Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, Sala V · Causa 133608
2001-16773-23
En la ciudad de La Plata se reúnen en Acuerdo Ordinario los señores jueces designados para integrar la Sala V de este Tribunal de Casación Penal, doctores Manuel Alberto Bouchoux y Mario Alberto Kohan, a los efectos de resolver la causa nro. 133.608, caratulada "VARGAS, OMAR EDGARDO S/ RECURSO DE CASACIÓN", conforme al siguiente orden de votación: BOUCHOUX – KOHAN.
I. El Tribunal en lo Criminal Nº 4 del Departamento Judicial Avellaneda-Lanús –con integración unipersonal y mediante trámite de juicio abreviado- resolvió condenar a Omar Edgardo Vargas, a la pena de cuatro (4) años de prisión de efectivo cumplimiento, multa de 45 unidades fijas, accesorias legales y costas con más la declaración de reincidencia, en virtud de resultar autor penalmente responsable de los delitos de comercialización de estupefacientes (Hecho I) en concurso real con tenencia de estupefacientes con fines de comercialización (Hecho II), en los términos de los arts. 40, 41, 45, 55 y 77 del Código Penal, 5 inciso c) de la ley 23.737.
Contra dicho pronunciamiento, el Señor Defensor Oficial, Nicanor Baca Paunero, interpuso recurso de casación, señalando que la resolución en crisis adolece de vicios "in iudicando" e "in procedendo”, esto es, la inobservancia de lo normado en los arts. 1, 106, 210 y 399 del C.P.P. y en especial en los arts. 45 y 77 del Código Penal, 5to, inc. “C” de la ley 23.737, así como el artículo 18 y 19 de la Constitución Nacional y demás normativas concordantes emanadas del Bloque Federal de constitucionalidad incorporados por el art. 75, inciso 22, de la Constitución Nacional, no encontrándose acreditada la materialidad ilícita que le fuera atribuida al causante y por ende, la autoría penalmente responsable, respecto de los hechos imputados.
Predica la atipicidad de la conducta al no haberse logrado abastecer todos los elementos del tipo objetivo de la figura penal imputada, ello con base en la falta de indicación en el peritaje efectuado de dosis umbrales habidas. Agrega que el test de orientación resulta insuficiente para hacer el juicio de tipicidad.
Solicita la operatividad del principio de la duda (art. 1 CPP) y formula reserva del caso Federal.
II. Arribadas las actuaciones a esta sede se expidió el Señor Fiscal Adjunto de Casación, Fernando Luis Galán, quien postuló el rechazo del remedio incoado.
Cumplimentadas así las vistas correspondientes y, encontrándose la causa en estado de dictar sentencia, se acordó plantear y resolver las siguientes.
Primera: ¿Es procedente el recurso interpuesto?
Segunda: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el señor Juez, BOUCHOUX, expresó:
I. El sentenciante consideró debidamente probado la siguiente materialidad ilícita: Hecho I: “Que desde fecha indeterminada, pero al menos desde el día 10 de agosto del corriente año, una persona de sexo masculino, identificado Omar Edgardo Vargas apodado "El negro" se encuentra comerciando con sustancias estupefacientes de uso prohibido, en modalidad menudeo y haciendo de ello su actividad comercial habitual, desde el domicilio sito en la calle Magdalena n° 2684 de Lanús Este. Es así que en fecha 12 de septiembre de 2023, siendo aproximadamente las 16.40 horas, Omar Edgardo Vargas alias "el negro" le vendió a Diego Gastón Castillo, un envoltorio de nylon negro anudado conteniendo una sustancia amarillenta, la que sometida a test de orientación y pesaje resultó positivo para clorhidrato de cocaína en un guarismo de 0.25 gramos; en fecha 15 de septiembre de 2023, siendo aproximadamente las 16.20 horas, Omar Edgardo Vargas alias "el negro" le vendió a Lucas Omar Cruz, un envoltorio de nylon transparente anudado conteniendo una sustancia amarillenta, la que sometida a test de orientación y pesaje resultó positivo para clorhidrato de cocaína en un guarismo de 0.14 gramos. Asimismo, en fecha 2 de octubre de 2023, siendo aproximadamente las 18.50 horas, Omar Edgardo Vargas alias "el negro" le vendió a Matías Ezequiel Muñoz, un envoltorio de nylon negro anudado conteniendo una sustancia amarillenta, la que sometida a test de orientación y pesaje resultó positivo para clorhidrato de cocaína en un guarismo de 0.19 gramos.”
