Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, Sala V · Causa 136425
0201-663-23
C. 136.425
En la ciudad de La Plata, se reúnen en acuerdo ordinario los señores jueces designados para integrar la Sala Quinta de este Tribunal de Casación Penal, Manuel Alberto Bouchoux y Ricardo Maidana a los efectos de dictar sentencia en la causa N°136.425 caratulada “Cipriani Gabriel Nazareno Jesús y S. J. K. s/ recurso de casación” , conforme al siguiente orden de votación: BOUCHOUX-MAIDANA.
I. En lo que aquí interesa, el Tribunal Criminal de Tres Arroyos del Departamento Judicial de Bahía Blanca condenó a Gabriel Nazareno Jesús Cipriani a la pena de cuatro años y seis meses de prisión, multa de cuarenta y cinco unidades fijas, accesorias legales y costas como autor de los delitos de encubrimiento agravado en concurso real con comercialización de estupefacientes; y a J. K. S. a la pena de cuatro años de prisión, multa de cuarenta y cinco unidades fijas, accesorias legales y costas como autora del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.
II. Contra dicho pronunciamiento, el Defensor Oficial, Claudio Germán Michelet, interpuso recurso de casación y solicitó se case la sentencia atacada en función de los motivos de agravio desarrollados en el recurso.
III. Conferidos los traslados en los términos del artículo 458 del Código Procesal Penal, se pronunció el Fiscal Adjunto de Casación, Fernando Luis Galán, y propició el rechazo de la impugnación realizada por la defensa.
Por su parte, Ignacio Juan Domingo Nolfi, Defensor de Casación Adjunto, desistió de la audiencia prevista en el artículo 458 del Código Procesal Penal y presentó memorial solicitando se declare la procedencia del recurso interpuesto de acuerdo a las soluciones propuestas por el Defensor Oficial.
IV. Cumplimentadas así las vistas correspondientes, y encontrándose la causa en estado de dictar sentencia, se acordó plantear y resolver las siguientes:
Primera: ¿Es procedente el recurso de casación interpuesto?
Segunda: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada, el juez BOUCHOUX expresó:
I. La defensa técnica de Gabriel Nazareno Jesús Cipriani y J. K. S. acude a la vía casatoria y denuncia la inobservancia de los artículos 277 inciso 1 letra c) e inciso 3 letra b) del Código Penal, 5 inciso c) de la ley 23.737, 210 y 373 del Código Procesal Penal, 18 y 75 inciso 22 de la Constitución Nacional; así como la violación al principio de contradicción, a la presunción de inocencia, al derecho a un juicio justo y al debido procesal legal.
En lo sustancial, señala que la sentencia exhibe una absurda y arbitraria valoración del material probatorio. Al respecto, aclara que no pretende introducir en su libelo recursivo una mera discrepancia con el juzgador respecto de las probanzas producidas durante el debate, sino que procura el control de las deducciones lógico-jurídicas que se han realizado respecto del material probatorio.
Inicialmente, estima que el análisis del acervo probatorio fue analizado en función de un sesgo de confirmación, bajo el entendimiento de que todo el material probatorio fue observado desde la óptica de la acusación fiscal, desentendiéndose de las pruebas de descargo.
II. Respecto del delito de encubrimiento, entiende que el magistrado solo apoya su decisión en el secuestro de los objetos en poder del acusado cuando ello no permite inferir, sin más, el concreto conocimiento sobre su procedencia ilícita.
Como cuestionamiento principal, considera desacertado el razonamiento del tribunal referido a que “resultaba sencillo deducir que los elementos provenían de un delito” dado que el imputado había trabajado previamente como peón de albañil.
III. En relación al hecho II, señala que la figura receptada en el artículo 5 inciso c) de la ley 23.737 reprime a la persona que –sin autorización o destino ilegítimo– comercialice estupefacientes, debiendo acreditarse que la transacción efectivamente existió, lo cual -afirma- no aconteció en el caso. Repara en que el sentenciante tuvo por acreditada la conducta endilgada a Cipriani en función de los mensajes y fotografías extraídos de su celular sin haberse acreditado la efectiva concreción del acto de comercialización.
