención del Magistrado –y no de la Fiscalía como dice la defensa- se pudo haber constituido en un cercenamiento de la defensa.
Entonces, es inoficioso el sendero propuesto mediante el cual se adjudican vicios que no se constatan. Es que la técnica recursiva empleada por los quejosos se edifica sobre la crítica sustentada en extremos fácticos incomprobados y que no se condicen con lo actuado.
No obstante, lo explicado, de todas maneras, como fue dicho en este caso, el recurso en este punto también adolece de la falta de señalamiento de circunstancias, datos y pormenores que, en concreto, evidencien el deterioro de la garantía que viene invocada (art. 18 de la C.N.). no resultando demás recordar que se dio por finalizado la declaración con las preguntas de la defensa, quien, además, manifestó no tener más para formular.
En lo que fue motivo de queja por haber sido, el jurado, privado de prueba fundamental al no haberle permitió desarrollar sobre los estudios de la vía aérea, cabe indicar que el motivo de queja no se vincula con la admisión o exclusión de pruebas, -ni se constituyó un incidente sobre ello-, por lo que desde esta arista cabe la desestimación del planteo montado en el carril impugnativo del art. 448 inc. b del CPP.
En efecto, no se trató de un supuesto en que se hubiera denegado la producción de prueba, sino que el estudio no se llevó a cabo por inactividad de las partes.
Por otro lado, tampoco advierto quebrantamiento al régimen legal procesal que regula la prueba, siendo que, aunque es indiscutible que la defensa posee la potestad de formular preguntas y contradecir la prueba, lo cierto es que esta facultad de administrar la producción de probanzas puede ser encauzada por el magistrado que preside el debate, y en definitiva dirige los interrogatorios, decidiendo sobre la admisibilidad y la pertinencia de las preguntas formuladas por las partes.
De todos modos, en el caso no encuentro que se haya cercenado en modo alguno aquellas facultades.
En efecto, del acceso a los registros audiovisuales de la audiencia de debate (tercera jornada, 20230330-101537, a partir de 1:28:00) se desprende que la defensa preguntó al médico autopsiante en qué consistía el estudio de la vía aérea, y que el perito señaló que al haber compromiso de la vía área se envía completa para estudio histopatológico para ver si había lesión, que también se le preguntó sobre la importancia del estudio para poder determinar o si ayuda a aclarar si hay un estrangulamiento o un ahorcamiento, respondiendo el testigo que es el patólogo quien puede determinar si hay fractura o no del hueso hiodes, señalando que defensor que ese estudio no se hizo.
Entonces, en este caso cabe indicar que, a contramano de lo afirmado en el recurso, se advierte que el testigo fue indagado al respecto del estudio, siendo razonable que se no se haya podido profundizar en el interrogatorio sobre un estudio que no se realizó.
Se advierte además que la denunciada afectación del derecho de defensa resulta dogmática, pues la defensa no señala concretamente sobre qué cuestiones concretas relativas al estudio no pudo preguntar, y cómo ellas resultara determinantes o decisivas en orden a aportar una mejor base cognitiva desde la cual reconstruir la mecánica del hecho en juzgamiento.
Por otro lado, el médico legista de la policía científica, doctor Mauricio Andrés Ferrández, manifestó frente a los jurados que recuerda haber recibido el cuerpo de María del Luján Alba para practicar la operación de autopsia, según le dijeron que era por un suicidio. Expresó que lo primero que le llamó la atención fue que la lesión que tenia en el cuello no tenía las características de un ahorcado, que la lesión era completamente distinta, que tenía mucho hematoma, mucho raspón, que no era muy profunda y que en el ahorcado no se ve así. En el desarrollo de su exposición se autorizó en los términos del art 363 del CPP, la exhibición del material fotográfico que el perito acercó a los fines de ilustrar surcos de ahorcadura y proceder a comparar con la lesión que constató en la víctima. Recreó con un voluntario y mostró en el material comparativo el surco de una ahorcadura, indicando que es oblicuo en dirección al nudo, apergaminado es decir de color amarillento, se sitúa por encima de la nuez por el peso del cuerpo, la soga se va hacia arriba, y comparó con las imágenes obtenidas del cuerpo de Maria del Luján, marcando las diferencias que advirtió, un surco escoriativo, con raspaduras y hematomas, que se sitúa sobre la nuez y más abajo, no amarillento.
A su vez, a preguntas de la señora Fiscal acerca de si el cuerpo presentaba otros tipos de golpes además del surco, el testigo respondió asertivamente, que halló un hematoma en la región submentoniana y otro en el cráneo en la cara interna que por fuera no se vía, y que el experto atribuyó a golpes con una superficie dura y roma, compatible con un puño, lesiones que, afirmó no se ven en un ahorcado y que presentaban características vitales.
El profesional a preguntas de la Fiscal, dijo que por las características que presentaba el surco era compatible con una maniobra generada por un tercero en una comprensión del cuello lo que se llama estrangulación. Explicó que el surco que se constató en María del Luján es un surco que está sobre el cartílago, sobre la nuez y más abajo, es horizontal, no es oblicuo como los que se podían ver en ahorcados, no es amarillento sino escoriativo con raspaduras, debido al movimiento de la víctima queriendo defenderse, y hematomas alrededor. En cuanto los golpes de la cabeza, expuso que, por su ubicación podrían resultar compatibles con una víctima sentada, pudiendo obedecer a lo que se llama anestesia previa, consistente en golpear a la víctima para atontarla y ofrecer menos resistencia.
También habló de la fuerza que tiene un cuerpo convulsionado; respondiendo afirmativamente en cuanto a que puede alcanzar la fuerza necesaria para correr la mesa; también fue requerido para que se expida sobre otras cuestiones tales la existencia de livideces, su ubicación, posición y estado del cuerpo de la víctima, entre otras, sobre las que expuso, para luego responder en forma negativa en cuanto a que si alguno de esos fenómenos resultaba indicativo de que se tratara de un suicidio por ahorcadura.
Que el remedio interpuesto no logra plasmar con suficiencia afectación a las garantías constitucionales previstas en la Convención Americana sobre Derechos humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que recogidos en el artículo 75 inciso 22° de la Constitución Nacional, estatuyen el derecho de toda persona imputada de un delito, en plena igualdad a interrogar a los testigos presentes en el Tribunal (artículo 8, párrafo 2º, inciso f), y a interrogar o hacer interrogar a los testigos de cargo (artículo 14, párrafo 3ro., inciso E), siendo que en el caso se aseguraron debidamente los principios de contradicción y de inmediación, habiendo tenido efectiva posibilidad la defensa de interrogar a los testigos.
Se observa de la video grabación del testimonio (1:04:52) que la defensa ha tenido la oportunidad de examinar al perito a quien ef
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