Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, Sala V · Causa 93188
26589-17
c. 93.188
En la ciudad de La Plata, se reúnen en acuerdo ordinario los señores jueces designados para integrar la Sala V de este Tribunal de Casación Penal, Manuel Alberto Bouchoux y Mario Eduardo Kohan a los efectos de dictar sentencia en la causa N° 93.188 caratulada “B. O. A. y G. C. I. s/recurso de casación” , conforme al siguiente orden de votación: BOUCHOUX - KOHAN.
I. Con fecha 3 de septiembre de 2018, el Tribunal Criminal n°1 del Departamento Judicial de La Matanza condenó a O. A. B. y C. I. G. a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas, por resultar coautores penalmente responsables de los delitos de homicidio criminis causae en concurso real con robo agravado por el uso de arma de fuego; y a O. A. B. por resultar, además, autor penalmente responsable del delito de portación ilegal de arma de fuego de uso civil en concurso material (arts. 45, 55, 80 inc. 7, 166 inc. 2, segundo párrafo y 189 bis inc. 2 tercer párrafo, CP).
II. El 11 de junio de 2020, esta Sala –con otra integración– resolvió, por mayoría, rechazar el recurso de casación impetrado por la defensa oficial de los acusados y confirmar la sentencia dictada por el Tribunal Criminal n°1 de La Matanza.
III. Posteriormente, en fecha 3 de junio de 2024, se pronunció la Suprema Corte de Justicia en la causa P. 137.543-RC, "B., O. A. Y G., C. I. s/ recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 93.188 del Tribunal De Casación Penal, Sala V". En aquella oportunidad, el máximo tribunal bonaerense estableció que al momento de resolver el recurso de casación interpuesto contra la sentencia definitiva, este Tribunal incurrió en un deficitario examen de los agravios introducidos por la defensa en aquella oportunidad. Consideró, en consecuencia, que la respuesta brindada por este Tribunal fue genérica y sin hacer pie en los concretos planteos de la parte vinculados con la declaración del testigo Maffuche y a la ausencia de otros elementos probatorios de entidad suficiente para acreditar la participación de sus asistidos en el hecho bajo juzgamiento.
Desde ese norte, citó lo expuesto por el juez Carral, quien en aquella oportunidad, en su voto en disidencia, argumentó que los planteos de la defensa contra el testimonio del testigo Maffuche eran de vital importancia al constituir aquella pieza procesal la principal fuente de prueba sobre la que se ha justificado la responsabilidad de O. A. B. y C. I. G..
En ese marco de análisis, señaló que la mera reproducción de los fundamentos brindados en la instancia anterior, sin abordar los embates llevados por la asistencia técnica de los acusados, no satisface el estándar de revisión amplia de la sentencia condenatoria, advirtiendo que el fallo recurrido prescindió de dar una respuesta adecuada conforme los agravios que habían sido llevados a esta sede y que resultaban conducentes para la decisión.
A mayor abundamiento, consideró que tampoco recibieron un adecuado tratamiento las versiones exculpatorias de la defensa, que la llevaron a reclamar la aplicación del beneficio de la duda en la decisión final; las cuales encontraron fundamento en una alegada defectuosa investigación policial que habría descartado la intervención de otras personas en el hecho, con fuerte apoyo en la pericia de levantamiento de rastros y el resultado negativo que su cotejo habría arrojado con las huellas dactilares de sus asistidos.
En base a los lineamientos desarrollados, el Superior hizo lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la defensa, casó la sentencia de esta Sala y devolvió las actuaciones a este Tribunal para que –debidamente integrado– dicte un nuevo pronunciamiento a fin de resguardar el derecho al recurso de los imputados (art. 8.2 h, CADH).