Hecho II: “Que en fecha 1 de noviembre del año 2023, siendo aproximadamente las 18.30 horas, efectivos de la Policía Bonaerense, en cumplimiento de la orden de allanamiento dispuesta por el Sr. Magistrado Titular del Juzgado de Garantías n° 4 Departamental en el marco de la IPP 20-01-16773-23, irrumpió en el domicilio sito en calle Magdalena n° 2684 de Lanús Este, morada de Omar Edgardo Vargas alias "El Negro", siendo que tras la requisa se constató que el nombrado tenía en su poder y con inequívocos fines de comercializar, sustancias estupefacientes de uso prohibido, siendo las siguientes: en el dormitorio del mencionado, sobre la mesa de luz, la cantidad de 91 envoltorios de nylon color negro conteniendo sustancia pulverulenta y blanquecina, en un segundo dormitorio, 2 envoltorios de similares características y con la misma clase de sustancia, las que sometida a test de orientación y pesaje arrojaron resultado positivo para clorhidrato de cocaína en un guarismo total de 32.7 gramos" .
II. Analizado el legajo puede advertirse que las partes decidieron someter el presente caso al procedimiento de juicio abreviado y que acordaron como hipótesis de máxima que la calificación del caso sería de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización con una pena de cuatro años de prisión y el mínimo de la multa. En función de ello, estimo necesario realizar algunas consideraciones en orden a la naturaleza de este procedimiento y su impugnación ante esta instancia.
Corresponde inicialmente recordar que nuestro máximo tribunal ha dejado en claro la plena vigencia del derecho a la revisión judicial de la condena en este tipo de juicios, indicando expresamente que debe descartarse que en estos casos el pronunciamiento constituya “un mero acto homologatorio de lo convenido por el imputado, su defensa y el representante fiscal”, añadiendo además que “la sentencia del juicio abreviado no puede hallarse exenta de la debida motivación y, por ende, tampoco es posible predicar a su respecto la ausencia de revisión” (S.C.B.A., P.90327, sent. del 1-III-2006, voto del juez Soria).
En similar sentido, se ha sostenido acertadamente que “el hecho de que el imputado y su defensa prestara su conformidad para la celebración del juicio abreviado, renunciando a la realización del juicio oral y público, no implica que el sentenciante deba desentenderse de las obligaciones republicanas que impone no sólo la manda constitucional sino también la regulación del artículo 371 del ritual, en punto a que debe dar las explicaciones necesarias que permitan comprender cómo arriba a la solución pronunciada, de manera tal que la sentencia, es decir, el acto procesal mediante el cual se materializa el poder punitivo del estado, goce de la correspondiente autosuficiencia” (Sala III de este Tribunal, c. 42130, voto del Juez Carral, sent. 16-IX-2010).
Partiendo de ese marco de análisis, el procedimiento abreviado supone entonces que el imputado renuncie nada menos que a su derecho a ser juzgado en un juicio oral. Ello conlleva también permitir un fallo derivado de un procedimiento sin contradicción y, particularmente, implica renunciar al derecho a la confrontación de los testigos de cargo (8.2.f CADH; 14.3.e PIDCP), consintiendo la posibilidad de generar convicción de culpabilidad a partir de elementos probatorios sustentados en testimonios de personas que no declaran ante el juez que debe decidir sobre los hechos, que en ocasiones ni siquiera lo hacen en sede judicial, y que no son sometidos a la exigencia del examen cruzado de las partes. Obviamente, todo ello sólo puede admitirse en tanto tal vía sea adoptada voluntariamente por el imputado a partir del asesoramiento recibido por su defensa técnica.
En ese contexto, y si bien la verdad judicial derivada de un proceso penal siempre resulta en cierto sentido limitada por las propias posibilidades de reconstrucción histórica que permite el juicio oral, tratándose del procedimiento abreviado, la ausencia de inmediación, contradicción y examen cruzado de testigos, ofrece un escenario más rudimentario, habilitando legalmente el dictado de un pronunciamiento -eventualmente- condenatorio derivado de una reconstrucción fáctica signada por una mayor cuota de precariedad, derivada de la ausencia de un litigio pleno.
Claro que el particular procedimiento abreviado instaurado en nuestra provincia no requiere la admisión de los hechos por parte del imputado. En esto se diferencia de otros sistemas provinciales, del procedimiento previsto específicamente para el debate oral en los juicios correccionales (art. 378 C.P.P., que habla específicamente de confesión) y del propio sistema inicial de la ley 11.922 (cf. art. 399 texto original) que sí preveía la admisión de los hechos y participación del imputado, y que fuera modificado antes de su entrada en vigencia por la ley 12.059. Esta decisión legislativa parece acertada, por cuanto todo juzgamiento penal que gire en torno a la confesión del imputado, aún enmarcado en un sistema procesal moderno y con una etapa de juicio adversarial, tiene un sospechoso aroma inquisitivo.
