Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, Sala V · Causa 136229
0605-689-21
En la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires, se reúnen en acuerdo ordinario los señores jueces de la Sala Quinta del Tribunal de Casación Penal, Manuel Alberto Bouhoux y Ricardo Ramón Maidana, con la presidencia del primero de los nombrados, para dictar sentencia en la causa nro. 136.229 , caratulada "D.R. M.S/ RECURSO DE QUEJA” , conforme al siguiente orden de votación: BOUCHOUX-MAIDANA.
I. En lo que interesa destacar, la Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del departamento judicial La Plata -en causa de su registro interno nro. 41.461-, confirmó lo resuelto por el Juzgado de Garantías n° 5 departamental, en cuanto rechazó el hábeas corpus interpuesto en favor de M.D.R..
II. Contra ello, los defensores particulares del imputado, Juan Isidro Pérez Duhalde y Ramiro Pérez Duhalde, dedujeron un recurso de casación que fue declarado inadmisible por la Cámara, motivando la presentación de esta queja.
III. Asignado el recurso, por sorteo, para el conocimiento de esta Sala V, se notificó a las partes y la Fiscal adjunta de Casación -Daniela Bersi- dictaminó en sentido adverso a lo pretendido.
IV. En relación a la víctima de autos y el cumplimiento de lo normado por la Ley 15.232, surge de la documentación agregada en la causa que se encuentra constituida como particular damnificada con el patrocinio letrado de la abog. Sofía Caravelos; encontrándose debidamente notificada de la resolución en crisis.
V. Cumplidos los trámites de rigor, la causa se encuentra en condiciones de ser resuelta, por lo que los magistrados propusieron plantear y votar las siguientes
Primera: ¿Es admisible y procedente la queja interpuesta?
Segunda: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada, el señor juez Bouchoux dijo:
I. Manifiestan los letrados que su recurso es admisible en los términos del art. 450 in fine del CPP. Sostienen que se encuentra en juego la libertad de su pupilo, derecho que reclama una tutela efectiva (art. 7 CADH y 15 CPBA). Denuncian arbitrariedad de sentencia y exponen la configuración de un agravio federal por afectación al principio de irretroactividad de la ley penal (arts. 18 CN, 9 CADH y 15 PIDCP) y al derecho de ser juzgado en un plazo razonable (art. 8.1 CADH).
En cuanto al fondo de la cuestión, en lo medular, pretenden que los hechos de abuso sexual infantil motivo de investigación sean analizados bajo el prisma del delito continuado y que, en consecuencia, se apliquen las reglas de prescripción conforme la redacción original del Código Penal, por ser la ley vigente al comienzo de los hechos y resultar la más benigna.
II. Nuestra ley procesal dispone en su artículo 433 del ritual -cf. ley 13.943- que corresponde al órgano que dictó la resolución impugnada analizar si el remedio casatorio se interpuso oportunamente, si el recurrente tiene legitimidad subjetiva y si la decisión es objetivamente recurrible.
Interpuesta la queja ante este Tribunal, conforme lo normado por el artículo 433 en su relación con el 450 y 451 del Código Procesal, es necesario que en esta instancia se analice si la decisión de la Cámara departamental -que denegó el recurso de casación- es ajustada a derecho.
La queja traída a esta instancia cumple con los requisitos de admisibilidad formal, en la medida en que se cumplieron las exigencias vinculadas al tiempo y forma de su interposición.
En cuanto a la recurribilidad objetiva de la decisión en crisis, si bien es cierto que la resolución que confirma el rechazo al hábeas corpus no constituiría un pronunciamiento con visos de definitividad, no es menos cierto que el caso versa sobre la vigencia de la acción, lo que por su trascendencia amerita, en la especie, la habilitación de esta instancia casatoria.
III. Preliminarmente observo que los recurrentes cuestionan el reenvío del hábeas corpus originario dispuesto desde la Cámara hacia el Juzgado de Garantías, para su previo conocimiento. Al respecto, sólo cabe indicar que la oportunidad procesal para recurrir esa decisión se encuentra precluída, pues fue emitida el 12 de julio del 2024 (leg. CP-41461-1), transcurriendo los plazos procesales para recurrir sin que la parte lo hiciera en tiempo oportuno (cfr. arts. 140, 421 y 451, CPP).
Dicho lo anterior, el objeto central de discusión en la presente se vincula con determinar cuáles reglas de prescripción son aplicables para el caso en concreto.
