Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, Sala V · Causa 135061
0200-10219-20
En la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires, sede de la Sala Cinco del Tribunal de Casación Penal, se reúnen en acuerdo ordinario los señores jueces Manuel Alberto Bouchoux y Daniel Alfredo Carral , a efectos de resolver en la causa nro. 135.061 caratulada "SANABRIA SILVANA VALERIA ISABEL S/ RECURSO DE CASACION” , conforme al siguiente orden de votación: BOUCHOUX - CARRAL.
I. La Sala II de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del departamento judicial Bahía Blanca (en el legajo 25447/II de su registro) resolvió, en el marco de un recurso fiscal, revocar la libertad condicional otorgada por el Juez de ejecución en favor de Silvana Valeria Isabel Sanabria.
II. Contra dicha decisión, el Defensor Oficial del penado, Carlos Carnevale, articuló el presente recurso de casación.
Manifiesta el letrado que su recurso es admisible en los términos del art. 450, último párrafo, del CPP y afirma que la intervención de esta Sede se impone a fin de garantizar el doble conforme.
Asimismo, sostiene que lo decidido causa a su pupila un gravamen irreparable, por cuanto importa su privación de libertad.
Aduce que el caso involucra cuestiones de índole federal, por vincularse con el derecho de defensa (art. 18, CN), con el debido proceso (art. 33, CN) y con principios constitucionales como el de igualdad y razonabilidad; al tiempo que también se vincula con el principio de progresividad de las penas y el fin resocializador de las mismas.
Postula que la resolución impugnada resulta arbitraria toda vez que la Cámara no efectuó un análisis racional para determinar la constitucionalidad del art. 14 del Código Penal, en función del cual se sustentó la revocación de la decisión de primera instancia que otorgó libertad condicional a Sanabria.
En ese sentido, informa que su defendida fue incorporada al instituto de libertad condicional por parte del Juzgado de Ejecución Penal N° 2 de Bahía Blanca. En dicha ocasión, el magistrado interviniente ponderó la vida institucional de la penada, su conducta, su desempeño y avance en la vida intramuros, así como la opinión de favorable por parte del Departamento Técnico Criminológico, su participación en cursos de la Universidad Nacional del Sur, su tratamiento en el grupo terapéutico de consumo problemático, su participación en el Taller Literario y los aspectos favorables emergentes de los informes psicológicos y ambientales. Ante todo ello, el sentenciante declaró la inconstitucionalidad del art. 14 del CP, en cuanto establece la imposibilidad de acceder a la libertad condicional en función del delito cometido.
Continúa el recurrente considerando que, para revocar la decisión de grado, la Cámara se limitó a expresar su opinión abonando la validez constitucional del art. 14 del CP. Arguye entonces que se hizo un análisis abstracto del caso, es decir, se determinó la constitucionalidad de la norma en relación al delito genérico, sin efectuar un análisis particularizado que tuviera en cuenta las características del tránsito intramuros de Sanabria.
Plantea, entonces, la inconstitucionalidad del art. 14 del CP por resultar contraria a los principios de resocialización, igualdad, legalidad, culpabilidad y proporcionalidad (arts. 16, 18, 28 y 75 inc. 22 C.N.; arts. 1, 5.6, 8, 24, 25 y 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; art. 10.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos).
En síntesis, afirma que el impedimento del art. 14 del Código Penal coarta cualquier posibilidad de reinserción social de las personas penadas, por exclusiva naturaleza del delito que taxativamente enumera, con total prescindencia de la evolución personal y esfuerzo que la persona demostrara a lo largo de la ejecución de la pena. Además, se impide la progresividad, en clara vulneración al principio de igualdad y razonabilidad.
Finalmente, solicita que se case la resolución impugnada y se mantenga la resolución del Juez de primera instancia, mediante la cual se otorgó la libertad condicional a Silvana Valeria Isabel Sanabria.
III. Asignado el recurso por prevención para el conocimiento de esta Sala, se notificó a las partes. En tal oportunidad la Fiscal Adjunta de Casación, abog. Daniela Bersi, dictaminó en sentido adverso a la pretensión incoada.
IV. En lo que atañe a la observancia de la Ley 15.232 de Víctimas, atento al delito involucrado no corresponde su aplicación.
V. Cumplidos los trámites de rigor, la causa se encuentra en condiciones de ser resuelta, por lo que los jueces decidieron plantear y votar las siguientes
Primera: ¿Es admisible y, en su caso, procedente el recurso de casación interpuesto?
Segunda: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión, el señor Juez Bouchoux dijo:
I. Inicialmente es dable señalar que, tratándose de resoluciones que, como la aquí impugnada, deniegan o limitan la libertad personal, se impone la necesidad de un doble conforme, con base en el derecho al recurso previsto en los artículos 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, con el alcance asignado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en tanto lo extiende a todos los autos procesales importantes (C.I.D.H, informe N° 55/97).