En nuestro sistema, la conformidad prestada por las partes implica aceptar como objeto de juzgamiento una hipótesis fáctica -el hecho materia de acusación-, su significación jurídica y el tope punitivo pactado, y -como acertadamente ya se ha dicho- la sentencia dictada no tiene naturaleza homologatoria, y debe fundarse en las evidencias legítimamente producidas durante la investigación (cf. C.81762, Sala IV de este Tribunal, voto del Juez Kohan, sent. del 16-V-2017), las que deberán valorarse según las reglas de la sana crítica con expresión de las razones que motivan la decisión (art. 210 y 371 del C.P.P.).
Vale señalar que durante la instrucción y hasta el momento de pactar el acuerdo la defensa contó con amplias facultades para peticionar y producir prueba relacionada a las características de la sustancia estupefaciente incautada. Sumado a ello, al suscribir el acuerdo sustrajo el caso del juicio oral en el cual podría, al menos, haber contra examinado el testimonio de los peritos que desarrollaron la experticia y a partir de ello apalancar su teoría del caso.
Que lo antes dicho, resulta de un análisis sistémico de la propia regulación legal, que en el caso del juicio abreviado criminal, habilita expresamente la vía casatoria para impugnar la decisión, pero a la par establece un procedimiento también abreviado en esta instancia, que se traduce esencialmente en que el fallo se dicta sin previo debate oral y que sus fundamentos se expresan sintéticamente (arts. 464 inc. 2 y 465 del C.P.P.). En función de lo dicho en el punto anterior, abordaré los planteos de la parte con el alcance allí indicado.
III. Con el objeto de practicar un correcto análisis y evaluar los planteos deviene necesario tomar como punto de inicio las imputaciones que le fueran dirigidas al Sr. Vargas de comercialización de estupefacientes y tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.
A.- Que respecto del hecho I en el cual el imputado fue condenado por el delito de comercialización de estupefacientes habré de hacer lugar al agravio de la defensa.
En esta dirección, sin bien el recurrente no distingue sus agravios según cada uno de los hechos en la medida en que los considera aplicables a ambos por igual, el estudio del legajo permite afirmar en relación al hecho I, que la crítica sobre la suficiencia del test orientativo a los efectos de tener por acreditada la existencia de material estupefaciente resulta atendible.
La compulsa de la causa y en particular la pericia química, el acta del allanamiento y las actuaciones vinculadas a las tres diligencias de comprador previo hacen posible advertir que el único material sobre el que se practicó la pericia química fue el secuestrado durante el allanamiento, mientras que respecto del secuestrado a los compradores previos sólo se practicó el test orientativo cuyo resultado fue positivo.
Sobre este punto, puede señalarse que el test orientativo junto con otros elementos probatorios puede abastecer, según el caso, estados de convicción en los magistrados que habiliten el avance de la investigación e incluso el dictado de medidas de coerción. Sin embargo, no puede predicarse lo mismo sobre la certeza que debe ser alcanzada para el dictado de una sentencia condenatoria en la medida en que los tests orientativos, como su nombre lo indica, sólo brindan una información aproximada y preliminar que indica que la sustancia "probablemente" contiene principios activos de un tipo de estupefaciente, pero no determina fehacientemente la naturaleza de la sustancia en la medida en que los resultados de los tests son aproximativos y los reactivos pueden dar positivo a una serie relativamente extendida de sustancias.
La caracterización de la capacidad probatoria limitada de los resultados de los test orientativos y la consiguiente necesidad de practicar estudios complementarios más específicos se derivan del decreto 858/2011 mediante el cual se dispuso la adopción y uso del Manual para Uso de Laboratorios Nacionales de Estupefacientes, de la División Estupefacientes de Naciones Unidas ( https://www.unodc.org/documents/scientific/Rapid_Testing_Methods_of_Drugs_of_Abuse_S.pdf ), definición legal que con escasas variaciones en lo que aquí interesa, se mantuvo a partir de las resoluciones del Ministerio de Seguridad de la Nación 1275-E/2017 y 21/2023.
De acuerdo a lo que se viene señalando, un resultado positivo debe dar paso a la realización de análisis o estudios confirmatorios, que en el caso no fueron practicados respecto del material secuestrado en el hecho I e impiden en consecuencia validar la certeza alcanzada por el a-quo respecto de la acreditación de la comercialización.
En función de lo expuesto, propondré al acuerdo casar la sentencia y absolver al Sr. Vargas respecto del delito de comercialización de estupefacientes. Sin perjuicio de ello, y teniendo en cuenta el desarrollo que realizaré a continuación sobre la tenencia con fines de comercialización, estimo que aún casando parcialmente la sentencia, el injusto reprochado al imputado sigue siendo de importante gravedad y en consecuencia la pena impuesta -mínimo legal- mantiene su proporcionalidad y razonabilidad.