En ese sentido, observo que los hechos investigados fueron calificados por la jueza de garantías como abuso sexual infantil reiterado, agravado por configurar un sometimiento sexual gravemente ultrajante, por su duración y las circunstancias de su realización, ser cometido por su progenitor, resultar un grave daño en la salud mental de la víctima y aprovechando la situación de convivencia parcial preexistente, en los términos de los arts. 119 párrafos 1, 2 y 4, incs. a), b) y f) del Código Penal (cfr. surge de la orden de detención -1/3/2024- y del auto de prisión preventiva -8/3/2024-).
Por su parte, la materialidad ilícita del caso consiste en que “ desde aproximadamente el año 2006 y hasta el año 2012, en forma casi continua e ininterrumpida, un sujeto de sexo masculino progenitor -encargado de la guarda y convivente en forma parcial- de la enconces menor F.D.R., durante el trayecto desde la casa de la menor sita en la calle (...) de La Plata y hasta llegar a casa del denunciado en la localidad de Quilmes, así como en el interior de los distintos domicilios de su progenitor en la mencionada localidad, y en una oportunidad encontrándose con el mismo de vacaciones en el partido de la costa, abusó sexualmente de la misma en reiteradas oportunidades, mediante tocamientos en su cuerpo por encima y debajo de su ropa en sus partes íntimas, incluso masturbándose delante de ella, desde que la menor tenía 10 años y hasta aproximadamente sus 17 años, aprovechando la situación de convivencia parcial, el vínculo que tenía con ella, y que no podía defenderse dada su corta edad y su inmadurez sexual configurando todo ello un sometimiento sexual gravemente ultrajante para la misma, por su duración y las circunstancias de su realización, a la vez que resultó un grave daño en su salud mental” (cfr. auto de prisión preventiva del 8 de marzo de 2024).
En primer lugar cabe destacar que, más allá de las conjeturas que al respecto efectúan los defensores, de las constancias de la causa no surge con exactitud la determinación temporal de los hechos bajo estudio. En efecto, de momento, sólo cabe afirmar que habrían sucedido entre los años 2006 y 2012, sin especificar el mes exacto de cada uno de los hechos que integran la investigación.
Para la fecha de inicio de la imputación -año 2006- se encontraban vigentes las reglas de prescripción -en específico, los arts. 62, 63 y 67 del Código Penal- conforme la redacción original del Código Penal (Ley 11.179 t.o. 1984), con la modificación al art. 67 de la Ley 25.990 (B.O. 11/01/05). Se trataba de reglas generales, aplicables al conjunto de delitos previstos en la parte especial del Código de fondo, que no efectuaban ninguna distinción en relación a los delitos contra la integridad sexual.
Recién en el año 2011, ergo, dentro del período en el que habrían sucedido los hechos, entró en vigencia la Ley 26.705 -conocida como Ley Piazza- (B.O. 5/10/2011) que modificó el art. 63 del Código Penal y dispuso que "(...)en los delitos previstos en los artículos 119, 120, 124, 125, 125 bis, 128, 129 —in fine—, y 130 —párrafos segundo y tercero— del Código Penal, cuando la víctima fuere menor de edad la prescripción de la acción comenzará a correr desde la medianoche del día en que éste haya alcanzado la mayoría de edad (...)".
Con posterioridad a la finalización de los hechos investigados, se sancionó la Ley 27.206 -conocida como Ley de Respeto a los Tiempos de las Víctimas- (B.O. 9/11/2015), que modificó el art. 67 del Código Penal y dispuso "(...)En los delitos previstos en los artículos 119, 120, 125, 125 bis, 128, 129 —in fine—, 130 —párrafos segundo y tercero—, 145 bis y 145 ter del Código Penal, se suspende la prescripción mientras la víctima sea menor de edad y hasta que habiendo cumplido la mayoría de edad formule por sí la denuncia o ratifique la formulada por sus representantes legales durante su minoría de edad(...)".
Así las cosas, los recurrentes consideran que los hechos investigados configuran un delito continuado, por ser encuadrados bajo tal concepto por los organismos de primera instancia, y por ello pretenden, para el conjunto delictivo en estudio, la aplicación de las reglas de prescripción conforme la redacción del Código Penal vigente al comienzo de los hechos -año 2006-.
Postulan que la Cámara desoyó la prohibición de reformatio in peius (arts. 434 y 435 del CP) porque, en violación a los límites de su competencia fijados por el recurso, estudió la causa bajo las reglas del concurso real cuando debió analizarla bajo el prisma del delito continuado, por ser el encuadre escogido tanto por la Fiscal como por la Jueza de Garantías.
Según la hipótesis que pregonan, la acción penal para el delito investigado se encontraría prescripta, porque desde que el delito continuado cesó de cometerse -según su tesitura, en enero 2012- hasta el primer llamado a prestar declaración indagatoria -marzo de 2024-, transcurrió el lapso temporal dispuesto por el art. 62 inc.2 del CP -doce años-.
