Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, Sala V · Causa 134045
0900-13262-18
C. 134.045
En la ciudad de La Plata, se reúnen en acuerdo ordinario los señores jueces designados para integrar la Sala V de este Tribunal de Casación Penal, Manuel Alberto Bouchoux y Mario Eduardo Kohan, a los efectos de dictar sentencia en la causa 134.045 caratulada “S.A.C. s/ recurso de casación”, conforme al siguiente orden de votación: BOUCHOUX - KOHAN.
I. El Tribunal Criminal n°3 del Departamento Judicial de Mercedes, con fecha 10 de julio de 2024, absolvió a A. C. S. de la imputación que le cursara el Ministerio Público por la comisión del delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por haber sido cometido por el encargado de la guarda y contra una menor de dieciocho años de edad aprovechando la situación de convivencia preexistente.
II. Contra esa decisión, el Agente Fiscal, Adrián David Landini, interpuso recurso de casación, el cual fue sostenido en esta instancia mediante la presentación del correspondiente memorial por la Fiscal Adjunta de Casación, Daniela Bersi.
III. Cumplimentadas así las vistas correspondientes, y encontrándose la causa en estado de dictar sentencia, se acordó plantear y resolver las siguientes:
Primera: ¿Es procedente el recurso de casación interpuesto?
Segunda: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada, el juez Manuel Alberto Bouchoux expresó:
I. Llega el Agente Fiscal a esta instancia denunciando la inobservancia de las reglas contenidas en los artículos 210, 373 y 448 del Código Procesal Penal y el absurdo valorativo en la valoración del caudal probatorio rendido en la causa, por entender que el tribunal de mérito se apartó de manera injustificada de las pruebas colectadas en la causa a la hora de absolver al imputado.
Sostiene, en esa dirección, que el tribunal desestimó la prueba producida en el debate sin fundamentos, y se apartó de la obligación de valorarla con perspectiva de género.
En lo particular, cuestiona algunos pasajes de la sentencia en los que el Tribunal menciona la ausencia de ciertos elementos probatorios que podrían haber sido útiles en el caso; cuando, a criterio del fiscal, no era exigible la producción de dichas pruebas atento al tenor y a las particularidades del delito juzgado.
En ese sentido, postula que la víctima narró los hechos en cada intervención que tuvo, los cuales fueron respaldados por otros elementos de prueba que el tribunal desechó sin fundamentos.
En definitiva, solicita que se revoque el fallo recurrido y se condene a A. C. S. a la pena de catorce años de prisión, accesorias legales y costas del proceso, disponiendo además su detención.
II. Tal como sostuve en la causa n°134.350 ("Bustos y Acosta", sent. del 23-XII-24), habré de señalar que en materia recursiva, a diferencia del recurso de la defensa, los demás sujetos del proceso se encuentran sujetos a regulaciones específicas que, en el caso del Ministerio Público Fiscal, no impide de forma alguna el reconocimiento de las facultades legales para recurrir consagradas en el digesto adjetivo -art. 452 CPP- y las de naturaleza pretoriana elaboradas por las cortes provincial y nacional.
Sobre el punto resulta didáctico el voto del Juez Celesia, quien explicó con sencillez que: “...en el caso del recurso del acusador la revisión no debe estar signada por la teoría del máximo rendimiento, emanada del fallo “Casal” (...) sino que su recurso sólo exige en esta sede el control del cumplimiento normativo, que en materia probatoria no es ni más ni menos que lo normado en el art. 210 del C.P.P. en cuanto exige la convicción sincera sobre la verdad de los hechos con desarrollo escrito de las razones que llevan a aquella convicción”, y afirmó que “sólo corresponde abocarse al control del cumplimiento del desarrollo escrito de las razones que llevaron a la convicción declarada y su logicidad, y a todo evento corregir los casos en que resulte, en razón de las deficiencias lógicas del razonamiento o de una total ausencia de fundamento, una arbitrariedad o un absurdo intolerable al principio republicano de gobierno por ausencia de fundamentos.”
Finalmente, concluye que: “En definitiva, el tratamiento de los recursos interpuestos debe ceñirse a verificar si la ley ha sido bien o mal aplicada -cuando se denuncie violación a la ley sustantiva- o si en la construcción del fallo se ha respetado la ley procesal en el caso de que lo denunciado sea la violación a las formas esenciales del procedimiento o de la resolución, verificando si existe una exposición razonada de los fundamentos que le dan sustento a la conclusión. Este alcance más limitado no inhibe la posibilidad de que en determinados casos sea necesario realizar un análisis de las cuestiones fácticas y del material probatorio ponderado en el fallo, cuando ello resulte ineludible para determinar la logicidad de la construcción del razonamiento sentencial en esta materia” (TCPBA Causa “Schwartz, Analía Veronica s/ Recursos de Casación interpuesto por Particulares Damnificados y Fiscal”, sent. 27-II-2018)
En esa dirección, el casacionista sostiene que los magistrados de la instancia aplicaron erróneamente las reglas de los artículos 210 y 373 del Código Procesal Penal e incurrieron en arbitrariedad en la valoración de la prueba producida durante el debate al omitir apreciarla con perspectiva de género. Así las cosas, será con este enfoque desde el cual se analizará el planteo del recurrente, que adelanto, habrá de ser admitido.