B.- Respecto del hecho II, analizados los argumentos del recurrente se impone adelantar que el núcleo del asunto radica en la interpretación y alcance que debe asignarse al tipo penal aplicado al caso, tomando en cuenta su condición de delito de peligro y a partir de allí considerar si la caracterización realizada por el a-quo del concepto de estupefaciente y la valoración de la prueba resulta ajustada al marco normativo concreto que gobierna el caso.
Para comenzar diré que la categoría “bien jurídico” funge como el continente de valores estructurales para nuestra comunidad, y su función radica en ser paralelamente una guía y un límite para el legislador primero -y los magistrados luego- a la hora de ordenar y seleccionar las conductas que considera más graves y con mayor entidad para afectar ese bien jurídico, sea mediante su lesión o su puesta en peligro.
La definición de la salud pública, no resulta una tarea sencilla en la medida en que se presentan desafíos que hacen a la propia categoría de bien jurídico, a una relativa falta de desarrollo en la regulación original del derecho a la salud en la carta magna, a la ubicación sistemática del mismo dentro del código penal como integrante del título VII de delitos contra la seguridad pública y la particularidad de la regulación de la materia de estupefacientes.
Así, aun dejando de lado la razón histórica que llevó a la proliferación de los bienes jurídicos supraindividuales en función de la evolución del diseño de las estructuras estatales, los procesos productivos y sociales, la salud pública puede definirse como un interés supraindividual, de titularidad colectiva y de naturaleza difusa en la que la garantía de acceso social a determinadas prestaciones básicas en el contexto de los servicios de salud se ubica en el núcleo y que sin poder ser confundida, subsumida o determinada por la salud individual, sí puede encontrar conexiones con aquella que deben, evaluarse a partir de los tipos penales y los casos concretos.
En esta dirección, si bien es útil y metodológicamente correcto realizar un esfuerzo teórico por definir el ámbito conceptual del bien jurídico salud pública de manera general, lo cierto es que los distintos tipos penales establecidos por el legislador revelan maneras concretas y particulares de lesión o puesta en peligro del mismo que posibilitan conocer las formas de afectación y las fronteras del ámbito de lo prohibido.
Siguiendo este sendero, se impone señalar que la tenencia con fines de comercialización puede ser caracterizada como un tipo de tendencia interna trascendente y resultado recortado. Ello, puesto que el núcleo de la acción prohibida es tener y aquella tenencia debe encontrarse orientada al comercio del estupefaciente. Sin embargo, el tipo penal no exige actos concretos de comercio, bastando simplemente con que el sujeto activo tenga el material prohibido y se pueda acreditar la ultraintención comercial prevista por la ley.
En ese orden, si ubicamos la propagación del hábito de consumo de estupefacientes como unos de los peligros conjurados por la norma en cuestión y advertirnos que en caso concreto, las tareas de inteligencia realizadas durante la instrucción dieron cuenta que al domicilio del Sr. Vargas llegaban múltiples sujetos que realizaban actos compatibles con la compra de estupefacientes y que en tres de esas ocasiones se practicó la denominada diligencia de comprador previo, con resultados positivos del test químico de orientación, podemos afirmar que el impacto sobre un conjunto indeterminado de personas se encuentra sobradamente acreditado.
Así las cosas, más allá de que la noción de salud pública pueda integrarse y matizarse con aspectos que refieren a la salud individual en la medida en que estas notas se encuentren presentes en algunas tipificaciones, lo cierto es que el legislador al construir el tipo bajo estudio lejos de exigir una lesividad individual o conectada con un consumidor concreto, demanda una lesividad macro, general y subjetivamente indeterminada con entidad ex ante de afectar la salud pública.
La circunstancia antes referida fue efectivamente acreditada, en tanto se practicó una pericia química sobre un muestreo válido del material secuestrado (conf. resol. del Ministerio de Seguridad 858/11) arrojando el examen cualitativo la presencia de cocaína en cada una de las muestras analizadas conforme el protocolo de actuación. Cuestión que proyectada sobre la totalidad de los 32,7 gramos -fraccionados en 91 envoltorios- de estupefaciente secuestrado permite tener por verificado el peligro de lesión requerido por la figura legal.
Vale señalar que a partir del año 1963, en el que la argentina ratificó la Convención Única de Estupefacientes de Naciones Unidas sancionada en 1961, adhirió instrumentalmente al sistema de listas creado por aquel instrumento internacional en el cual se ordenan las sustancias sujetas a fiscalización según los niveles de adicción que generan, la probabilidad de que se les asigne un uso indebido y la mayor o menor utilidad medica o científica de las mismas. La cocaína fue incluida desde el inicio en la Lista I en la que se encontraban las sustancias más adictivas y sujetas al control más estricto, aún con anterioridad a que contáramos en el ámbito local con una definición de estupefaciente.
Este marco normativo internacional sin perjuicio de ser actualizado en el año 1971, 1972 y 1988 mantuvo s
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.