Afirman que las reformas operadas en los años 2011 -Ley 26.705- y 2015 -Ley 27.206-, no deben aplicarse por imperio de los principios de ley más benigna e irretroactividad de la ley. Tampoco, según entienden, pueden invocarse para resolver la Convención de Belém do Pará y la Convención de Derechos del Niño, pues tales instrumentos no contienen ninguna previsión respecto del régimen de prescripción de los delitos contra la integridad sexual.
III. a. En primer lugar, observo, tal como lo indicaran los recurrentes, que la Cámara descartó la posibilidad de analizar el caso bajo el prisma del delito continuado y lo estudió bajo las reglas del concurso real; lo cual no resulta censurable, pues sólo en la tesis de los recurrentes el encuadre propuesto por la Cámara aparece como perjudicial para el imputado.
Se impone señalar, que la teoría del delito continuado, por no encontrarse expresamente regulada en la ley a diferencia del régimen de concursos, reclama de la jurisdicción extrema rigurosidad a la hora de su aplicación. En concordancia con los argumentos citados en el párrafo precedente, lo cierto es que la naturaleza del bien jurídico afectado -integridad sexual- impide considerar unitariamente la pluralidad de hechos, en la medida que cada suceso supone una afectación a la dignidad humana que exige una respuesta diferenciada.
III. b. Sentado lo anterior, corresponde avanzar en la determinación de cuáles son las reglas de prescripción a aplicar en el presente. En este punto, considero que el criterio adoptado por la Alzada local no puede convalidarse.
En efecto, la camarista Oyhamburu sostuvo en su voto que la cuestión sometida a examen debía resolverse teniendo en consideración los tratados internacionales suscriptos por nuestro país, entre ellos, la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención de Belém do Pará. En ese sentido, dijo que las modificaciones al régimen de la prescripción operadas por las Leyes 26.705 y 27.206 fueron un reflejo de la doctrina y jurisprudencia nacionales vigentes, así como de las normas internacionales a las cuales la República Argentina había adherido con anterioridad a la comisión de los hechos investigados y debía observar conforme el art. 75 inc. 22 de la CN. En consecuencia, sostuvo la vigencia de la acción penal respecto de la totalidad de los hechos motivos de investigación, por entender que las obligaciones asumidas por el estado argentino al ratificar los tratados referidos internacionales -vigentes al momento de los hechos- así lo exigían, encontrándose esa solución habilitada por las Leyes 26.705 y 27.206.
Ahora bien. Las leyes 26705 y 27206 ampliaron el plazo para perseguir determinados delitos por razones político criminales y han sido una de las formas de implementar los postulados de tratados internacionales en relación al interés superior de niños, niñas y adolescentes, protección a la vulnerabilidad de la mujer y la garantía de acceso a la justicia a las víctimas de delitos de abuso de índole sexual. En estos casos particulares en los que existe una especial condición de vulnerabilidad, relación de poder del victimario e imposibilidad real de denunciar por parte de la víctima –en gran parte de los casos- por muchos años, se ha priorizado el derecho de las víctimas, de modo que no estén limitadas por el paso del tiempo y los estrictos plazos de prescripción, evitando que determinados hechos aberrantes queden impunes. Esto se relaciona directamente con la capacidad de la víctima de denunciar determinados delitos cuando tenga la voluntad y preparación psicológica y emocional para hacerlo, habilitando así el acceso a la justicia.
Sin perjuicio de ello, es necesario destacar que esas leyes fueron publicadas en el Boletín Oficial el 4 de octubre de 2011 y 9 de noviembre de 2015, respectivamente. Por lo tanto, al menos la segunda de ellas es posterior a los hechos denunciados –que datan de los años 2006 a 2012- y deviene inaplicable en virtud del principio de legalidad. Por su parte, la Ley 26.705 (B.O. 5/10/2011) fue promulgada dentro del lapso de comisión de los hechos, transcurridos entre los años 2006 y 2012, con lo cual su aplicación podría proceder en relación a un segmento de los delitos investigados.
Entonces, a los efectos de la prescripción, cabe dividir los hechos de la causa entre los que habrían acaecidos previo a la entrada en vigencia de la Ley 26.705 -5 de octubre de 2011- y los cometidos con posterioridad.