En la sentencia, el Tribunal sostuvo que en el caso existía un cuadro de orfandad probatoria que no permitía establecer la existencia de los hechos ni -por consiguiente- la participación del imputado, al enunciar que: “...lo único con lo que contamos es con la declaración de la propia víctima, la angustia que advirtió el psicólogo que la trató, y los dichos de su hermano, que refirió creerle”. A continuación postuló que: “...para cerrar el tratamiento de la prueba, debemos hablar no de lo que está, sino de lo que falta. Realmente no se explica por qué no se llevaron a cabo los peritajes psicológicos de rigor en este caso (...) máxime cuando los dichos de la víctima no son acompañados por otros elementos que los confirmen (como podría ser, por ejemplo, la existencia de un informe médico, lo que vio un testigo presencial, pruebas de baja de rendimiento escolar, conductas similares del imputado observadas por otras personas, por nombrar algunas de las innumerables pruebas que la casuística podría permitir)...” .
Luego de realizar una reseña doctrinaria sobre estándares probatorios, concluyó que: “...para que prospere la tesis acusatoria, el relato de el o la menor víctima debe tener cierta correspondencia con el resto de los elementos incorporados en la causa. El testimonio único implica necesariamente constatar su solidez, y en este caso se advierte que esa solidez no es tal, en virtud de la orfandad probatoria señalada anteriormente....”.
Inicialmente, debo señalar que -tal como postula el fiscal-, el razonamiento probatorio del tribunal de juicio ingresa en el terreno de la arbitrariedad al contener defectos de fundamentación en función de la evidencia producida durante el debate. Desde ese punto de partida, es incorrecta la conclusión con relación a que los únicos elementos que pueden extraerse de la prueba producida, más allá de la declaración de la víctima, sean “la angustia que advirtió el psicólogo que la trató y los dichos de su hermano, que refirió creerle” , pues, de ambos testimonios es posible extraer más información de utilidad para la resolución del caso.
En efecto, el Licenciado Gastón Mauricio Potrebica, quien entrevistó a M.R.C. en al menos diez ocasiones, incorporó en su declaración información relevante que coincide con el relato de la víctima. Así pues, el profesional declaró que, durante las entrevistas, la joven relató que fue víctima de abuso sexual por parte de su padrastro, que los hechos ocurrieron entre sus trece y diecisiete años; así como que nunca pudo contárselo a su madre y que recién pudo lograr poner en palabras lo sucedido mientras estaba en la escuela. A mayor abundamiento, Gastón Mauricio Potrebica declaró que durante las sesiones, a la hora de relatar estos hechos, M.R.C. se mostraba muy angustiada y experimentaba vergüenza; aspectos que, según el especialista, se encuentran vinculados con las emociones que emergen tranferencialmente en una persona que narra experiencias traumáticas.
En lo que aquí interesa, el especialista menciona que la joven podía hablar, podía especificar y podía contar lo que le había pasado; además de dictaminar que no encontró contradicciones en su relato, lagunas ni dudas, descartando cualquier tipo fabulación y cualquier clase de relato impuesto, de lo cual depuso específicamente durante el debate.
Si bien el especialista aclara que se dedica a la psicología clínica y que no es perito, por lo que, “no pide detalles, ni indaga”, concluir que de su testimonio prestado en juicio y del informe respaldatorio introducido al debate, solo puede extraerse “angustia” , configura, a todas luces, un razonamiento arbitrario, pues omite ponderar de manera integral la información que efectivamente surge de su relato.
En un sentido similar, de la declaración del hermano de la víctima, D.I.C., también se extrae información de utilidad, como por ejemplo, que el acusado solía quedarse solo con su hermana en su casa; que solía realizar comentarios sexuales fuera de lugar y, fundamentalmente, el momento en el cual la víctima le cuenta acerca de los abusos padecidos y sobre el lugar donde se producían (en el sillón y en su pieza), coincidentes con los detalles brindados por la misma en su declaración.