Paralelamente, esgrime que no se ha comprobado que las fotografías encontradas en el celular hayan sido capturadas por su defendido ni –por consiguiente– que efectivamente se trate de plantas propias de marihuana, frente a la imposibilidad de periciar científicamente una imagen.
Por lo demás, cuestiona la validez del visu efectuado en el teléfono celular de Cipriani el cual fue revisado sin contar con autorización del juez de garantías y sin notificar a la defensa. Considera, en consecuencia, que los resultados de la pericia son nulos y que no debieron ser valorados en la sentencia.
IV. Finalmente, controvierte el razonamiento probatorio para dar por acreditado el hecho III.
En primer orden, cuestiona que el magistrado haya concluido que la acusada tenía la sustancia estupefaciente con fines de comercialización por “el tenor de los mensajes de la red social Telegram” , cuando dichos mensajes no fueron redactados por su defendida.
Explica que el hallazgo de marihuana en la vivienda de J. K. S. se explica en virtud del tratamiento paliativo que realizaba, en virtud del cual, contaba con el registro respectivo de “Reprocann”. Sobre esta última cuestión, esgrime que el magistrado yerra cuando refiere que “la fecha de expedición es posterior a la fecha del hecho endilgado” cuando de una simple lectura del certificado en cuestión surge que se encontraba vigente al momento de los hechos.
En ese carril, realiza un pormenorizado desarrollo de la ley 27.350 y de los decretos reglamentarios sancionados en su consecuencia en consonancia con las recomendaciones emanadas por la Organización Mundial de la Salud sobre la temática bajo estudio.
En línea con lo expuesto, repara en que su defendida se encontraba autorizada a tener nueve plantas florecidas de marihuana, sin especificar el permiso cuántos gramos podía tener en su domicilio. A mayor abundamiento, explica que la cantidad de estupefacientes hallados se corresponde de manera proporcional a la cosecha de las plantas autorizadas, por lo que es incorrecto el razonamiento del a-quo relativo a que "la cantidad de estupefacientes excede ampliamente el permiso otorgado". Añade que, de todas maneras, la pericia química realizada no es certera al momento de determinar el valor de THC secuestrado en la medida en que la División Química Pericia carece de la aparatología necesaria para calcular con precisión la cantidad de dosis umbrales existentes.
En ese contexto, esgrime que no resulta ilógico que su defendida fotografíe y comparta el crecimiento de sus plantas que estaba autorizada a tener, así como que tenga una balanza de pesaje. A su entender, ni los mensajes acompañados, ni las fotografías halladas, ni la cantidad de estupefaciente hallado, satisfacen la ultraintención de comercio requerida por la ley 23.737.
Como proposiciones fácticas negativas señala: que no se halló ningún mensaje de su asistida con contenido relativo al comercio de estupefacientes, que la marihuana encontrada en su domicilio no se encontraba fraccionada y que no se hallaron elementos de corte o fraccionamiento utilizados habitualmente por quien comercializa estupefacientes.
Antes de finalizar, cita doctrina en apoyo a su tesitura y concluye que la prueba valorada en el caso no abastece el grado de certeza exigido en esta etapa para desvirtuar el estado de inocencia de sus defendida.
Por todo lo expuesto, solicita se absuelva a Gabriel Nazareno Jesus Cipriani y a J. K. S. por todos los delitos endilgados.
Formula reserva de caso federal.
V. Por su parte, el 29 de noviembre de 2024, el Defensor Adjunto de Casación, Ignacio Juan Domingo Nolfi, presentó memorial complementario.
En esa ocasión, se remitió a los argumentos desarrollados en el recurso de casación y esbozó distintos fundamentos sobre el pedido de nulidad, aunque respecto a una cuestión no introducida por la defensa en su libelo recursivo.