III. b. i. Para los hechos imputados como ocurridos antes de la entrada en vigencia de la Ley 26.705, deben aplicarse las reglas de prescripción conforme la redacción original del Código Penal, por ser las vigentes al momento de su comisión. Esto significa que la prescripción de la acción para esos delitos habría operado transcurridos doce años (art. 62 inc. 2 del CP) desde la medianoche en que se cometieron. Más allá inexactitud parcial en torno a la fecha de comisión de cada uno de los delitos investigados, lo cierto es que desde el día previo a la entrada en vigencia de la Ley Piazza 26.705 -esto es, el 4 de octubre de 2011- hasta el primer acto interruptivo de la prescripción, que data del 5 de marzo de 2024, transcurrió el plazo de doce años previsto por ley para la prescripción de la acción, respecto de este segmento de hechos (arts. 62 inc. 2 y 63 del CP cfr. Ley 11.179 y art. 67 ap. b del CP cfr. Ley 25.990).
El principio de irretroactividad de la ley penal, estrechamente vinculado con el de legalidad establecido en el artículo 18 de la Constitución Nacional, y desde 1994 complementado por los pactos incorporados a aquella - art. 9 C.A.D.H.,15 P.I.D.C.P., y 11 D.U.D.H.-, estimo es un límite insuperable para casos como el presente, al menos en lo que hace a la vigencia de la acción penal.
Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires tiene dicho en numerosos precedentes que “las leyes que regulan la prescripción de las acciones penales están alcanzadas por el principio de legalidad del que se deriva que no es posible aplicar retroactivamente normas más gravosas para el acusado (conf. arts. 18, Const. nac.; 9 CADH; 15.1., PIDCP; 2, Cód. Penal; causa P. 118.546, sent. de 6-V-2015; entre muchas otras). Todo ello, con especial sustento en arraigada jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a partir del precedente "Mirás" -Fallos 287:76-, en el cual, luego de recordar la que refiere "que esa garantía comprende la exclusión de disposiciones penales posteriores al hecho infractor -leyes ‘ex post facto’- que impliquen empeorar las condiciones de los acusados", se afirmó que "el instituto de la prescripción cabe sin duda alguna en el concepto de ‘ley penal’, desde que ésta comprende no sólo el precepto, la sanción, la noción de delito y culpabilidad, sino todo el complejo de las disposiciones ordenadoras del régimen de extinción de la pretensión punitiva" -cons. 6° y 7°-; lo cual fuera reiterado en "Arancibia Clavel" -Fallos 327:3312-; e.o.) ” (cfr. causas P-134.270, sent. del 14/10/2021 y P-134.879, sent. del 12/12/2021, SCBA).
Puede advertirse que las reformas legislativas en materia de prescripción para los delitos contra la integridad sexual constituyen una ley penal más gravosa que la existente al momento de los hechos y por ello no pueden ser de aplicación a la integridad del caso, dado que los principios previamente mencionados y la anterior regulación del instituto de la prescripción lo impiden, obturando en el caso la vigencia de la pretensión punitiva estatal.
Esta postura, fue sostenida por este Tribunal de Casación en numerosos precedentes. En causa N° 97344, el Juez Carral, sostuvo que “ El ámbito de validez temporal de la ley sustantiva, cuya irretroactividad rige como regla, excepciona el caso de la aplicación al supuesto de una ley posterior más favorable al imputado, e incluye dentro de estos aspectos vinculados al principio de legalidad, también aquello que hace al instituto de la prescripción de la acción penal ” y luego destacó que “ No se trata aquí de poner en discusión la existencia de un reconocimiento en el derecho convencional a especiales prerrogativas para víctimas vulnerables, sino de efectuar una correcta intelección de los compromisos estatales y discernir si tienen el alcance para excepcionar una cobertura constitucional garantizada. Las condiciones de vigencia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos no contemplan la aplicación de la excepcional regla de imprescriptibilidad para delitos ordinarios, sino que establece una serie de presupuestos que suelen concentrarse en: (i) deben tratarse de delitos graves o muy graves violaciones a los derechos humanos; (ii) en ambos casos se trata de muy graves violaciones a los derechos humanos en los términos del Derecho Internacional; para que operando de manera conjunta puedan tener entidad para obturar la aplicación de la regla de prescripción de la acción penal. ” (Sala I del TCPBA, sent. del 26/12/2019).
A lo dicho, corresponde agregar que la invocación que efectúa la magistrada de Cámara de la Convención de los Derecho del Niño y la Convención Interamericana para Preventir Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer no alcanza, conforme lo que vengo razonando, para prescindir del principio constitucional de legalidad y de la irretroactividad en la aplicación de la ley que de él deriva.
Cabe concluir entonces, que los hechos atribuidos a D.R., imputados como acaecidos con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 26.705, se encontrarían -prima facie- prescriptos por aplicación de los arts. 62 inc. 2,
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.