Concluir, en consecuencia, que de su testimonio solo se extrae que el testigo solo refirió creerle a su hermana, resulta un razonamiento sesgado, pues, se aparta del contenido del testimonio que arroja otros datos de relevancia. Es importante destacar que la prueba indirecta de la que naturalmente se sirven las investigaciones realizadas sobre delitos contra la integridad sexual, no tiene como finalidad demostrar de manera estricta la materialidad ilícita de la imputación, sino que, en general, vienen a acreditar aspectos vinculados a ella; por lo cual, el hecho de que ambas declaraciones no constituyan pruebas directas no acarrea, en modo alguno, su relativización.
Otra de las denuncias traídas por el fiscal, desarrollada a propósito del dictamen elaborado por la Fiscal Adjunta de Casación, es la omisión de valorar el material probatorio practicado en el debate con perspectiva de género. Es que, pese a que durante el juicio el fiscal efectuó tal exigencia, de un pormenorizado análisis de la sentencia, no se advierte que el Tribunal haya valorado la prueba desde aquella óptica. En consecuencia, si sometemos al tamiz de la perspectiva de género el razonamiento crítico efectuado sobre el testimonio de la víctima -así como sobre los elementos probatorios, que a criterio del Tribunal, faltaron en el caso-, es posible detectar la existencia de una mirada estereotipada y despojada de las particularidades propias de los hechos juzgados.
Tal como sostuve en la causa causa n° 134034 (“Carragal”. sent. del 3-XII-2024), la aplicación de la perspectiva de género constituye una obligación emanada de los instrumentos internacionales de Derechos Humanos y de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, traducida en el deber -en lo que a los colegas de la instancia precedente y a mi caso respecta-, de valorar y juzgar los hechos desde la óptica de género (art. 7 incs. a, b, e y f de la Convención de Belém Do Pará; art. 2 incs. c, d y e de la CEDAW).
La perspectiva de género -como pauta hermenéutica y directriz convencional- lo que pretende erradicar la utilización de parámetros discriminatorios utilizados en perjuicio de las mujeres, violatorios de los principios de igualdad y prohibición de discriminación conforme lo indican los artículos 16 de la Constitución Nacional, 1 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 26 del Pacto Internacional de Derechos CIviles y Políticos, 2 de la Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y 6 de la Convención de Belém Do Pará.
Históricamente, en muchos casos en los que se juzgaban -y juzgan- hechos cometidos contra mujeres, los estereotipos y prejuicios preconcebidos sobre los roles de género generaban un impacto diferencial al momento de valorar la prueba en comparación con otra clase de hechos, profundizando críticas sobre los estándares probatorios relativos -a propósito de este caso- a la declaración de la víctima mujer. Afortunadamente, la incorporación de la perspectiva de género en el análisis de los casos permite identificar los estereotipos que distorsionan la valoración de la prueba sobre la cual se apoyan las decisiones judiciales.
En este contexto, la Suprema Corte de Justicia ha elaborado recientemente la “Guía de Prácticas Aconsejables para juzgar con Perspectiva de Género”, instando a las y los operadores judiciales a liberarse de los estereotipos de género que vician la sana crítica en la medida en que constituyen prejuicios que se perciben como verdades apodícticas y que sesgan la visión de los juzgadores.
La herramienta hermenéutica para identificar conclusiones basadas en esta clase de estereotipos y lograr, de este modo, la evaluación de la prueba libre de todo perjuicio, no es otra que la perspectiva de género.
Ahora bien, de una lectura de la sentencia sometida a revisión es posible detectar yerros valorativos en el sentido indicado, como por ejemplo, en el razonamiento probatorio relativo al testimonio de la víctima, sobre el cual se sostuvo que: ” ...mantuvo su relato, pero no ahondó en mayores detalles. Muchas veces aclaró que lo que decía era lo que podía recordar (como aclarando la existencia de cierto margen de error), y en otras preguntas directamente refirió no saber”.
Si bien es cierto que el sentenciante aclara que la declaración se practicó frente a cinco hombres, lo cual de alguna manera podría explicar la modalidad del testimonio, omite el tribunal reparar en las particularidades propias del hecho por el cual la víctima fue citada al juicio. No valora que los hechos investigados sucedieron hace más de seis años, cuando la víctima era menor de edad, así como lo traumático que resulta narrar una y otra vez hechos de la especie, circunstancia que, en algunos casos, repercute en ciertas imprecisiones en la memoria.
Desde aquel punto de vista, las múltiples aristas y perspectivas de análisis de los delitos contra la integridad sexual debieron estar presentes en el análisis de la declaración de la víctima en la medida en que impedían exigir que la joven recuerde todos y cada uno de los detalles de los abusos presuntamente acontecidos. Más allá de lo expuesto, en ningún momento se postula -ni siquiera lo hace la defensa- que la víctima haya incurrido en contradicciones o que las omisiones hayan sido sobre aspectos esenciales.