En relación al hecho I, solicitó el cambio de adecuación legal por la figura culposa (art. 277, inciso segundo, CP), en forma subsidiaria.
Respecto a los hechos II y III, como nuevos motivos de agravio, introdujo la falta de certeza sobre las dosis umbrales del material estupefaciente incautado; circunstancia que, a su entender, impide la vulneración al bien jurídico protegido (salud pública) y, por consiguiente, hace caer la imputación al tipo objetivo del delito consagrado en el artículo 5 inciso c) de la ley 23.737.
Finalmente, plantea la inconstitucionalidad de la pena de multa por configurar una ley en blanco confiscatoria que menoscaba, a su entender, los principios de legalidad, proporcionalidad, transcendencia mínima de la pena y la forma de gobierno prevista en el artículo 1 de la Constitución Nacional.
Efectuada la reseña de los hitos principales, adelanto que el recurso habrá de prosperar en forma parcial.
VI. De acuerdo a los lineamientos planteados por el recurrente, corresponde analizar en primer lugar el agravio vinculado al razonamiento efectuado por el a-quo que lo condujo a afirmar la imputación al tipo subjetivo de la figura del artículo 277 inciso 1 letra c) e inciso 3 letra b) del Código Penal.
Sobre esta primera cuestión, estimo que el remedio impetrado no logra conmover el proceso de deducción lógica efectuado por el juez, a propósito de la prueba introducida y producida durante el debate oral, que lo condujo a afirmar la materialidad ilícita del hecho I y la calificación legal de acuerdo a la hipótesis fiscal.
Así pues, el sentenciante concluyó que durante el debate ha logrado comprobarse que: “...en fecha indeterminada pero ubicable entre las 19,00 horas del día 1 de marzo de 2023 y las 17,30 horas del día 7 de marzo de 2023 (...) el imputado de autos identificado como Gabriel Nazareno Jesús Cipriani, adquirió, recibió y/u ocultó a sabiendas de su procedencia ilícita una cortadora de cerámicos marca “Stihl” de color negra y con inscripción en rojo, una amoladora marca “Skil” de color negra con detalles en rojo, un parlante reproductor de audio color negro marca “Warm Prompt” modelo ms-1704bt y un alargue eléctrico de 14,20 metros de longitud aproximada, elementos que habían sido sustraídos al Sr. Federico Balbuena en fecha indeterminada pero ubicable entre las 19.00 horas del día 1 de marzo de 2023 y las 7:30 horas del día siguiente de una obra en construcción sita en calle Betolaza Nro. 436 de la localidad de Tres Arroyos. Que tal recepción de los efectos antes detallados, particularmente de la cortadora de cerámicos marca “Skill”, se efectuó a los fines de asegurar el provecho de la misma, y con ánimo de lucro, al pretender obtener a cambio un beneficio patrimonial en su favor, ofreciéndola a la venta a través de publicaciones en la web, más precisamente en plataforma Marketplace de la red social “Facebook”.
A fin de delimitar la cuestión sobre la que versa el litigio y, por consiguiente, los puntos de la sentencia que este Tribunal se encuentra habilitado a revisar, recordemos que la defensa no cuestiona la recepción por parte de su defendido de los elementos previamente sustraídos, ni su procedencia ilícita, los que en el caso se presentan como hechos no controvertidos. El planteo del impugnante versa, específicamente, sobre el elemento cognoscitivo –tipo subjetivo– requerido en la figura penal. En ese sentido, cuestiona que la decisión relativa a aquel punto solo se funda en el secuestro de los objetos sustraídos en poder del acusado cuando ello no permite inferir, a su entender, el concreto conocimiento sobre su procedencia ilícita como exigencia típica.