IV. Devuelta la jurisdicción a este Tribunal y conferidos los traslados en los términos del artículo 458 del Código Procesal Penal, se pronunció la Fiscal Adjunta de Casación, Daniela Bersi, y se remitió al memorial presentado con fecha 13 de diciembre de 2019, propiciando el rechazo de la impugnación realizada por la defensa; a su vez se expidió, la Defensora Adjunta de Casación, Ana Julia Biasotti y solicitó se deje sin efecto la sentencia en crisis y se absuelva a C. I. G. y A. O. B. respecto del hecho I. Paralelamente, peticionó se decrete la extinción de la acción penal respecto del delito de portación ilegal de arma de fuego de uso civil (hecho II) y el correspondiente sobreseimiento de A. O. B..
V. En fecha 11 de marzo de 2025, se llevó a cabo la audiencia de contacto por Microsoft Teams con la presencia de O. A. B. y C. I. G., asistidos por el Dr. Bruno Falco, relator de la Defensoría de Casación, quienes expusieron sobre sus circunstancias personales y sus condiciones de detención.
VI. Cumplimentadas así las vistas correspondientes, y encontrándose la causa en estado de dictar sentencia, se acordó plantear y resolver las siguientes:
Primera: ¿Corresponde admitir la intervención en carácter de amicus curiae del Centro de Estudios Sociales y Legales y de Innocence Project Argentina ante este Tribunal?
Segunda: ¿Se encuentra extinguida la acción penal por prescripción respecto del delito de portación ilegal de arma de fuego de uso civil?
Tercera: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada, el juez BOUCHOUX expresó:
Mediante resolución de fecha 26 de diciembre de 2024, esta Sala dispuso tener presente lo expresado por distintos organismos particulares que se presentaron ante este tribunal en carácter de “Amigos del Tribunal”.
En el caso del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), se presenta Paula Litvachky, apoderada y Directora Ejecutiva, y Diego Morales, Director del Área de Litigio y Defensa Legal, con el patrocinio letrado de Agustina Lloret, de Tomás Ignacio Griffa y la participación de Paulina Bur Campostrini, quienes, luego de una serie de argumentaciones, concluyeron que el cuadro probatorio sobre el que se buscó sustentar la condena del acusado C. I. G., se encuentra compuesto por prueba endeble, contradictoria e insuficiente.
En primer lugar, sostuvieron que la autoría y participación de G. en los hechos por los que resultó condenado se produjo, azarosamente, a partir de su detención sin orden judicial a la que le siguió una requisa personal (también sin orden judicial) por hechos que nada tienen que ver con el delito por el que se lo acusó y luego condenó. Postulan que luego de su extraña detención, prosiguió el testimonio del cuestionado testigo Maffuche, que fuera valorado en forma sesgada, recortada y parcial por parte del tribunal, en una clara búsqueda por confirmar datos endebles que no tuvieron ninguna corroboración objetiva en otros elementos de prueba.
A mayor abundamiento, hicieron hincapié en el controvertible accionar policial derivado de una serie de irregularidades entre las que se encuentran líneas inexploradas y deficiencias en la investigación que llevaron al direccionamiento arbitrario de la investigación hacia C. I. G., sin importar su completa ajenidad a los hechos objeto de imputación. En función de lo expuesto, el organismo solicitó se realice una nueva revisión de la sentencia en crisis y se dicte la absolución de C. I. G..
Por su parte, “INNOCENCE PROJECT ARGENTINA", representado por su presidente Carlos Manuel Garrido, con el patrocinio letrado de la abogada Micaela Prandi, se presentó ante esta sede señalando, inicialmente, que la teoría del caso de la defensa partió de la denuncia de una causa armada por parte de personal policial. En razón de lo cual, los sentenciantes debieron tomar esta hipótesis como punto de partida a la luz del análisis crítico de las “tareas investigativas de la policía” que incluían la ausencia de testimonios que las corroboren, la participación de un informante de la policía sin identificación clara y las detenciones de G. y B. sin orden judicial y bajo circunstancias irregulares.