Sumado a ello, el Tribunal le quita peso convictivo a la declaración de la víctima bajo el fundamento de que no ha podido demostrarse si la víctima “fabula, si trae un relato impuesto o si existen indicadores de abuso sexual”.
Sobre esta cuestión, es importante reparar en que la declaración de la víctima no fue introducida al debate por su lectura o reproducción, pues, si bien al momento de los hechos era menor de edad, en ocasión de celebrarse el debate, la misma adquirió la mayoría de edad producto de las demoras sufridas durante el proceso penal. Es decir, la joven brindó su relato conforme a las reglas de la inmediación y fue sometida al examen cruzado de las partes. Pese a ello, en ningún momento se verificó al menos una contradicción en su relato; por el contrario, únicamente se le quitó peso convictivo por determinados detalles que lógicamente no podía recordar y por la ausencia de un dictamen pericial sobre si fabulaba o traía un relato impuesto, pese a que el licenciado Potebrica sí se expidió sobre estos puntos durante su declaración.
Otro de los déficits que exhibe el razonamiento probatorio del tribunal tiene que ver con aquel tramo de la sentencia en donde los jueces, nuevamente le restan peso convictivo a la hipótesis fiscal, argumentando que los dichos de la víctima no fueron acompañados por otros elementos tales como: un testigo presencial o algún testigo que declare sobre conductas similares del imputado observadas por otras personas.
Tal como postula el fiscal en su recurso, exigir la existencia de testigos presenciales en esta clase de delitos cometidos generalmente sin la presencia de otras personas, pues, justamente el agresor suele aprovechar estos escenarios para no ser observado, no es un argumento válido y de ningún modo supera el umbral mínimo de razonabilidad que debe contener una sentencia.
Lo mismo acontece con la exigencia de traer a juicio a un testigo que declare sobre conductas similares cometidas por el imputado, pues, que el acusado no haya cometido el mismo delito contra otras personas -o en realidad, el hecho de que nadie pueda dar fe de ello- no es una premisa válida, y de ningún modo abastece el estándar de logicidad para desechar la hipótesis fiscal.
En efecto, omite el Tribunal que son las características del delito en cuestión, por su propia naturaleza, las que impiden contar con testigos presenciales. Desde esa perspectiva, es imprescindible recordar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que: "...la violación sexual es un tipo particular de agresión que, en general, se caracteriza por producirse en ausencia de otras personas más allá de la víctima y el agresor o los agresores. Dada la naturaleza de esta forma de violencia, no se puede esperar la existencia de pruebas gráficas o documentales y, por ello, la declaración de la víctima constituye una prueba fundamental sobre el hecho” (CIDH, Caso Fernández Ortega y otros vs. México, 2010).
En consonancia con lo expuesto, los artículos 16 y 31 y de la ley 26.485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres consagra el principio de amplitud probatoria -aspecto estrechamente vinculado a la esencia del sistema acusatorio- “teniendo en cuenta las circunstancias especiales en las que se desarrollan los actos de violencia y quienes son sus naturales testigos”.
Por lo demás, la teoría del caso presentada por la fiscalía no incluía tales aspectos, por lo que no resultaba lógico exigir su acreditación. En ningún momento la víctima declara que alguien hubiera presenciado los hechos denunciados o que el imputado hubiese tenido el mismo comportamiento con otras personas ni -por consiguiente- que alguien haya logrado apreciar alguna conducta similar.
En conclusión, las proposiciones fácticas negativas (lo que no se hizo y, en teoría, se debió hacer) enumeradas por el Tribunal, de ningún modo constituyen argumentos válidos para desechar la hipótesis fiscal, pues, no se condicen con el caso concreto y, por ende, no pueden admitirse como fundamentos válidos de la sentencia.
Ahora bien, respecto a los argumentos de los jueces sobre la orfandad probatoria de la acusación vinculada con una “ instrucción evidentemente incompleta” ; así como la imperiosa necesidad de realizar mayores peritajes y exámenes médicos, considero oportuno realizar las siguientes salvedades. Es que por un lado, el fiscal considera que la decisión del tribunal “se aparta totalmente de la realidad” y culpa exclusivamente al tribunal de haber revictimizado a M.R.C., quien -en palabras del acusador- “obviamente se siente defraudada por esta decisión del tribunal”.
En un sentido similar, la Fiscal Adjunta de Casación remarca el deber de la debida diligencia reforzada que el tribunal debió cumplir en razón del género y de la edad de la víctima al momento de los hechos, derivado de la obligación del Estado de inv
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