Tal como sostuve oportunamente (c. 134.330, "Moreno", sent. de 10-II-2025), en lo referente a la faz subjetiva del delito de encubrimiento, se requiere el conocimiento y la voluntad de realizar el tipo objetivo, es decir, es necesario acreditar el conocimiento del autor sobre el origen ilícito de la cosa y su voluntad de adquirirla, recibirla u ocultarla.
El dolo, como voluntad realizada del tipo penal guiada por el conocimiento de sus elementos, es un extremo de la imputación que no puede presumirse y que por el contrario debe ser acreditado en el caso concreto. Por su naturaleza subjetiva, para su prueba muy frecuentemente habrá que acudir a inferencias unívocas que sirvan para extraer, a partir de aspectos objetivos de la conducta del agente, el conocimiento y voluntad subjetivamente requerido por el tipo penal del que se trate (c. 133.273 "Cutaia", sent. de 17-X-2024).
En esa linea argumental, si bien coincido con el criterio de la Sala I de este Tribunal de Casación en el caso citado por el impugnante (c. 132.022 "Marani”, sent. de 13-VIII-2024), relativo a que el hallazgo de elementos en poder de la persona acusada no permite inferir, sin más, el elemento cognoscitivo de la figura establecida en el artículo 277 inciso 1 apartado c) del Código Penal; lo cierto es que en el presente caso, las diversas circunstancias externas que rodearon al suceso delictivo permiten inferir el conocimiento y la voluntad exigidos en el tipo penal.
La decisión no resulta entonces cuestionable, por cuanto, limitada la discusión valorativa al punto relativo al elemento subjetivo de la figura bajo estudio, comparto el razonamiento del juez de instancia en que los múltiples indicios debidamente acreditados durante el juicio respaldan la conclusión a la que arriba en relación a este punto. Pues, en el caso se advierte que resultan varios los elementos valorados por el magistrado para concluir que Gabriel Nazareno Jesús Cipriani tenía conocimiento de la procedencia ilícita de los objetos recibidos.
En efecto, en la primera parte del veredicto, valoró el sentenciante los testimonios de los damnificados Pelozo y Balbuena, quienes fueron contestes en afirmar la situación de sustracción en su obra en construcción, y el modo en que hallaron los elementos que se encontraban a la venta por la red social “Market Place” de manera contemporánea al hecho; así como sobre el diálogo mantenido con el acusado luego de los hechos. Concomitantemente, valoró el a-quo las declaraciones de los efectivos policiales, y del testigo de procedimiento, que participaron en el registro domiciliario efectuado en la vivienda del acusado y junto a ello el descargo del imputado brindado durante en la audiencia de debate.
De manera razonable y con base en la prueba analizada, el magistrado examinó los indicios antecedentes y concomitantes al hecho que fueron acreditados a lo largo del debate y de los cuales surge que: una persona llamada Nicolás Paredes –a quien conocía del ámbito laboral en ocasión de desempeñarse como peón de albañil–, se presentó en la casa de Cipriani y le ofreció las siguientes herramientas por la suma de 10000 pesos: una cortadora de cerámicos marca “Stihl”, una amoladora marca “Skil”, un parlante reproductor de audio marca “Warm Prompt” modelo ms-1704bt y un alargue eléctrico de 14,20 metros de longitud aproximada; el acusado compró todos esos elementos y los cargó al sitio web “Market Place”.
Paralelamente, el dueño de la obra en construcción Federico Jorge Balbuena se presentó en la casa del acusado, luego de que Pelozo –un empleado de la construcción– encuentre las herramientas en el sitio web referido, e interiorizó a Cipriani sobre la sustracción de tales elementos; en virtud de lo cual, el acusado le devolvió la cortadora de cerámicos. Posteriormente, en un registro domiciliario realizado en su vivienda fueron halladas las restantes herramientas que Cipriani no entregó al damnificado porque, de acuerdo a sus dichos, quería recuperar el dinero mediante su venta.