Postula que, en un carril contrario, el tribunal omitió tal análisis y le otorgó una preponderancia injustificada a la única prueba de cargo, ignorando una serie de circunstancias que tornaban inverosímil su testimonio y descartando sin explicación razonable los demás elementos probatorios que demostraban la falta de vinculación de G. y B. con los hechos bajo juzgamiento.
A modo de síntesis, concluyeron que la sentencia condenatoria no satisface las exigencias de valoración y fundamentación suficientes, con la consiguiente merma de los estándares del debido proceso y del in dubio pro reo ; solicitando la revocación de la condena dictada respecto de O. A. B. y C. I. G..
Ahora bien, la petición no puede ser acogida de manera favorable. En primer lugar, se advierte que a lo largo de sus exposiciones ambos organismos no alcanzan a demostrar una opinión como las que prevé la ley 14.736, sino que sus planteos se caracterizan exclusivamente en ser una defensa directa de los imputados que no excede su interés individual en la decisión.
Lo que aquí sostengo encuentra además apoyo en la resolución dictada por la Suprema Corte de Justicia, en fecha 21 de abril de 2024, al desestimar la solicitud efectuada por Innocence Project, análoga a la presente, por estimar que la decisión puesta en consideración no trascendía el interés de las partes ni se encontraba involucrado algún supuesto de naturaleza colectiva o interés general que justifique la intervención solicitada.
De todas maneras, en atención a lo decidido por el máximo tribunal bonaerense en la causa P. 131.094, no corresponde admitir la intervención en carácter de amicus curiae de los organismos mencionados ante esta sede en función de la ley 14.736 (publicada en B.O. de 15-IX-2015), cuyo artículo primero establece que la intervención en tal carácter solo podrá efectuarse ante la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires.
Por lo que a la primera cuestión VOTO POR LA NEGATIVA.
A la primera cuestión planteada, el juez KOHAN dijo:
Adhiero al voto de mi colega preopinante, en igual sentido y por los mismos fundamentos, y también me pronuncio por la NEGATIVA.
A la segunda cuestión planteada, el juez BOUCHOUX expresó:
Corresponde analizar la petición de extinción de la acción penal introducida por la Defensora de Casación en su memorial con relación al hecho II calificado como portación ilegal de arma de fuego de uso civil (arts. 189 bis inc. 2, párrafo cuarto, CP), la cual debe proceder.
Ello así, por cuanto se advierte que ha transcurrido el plazo legal previsto por el artículo 67 inciso e del Código Penal en relación a la figura contemplada en el artículo 189 bis inciso 2, párrafo tercero del mismo cuerpo legal para considerar, prima facie, prescripta la acción penal seguida a O. A. B. por el delito de portación ilegal de arma de fuego de uso civil, al configurar el último acto interruptivo que registra la presente causa el dictado de la sentencia condenatoria emanada por el Tribunal Criminal n°1 de La Matanza en fecha 3 de septiembre de 2018.
En virtud de lo cual debe declararse – prima facie – prescripta la acción penal en orden al delito de portación ilegal de arma de fuego de uso civil (art. 189 bis inc. 2, tercer párrafo, CP) respecto de O. A. B., dejando supeditada su declaración definitiva al tribunal de instancia una vez recabados los informes que le permitan expedirse sobre el punto de modo definitivo.
Por lo que a la segunda cuestión VOTO POR LA AFRIMATIVA
A la segunda cuestión planteada, el juez KOHAN dijo:
Adhiero al voto de mi colega preopinante, en igual sentido y por los mismos fundamentos, y también me pronuncio por la AFIRMATIVA.
A la tercera cuestión planteada, el JUEZ BOUCHOUX dijo:
I. Decididas las cuestiones previas, corresponde abordar los agravios introducidos por la defensa técnica en el recurso de casación a la luz de los estándares erigidos por la Suprema Corte de Justicia en la presente causa (causa P. 137.543-RC, "B., O. A. Y G., C. I. s/ recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 93.188 del Tribunal De Casación Penal, Sala V").