Asimismo, el artículo 450 del CPP contempla estos supuestos como resoluciones recurribles -y específicamente refiere a la etapa de ejecución-, de modo que deben entenderse como equiparables a sentencia definitiva a la hora de decidir sobre su admisibilidad. Por lo demás, la materia en análisis -denegatoria de libertad- genera un gravamen que potencialmente exige una tutela inmediata por la imposibilidad de una eficaz reparación ulterior.
Dicho lo anterior, la regla del tercer párrafo del artículo 450 del CPP debe ser interpretada en tanto habilitación legal para que este Tribunal intervenga en aquellos casos en los que la alzada de garantía revoque la decisión de primera instancia, o bien en supuestos en los que -aun cuando exista el doble conforme- se advierta un agravio de naturaleza federal, sea por discutirse el contenido y alcance de una norma constitucional o bien porque se presente una situación de arbitrariedad manifiesta, entendiendo por tal aquella que suponga una omisión o desacierto de gravedad extrema que descalifique el pronunciamiento como acto jurisdiccional (Fallos 250:348 entre muchos otros).
En tal sentido, el recurso bajo examen es admisible en esta instancia, pues la defensa impugna una resolución de Cámara adversa, que revocó una decisión anterior favorable a la penada vinculada a su libertad. Ello determina que se imponga la necesidad de revisar lo decidido.
II. Convocado a decidir, habré de analizar inicialmente la procedencia material del instituto, en tanto de no verificarse las condiciones para el otorgamiento de lo solicitado, sería innecesario evaluar el planteo constitucional.
a. Atento a los términos en que la defensa efectúa su petición (libertad condicional), corresponde constatar si la penada cumple con las exigencias del art. 13 del CP.
De la lectura de las actuaciones, se desprende que Silvana Valeria Isabel Sanabria fue condenada, según hechos acaecidos entre el 1 y el 13 de agosto de 2021, como autora penalmente responsable del delito tenencia de estupefacientes con fines de comercialización en los términos de los artículos 45 del Código Penal y 5° inciso c) de la ley 23.737, a la pena de cuatro (4) años de prision y multa de cuarenta y cinco (45) unidades fijas; pena cuyo vencimiento operará el 12 de agosto de 2025.
En detalle, la materialidad ilícita del hecho enrostrado consistió en " haber tenido en su poder, con fines de comercialización en dosis fraccionadas destinadas a potenciales consumidores, la cantidad de 140 gramos de una sustancia que arrojó resultado positivo para la presencia de cocaína, fraccionada en 58 envoltorios de nylon de distinto tamaño, la que fue incautada por personal de la Comisaría Séptima de Bahía Blanca, en el marco de la diligencia dispuesta por la Sra. Juez a cargo del Juzgado de Garantías Nº 4 de esta ciudad, Dra. Marisa G. Promé, en la IPP 10219-20, la que tuviera lugar el día 13 de agosto de 2021,a partir de las 00,50horas, en su residencia de calle Beruti 645, de esta ciudad. La sustancia estupefaciente en cuestión se encontró distribuida de la siguiente manera: en un mueble de su dormitorio, dentro de una cartera de color negra con detalles grises, fueron habidos un estuche con dos cajas de atados de cigarrillos y cajas de distintos medicamentos, donde se resguardaban 53 envoltorios de tamaño homogéneo (tipo bochitas) conteniendo cocaína y otros 2 envoltorios más grandes, con la misma sustancia, en presentación más compacta. Asimismo, en la misma habitación, dentro de un neceser de color rosa con tachas, se hallaron otros 3 envoltorios de nylon de tamaño mediano con cocaína" (cfr. sentencia condenatoria del 27/6/2023 , dictada por el Tribunal en lo Criminal n° 3 de Bahía Blanca en la causa 1396/22 oi 3470).
Así las cosas, cumplido el requisito temporal, la defensa solicitó la incorporación de su asistida al instituto de libertad condicional, que fue otorgado por el juzgado de grado atento a que los informes criminológicos recabados al efecto habían resultado favorables.
En ese sentido, surge de lo informado por el SPB que Sanabria posee conducta "ejemplar diez (10)" y concepto bueno, sin registrar sanciones disciplinarias. Que no posee antecedentes penales. Que se encuentra alojada en el régimen semiabierto de detención, modalidad amplia; registra participación en las áreas educativa, laboral, de talleres y de formación técnica y oficios; recibe visitas periódicamente; ha ofrecido como domicilio para sus egresos la residencia de su hija -donde usufructuara con anterioridad las salidas transitorias-; y recibe asistencia psicológica y psiquiátrica. Todo lo reseñado, determinó que el DTC emitiera un pronóstico favorable para el otorgamiento de la libertad condicional pretendida.