Individualizado cada dato comprobado, el sentenciante continuó con el desarrollo del proceso inferencial para la obtención de los elementos probatorios en rigor, y postuló que la cantidad y calidad de los objetos adquiridos en relación con el monto abonado ($10000), resultan factores determinantes para corroborar el conocimiento del acusado de la procedencia ilícita de los objetos en cuestión.
Sin embargo, su razonamiento no culminó allí, pues a ello añadió una inferencia más sobre uno de los datos extraídos de la propia declaración del acusado, esto es, que conocía a Paredes del ámbito de la construcción en donde se desempeñó como peón de albañil. Por lo cual, en palabras del sentenciante, resultaba sencillo para el acusado deducir que tales elementos, provenían de un ilícito en función del escaso valor por el cual los adquirió. Finalmente, valoró que incluso con posterioridad a que el dueño de la obra en construcción se presente en su domicilio y le explique que las herramientas que ofrecía a la venta eran de su propiedad, Cipriani las mantuvo bajo su órbita, de acuerdo a sus dichos, a fin de poder venderlas y recuperar el dinero.
De lo reseñado se observa, entonces, que en contra de lo que sugiere la impugnación, el secuestro en poder del acusado de los objetos previamente sustraídos no es el único indicio valorado por el a-quo para concluir que en el caso ha logrado acreditarse, con el grado exigido en este estadio procesal, el conocimiento del causante acerca de la procedencia ilícita de los objetos recibidos. Pues bien, de la sentencia en crisis se desprende que el juzgador construyó un razonamiento lógico sustentando en los diversos indicios valorados en forma global –debidamente acreditados durante el debate–, y reveló el proceso inferencial, apoyado en otros elementos de corroboración, para dar por acreditados los elementos subjetivos de la figura en cuestión.
En virtud de lo cual, la decisión sobre este punto luce ajustada a derecho.
VII. Idéntica solución corresponde asignar al tramo del recurso en el que el impugnante cuestiona el razonamiento probatorio efectuado por mi colega de la instancia precedente para dar por acreditado el hecho II –endilgado también a Gabriel Nazareno Cipriani–, constitutivo del delito de comercialización de estupefacientes (artículo 5 inciso c, ley 23.737).
En lo respectivo a este aspecto, entiendo que el recurso de casación promovido por la defensa carece de una crítica eficaz y razonada de los argumentos de la sentencia que ataca; siendo que sus fundamentos no son más que una reedición de aquellos efectuados al momento de celebrarse el juicio oral, sin hacerse cargo de las respuestas brindadas por el tribunal a propósito del análisis integral de todo el plexo probatorio.
En tal sentido, se observa el recurrente no argumenta qué motivación se encontraría ausente en el caso ni indica –por consiguiente– cuál sería el vicio argumental que contiene el proceso inferencial efectuado por el sentenciante para afirmar la imputación a la figura tipificada en la ley 23.737; lo cual coloca a la sentencia a cubierto de la tacha de arbitrariedad pretendida por la impugnante.
En efecto, coincido con el sentenciante en que durante el debate ha logrado acreditarse que: “...en fecha indeterminada pero ubicable entre el día 17 de febrero de 2023 y el día 3 de marzo de 2023, una persona de sexo masculino mayor de edad, el imputado de autos identificado como Nazareno Jesús Gabriel Cipriani, comercializó estupefacientes, valiéndose e su operatoria de los servicios de mensajería instantánea “Whatsapp” instalada en su aparato telefónico, marca Motorola E5, IMEI Nro. 3555490904415/12, a través de la cual vendió estupefacientes al menudeo, más precisamente marihuana, coordinando mediante dicha vía de comunicación el intercambió de la sustancia por dinero en efectivo con consumidores de marihuana, entre ellos los usuarios de “Whatsapp” identificados como "Nahuel Rio”, “Enzo”, “Shorsh”, “Lautii”, “Ary”, “Daii Hermosa”, y otros perfiles no identificados”.
A diferencia de lo reclamado por el impugnante, entiendo que la sentencia exhibe un examen lógico de la prueba producida e integrada al debate en el cua
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