Del libelo recursivo se advierte que la defensa controvierte, en primer orden y como agravio principal, el razonamiento seguido por el tribunal de la instancia anterior para dar por acreditada la materialidad ilícita propuesta por el Ministerio Público Fiscal y la consiguiente participación de sus defendidos en el hecho I.
Sobre esta primera cuestión, es necesario señalar que el tribunal tuvo por acreditado que: “…alrededor de la hora 0:30 del día 19 de junio de 2017 a la altura catastral 5.200 de la Avenida Crovara de la localidad de Isidro Casanova de este Ptdo. de La Matanza, A. O. B. y C. I. G., interceptaron la camioneta marca Toyota modelo Hilux dominio MXY-587, que se encontraba detenida, con sus balizas encendidas y su conductor Oscar Simón Valiente Cuevas a bordo y mediante intimidación con una pistola calibre 9 mm. no habida, trataron de reducirlo. Anteésto el nombrado Valiente Cuevas reinició la marcha ante lo cual le efectuaron por lo menos un disparo con el arma señalada. Uno de los cuales ingresó en la región paraesternal izquierda, a la altura del cuarto espacio intecostal, con orificio de salida en el hemitórax derecho, lineal axiliar posterior, a la altura del noveno espacio intercostal. Lo que le provocó lesión de cuarta costilla izquierda, lesión de mediastino, lesión de pleura derecha, lesión de lóbulo inferior derecho y lesión parrilla costal derecha. Provocando a la víctima hemotórax derecho y hemo- mediastino, que le produjo un shock hipovolémico, producto de la pérdida brusca y masiva de sangre descompensación hemodinámica e insuficiencia respiratoria, que le causaron la muerte. Siendo la trayectoria del proyectil letal de adelante hacia atrás, de arriba hacia abajo y de izquierda hacia derecha. De inmediato los citados B. y G. fueron hasta donde chocó la aludida camioneta, y tras romper el vidrio del lado del conductor se apoderaron de la billetera del damnificado que contenía dinero en efectivo, un celular, un GPS, lentes de sol, una biblia evangélica. Tras lo cual se dieron a la fuga hacia el pasillo del costado del Monoblock 19”.
Para arribar a tal conclusión, ponderó en primer lugar la prueba integrada al debate (autopsia de fs. 332/340; informe de defunción del Registro Provincial de las Personas de fs. 35 y copia de fs. 28) que daba cuenta del fallecimiento de Oscar Simón Valiente Cuevas y de las causales de muerte; y el acta de levantamiento de rastros de fojas 114/117 que documenta la incautación de un proyectil compatible con el calibre 9 mm dentro de la camioneta, una vaina servida calibre 9 mm en la cinta asfáltica y dos cartuchos completos del mismo calibre sobre la vereda.
De otro lado, valoró los testimonios prestados en ocasión de celebrarse la audiencia de debate, de los cuales extrajo la información en razón de la cual concluyó, posteriormente, que los hechos se produjeron de conformidad a la hipótesis fiscal y que los acusados participaron en aquel en grado de coautores.
Así, en la primera cuestión del veredicto, el tribunal valoró la declaración brindada por Christofer Emanuel Maffuche, transcribiendo varios extractos de su declaración. Sobre la secuencia histórica de los eventos sometidos a juzgamiento, expuso que el testigo estaba sentado frente del barrio 17 de Marzo, ocasión en la cual escuchó el acelerador de una camioneta y un golpe que choca; momento exacto en el que observó a O. A. B. salir corriendo desde el lado de la camioneta hacia la villa armado y a C. I. G. correr para el "Barrio 500". Como dato de interés, expuso el tribunal que de acuerdo a los dichos del testigo, el arma que portaba B. esa noche era un revólver 38 y el Pelado G. “una similar a la que usa la policía”.