A partir de ello, el Juzgado de Ejecución N°2 de Bahía Blanca otorgó la libertad condicional a Silvana Valeria Isabel Sanabria.
Por su parte, la Cámara, mediante el pronunciamiento aquí impugnado, revocó lo decidido en grado limitándose a consignar que, en función de la calificación legal del hecho y el contenido del art. 14 inc. 10 CP, no era posible el otorgamiento del instituto. De ese modo, los camaristas se pronunciaron por la constitucionalidad de la referida norma, considerando que ella no importaba privar a la interna del acceso a otros mecanismos de atenuación paulatina del encierro y no afectaba el fin de reinserción social de la pena.
Entonces, observo que la Cámara rechazó la libertad pretendida en base a la limitación legal que entendió válida, sin que la evaluación administrativa y judicial de la conducta de la requirente recibiera objeción alguna por parte de la alzada al tratar el recurso de apelación interpuesto por el agente fiscal.
No sobra señalar que, más allá de que ni el legajo criminológico ni la evaluación de la conducta llegan cuestionados, comparto las consideraciones y conclusiones realizadas por el Juez de Ejecución sobre el cumplimiento de los reglamentos carcelarios y la prognosis de Sanabria.
b. Superado el análisis sobre la procedencia del instituto solicitado, toca analizar si la aplicación del art. 14 inc. 10 del CP supone, en el caso concreto, un conflicto con la normativa que integra el bloque de constitucionalidad por desajustarse a las específicas circunstancias particulares de la condenada en términos de su desempeño intramuros y el resultado de las propuestas tratamentales por las que ha transcurrido durante su tiempo de encierro.
En este sentido, habré de señalar que las normas de las que derivan los lineamientos sobre el proceso de ejecución de las penas son de orden constitucional y convencional, superior al orden legal en el que se encuentra regulado el art. 14 inc. 10 C.P., y por esa razón será esta norma la que deberá analizarse en el caso concreto a la luz del bloque constitucional (arts. 1, 14, 16, 18, 28, 31, 33, 75 y 121 C.N.; 1, 5.6 C.A.D.H.; 10.3 P.I.D.C.P.; 1, 2, 3, 10, 11, 20, 30, 56 y 57 Const. Pcia. Buenos Aires; 1 y 2 ley 24.660; y 1, 4 y 5 ley 12.256).
El Estado Argentino ha decidido en ejercicio de su propia soberanía política ser parte de un sistema internacional y regional, que en el plano de los derechos humanos y en particular relación con la problemática penal, derivó en la suscripción de distintas convenciones que luego de la reforma constitucional del año 1994 adquirieron jerarquía constitucional, entre ellas se destacan -en lo que ahora interesa- la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
La adopción de tales convenciones implica el deber y responsabilidad de los magistrados de velar por el cumplimiento de las disposiciones de origen convencional evitando que disposiciones de rango inferior desnaturalicen los objetivos y fines de aquella, que en definitiva son compromisos asumidos por el Estado ante sus ciudadanos y la comunidad internacional (Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso "Almonacid" -26-IX-2006).
Dicho esto, no debe olvidarse que el análisis de la constitucionalidad de una norma legal es una de la más delicadas funciones que tienen los tribunales de justicia, en tanto la tacha de invalidez de una ley debe ser utilizada como última ratio, debiendo recurrirse a ella solo en casos de estricta necesidad (C.S.J.N., Fallos 260:156, 286:76, 288:325; 300:241, entre otros).
Derivación de lo expuesto es que aún cuando el intérprete -en el caso, el juez penal- pueda mantener un desacuerdo valorativo o vinculado a la conveniencia político criminal de una norma, obviamente ello no puede traducirse en la invalidación de la ley, por cuanto hay una considerable distancia entre aquel desacuerdo y el ineludible ejercicio del control de constitucionalidad que impone nuestra Constitución.
b. i. Ingresando a la cuestión que nos ocupa, en materia de ejecución penal las competencias legislativas entre nación y provincias son concurrentes, conforme la interpretación -que comparto- postulada por nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación (cf. fallo Vertbisky, sent. 4-V-2005).
En el mismo sentido se pronunció este Tribunal de Casación en el Plenario “Altamirano”–causa N° 63.610 “Altamirano, Facundo Ezequiel s/ Recurso de Casación”- del 4 de noviembre de 2014, al afirmar que la ley 24.660 es la ley marco en materia de ejecución penal, con la finalidad de mantener el principio de igualdad ante la ley estipulado en el art. 16 de la Constitución Nacional; sin perjuicio de lo cual, cada provincia puede, en su legislación local, ampliar el marco de derechos por encima del piso mínimo establecido en la ley nacional.