Por otro lado, expuso el a-quo que el testigo refirió en un tramo de su declaración que la familia de B. lo amenazó para que cambie su testimonio, que lo llevaron a declarar en más de una oportunidad y que constantemente le enviaban mensajes refiriéndole que “le iban a mandar a los pibes de Puerta de Hierro y los iban a matar a todos” , en virtud de lo cual, el testigo manifestó, no querer olvidarse de lo que observó aquella noche por miedo a que le suceda algo.
Como elementos periféricos del caso, los magistrados ponderaron las declaraciones de los efectivos policiales Leandro Sebastián Tillería y Edgardo Germán Reno, quienes oportunamente le tomaron declaración a Maffuche y quienes dieron cuenta de lo nervioso y asustado que estaba el testigo ya que “había tenido problemas con la familia de uno de los acusados”, quienes “ sabían de su presencia y lo iban a matar”.
Finalmente, como elemento de corroboración, el tribunal valoró el testimonio de Esteban Flores Rodríguez que, a su criterio, coincidía en lo sustancial con el testimonio de Maffuche. Así, el testigo Flores Rodríguez relató durante el debate que aquella noche salió de inmediato de su vivienda, tras el corte de luz provocado por la colisión de la camioneta contra el pilar de electricidad situado al lado de su vivienda. Al egresar de su vivienda, observó a una persona cerca del vehículo, quien manifestaba que era el tío de la persona de la camioneta; luego, vio como esta persona rompió el vidrio del lado del conductor -aclarando el testigo que entendió que le estaba robando al ocupante de la camioneta- y, acto seguido, huyó corriendo junto a otro individuo en dirección al kiosco ubicado frente a su casa.
Entiende el tribunal que el contenido de esta última declaración: “...coincide puntualmente con lo dicho sobre el particular por Maffuche, con la salvedad de que este último, debido a su posición más cercana, pudo observar hacia dónde se dirigió cada uno posteriormente”.
Ello establecido, el tribunal concluyó que además del dato de prueba extraído del testimonio de Maffuche, del plexo probatorio emergen otros dos indicadores de culpabilidad: el secuestro en poder de A. O. B. de un revólver calibre 32 largo al día siguiente al hecho -calibre inmediatamente inferior al 38- en referencia a aquella que hipotéticamente portaba la noche de los hechos, y en relación a C. I. G., el intento de fuga de la Comisaría de San Alberto.
Concatenando estos tres indicios, y en base a lo reseñado anteriormente, el tribunal consideró que durante el debate ha quedado acreditada la existencia de los hechos en su exteriorización material y la participación de los procesados en los términos propuestos por la acusación.
De otro lado, la defensa concurrió al juicio oral y mantuvo una hipótesis alternativa a la de la acusación, en virtud de la cual brindó una posible explicación a la imputación dirigida contra sus asistidos, denunciando una investigación irregular por parte del personal policial de la Comisaría de San Alberto –exclusivamente direccionada hacia B. y G.– en la cual se omitieron otras líneas de investigación surgidas en los albores de la investigación.
En lo que aquí interesa, aquella hipótesis explicaba la extraña aparición del testigo Maffuche en la comisaría días después del hecho, cuyo testimonio fue sustancialmente cuestionado por la defensa a partir de diferentes aspectos (posible interés y condiciones de percepción, entre otras) que se materializaron en las diversas inconsistencias y contradicciones en las que incurrió el testigo durante su declaración, y en la falta de corroboración objetiva de su relato en otros elementos de prueba.
II. Como punto de partida, es importante señalar que la finalidad prioritaria de la actividad probatoria en el proceso penal es la averiguación de la verdad y ello supone que los enunciados fácticos que describen los hechos que se declaran probados sean verdaderos (es decir, se correspondan con la realidad) y, a la vez, que no se declaren como probados enunciados que son falsos.
La labor de revisión, implica llevar a cabo un control acerca de la corrección de las inferencias realizadas en una sentencia, precisamente en
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