Sentado ello, como se señaló en el acápite anterior, la condenada ha cumplido en el caso concreto con las condiciones legales que -por fuera de la prohibición del art. 14 inc. 10 del C.P.- le permiten acceder al instituto de la libertad condicional, de modo que la norma en análisis aparece como el único obstáculo legal dirimente, lo que impone analizar si tal prohibición es compatible con la normativa constitucional mencionada.
En otras palabras, corresponde aquí resolver en torno a la constitucionalidad -o no- del artículo 14 inc. 10 del Código Penal en relación al caso concreto, en cuanto impide conceder la libertad condicional a los condenados por los delitos previstos en los artículos 5, 6 y 7 de la Ley 23.737. Especificando un poco más, resulta que Sanabria fue condenada como autora penalmente responsable del delito tenencia de estupefacientes con fines de comercialización (arts. 5 inc. c -segundo supuesto- y 34 inc.1 de la ley 27.737, conforme modificación de la ley 26.052 y adhesión del art. 1° ley provincial 13.392).
El análisis entonces se refiere a la compatibilidad constitucional de la limitación de la libertad condicional para la figura de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, en el caso destinados al consumo (narcomenudeo), en relación a la normativa derivada de nuestro plexo constitucional. Es decir, se impone decidir si tal limitación legal es armonizable -en el caso en estudio- con el art. 16 de la Constitución Nacional y los arts. 5.6 de la C.A.D.H y 10.3 del P.I.D.C.P, en cuanto establecen -estos últimos- que la finalidad de la pena privativa de la libertad en nuestro ordenamiento jurídico debe propender a la readaptación social de los condenados.
Ingresando -apenas- al análisis sobre el fundamento y finalidad de la pena, que excede por mucho la interpretación y aplicación del derecho positivo, entiendo que esta obligación convencional no impide que pueda concebirse otra finalidad adicional para la privación de la libertad de los condenados -en términos de prevención general y especial-, pero lo cierto es que -por decisión constitucional- su readaptación social (así refiere la normativa de jerarquía constitucional la llamada prevención especial positiva) deberá estar presente como un imperativo del actuar estatal en la materia.
Sintetizando, debemos confrontar la norma cuestionada (art. 14 inc. 10 del C.P. en relación con el art. 5 inc. c -segundo supuesto- de la ley 23.737), con las disposiciones constitucionales que establecen el principio de igualdad (art. 16 CN) y el de readaptación social (arts. 5.6 C.A.D.H. y 8.3 P.I.D.C.P.) y analizar si la situación concreta (el caso) exige invalidar la normativa legal para garantizar el cumplimiento de la obligación constitucional.
b. ii. Al analizar el art. 14. inc. 10 del C.P. en relación con el art. 5 inc. c -segundo supuesto- de la ley 23.737, debemos reparar en que la escala penal va de cuatro a quince años de prisión -traducida en el caso en la imposición de una pena de cuatro años-, a lo corresponde añadir que los casos de competencia provincial revisten -en principio- menor entidad en comparación con los de tráfico que se mantienen en el ámbito de aplicación federal por referirse al último eslabón de la cadena ilícita, sin que sobre señalar -aunque no resulte decisivo para decidir el caso- que se trata de un mínimo legal especialmente problemático (cf. c.133.185., sent. del 3-XII-2024).
La prohibición del art. 14 inc. 10 deriva de la reforma establecida por ley 23.735 (B.O. 28-VII-2017), que avanzó mucho más en relación con las limitaciones establecidas por ley 25.892, que había incorporado restricciones a la libertad condicional -que ya recaía sobre los reincidentes-, para los autores de los delitos tipificados en los artículos 80 inciso 7º, 124, 142 bis, anteúltimo párrafo, 165 y 170, anteúltimo párrafo, todas ellas disposiciones que prevén supuestos de homicidios.
Entonces, el catálogo de prohibiciones de la nueva legislación (ley 27.735) se aleja del texto -y los antecedentes del debate parlamentario- de la ley 25.892, que ponía el énfasis en la entidad y gravedad de los delitos respecto de los cuales se impedía el acceso a la libertad condicional, y que entonces permitía y permiten un análisis de razonabilidad distinto.
En efecto, entiendo acertada aquella jurisprudencia que postula que la garantía de igualdad exige que concurran razones objetivas de diferenciación que no merezcan tacha de irrazonabilidad (Fallos 302:484 y 313:1638), porque es cierto que ello determina alguna base válida para la distinción adoptada.
Si se mira el nuevo catálogo (ley 27.735) el baremo de la gravedad ha sido dejado de lado y, entonces, la distinción se hace más compleja, de modo que se presentan además del supuesto legal aquí analizado otros que merecen un examen distinto. Algunos de ellos son especialmente problemáticos (segundo supuesto del inc. 5, referido al 166 inciso segundo, 2° párrafo), aspecto sobre el que no corresponde profundizar ahora. En cambio hay otros supuestos en los que la razonabilidad de la prohibición aparece aceptabl
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